Presos políticos mapuche. – RECESO EN HUELGA DE HAMBRE
Luego de 63 días de huelga de hambre que incluso lograron irrumpir en la agenda de la presidenta Michelle Bachelet en Europa –gracias al apoyo del Nobel de Literatura José Saramago y a protestas en Madrid, Viena y otras ciudades–, los 4 prisioneros políticos mapuches condenados por ley antiterrorista que mantenían esta medida de presión optaron por suspenderla de manera temporal. 
Esto gracias al acuerdo alcanzado la tarde de ayer domingo con los senadores PS Alejandro Navarro y Jaime Naranjo (der.), mediado por el obispo de la diócesis de Temuco, Manuel Camilo Vial (izq. abajo) en su calidad de garante y el lonko José Cariqueo, vocero de los huelguistas.
El grupo firmó un acta de compromiso de ocho puntos en que aceptan deponer la huelga a cambio de que el gobierno otorgue suma urgencia al proyecto de ley que modifica el Decreto Ley Nº321 sobre libertad condicional presentado por el Senador Navarro. De no cumplir lo anterior, retomarán la huelga, sentenció el lonko José Cariqueo. La iniciativa, radicada en la comisión de Constitución de la cámara alta, permite a los mapuches acceder a la libertad condicional, aunque no significa una conmutación de las penas, dado que establece que los beneficiados estarán sometidos a vigilancia mientras dure el tiempo que le falte para cumplir su condena.
Suma urgencia a proyecto
Según explicó el obispo Manuel Camilo Vial, quien participó ayer domingo de una maratónica jornada de negociación al interior de la cárcel de Temuco, los presos accedieron a realizar un receso en la prolongada huelga de hambre, como una muestra de su disposición a dialogar con las autoridades. En concreto, el principal compromiso asumido por el Gobierno es que hoy lunes «el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, enviará al Senado un decreto que asigna suma urgencia al proyecto que otorga beneficios penales a todos los mapuches condenados en virtud de la Ley Antiterrorista».
«Nosotros hemos tomado muy en serio esta responsabilidad de ser garantes, porque no se trata sólo de la ley antiterrorista, sino que es de toda la causa mapuche», sostuvo el sacerdote en radio Bio-Bio.
La iniciativa, que deberá ser vista antes de 10 días por el Senado y luego en el mismo plazo por la Cámara de Diputados, entrega la posibilidad a los mapuches de acceder a la libertad condicional, tal como se hizo en su momento con los condenados por delitos terroristas con móviles políticos. De esta manera, la iniciativa deberá ser vista dentro de los plazos establecidos para la suma urgencia, es decir, dos días, luego de lo cual quedaría en condiciones de ser promulgada. Cabe recordar que la ley antiterrorista impide que un sentenciado pueda obtener la excarcelación anticipadamente, situación que se pretende modificar a través de este proyecto.
Al respecto, el senador Naranjo llamó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y a Renovación Nacional (RN), partidos que han cuestionado al gobierno por sentarse a negociar este tema, a no temer una postura mezquina frente a la situación de los indígenas. «El conflicto mapuche nos corresponde enfrentarlo a todos como país», dijo. Naranjo también recordó que si bien el Senado podría despachar el texto antes del 21 de mayo, a partir de esa fecha el Congreso inicia un receso hasta junio, por lo que sólo entonces se podría retomar la discusión. «Mientras esto se debate, ellos permanecerán en el hospital», puntualizó.»
«Yo confío en que los parlamentarios que han firmado el compromiso de votar favorablemente la ley y también muchos que han manifestado su apoyo, lo hagan en los plazos de la suma urgencia», enfatizó Navarro. El parlamentario socialista, quien ha liderado una serie de acciones legislativas, gubernamentales y de apoyo solidario a las personas presas por la ley antiterrorista, solicitó que este proyecto de ley, que cuenta con el apoyo del gobierno, tal cual lo han hecho manifiesto el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y el director nacional de la CONADI, Jaime Andrade, sea vista y analizada, en primer lugar por la comisión de Derechos Humanos del Senado y luego por la de Constitución, Legislación y Justicia, antes de pasar a la sala y ser votada por los parlamentarios.
