Ene 13 2017
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Sociedad

Preocupación en torno a las migraciones en la región (antes y después de Trump)

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Las altisonantes declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, han puesto el foco de la opinión pública sobre las migraciones internacionales. Sus amenazas de construir un muro que separe México de Estados Unidos, deportar más de dos millones de inmigrantes y perseguir activamente indocumentados en el territorio estadounidense han generado en América Latina y el Caribe reacciones negativas, si no unánimes, al menos numerosas.

Lo mismo sucede respecto de posicionamientos semejantes que han tomado líderes de la derecha europea como Marine Le Pen en Francia, Frauke Petry en Alemania, Gabor Vona en Hungría o Norbert Hofer en Austria.
El carácter ampuloso y agresivo de estas declaraciones y proyectos ha permitido llamar la atención sobre el horizonte xenófobo y violatorio de los derechos humanos que guiaría las políticas migratorias de los gobiernos centrales.

Al mismo tiempo, precisamente la ampulosidad de estas declaraciones y el hecho de que afecten directamente a migrantes procedentes de países como los latinoamericanos, podría oscurecer la comprensión de una situación preocupante, como es la emergencia o consolidación de perspectivas excluyentes y restrictivas en nuestra propia región.

En Argentina, el gobierno de Macri ha lanzado medidas contra lo que desde 2010 el ahora presidente critica como una “inmigración descontrolada”. Para “combatir la irregularidad migratoria”, en agosto de 2016 se avanzó en el proyecto de crear una cárcel para inmigrantes, destinada a personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión”.

La Dirección Nacional de Migraciones, a su vez, se enorgullece de llevar adelante “una política migratoria de control”, como parte de una pretendida lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos transnacionales y como anticipo de un proyecto de ley de seguridad de fronteras.

En Chile la imposición de una visa consular de los ciudadanos dominicanos y la negación del otorgamiento en el consulado chileno han potenciado las redes de tráfico y trata de personas, y la consecuente condena a la irregularidad.

Adicionalmente, en el marco de la pre-campaña presidencial y con el éxito de Donald Trump como referente los candidatos de la derecha han levantado en las últimas semanas un discurso que busca obtener ganancias electorales en función de vincular migración y delito proponiendo directamente la expulsión de los migrantes, residentes en Chile, los que en más de un 75% provienen de países latinoamericanos y caribeños.

La cuestión migratoria actual en Brasil presenta aristas contradictorias. En un contexto marcado por retrocesos políticos, una nueva ley de migración ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados, y su completa institucionalización podría revocar el actual Estatuto del Extranjero, sancionado durante la dictadura militar. Si bien la ley bajo tratamiento hace foco en los migrantes como sujetos de derecho, la securitización continúa presente. Mientras se facilita la permanencia de inmigrantes en el país, se dificulta la entrada y se amplía la posibilidad de su expulsión.

De igual forma, órganos como el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg) y el Ministerio Público Federal han priorizado los derechos humanos de los migrantes mediante resoluciones puntuales como la visa humanitaria para haitianos del CNIg, pero, al mismo tiempo, la Policía Federal ha dictaminado recientemente en la frontera con Venezuela cuatrocientas cincuenta deportaciones de ciudadanos venezolanos en situación de indocumentación (que incluye poblaciones indígenas), valiéndose de la retrógrada legislación vigente, aunque la Justicia Federal del Estado de Roraima suspendió esa deportación en masa, ya que el procedimiento no respetaba el derecho a defensa de esos ciudadanos.

En la región andina, particularmente en Ecuador y Colombia, identificamos también una serie de medidas de control migratorio, persecución y criminalización de la migración que se han fortalecido en la coyuntura reciente.
Los procesos más visibles de esta tendencia en los últimos meses se han llevado a cabo en contra de población inmigrante y en tránsito de origen cubano, y otros colectivos provenientes de El Caribe, África y Asia.

En Ecuador, en julio de 2016 el gobierno nacional ejecutó la expulsión colectiva de más de cien personas de origen cubano, medida que viola directamente los derechos de migrantes, refugiados y población en necesidad de protección internacional, consagrados en la Constitución Política del Ecuador. En el procedimiento previo a la expulsión se violaron, además, varios principios de derecho internacional y de debido proceso por los cuales se rige la ley ecuatoriana, con acciones como el desalojo de espacios públicos sin previo aviso, detenciones más allá del período estipulado para resolver casos de “irregularidad migratoria”, incumplimiento de plazos para resolver solicitudes de habeas corpus, violación del principio de unidad familiar, etc.

