Sep 3 2008
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Ambiente

Selva amazónica peruana: Otra batalla para evitar la depredación

Diego Ghersi*
 
La reciente anulación parlamentaria de decretos impulsados por el ejecutivo peruano puso un freno momentáneo al furor por privatizar la amazonia y otorga un respiro a las comunidades originarias. 

En un intento por descomprimir tensiones luego del revés parlamentario que impidiera la ratificación de los decretos 1015 y 1073 sobre tierras indígenas en la amazonia peruana, el presidente de ese país, Alan García, sostuvo que fue un error “amazonizar” una propuesta que en principio estaba pensada para la sierra.

La aclaración del mandatario no alcanza para borrar sus propias declaraciones previas en las que defendía ambas iniciativas calificando su posible derogación de “gravísimo error”, porque mantendría unos siglos más a las comunidades campesinas en la exclusión y marginalidad.

Más allá de las palabras, los cuestionados decretos motivaron un masivo rechazo de los habitantes de las zonas comprendidas en sus alcances. Era evidente en ellos un renovado intento de los capitales transnacionales para apoderarse de las riquezas de una región que incita la codicia, más allá de cualquier barrera ética.

Así, los indígenas y los parlamentarios opositores, argumentaron que los decretos son funcionales al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, dado que su implementación requiere eliminar toda protección legal al patrimonio territorial y cultural de los pueblos indígenas peruanos.

Los decretos fueron elaborados por el gobierno sin consulta previa con las poblaciones indígenas, y facilitan la venta de territorios ricos en recursos naturales a empresas transnacionales pero que actualmente ocupan comunidades originarias.

El poder ejecutivo peruano tampoco tuvo en cuenta los principios supranacionales que regulan la tutela de los pueblos indígenas como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas o la Convención OIT 169, que fija muchos de los derechos de los pueblos originarios y que fueran ratificados por Perú en 1994.

Como resistencia a la iniciativa oficial, miles de Indígenas amenazados en su supervivencia protagonizaron una implacable y desesperada protesta con el fin de forzar al Congreso a derogar los decretos.

Las protestas se materializaron en la ocupación de instalaciones para la extracción de petróleo y gas, centrales hidroeléctricas, carreteras y puentes, y amenazaba convertirse en una verdadera revuelta de máximas dimensiones. La respuesta gubernamental fue la de proclamar el estado de emergencia en los estados amazónicos de Loreto y Cuzco, medida acompañada con la amenaza de dar participación al ejército en contra de la protesta social.

Finalmente le tocó al Congreso la tarea de devolver la situación a un cauce natural derogando los decretos del poder ejecutivo.

Detrás de los detalles propios de los hechos en particular, se puede sintetizar lo ocurrido en unas pocas líneas: la selva amazónica es una fuente de riqueza incalculable (petróleo, carbono y minerales estratégicos) que debe ser dirigida por la mano invisible de los mercados y todos los habitantes del lugar que se opongan a tales fines sencillamente sobran.

La proposición enunciada es la conclusión obligada que debe extraerse de la actividad discursiva del presidente peruano, quién no se cansa de repetir que sólo abriendo las entradas al progreso encarnado por las transnacionales se elevará la calidad de vida de los pueblos originarios que ocupan el área y que -por ser fieles a sus costumbres centenarias- viven condenados por el atraso y la miseria.

Detrás de los discursos subyace el mito del “infierno verde” que debe ser explotado por los colonos de la modernidad, aún a costa de exprimir la naturaleza sin contemplar su regeneración. El mismo mito que explica a los Pizarro o los Cortés y que siglos más tarde propiciara a los Custer o los Julio Argentino. Más allá del tiempo o del lugar de América que se trate, la cuestión ha sido, y aún es, esencialmente la misma.

Para la legisladora peruana Juana Huancahuari, el modelo de explotación forestal, avalado por el Presidente Alan García excluye a las poblaciones amazónicas, tanto Nativas y Campesinas, como los ribereños amazónicos o los pequeños propietarios. Todos están afuera de este modelo diseñado para la gran empresa nacional e internacional y que consiste en la explotación de los recursos para la generación de commodities cotizables en Nueva York o Chicago.

