Feb 7 2018
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EconomíaPolítica

Posibles implicaciones de un embargo petrolero contra Venezuela

 

Oficialmente la intención de aplicar un embargo petrolero a Venezuela vino por primera vez de la mano de Nikki Haley en septiembre del año pasado. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU afirmó en su momento que la opción no estaba descartada, uniéndose a las exigencias de un grupo de congresistas del Sur de la Florida, dirigidos por Marco Rubio, para llevar a cabo la medida.

Hablan los protagonistas
En noviembre de ese mismo año el presidente argentino Mauricio Macri dijo al Financial Times en Nueva York que EE.UU. “debería ir a fondo con un embargo petrolero”, pues según el mandatario esa medida contribuiría a elevar la presión contra el Gobierno venezolano.

Como parte de su gira por varios países de Latinoamérica para intensificar el cerco contra Venezuela, el secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson en rueda de prensa conjunta con el canciller argentino Jorge Faurie, puso el tema nuevamente a flote.

A juicio de Tillerson la medida se está considerando porque no se puede “permitir la destrucción de Venezuela sin hacer nada”, haciendo referencia entre líneas a la inminencia de las elecciones presidenciales que podrían dar como ganador al presidente Nicolás Maduro.

Rápida definición de una herramienta política
En política y derecho internacional la figura del embargo implica una prohibición al comercio, sea este total o parcial, en renglones económicos, militares, financieros o petroleros, decretado por un gobierno, un conjunto de ellos o por organizaciones multilaterales contra un determinado país. En el caso venezolano la relevancia que tiene el petróleo para el funcionamiento de su economía, lo ubica como el sector que sería objeto de un embargo por los efectos negativos que produciría.

Cuando se trata de un embargo vinculado a sectores estratégicos de la economía, es fundamentalmente una medida política que persigue la desestabilización y el socavamiento de una nación calificada como “hostil”. Otras formas de embargo, como el militar o el financiero, en cambio, buscan repercutir negativamente en las capacidades defensivas del país y en el margen de maniobra de sus finanzas internacionales.

EE.UU., utilizando como ariete a la ONU o a la Unión Europea, ha aplicado en años recientes embargos petroleros a países como Irak, Irán y Siria, como medida extrema para restringir sus ingresos y fabricar debacles económicas, toda vez que también se boicotearon los suministros de armas y el comercio internacional.

Posibles implicaciones: antecedentes, qué tipo de embargo, cifras duras y perspectivas.
En julio de 2017 la Asociación de Fabricantes de Combustibles y Petroquímica (AFPM, por sus siglas en inglés), representativa del 95% del sector refinador estadounidense, envió una carta al presidente Donald Trump, alertando sobre los efectos negativos que tendría un embargo petrolero contra Venezuela sobre sus operaciones.

Calificando al país como un importante proveedor de crudo pesado, además de la adecuación tecnológica de al menos 20 refinerías en la costa del Golfo de EE.UU. para procesar ese tipo de petróleo en específico, la AFPM aseveró que la medida los obligaría a buscar suministros menos óptimos que impactarían negativamente en la producción de distintos derivados y aumentarían los costos. Resaltan que las dificultades de transporte con Canadá y las características de los crudos de México y Colombia, impedirían sustituir el suministro venezolano con facilidad, llevando la elevación de los costos hacia el consumidor final. Las principales empresas refinadoras afectadas serían Phillips 66, Valero Energy y Chevron.

La carta finaliza alertando a la Casa Blanca sobre los efectos negativos que tendría el embargo petrolero para los refinadores y consumidores estadounidenses, una medida que según su criterio “no resolvería los verdaderos problemas de Venezuela”.

De superar la alcabala de este poderoso lobby y llevar a cabo el embargo al crudo venezolano, la próxima pregunta a plantearse tiene que ver con su alcance. En octubre de 2017 la refinería PBF Energy, por presiones del Departamento del Tesoro, suspendió las compras de petróleo venezolano, un antecedente que describe la capacidad relativa de la Casa Blanca para pasar por encima de determinados intereses.

Existen al menos dos posibles escenarios que se perfilan como posibles. 1) Que EE.UU. prohíba la importación de crudo venezolano por parte de las refinerías estadounidenses, así como la exportación de ciertos diluyentes a Venezuela. 2) Que EE.UU. prohíba la actividad petrolera venezolana en EE.UU.

Sobre el primer escenario, según una investigación del portal especializado en petróleo Oil Price, PDVSA vende actualmente unos 200 mil barriles diarios a refinerías de EE.UU., producto del bloqueo financiero aplicado por la banca y el Departamento del Tesoro para limitar la entrega de notas de crédito como forma de pago a PDVSA.

En el caso de que EE.UU. prohibiera la compra de crudo, el país sufriría una merma importante de sus ingresos: una pérdida neta anual, a precios actuales de la cesta venezolana, de 4.380 millones de dólares, sujeta a los factores de recolocación. PDVSA tendría que reubicar seguramente en el mercado asiático (China e India) esos 200 mil barriles, lo que implicaría un aumento en los costos y por ende una disminución en los beneficios netos de PDVSA en lo inmediato.