«Esperamos que las comisiones puedan despachar a la brevedad sus respectivos informes sobre este proyecto, para que se cumpla su objetivo, que no implica renunciar a la amnistía, sino lograr la liberación de los mapuches injustamente condenados hasta que se logre la amnistía o la revisión de los procesos. No es una solución de consuelo, sino la preparación de las vías de fondo para la justa reivindicación mapuche: la inocencia de los detenidos por ley antiterrorista», señaló Navarro.
A mantener las movilizaciones
Por el lado de los huelguistas, la cautela primó por sobre el triunfalismo, al señalar que se mantendrán en «estado de alerta», ya que ante cualquier incumplimiento de este acuerdo, reactivarán la huelga de hambre «hasta las últimas consecuencias». «No significa que esto terminó aquí, sino que esto sigue porque es un receso. Ellos (los comuneros) igual van a estar atentos», enfatizó José Cariqueo. «Las movilizaciones no han concluido, hoy solo se ha hecho un receso de la huelga temporalmente que puede concluir el miércoles 17 del presente mes sino se cumplen los acuerdos», recalcó a través de un comunicado la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuches.
«Por lo anterior se reitera un llamado incluyente a todo el pueblo mapuche, los oprimidos, los explotados, los estudiantes, los intelectuales y todos los excluidos por este sistema aberrante a continuar las movilizaciones con mas fuerza, por ello se reitera el llamado a marchar mañana lunes a nivel nacional e internacional, como también el día miércoles 17 de mayo con el mismo carácter… La presión social no debe cesar hasta ver a todos los presos políticos mapuche caminar libremente por los campos», señalaron.
«Obviamente estamos confiados en que el proyecto prospere, que el día lunes se le de la suma urgencia, que el día martes se trabaje en las comisiones respectivas para hacerle los ajustes necesarios, y que el día miércoles sea votado en el Senado favorablemente. Mas de 15 senadores han firmado una carta en que se comprometen a votar favorablemente este proyecto de ley al igual que muchos diputados, nosotros creemos que existe la disposición de determinar con esta injusticia», señaló por su parte la abogada Alejandra Arriaza, quien también participó de las negociaciones.
Los comuneros Juan y Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso, mantenían desde hace 62 días una huelga de hambre en protesta contra un fallo judicial que los sentenció a cumplir una condena de 10 años de cárcel y a pagar una indemnización de más de 400 millones de pesos a la empresa Forestal Mininvco. Fueron acusados de estar involucrados en un incendio cometido el año 2001 contra el fundo Poluco-Pidenco, ubicado en la localidad de Ercilla y condenados en virtud de las disposiciones de la ley 18.314 sobre Conductas Terroristas, en un fallo criticado por diversos organismos de derechos humanos.
Comunicado Público
En un comunicado dirigido la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones sociales mapuche y no mapuche que han venido acompañando el proceso de movilización de los presos políticos mapuche encarenado en Patricia Troncoso Robles, Jaime y Patricio Marileo Saravia y Juan Carlos Huenulao Lienmil, la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche deja en claro que «las movilizaciones no han concluido, hoy solo se ha hecho un receso de la huelga», que puede reiniciarse el próximo 17 de mayo si no se cumplen los acuerdos.
La aprobación y promulgación de la lay presentada por el senador Navarro significa la libertad de todos los prisioneros políticos encarcelados por la ley antiterrorista, incluyendo a Víctor Ancalaf, Pascual Pichun y Aniceto Norin.
La agrupación reitera «un llamado incluyente a todo el pueblo mapuche, los oprimidos, los explotados, los estudiantes, los intelectuales y todos los excluidos por este sistema aberrante a continuar las movilizaciones con mas fuerza, «hasta ver a todos los presos políticos mapuche caminar libremente por los campos».
También recuerdan que nada de esto signfica «un favor a los presos políticos mapuche ya que recién a los 64 días de huelga (el sector político) ha demostrado una tímida voluntad para resolver el problema, además el gobierno ha manifestado una represión racista y terrorista con la detención y encarcelamiento de otros tres mapuche del sector Temukuikui (comuna de Ercilla) y de dos estudiantes mapuche acusados de desorden público, también encarcelados en la cuidad de Temuco, con el estudiante de Iquique quien fue cobardemente herido por carabineros en una manifestación a favor de los mapuche en huelga y que hoy se debate entre la vida y la muerte».
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* Periódico mapuche.