En Colombia se produjo en agosto de 2016 una amenaza de deportación masiva en contra de más de mil hombres, mujeres y niños cubanos en tránsito por el norte país, lo cual provocó que el lugar de albergue de esta población en el pueblo de Turbo (frontera con Panamá) se vaciara precipitadamente y los migrantes emprendieran un tránsito clandestino a través de la selva del Darién para llegar a Panamá y continuar por Centroamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

A principios de ese mes el gobierno colombiano inició procesos de deportación de grupos de esta población hacia Ecuador y Cuba, en medio de una serie de ambiguas medidas que incluían, por ejemplo, la entrega de salvoconductos a migrantes en tránsito para la “deportación voluntaria”, como la llamaron las autoridades colombianas, y la continuidad de amenazas y procesos de detención. Miradas desde el sur de Centroamérica, las formas renovadas y diversificadas que presentan flujos migratorios extraregionales, plantean desafíos para el abordaje y la gestión migratoria en los países de tránsito.

Las particularidades de origen así como las características socioculturales de estos perfiles migratorios novedosos obligan ensayar dispositivos de atención nacionales pero sin dejar de prestar atención a los retos que como región enfrentan los países implicados. Estos elementos deben ser tomados en cuenta en los nuevos escenarios de administración migratoria a partir de la administración Trump.

México enfrenta el mayor desafío de su historia reciente al prepararse a recibir a los miles de deportados que Donald Trump amenaza expulsar de su país. Al mismo tiempo, se estima que los flujos de migración que por décadas han transitado por el país con la intención malograda de llegar al país del norte probablemente permanecerán en México de manera indefinida, lo que requiere de una respuesta humanitaria urgente y de integración en corto plazo.

Se da en la región la convivencia contradictoria entre una perspectiva que toma la migración como un derecho y una, que gana terreno, que la toma como un asunto policial de seguridad nacional. En ocasiones los vaivenes y paradojas que esta contradicción genera tienen que ver con los cambios de orientación política que han vivido varios países de la región; en otros casos, revelan enfrentamientos entre sectores y organizaciones sociales que pujan en direcciones contrapuestas.

Es necesario subrayar que muchos elementos de la política de criminalización de migrantes y de policiamiento y judicialización de la cuestión migratoria han sido exportados por agencias multilaterales a nivel global, y han sido tomados desde allí por los países de América Latina y el Caribe.
Estas políticas globales, que no necesariamente se presentan como “migratorias”, sino que involucran el tráfico de seres humanos y el contrabando, el tráfico de drogas, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras han impuesto una nueva agenda global.

El alineamiento de los países de la región con esta agenda explica en buena medida su comunión en torno de las políticas y medidas que atañen a la migración. Las medidas gubernamentales que han ganado terreno en la región dan pie a un régimen de criminalización migratoria que habilita manifestaciones de xenofobia y racismo. Los pedidos de control de flujos y reforzamiento de fronteras que se dan en nombre de la protección de los “ciudadanos nacionales” o incluso en nombre de los propios migrantes tomados como “víctimas”, no pueden entenderse fuera de este marco general.

http://www.clacso.org.ar/archivos/Comunicado_GT_Migraciones_Antes_y_despues_de_Trump.pdf

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1 Comentário

Comentarios

  1. Antonio Casalduero Recuero
    21 enero 2017 22:33

    Personalmente no me opongo a las migraciones, son tan antiguas como la humanidad, pero el problema es otro. A Chile han llegado muchísimos peruanos, haitianos, colombianos, centroamericanos, hasta argentinos, en fin. Muchos de estos peruanos llegados a Santiago son de un nivel sociocultural mínimo, básico, semianalfabetos, sin hábitos de higiene ni menos de aseo, levantan cocinerías callejeras en calles o avenidas, son ambulantes vendiendo comidas en carros de supermercados, sin ninguna clase de salubridad, unas fritangas malolientes a la distancia, y como las venden a muy bajo precio, las venden entre la gente, ellos mismos las compran. Para no ser tildados de xenófobos, la autoridad no se atreve a ponerle atajo a estos potenciales agentes infecciones, esparcidores de bacterias de mil clases.