Oct 26 2013
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Despacito por las piedras

POL脥TICAS P脷BLICAS E INTERNET

La denuncia realizada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el discurso de apertura de la 68陋 Asamblea General de Naciones Unidas sobre la interceptaci贸n de correos electr贸nicos y conversaciones telef贸nicas de ese pa铆s puso en primera l铆nea de la agenda internacional el debate acerca de c贸mo los gobiernos pueden intervenir en la red. Con la apertura comercial de Internet por parte de los Estados Unidos a mediados de los noventa, los bancos y las empresas desembarcaron en la red bajo la modalidad de comercio electr贸nico. Con la aparici贸n de empresas proveedoras de servicios globales, sitios de subastas y sistemas de pago electr贸nico, la cuesti贸n de la privacidad e intimidad son las mayores preocupaciones de los usuarios. Si bien hubo intervenciones abusivas por parte de gobiernos en t茅rminos de vigilancia de las comunicaciones, esto no implica que los Estados 鈥揵ajo una estricta legalidad e intervenci贸n de la Justicia鈥 deban velar por los derechos y libertades de sus ciudadanos.

La propuesta del gobierno de Brasil de establecer una serie de pol铆ticas p煤blicas por sobre Internet dentro de su territorio marca un precedente fundamental en la regi贸n. A partir de la filtraci贸n de documentos por parte de Edward Snowden sobre el caso de espionaje pol铆tico y comercial de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, dicho pa铆s comenz贸 a instrumentar medidas al respecto. La creaci贸n de un correo electr贸nico nacional criptogr谩fico, la instalaci贸n de un cable submarino para el transporte de datos, el lanzamiento de un sat茅lite de comunicaciones y un proyecto de ley que obligue a los proveedores de servicios extranjeros a almacenar los datos de los ciudadanos brasile帽os en servidores locales son algunas de ellas. Existen otros antecedentes m谩s 鈥渄uros鈥 centrados en relaci贸n a pol铆ticas establecidas por gobiernos por sobre Internet. Uno de ellos es el de China, que mantiene una pol铆tica censora en relaci贸n con los contenidos que entran y salen de su territorio a partir de la instalaci贸n en los proveedores de acceso a Internet de un software de filtrado de informaci贸n.

La Directiva sobre el Comercio Electr贸nico de la Uni贸n Europea del a帽o 2000 establece que cualquier empresa proveedora de servicios de Internet que desarrolle sus actividades en un pa铆s de Europa, se considera que posee una 鈥渟ede鈥 en ese pa铆s. Bajo este principio, cualquier gobierno puede exigir a dichas empresas adecuar los t茅rminos y condiciones de uso de dichos servicios a la legislaci贸n local, establecer canales de denuncia directa con fuerzas de seguridad, normas de confidencialidad de datos de los usuarios y la firma de convenios de cooperaci贸n para el trabajo conjunto entre empresas y organismos de gobierno. T茅cnicamente esto es posible, ya que en la actualidad algunas empresas globales ofrecen servicios diferenciales por pa铆s dentro de Internet. Resulta necesario empezar a discutir estas cuestiones a la luz del mantenimiento del derecho a la libertad de expresi贸n y la intimidad de los usuarios, ya que la autorregulaci贸n propuesta por algunos especialistas posiciona a los usuarios en una situaci贸n disvaliosa frente a los 鈥済igantes de Internet鈥 y gobiernos con fuerte presencia en la red.

Gustavo Sain,

autor del libro Delito y nuevas tecnolog铆as: fraude, narcotr谩fico y lavado de dinero por Internet./Publicado en P谩gina 12

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