(www.nodo50.org/azkintuwe).
Addenda
¿QUIÉNES SON LOS PRESOS DE ANGOL?
–Centro de Documentación Mapuche. Observatorio de derechos de los pueblos indígenas, en el periódico Azkintuwe del 24 de marzo de 2005–
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas entregó hoy importantes antecedentes judiciales para saber quiénes son y cuáles son las condenas que afectan a los presos políticos mapuche Jaime Marileo, Patricio Marileo, Juan Huenulao, Jaime Huenchullan, Jorge Manquel y Patricia Troncoso, todos ellos recluidos en la cárcel de Angol y que hoy cumplen 18 días en huelga de hambre.
En la mayoría de los casos, se trata de comuneros investigados por el Ministerio Público bajo cargos de «terrorismo» y cuyos enjuiciamientos estuvieron plagados de irregularidades, tal como lo han denunciado diversos organismos de derechos humanos ante el gobierno chileno e instancias internacionales.
Cabe destacar que ayer miércoles 23 de marzo, Patricia Troncoso Robles, Juan Patricio Marileo y Florencio Jaime Marileo, representados por el abogado Hugo Gutiérrez, presentaron ante el Juzgado de Garantía de Ángol, una querella criminal por prevaricación en contra de los magistrados del Tribunal Oral de esa ciudad Augusto Koch, Georgina Solís y Luis Sarmiento, la que es respaldada el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, a través de su director legal, Rodrigo Lillo.
La querella se fundamenta en que uno de los considerandos esgrimidos por los magistrados para condenarlos a 10 años de cárcel el pasado 13 de octubre de 2004, sería copia textual del considerando de otra sentencia judicial, lo que a juicio de los querellantes correspondería al delito de prevaricación, el cual cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo.
Florencio Jaime Marileo Saravia
Comunero mapuche de 26 años de edad, perteneciente a la comunidad José Guiñon, sector San Ramón de la ciudad de Ercilla. Fue detenido el día 4 de diciembre del 2002 y se le imputan inicialmente los cargos de asociación ilícita terrorista y luego por el delito de incendio terrorista. Su detención se produce como consecuencia de una orden judicial emanada del Tribunal de Garantía de Temuco, a solicitud de los Fiscales Alberto Chiffelle, Francisco Rojas, Paula Villalobos, Paola Turra del Ministerio Público, quienes lo sindican como participe de la organización mapuche Coordinadora de Comunidades En Conflicto Arauko Malleko, acusada de ser una asociación ilícita terrorista.
Florencio Marileo permaneció en prisión preventiva hasta el día 13 de febrero del 2004 (casi un año dos meses), cuando en audiencia de revisión de medidas cautelares (1) de mapuche acusados de incendio terrorista, se modifica su situación por una medida alternativa, por lo que solo permaneció firmando a la espera de su juicio por incendio terrorista al fundo forestal Mininco Poluco Pidenco, que se extendió del 29 de julio al 17 de agosto del año 2004.
El 27 de julio del 2004 se da inicio al juicio oral por incendio terrorista en contra de 11 mapuche pertenecientes a las comunidades de Tricauco, San Ramón y Chekenko, todos de la comuna de Ercilla. Sin embargo la discusión inicial se centra en que al juicio oral solo se presentan 5 de los 11 imputados, por lo que se suspende hasta el 29 de agosto, a la espera de la detención de los seis comuneros restantes. Cabe señalar que en este lapso se realizan violentos allanamientos por parte de fuerzas especiales de carabineros en las comunidades de Tricauco, San Ramón, Chekenko y Rukañanko? (2) .
Este proceso estuvo marcado por diversas irregularidades ya denunciadas en otras ocasiones (3) y que básicamente tuvieron que ver con la utilización de la ley antiterrorista (18.314), restricciones al debido proceso, la utilización en el juicio de testigos protegidos (desconociéndose su identidad) por parte del ministerio público y la inhabilitación por parte de la Corte Suprema de la jueza de garantía que había rechazado la calificación de ataque incendiario como un delito terrorista presentada por la fiscalía y denegó sus peticiones de protección y anonimato de testigos (4) .
Finalmente Florencio Jaime Marileo Saravia fue condenado a 10 años y un día de prisión, además debe pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de pesos, solidariamente junto a los cinco condenados por esta causa.
