Feb 8 2010
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Sociedad

Punto de vista: los derechos de los niños y las mujeres

Gisela Ortega.*

UNICEF ha sido desde 1988, el principal arquitecto de la programación de los derechos humanos de las mujeres y los niños descritos tanto en la Convención de los Derechos del Niño, como en la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer. La perspectiva se deriva de una serie de principios que son la base de ambas convenciones: rendición de cuentas, universalidad y no discriminación, indivisibilidad y participación.

Todo firmemente enraizado en la labor de las Naciones Unidas que, en 2003, aprobó una declaración denominada Enfoque basado en los derechos humanos en la cooperación para el desarrollo: hacia un entendimiento común.

De acuerdo a este paradigma, uno de los objetivos subyacentes de todos los programas de este organismo es promover la realización de los derechos humanos tal como se describen en la Declaración Universal y otros instrumentos fundamentales sobre ellos.

Universalidad
Todas las personas nacen con derechos independientemente de su origen étnico, sus creencias y sus prácticas, su ubicación geográfica, su género o su nivel de ingresos. Sin embargo, a pesar de los sólidos marcos jurídicos internacionales y nacionales que lo apoyan, los grupos que tradicionalmente han sufrido las consecuencias de la separación y la discriminación dentro de sus países y sociedades son los que siguen corriendo un mayor riesgo de que sus potestades se conculquen o no se cumplan, por lo demás una situación que ocurre sistemáticamente.

Una posición basada en los derechos humanos selecciona específicamente a las sociedades más marginadas –y a los miembros más vulnerables de esos grupos, que por lo general son las mujeres y los niños– en las naciones y las comunidades más necesitadas.

El enfoque tiene consecuencias para el presupuesto de los programas y para su planificación, ya que por lo general resulta más difícil alcanzar a los grupos marginados y a las personas que viven en lugares remotos de las zonas rurales o en tugurios urbanos, que a quienes se hallan en regiones mas integradas.

La vacunación es un ejemplo, ya que el costo por unidad que supone inmunizar a recién nacidos en los sectores campesinos es bastante mas elevado que el costo de vacunar a los que viven en las ciudades. Si se aplica a la inmunización un enfoque basado en los derechos humanos, puede que sea necesario emplear una medida alternativa para determinar las prioridades programáticas y asignar los requerimientos.

Al utilizar esté factor determinante en la asignación de recursos el numero de muertes que se han evitado –o los años saludables conseguidos– por inmunización, en lugar de los costos por unidad, cambia inmediatamente la ecuación entre costos y beneficios, ya que los grupos más pobres o más marginados tienen más probabilidades de beneficiarse de la ampliación de los servicios esenciales.

A menudo es necesario aplicar soluciones innovadoras para defender los derechos de los niños marginados y desfavorecidos y de su familia. Por ejemplo, el Gobierno de la India y UNICEF se han asociado en una iniciativa de divulgación para enviar a la escuela a más de 300.000 niños y niñas desfavorecidos utilizando técnicas como los centros móviles de aprendizaje para facilitar que los pequeños que se encuentran en lugares de difícil acceso puedan recibir una educación.

Derechos
Según la orientación basada en los derechos humanos, se reconoce que los niños y las mujeres son titulares de privilegios y no sujetos pasivos de un acto de caridad. Los Estados partes, los firmantes de las dos Convenciones, tienen la obligación de trabajar a favor de las realización de las prerrogativas de todos sus ciudadanos.

En los acuerdos, los más vulnerables, especialmente los niños y las mujeres, reciben una protección especial. Los ciudadanos con autonomía y los organismos creados en virtud de acuerdos pueden responsabilizar a los gobiernos por cualquier violación de los derechos humanos, y evaluar sus progresos en la aplicación de los acuerdos relativos a ellos.

En términos prácticos, la orientación incluye la necesidad de prestar asistencia a todos los niveles de la comunidad y de la sociedad para que cumplan sus obligaciones a favor de la niñez y las mujeres.

Unidad

Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, lo que significa que no se debe conceder un carácter prioritario a ninguno de ellos. Para los niños, la unidad significa garantizar que los compromisos relacionados con la personalidad integral del chiquillo se cumplan mediante la satisfacción de sus necesidades físicas, psicológicas, de desarrollo y espirituales, y no solamente centrándose en la prestación de servicios esenciales como la atención básica de la salud y la educación.

