Pinochet y sus generales ladrones

Carlos Vergara

Un año se cumplió el 7 mayo desde que se dictara la sentencia de primera instancia del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Antonio Valderrama, que condenó al entorno de Augusto Pinochet Ugarte por malversación de caudales públicos e incautó numerosas propiedades, vehículos y documentos bancarios.

La causa fue apelada y está a la espera de resolución de la Corte de Apelaciones. En el intertanto el juez Valderrama fue promovido a la Corte Suprema. A cargo de la causa quedó la ministra Javiera González. Durante el proceso, la causa estuvo también en manos de los ministros Sergio Muñoz y Carlos Cerda.

La investigación tardó once años y el monto de lo sustraído al Fisco fue determinado por la Universidad de Chile. La indagatoria buscó determinar la existencia de los delitos de malversación de caudales públicos y estafa en perjuicio del Fisco.

El resultado permitió condenar a los generales en retiro Jorge Juan Ballerino Sandford, Ramón Castro Ivanovic, Sergio Marcelo Moreno Saravia, y los coroneles (r) Juan Mac-Lean Vergara, Eugenio Castillo Cádiz y Gabriel Mario Vergara Cifuentes, a penas de 4 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.

Los hombres de confianza -altos oficiales del ejército- sustrajeron dineros provenientes de los gastos reservados de la nación, asignados a las Comandancia en Jefe del Ejército y a la Casa Militar. Los fondos finalmente, “por medio de maniobras de transferencias de dineros, terminaban en poder de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, materializándose de esta forma la sustracción”, señala el juez Valderrama en el fallo.

Fortuna de 21 millones de dólares

Los generales y coroneles condenados “substrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esa forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos jefes de la Casa Militar, edecán y secretarios privados, todos ex oficiales del ejército de Chile”, reiteró el magistrado en su sentencia. Valderrama aplicó el artículo 233 del Código Penal, que sanciona al empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraigan.

El fallo que consta de 540 páginas, detalla la forma cómo los cómplices de Pinochet procedieron a cometer los delitos. Los generales Jorge Ballerino Sandford (a) “John Long” y Ramón Castro Ivanovic abrieron una cuenta el 23 de noviembre de 1981 en el Banco Riggs, de Estados Unidos.

Los ingresos legítimos de Pinochet, según el estudio de la Universidad de Chile encargado por la justicia arrojaron un total de un millón 427 mil dólares, mientras su patrimonio total ascendía a 21 millones de dólares. La operatoria consistió en abrir cuentas bancarias en el extranjero, cerrarlas al cabo de un tiempo y con los saldos abrir otras a las cuales se agregaban nuevos depósitos.

El juez Valderrama explica en el fallo que “a juicio de este sentenciador, no se configurarían los elementos del tipo penal de estafa, toda vez que los hechos no constituyen un engaño que indujera a error para lograr la disposición patrimonial por parte del engañado, sino más bien, la conducta descrita se enmarca en el tipo penal de malversación de caudales públicos, por tratarse de un funcionario público que tenía a su cargo fondos públicos y el cual consintió en que un tercero, el individualizado Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, se apropiara de dichos dineros”.

El dinero fiscal no sólo se depositaba en cuentas en el extranjero, pues se “cursaron numerosas y permanentes órdenes de entrega de dineros de esta naturaleza a petición directa de Pinochet Ugarte, de sus secretarios privados, de Mónica Ananías Kuncar y del ayudante Mortimer Humberto Jofré Azuaga, las que se convirtieron en propiedades, construcciones, pagos de salarios a obreros y operarios por labores de índole privada de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su entorno, explotación agrícola, sustento de parientes y cercanos, aportes a Cema Chile, libros, estatuas o bustos de Napoleón Bonaparte, sastrería, arriendo de cabañas turísticas, audífonos, vestuario, relojes, calzado, gastos médicos, kinesiología, zapatillas de gimnasia, Atlas, repuestos de lapiceras, buzos deportivos y variados otros destinos de naturaleza personal, sin contar con lo conservado en el extranjero.

Algunos de los pedidos eran ejecutados por oficiales del ejército que oficiaban como agregados en las embajadas de Chile en Washington y Madrid”.

Maletines de dólares

El juez Valderama estableció que “sin perjuicio de tenerse por acreditada la participación de los acusados en el delito por el cual se les condena, no es menos cierto que el dinero defraudado no tuvo por finalidad el beneficio propio de los acusados, por consiguiente estos no se han enriquecido con el producto de esta defraudación, sino que fue otro, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, quien disfrutó de las ventajas económicas mal habidas”.