Jose Patricio Marileo Saravia
Comunero mapuche de 30 años de edad, hermano de Florencio Marileo, perteneciente a la comunidad José Guiñon, sector San Ramón de Ercilla. Su detención obedece a una orden emanada del tribunal mixto de Collipulli, a solicitud de los fiscales Alejandro Ríos, Claudia Turra, Paula Villalobos y Alberto Chiffelle del Ministerio Publico (5) .
Es detenido el 16 de marzo de 2003 al interior del Fundo Santa Rosa, en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, en momentos que se encontraba trabajando de temporero. Formalizado por incendio terrorista del fundo Poluco Pidenco, propiedad de la Empresa Forestal Mininco S.A., permanece poco más de un año en prisión preventiva, hasta el cambio de medidas cautelares en febrero del 2004.
Finalmente, al igual que su hermano, fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, además debe pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de pesos, solidariamente junto a los cinco condenados por esta causa.
Patricia Roxana Troncoso Robles
Auxiliar de párvulos, ex alumna de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso, de 36 años de edad (arriba, der.). Es detenida el día 12 de septiembre del año 2002 como presunta autora de los delitos de amenazas e incendios terroristas, por hechos que afectaron la casa patronal del ex ministro de Agricultura, miembro del Tribunal Constitucional y presidente de la Fundación Pablo Neruda, Juan Agustín Figueroa.
Su causa –en la que también son imputados los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin– se tramitó en el juzgado mixto de Traiguén, y a la acusación del ministerio público se sumaron como querellantes el gobierno y los propietarios afectados. Se les imputa responsabilidad en los siguientes hechos: 1) Incendio terrorista en casa habitación de propiedad de Juan Agustín Figueroa Elgueta; 2) amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores del Fundo Nancahue; 3) incendio terrorista en perjuicio del predio forestal San Gregorio de propiedad de Juan Julio Sagredo Marín; y 4) amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores del Predio San Gregorio.
En diciembre de ese año (y a más de un mes de su detención), a solicitud de los Fiscales Alberto Chiffel le, Francisco Rojas, Paula Villalobos, Paola Turra del Ministerio Público, es formalizada por el tribunal de garantía de Temuco como participe de la organización mapuche Coordinadora de Comunidades En Conflicto Arauko Malleko, acusada de ser un Asociación Ilícita Terrorista.
Posteriormente, el 28 de enero de 2003, se le formaliza por la causa rotulada con el RUC: Nº 01000086954-2 por los delitos de incendio terrorista, robos con violencia, lesiones, usurpación en el grado de tentativa y otros, siendo querellantes la Empresa Forestal Mininco S.A. y la gobernación provincial de Malleco, representada por un abogado del ministerio del interior.
Por la primera causa, su juicio se realiza del 31 de marzo al 9 de abril de 2003. La sentencia definitiva absolvió a los imputados de todos los cargos por no estimarse acreditadas sus participaciones en los hechos punibles (6). Sin embargo las partes querellantes presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. La Sala Penal de la Corte Suprema (7), en fallo leído el 2 de julio de 2003 anula la sentencia absolutoria que recaía sobre Patricia Troncoso y los Lonkos Pascual Pichón y Aniceto Norin, ordenando la realización de un nuevo juicio.
El nuevo juicio oral en contra de Patricia Troncoso se realizó a partir del 9 de septiembre de 2003. En él fue absuelta nuevamente de todos los cargos que se le formulaban, mientras que los lonkos mapuche fueron condenados a la pena de 5 años y un día de presidio por el delito de amenazas de incendio terrorista, contemplado en el artículo 7 de la Ley N ° 18.314 (actualmente se encuentran recluidos en la cárcel de Traiguén con cerca de la mitad de la pena cumplida).
El día 13 de febrero del 2004, en el proceso por incendio terrorista del predio forestal Poluco Pidenco, y a más de un año de iniciarse las formalizaciones y detenciones de mapuche de Tricauco, Chekenko y San Ramón de la comuna de Ercilla, se realiza audiencia de revisión de medidas cautelares de los mapuche acusados. Dicha audiencia de revisión de medidas cautelares se efectúa después de siete meses sin debate, en los cuales los mapuche acusados de la causa se encontraban en prisión preventiva en la Cárcel de Angol. Con la resolución anterior, se pone fin a la reclusión de Patricia Troncoso Robles, quien permaneció 1 año 5 meses en prisión preventiva.