También exige trabajar en asociación con otras organizaciones que dispongan de aptitudes y conocimientos técnicos complementarios para compensar estas necesidades. Se ha generado un mayor hincapié en conceptos de amplia base como el desarrollo durante la primera infancia, la continuidad de la atención de la salud para la madre, el recién nacido y el niño, y la creación de un entorno protector para la niñez.

Asimismo ha ampliado la gama de compromisos básicos a favor de los pequeños en situaciones de emergencia, que incluyen la educación, la protección de la infancia, la terapia y orientación psicosocial para los afectados por desastres naturales, pandemias o conflictos armados. En Viet Nam, por ejemplo, la cooperación para el desarrollo ha dado como resultado que los funcionarios formulen políticas intersectoriales integradas y holística para la salud, la educación y la protección.

Participación
Un principio central de una orientación basada en los derechos humanos es la premisa de que la cooperación para el desarrollo es más eficaz cuando los usuarios a quienes se dirige –tanto las personas como las comunidades-–participan en su planificación, aplicación y evaluación.

La promoción de la autonomía del individuo y de la colectividad es tanto el objetivo como un medio a favor de los mismos. La adaptación de los programas al contexto local ha demostrado ser fundamental para su aceptación, ampliación y sostenibilidad.

En los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente que las privaciones de los derechos de los niños a la supervivencia, el desarrollo y fundamentados tipos de protección como por ejemplo, -contra el trabajo infantil-, se concentran especialmente en determinados continentes, regiones y países.

Dentro de las naciones, las disparidades también son notables en la realización de los derechos de la infancia sobre la base de circunstancias como la pobreza en el hogar, la ubicación geográfica, el origen étnico, el género y la discapacidad.

Aumentar el acceso y proporcionar servicios esenciales a la población marginada y excluida es fundamental para su supervivencia y desarrollo. Esto implica abordar las disparidades identificando las zonas y los grupos más vulnerables y excluidos dentro de los países, utilizando análisis sobre las causas directas y subyacentes y las básicas de las disparidades a las que hacen frente en materia de supervivencia, desarrollo y protección.

Esta dirección contribuye también a articular las denuncias de las poblaciones pobres y marginadas por medio de la promoción y la movilización social. Exige una rendición de cuentas por parte de los titulares de obligaciones a la hora de hacer realidad los derechos de las mujeres y los niños, y garantizar que sus denuncias se codifiquen en la legislación y las políticas nacionales y locales, y reciban el apoyo de unos presupuestos adecuados. También procura sacar el máximo rendimiento de los recursos –financieros, humanos, de información o materiales– en apoyo a políticas para reducir las disparidades en la mayor medida posible con respecto al nivel de desarrollo de un país.

Los programas y las políticas tratan también de abordar las causas subyacentes y básicas que menoscaban el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, las disparidades en los ingresos se pueden afrontar por medio de estrategias de reducción de la pobreza que incluyen medidas de protección social como las transferencias de efectivo a los hogares necesitados para apoyar el gasto de bienes sociales como la atención de la salud y la educación de los niños.

En América Latina es posible encontrar con frecuencia este tipo de eventos, y las muestras más conocidas son la iniciativa Bolsa Escola del Brasil y el programa Oportunidades de México. Pero otras regiones están logrando también progresos en la prestación de esquemas de apoyo con ingresos; por ejemplo en Malawi se ha introducido un mecanismo de transferencia de efectivo en seis distritos para proporcionar apoyo a los huérfanos y a los niños y niñas vulnerables, y en particular a los hogares encabezados por chiquillos.

De la misma manera es posible abordar la desigualdad de género aumentando la conciencia sobre las prácticas discriminatorias y promoviendo reformas jurídicas y sociales. Las disparidades en la prestación de servicios esenciales debido a la ubicación geográfica se pueden reducir mediante la aplicación de servicios integrados y móviles. Un modelo de ello, es en Sudan, donde los programas de inmunización de la infancia se han combinado eficazmente con la vacunación del ganado contra la peste bovina.

Ampliar las oportunidades docentes a las madres es fundamental para mejorar la supervivencia y el desarrollo de los niños, ya que las investigaciones han demostrado que las mujeres que han recibido una educación tienen menos probabilidades de morir en el parto y más probabilidades de enviar a sus hijos a la escuela.

Un desafío fundamental es supervisar y evaluar la eficacia de los programas basados en los derechos humanos, no solamente a la hora de producir mejores resultados para la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños, sino también a la hora de transformar las actitudes, prácticas, políticas, leyes y programas que apoyan el cumplimiento de los derechos de la infancia.

* Periodista.

(Fuente: UNICEF).
 

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