Valderrama incorporó al fallo declaraciones de Miguel Angel Avello Lara, registrador de la Presidencia de la República. Avello indicó que “en dos o tres oportunidades le tocó concurrir junto al sargento Juan López Hormazábal, a retirar dólares a las bóvedas del Banco del Estado, desconociendo la cantidad, pero puede manifestar que se trataba de millones de dólares, los cuales eran entregados al jefe del departamento de finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, coronel Rafael de la Maza Decap. Asevera que el dinero venía en maletines y deben de haber pesado unos diez kilos”.

“El coronel De la Maza le entregaba un pagaré al sargento López, en quien tenía mucha confianza, bajaban al subterráneo donde estaba la bóveda, los atendía siempre la misma persona, cuyo nombre nunca supo; sacaba fajos de dólares, amarrados o sellados con una cinta de papel del banco, más que nada billetes de 100 y 50 dólares, también de 20. No le parece que haya debido firmar algún documento en el banco por el hecho del retiro sino, solamente, dejar el pagaré”, aseguró. “El dinero era entregado al coronel De la Maza, quien lo guardaba en una caja fuerte que tenía en su oficina”.

Traspaso de fondos criptografiados

Avello aseguró que “llegó a sentir que en la Comandancia en Jefe había corrupción; supo la entrega de 10 ó12 millones de pesos, con cargo a los gastos reservados de la Comandancia en Jefe, a oficiales que tenían hijos enfermos para que los llevaran a Estados Unidos a tratarse. Sin embargo, cuando algún suboficial demandaba por una necesidad parecida, se lo regañaba, en un trato manifiestamente inequitativo”.

En su relato judicial indicó que “a dos años de haber dejado La Moneda el general Pinochet, por la confianza que le tenían, le hicieron tomar un curso sobre criptografía que duró un mes y se lo dieron en la Dirección de Inteligencia”. Puntualizó que “fue el único criptógrafo del comandante y de la Comandancia en Jefe, más o menos desde 1992 hasta que el general estuvo detenido en Londres. El general redactaba documentos muy importantes que entregaba al secretario general o a sus ayudantes, destinados a Estados Unidos e Inglaterra”.

Avello reveló que “en reiteradas oportunidades, le tocó despachar mensajes criptográficamente a la Agregaduría Militar de Chile en Estados Unidos, relativos al Banco Riggs. Decía ‘traspaso de fondos’, pero para él era tan rutinario el envío de ese tipo de documentación bancaria del general Pinochet que ya no le llamaba la atención; él debía dejar un pequeño resumen de cada documento enviado. Lo hacía en el computador, advirtiendo al tribunal que existe un departamento de informática de la Comandancia en Jefe. Es probable que los respaldos computacionales se encuentren actualmente guardados en ese departamento de informática”.

La correspondencia bancaria de Pinochet que le tocaba despachar a Avello siempre estaba clasificada como secreta.

Avello manifestó que “durante su desempeño en la Comandancia en Jefe unos pocos sabían que bajo el rótulo de “pertrecho del Estado” se hacía llegar al general bienes que no correspondían. El que más sabía de eso era el suboficial José Durán Yáñez porque era el que desaduanaba y llevaba las especies a una bodega que tenía en la Comandancia en Jefe, en el subterráneo. Por esa vía llegaron perfumes, zapatos, ropa, elementos de uso personal”. Esos favores fueron pagados a Durán con una destinación de dos años a Estados Unidos.

Bienes incautados

La condena al entorno militar del ex dictador incluyó la incautación de numerosos bienes, entre ellos la hacienda El Melocotón, en San José de Maipo, donde Pinochet pasaba los fines de semana.

Valderrama ordenó el comiso de dos departamentos y sus bodegas ubicados en Blanco N° 1663, Valparaíso, de otro departamentro en Viña del Mar, Las Golondrinas N° 1169, varias bodegas y estacionamientos en ese edificio.

Tres departamentos, bodegas y estacionamientos ubicados en Iquique, Avenida Playa Chipana N° 2040, más otras propiedad en Quintero, Vitacura y Lago Ranco. También se incautaron cuentas e instrumentos bancarios por 4 millones 894 mil dólares y otros en pesos por 124 millones y varios vehículos.

Durante el proceso se interrogó a Augusto Pinochet que aducía mala memoria. Respecto al nombre falso que utilizó en sus cuentas bancarias declaró “sí, utilicé la identidad de Daniel López… pero en Estados Unidos, que no es pecado”. Al preguntársele si abrió cuentas a su nombre en el Banco Riggs en Miami y en el Banco Riggs en Washington, menciona: “Mire, en Miami me recuerdo que deposité una cantidad de dinero porque pagaban una buena suma. En el Riggs de Washington me ofrecieron tenerme ellos la cuenta… yo no me llamaba Daniel López ahí, tengo fotografías con el dueño del banco, era un señor bajito”.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 852, 27 de mayo 2016.