Finalmente, al igual que Juan Patricio Marileo y Florencio Jaime Marileo, es condena a 10 años y un día de prisión por incendio terrorista al predio Poluco Pidenco, además debe pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de pesos, solidariamente junto a los cinco condenados por esta causa. Durante los meses de octubre y noviembre del 2004, en forma paralela al cumplimiento de su condena, Patricia Troncoso debió afrontar un cuarto juicio por el delito de Asociaci ón Ilícita Terrorista. Tras 17 jornadas de audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, es declarada inocente por tercera vez de su participación en delitos de carácter terrorista.
Juan Carlos Huenulao Lielmil
Comunero mapuche de Tricauco, Comuna de Ercilla, de 39 años de edad. Se encuentra acusado de su presunta participación en el incendio de carácter terrorista del predio forestal Poluco Pidenco. Nunca estuvo en prisión preventiva ni con medidas cautelares, a diferencia todos los demás imputados por esta causa.
Tras la inhabilitación de la jueza que llevaba el caso, el día 26 de mayo del 2004 Juan Carlos Huenulao junto a cinco acusados por esta causa, decidieron no presentarse al juicio de preparación oral, por considerar que no existían las garantías suficientes para un debido proceso. Se trata de Luis Amable Catrimil y Mireya Figueroa, lonko y secretaria de la comunidad de Tricauco; el lonko José Cariqueo, de la comunidad de Guiñon de San Ramón y los dirigentes Juan Colihuinca y Juan Carlos Huenulao.
Mireya Figueroa explica que la decisión la tomaron por lo siguiente: «Antes que todo, ha sido por dignidad. Nosotros no somos delincuentes, no somos terroristas, somos dirigentes de base que estamos reivindicando nuestros derechos ancestrales. Por eso desconocemos la ley chilena, porque no es garantía de ninguna justicia, optando por esta vía, que puede ser difícil y riesgosa, pero que nos ofrece la posibilidad de rebelarnos, de no darle en el gusto al Estado chileno que quiere tenernos encarcelados» (8).
Juan Carlos Huenulao fue detenido el 20 de febrero de 2005 por efectivos de carabineros que realizaban un patrullaje en los caminos interiores de las comunidades de Ercilla.
Se suma a la huelga, por considerar que en su caso, al igual que el de los otros comuneros, se ha incurrido en indebidos procesos y a que éstos responden más bien a una persecución política contra quienes se oponen a las inversiones forestales y a la vez reivindican derechos territoriales sobre tierras mapuche.
Jorge Mario Manquel Torres
Comunero mapuche de 35 años de edad, perteneciente a la comunidad Ankapi Ñancucheo de Ercilla. Es imputado por incendio simple (causa R.I.T. 116-2004) en contra de la propiedad de René Urban Pagnard. Los hechos ocurridos durante el verano de 2004, dicen relación con la quema de trigo y pastizales correspondiente al fundo Santa Melanie, que se encuentra al interior de la Comunidad Ankapi Ñancucheo. La detención y posterior encarcelamiento de Jorge Manquel se produjo en febrero del 2004, fecha desde la cual permanece en prisión preventiva en la cárcel de Angol. Recientemente fue notificado el inicio de su juicio oral para el próximo 12 de abril.
El Ministerio Público, representado por la fiscalía de Collipulli (fiscal Andrés Villagra), solicita una pena de 5 años y un día de cárcel para el mapuche ahora acusado. En tanto la víctima del ilícito investigado, representado por su abogado particular Enrique Stappung, solicita una pena de diez años de cárcel y a través de demanda civil una indemnización de perjuicios de 15 millones de pesos aproximadamente, además de una indemnización por daño moral de 10 millones de pesos. René Urban Pagnard, es un conocido agricultor de la zona de Ercilla, involucrado en varios procesos llevados en contra de mapuche provenientes de comunidades colindantes con sus predios.