Con relación a la importación de productos refinados de EE.UU., la propia AFPM se muestra preocupada porque PDVSA podría saltar el embargo con la compra de productos similares en la Cuenca del Atlántico, significando una reducción importante en sus beneficios.

Sobre el segundo escenario, el objetivo iría directamente contra Citgo, filial en EE.UU. de PDVSA. De aplicarse un embargo total al petróleo, la filial tendría prohibido recurrir a México o a Canadá para mantener operativas sus refinerías, afectando sus operaciones, valor de mercado y la repatriación de importantes dividendos a Venezuela. Una oportunidad para que fondos buitre y tenedores de deuda tensen la cuerda de la justicia estadounidense para forzar una confiscación de la sexta refinería más importante de EE.UU., acusando las pérdidas de sus inversiones.

Las repercusiones negativas a los consumidores son un aspecto también clave. Esta medida podría traer la interrupción del circuito refinador de Citgo y en consecuencia de 6 mil estaciones de servicios que surte diariamente a lo largo de los EE.UU., lo cual impulsaría una subida de los precios del combustible. Seguramente la Administración Trump no quiera lidiar con este factor, puesto que representa un punto de inflamación de la política interna que repercute directamente en la popularidad de la figura presidencial.

Conclusiones en proceso
Más allá de los aspectos técnicos de un posible embargo, el contexto pone en el tablero un conjunto de variables que perfilan la medida y, sobre todo, los alcances y objetivos políticos que persigue.

Actualmente el centro de la coyuntura económica pasa por el bloqueo al financiamiento internacional y a las importaciones, la administración de ingresos restringidos para la compra de alimentos y medicinas y la reestructuración de PDVSA. Justamente el embargo petrolero, en cualquiera de las dos variantes en que pudiera presentarse, busca intensificar la merma de los ingresos nacionales, reducir la oferta de medicamentos y productos vitales para la población y boicotear los planes de recuperación de PDVSA. El embargo es también una apuesta renovada al default de Venezuela en el mediano plazo.

Con una medida tan extrema como el embargo petrolero, EE.UU. busca cerrar un ciclo de agresiones financieras para, en lo inmediato, obstaculizar el plan de medidas económicas -que va desde la ampliación de los CLAP y Carnet de la Patria, hasta el lanzamiento del Petro y el nuevo Dicom- para recuperar un margen importante de gobernabilidad económica. En lo político, el embargo pareciera perfilarse como una sanción política ante un posible resultado presidencial en Venezuela adverso a sus intereses. En este sentido, el metamensaje es claro y contundente: castigar a la población por la preservación de la paz y la estabilidad política en el marco de la Constitución.

Ante una oficialización del embargo petrolero, Venezuela podría recolocar en 90 días los 200 mil barriles en el mercado asiático para amortizar progresivamente las pérdidas recibiendo pagos en otras monedas distintas al dólar; desde el Caribe, Asia y otros países podría regularizarse la importación de ciertos insumos necesarios para el mercado interno; la ampliación de relaciones energéticas en empresas mixtas con socios rusos y chinos, pueden significar que los planes de aumento de la producción, aunque boicoteados, siguen en marcha.

Estas variables permiten visualizar que la medida del embargo no se acercará al objetivo político esperado -extremar el cuadro social y económico venezolano para sobreexplotar el efecto vitrina de la “crisis humanitaria”- si no adquiere un carácter multilateral. Quizá por esa razón Rex Tillerson culminará su cita en Jamaica, tal vez espera que ciertos países del Caribe acompañen esa medida con el fin de limitar las compras de crudo venezolano y el trabajo del circuito refinador, mientras se intenta mostrar como un socio energético de confianza para la región. Tal como dicta la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe diseñada para acabar con Petrocaribe.

EE.UU. necesita hacer de Venezuela un conflicto multilateral, por esa razón el embargo es planteado en Argentina (sede de la reunión del G-20 en 2018) y no en Washington. Es clave arrastrar posibles mercados donde serían colocados los barriles para ampliar la prohibición.

Más del 40% del petróleo venezolano se vende en la región de Asia, por lo que un acompañamiento del embargo de la Unión Europea afectaría poco las ventas venezolanas. Es también poco probable que tenga un acompañamiento del Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de que decidan escalar hasta allá con el impulso de Nikki Haley, debido a los nexos políticos y energéticos de Rusia y China con Venezuela.

En términos de tiempo y recursos, la aplicación de un embargo implica la elevación de costos políticos, puesto que la respuesta del chavismo y del Gobierno tenderá a la cohesión contra EE.UU. y a favor de las respuestas económicas que se activen en medio del transcurrir.

Incluso muchos opinadores y economistas que trabajan en darle un marco narrativo sólido a las sanciones, alertan que afectar a la población con medidas extremas sólo repercutirá negativamente en sus planes de cambio de régimen.

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