Ago 7 2008
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Sociedad

¿Quién emplea a las personas con capacidades diferentes?

Nuria González Rouco*

Desde 1981, rige en Argentina la ley que obliga a organismos nacionales y empresas privatizadas de servicios públicos, a contratar personas con capacidades diferentes. Pero todavía no se cumple.

La ley número 22.431, sancionada durante la última dictadura militar y modificada en 2002 (ley 25689), establece que, del total de empleados de organismos nacionales y en las empresas privatizadas de servicios públicos, el 4 por ciento deben ser personas con algún tipo de discapacidad.

Es cierto que no todos tienen la misma capacidad de trabajo, pero los que si pueden hacerlo no están en las mismas condiciones en un mercado feroz como lo es el actual. Por eso, la Constitución Nacional desde 1994 plantea que el Estado necesita apoyar a las personas con discapacidad, para crear una sociedad integrada e igualitaria.

Pero no se necesitan estadísticas para ver que no se cumple en ningún ministerio, oficina pública y menos aún en empresas privadas aunque presten servicios.

Sin embargo, en la única Encuesta sobre Discapacidad que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) en 2006, el 7,1 por ciento de la población sufre alguna discapacidad, lo que significa cerca de 2,7 millones de personas.

“La encuesta sólo tomó centros urbanos de más de 5 mil habitantes. En áreas rurales, el porcentaje es mayor, por falta de acceso a la rehabilitación", señala Bea Pellizzari, directora de La Usina.

¿Qué se entiende por discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980, una discapacidad "es toda restricción o ausencia -debida a una deficiencia- de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano".

Si bien es cierta que hay diferentes tipos y grados de discapacidad, esta “restricción o ausencia de la capacidad”, no significa que las personas que la padecen estén totalmente descalificadas para realizar algunas actividades administrativas, por ejemplo.

Paradójicamente, el Estado que es quien debe crear los espacios laborales para las personas con discapacidad haciendo cumplir el cupo laboral, también es quien se los bloquea.

Para el abogado Pablo Rosales, experto en discapacidad y autor de “La discapacidad en el sistema de salud argentino“, “El Estado tiene una doble cara porque es el principal obligado pero también es el que principalmente violenta esas obligaciones. La única posibilidad es que las personas a través de la Defensoría del Pueblo o a través de la Justicia, reclamen el ejercicio de esos derechos sociales que no se demandan y por ende, se ceden”.

Las organizaciones no gubernamentales dedicas a la problemática, denuncian que más del 82 por ciento de los discapacitados de Argentina no tienen trabajo, mientras que sólo el 15 por ciento cuenta con el certificado de discapacidad, imprescindible para acceder a algún servicio, como la rehabilitación.

En tanto, Graciela Muñiz, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires afirma: “en Argentina tenemos una legislación espectacular, muchísimas leyes que protegen a las personas con discapacidad. Pero ninguna se cumple". El primer violador de esas leyes es el Estado, agrega el ombudsman de la Nación, Eduardo Mondito.

Según Juan Carlos Sanchez, integrante de la Red Confluir “pareciera ser que la única forma de facilitar el acceso al trabajo son los cursillos y cursilletes, que llevan a las pasantías laborales, llevados a cabo por la Unidad de Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, los cuales resultan ser más un excelente negocio para los capacitadores que un beneficio real para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su escasa inserción debido a los enormes prejuicios empresariales”.

A estos cursillos se les ha sumando la Resolución Nº 575/05 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, por la cual se crea el Programa de Apoyo Económico a Micro emprendimientos para Trabajadores con Discapacidad (PAEMDI). Para esto, utilizan los fondos de las multas cobradas por el Banco Central de la República Argentina, a los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. De esta manera intentan, incentivar el autoempleo de las personas con discapacidad.

Con estos cursillos están formulados para brindar una capacitación, que supuestamente, ayudaría a la inserción laboral de las personas con discapacidad. En tanto el PAEMDI, trata de apoyar a quienes tienen un oficio o profesión pero no tienen la posibilidad de obtener los fondos necesarios para poner en funcionamiento su propio negocio o empresa.