Al igual que en otros casos ya juzgados de imputados mapuche en el marco de conflicto territorial, en éste son vulnerados una serie de derechos, como la presunción de inocencia, que en lo que se refiere a Jorge Manquel ha significado que en el transcurso de los 13 meses que lleva en prisión preventiva, solo se haya solicitado en dos oportunidades la revisión de la medida cautelar; solicitudes que a su vez han sido negadas por el tribunal de garantía, acogiendo los argumentos de la fiscalía y abogado de la familia Urban. El principal fundamento esgrimido por el Tribunal para negar la libertad de Manquel, es que su libertad es un peligro para la sociedad.
Jaime Huenchullan Cayul
Comunero mapuche de 26 años de edad, perteneciente a la Comunidad de Temucuicui de Ercilla. Es imputado junto a otros miembros de su comunidad por una serie de ilícitos relacionados con el particular René Urban Pagnard, siendo formalizado por el Ministerio Público de Collipulli por los delitos de amenazas y daños calificados (causa R.I.T. 628-2004).
Es detenido el 10 de enero de 2005 cuando se presentaba a una audiencia en el juzgado de garantía de Collipulli y trasladado a Traiguén donde se le formaliza por el delito de robo con intimidación de dos animales en grado de frustrado. Hecho presuntamente ocurrido el día 12 de noviembre de 2004, en la comunidad indígena de Añiñir, ubicada a varios kilómetros de distancia, en la comuna de Traiguén. Ese mismo día 12 de noviembre se encontraba en la casa de su tía y –por razones que debieron en su momento ser investigadas– recibió un disparo que lo dejó inconsciente hasta el día siguiente. Fue trasladado en estado grave al hospital de Victoria, constatándole más de 40 perdigones en su cuerpo.
El Observatorio de Derecho de los Pueblos Indígenas, a través de su director legal, el abogado Rodrigo Lillo, presentó el pasado 18 de febrero una querella criminal ante el tribunal de garantía de Collipulli, por homicidio frustrado en contra del comunero mapuche Jaime Huenchullan, puesto que a poco más de tres meses de ocurrido este grave hecho y a que el ministerio público posee todos los antecedentes a disposición, no existen aún solicitadas diligencias ni pericias que permitan señalar responsabilidades.
Ni siquiera existe persona alguna formalizada por estos hechos. Siendo importante relevar que una investigación oportuna habría permitido ya el esclarecimiento de los hechos por los cuales Jaime Huenchullan se encuentra en prisión preventiva.
Notas
1. El juzgado de Garantía resuelve: Que se sustituye la prisión preventiva que afecta a los acusados Mireya Figueroa, Luis Catrimil, Jose Cariqueo, Juan Ciriaco Millacheo, Juan Marileo Saravia, Florencio Marileo Saravia, Jose Llanquileo, Juan Colihuinca, Jose Huenchunao y Patricia Troncoso, por las medidas cautelares del articulo 155 letras c) y d) del Código Procesal Penal, debiendo en consecuencia cada uno de ellos presentarse en el juzgado de garantía a firmar libro correspondiente los días viernes de cada semana a partir del viernes 20 de febrero del 2004, y queda prohibido salir del país.
2. Mella Eduardo, Mapuches acusados, mapuches condenados: Caso Poluko Pidenko. Agosto del 2004. En: www.derechosindigenas.cl
3. Ver Informe Indebido Proceso, los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los mapuche en el sur de Chile. Human Rights Watch y Observatorio de derechos de los pueblos indígenas. 2004.
4. Op. Cit.
5. Orden de detención emanada del juzgado Mixto de Collipulli y fechada 16 de enero de 2003.
6. La sentencia señala textualmente que la prueba rendida «no reúne los estándares probatorios necesarios en grado de calidad, certeza y suficiencia, para afectar la presunción constitucional y legal de inocencia que ampara a los acusados, circunstancia que permite a estos sentenciadores llegar perentoriamente a la convicción de que no fue probada la participación de autores materiales de los referidos Pichun, Troncoso y Norín, en los delitos que les fueron imputados, según el tenor literal de las acusaciones de que fueron objeto». (Sentencia del tribunal oral en lo Penal de Angol de fecha 14 de abril de 2003).
7. La sala penal de la C. Suprema estuvo integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Milton Juica A. y Nibaldo Segura P. Milton Juica, estuvo por confirmar la sentencia y redactó su voto disidente.
8. «Rebeldes contra la injusticia». Entrevista a Mireya Figueroa. Periódico Azkintuwe, Julio de 2004.