Lamentablemente las personas que acuden a estos cursos, pocas veces ven plasmadas las promesas de un trabajo propio. Los únicos beneficiados con los cursos son los profesionales que los organizan, ya que sus sueldos son pagados por organismos internacionales, quienes a través de programas de reinserción, envían gran cantidad de dinero para que se lleven a cabo.

Otra cuestión de estos cursos es que hace visible la negativa del Estado para otorgar empleo público a personas con capacidades diferentes, por lo que pretenden trasladar el problema a empresas privadas y el autoempleo.

Otro rasgo que hace visible que el Estado argentino no quiere discapacitados trabajando en sus oficinas, son los beneficios que se le otorgan a las empresas que contraten a personas con capacidades diferentes.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial y el Servicio de Colocación Laboral Selectiva, realizaron una campaña bajo el lema: “muy pocas cosas le impiden a una persona con discapacidad realizar un trabajo. Que una de esas no seas vos”.

Durante esta campaña, se informaba sobre las normas laborales. Por ejemplo, en la provincia bonaerense, las empresas se beneficiaban con un 50 por ciento de descuento en Ingresos Brutos. En tanto para la Nación, los empleadores que concedan empleo a personas con discapacidad tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias, equivalente al 70 por ciento de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada período fiscal.

Mientras que en Argentina ni siquiera, incentivados por estos beneficios, los empresarios emplean a personas con algún tipo de discapacidad, en España están analizando la posibilidad de aumentar del 5 al 7 por ciento el cupo de empleo público para discapacitados.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propuso elevar la cantidad de discapacitados en la Administración General del Estado español, con el objetivo primordial de integrar a los discapacitados motores e intelectuales a la sociedad.

Asimismo, apunta a que cuando las plazas cubiertas por las personas con discapacidad no alcancen el 4 por ciento de las plazas convocadas, se acumulen al cupo del 7 por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15 por ciento. Del mismo modo, se propone establecer este cupo también para cubrir puestos de personal laboral o interino y en las pruebas de promoción profesional.

En este marco, la secretaria del Estado español de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce; señaló que luchar contra la discriminación y garantizar la accesibilidad universal deben ser siempre las dos estrategias que muevan las políticas a favor de la discapacidad. Esto ha llevado a que en España ’la situación sea extraordinariamente favorable’ aunque reconoce que “no en todos los países es igual”.

Por otro lado, en Cuba la política de empleo en relación con las personas discapacitadas exhibe también tres variantes: la empresa, el trabajo a domicilio y los talleres especiales, de estos últimos existen 143, con alrededor de tres mil empleados.

Tales personas se incluyen entre los sectores de la población prioritarios por el Estado para su inserción laboral. La integración socio-laboral se orienta fundamentalmente hacia un entorno normal y solo en los casos de grave discapacidad o minusvalía se considera otra alternativa de empleo acorde con sus posibilidades.

Casi 17 800 discapacitados están incorporados a la vida socialmente útil en empleos normales, talleres especiales o trabajo a domicilio. En el 2001 unos 1500 accedieron a nuevos empleos y 36 000 fueron beneficiados con el programa de atención social, principalmente prestaciones monetarias y servicios.

Por todo ello se implementa un servicio socio-laboral destinado a este segmento y denominado Programa de Empleo para Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es promover políticas de participación activa de los discapacitados en el desarrollo económico y social de su localidad.

También está dirigido hacia aquellas personas con limitaciones que buscan empleo, a alumnos de las escuelas especiales y a quienes, aunque laboren en talleres especiales, deseen vincularse a una actividad ordinaria.

Tanto en España como en Cuba, pueden acceder más fácilmente a planes de salud y de viviendas subsidiadas por el Estado, servicios que parecen impensables para una persona discapacitada en Argentina.

Si bien el avance de la tecnología logró que muchas personas con discapacidades puedan tener una vida “normal”, sin depender de otra persona para el día a día, lamentablemente, la falta de oportunidades laborales hace que dependan económicamente de sus familias sin poder independizarse definitivamente.

Increíblemente el Estado no cumple con las leyes que él mismo promulga y que obliga al resto a acatar. Si realmente se quiere una sociedad justa, integrada y solidaria el Estado debe dar el ejemplo, además de educación para los más chicos.

*Publicado en APM

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