El congresista Isaac Mekler calificó de “barbaridad” la iniciativa de entregar “en propiedad” la Amazonía peruana e imponer en el país un modelo neocolonial para favorecer a las transnacionales. También enfatizó que “la selva no sólo tiene sus bosques sino una variedad de biodiversidad natural que pertenece a todos los peruanos, pero si se da en propiedad, entonces quienes lo reciban harán lo que se les dé la gana, sin que el mismo Estado pueda intervenir”.

Es importante destacar de los dichos de Mekler el concepto de que la biodiversidad pertenece a todos los peruanos porque debe resaltarse que a través de la herramienta “patentes” los laboratorios extranjeros pretenden lucrar con productos naturales que distan de ser “invenciones” de los cerebros graduados en las exclusivísimas y prestigiosas universidades privadas occidentales.

Los países de la cuenca amazónica son poseedores de ingentes recursos de la diversidad biológica (especies y variedad genética) y de conocimientos tradicionales sobre las propiedades de plantas, animales y microorganismos. Sin embargo esos derechos no son respaldados por leyes efectivas. Los derechos de los pueblos originarios no son reconocidos en la práctica.

Si bien en el artículo 1º del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos (Resolución 8/83 FAO) se proponen los objetivos, partiendo del principio aceptado universalmente de que “los recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad y de que, por lo tanto, su disponibilidad no debe estar restringida", en Perú existe un choque de leyes que impide a las comunidades indígenas mantener un pie de igualdad frente a la depredación de su medio ambiente.

La cuestión -ya bastante complicada desde la óptica jurídica occidental- no incluye a las innovaciones, prácticas o conocimientos tradicionales de los pueblos originarios.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de la Maca, raíz andina de la familia de las crucíferas de la que se extrae un extracto patentado en Estados Unidos por sus propiedades como “potenciador sexual natural”.

La maca ha sido cultivada ancestralmente por los pueblos originarios para su utilización cómo alimento básico y sus propiedades medicinales. Su capacidad como potenciador sexual la convirtió en muy requerida para los mercados occidentales que se apresuraron a patentarla para gravar su comercialización. Lo ocurrido con la Maca es un ejemplo de biopiratería en detrimento de los pueblos que tradicionalmente la han utilizado y que hoy podrían disponer de los recursos generados por su exportación.

Refiriéndose a esta cuestión, Gladis Vila Pihue, representante de la asociación de cultivadores de maca del Departamento de Huancavelica (Perú) explica que "Estas patentes se otorgan a `invenciones novedosas`, pero todos saben que están basadas en el conocimiento tradicional y los recursos de los pueblos indígenas". Así, el caso de la maca se repite en variedades como la ayahuasca, la quinua, el yacón y el frijol nuña.

Coincidente con las declaraciones de Vila Palme, un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informa que el valor de las plantas medicinales del hemisferio Sur del planeta utilizadas por la industria farmacéutica del Norte es de unos 32.000 millones de dólares al año. Complementariamente se estima en 147.000 millones de dólares el valor de los productos farmacéuticos aún "no descubiertos" elaborados a partir de plantas que se encuentran en los bosques tropicales.

Lo importante es destacar que el vacío legal existente sobre la protección de la biodiversidad no es causado por la carencia de normativas sino, paradójicamente, por su excesiva cantidad y el caos contradictorio que se desprende del conjunto. El reconocimiento de la propiedad intelectual a los saberes de los pueblos originarios y su correspondiente retribución económica no existe en forma efectiva ni siquiera como “espejitos de colores”.

La problemática -que dista mucho de ser exclusividad peruana dado que se extiende a todos los países latinoamericanos y al hemisferio sur del planeta en general- amerita la creación de un organismo multinacional de matriz indigenista y ecológica, cuyo único objetivo sea poner orden al caos reinante y barreras a la depredación. Pero claro, eso habría que hacerlo antes de que lo único que quede en pie sean los cactus. Ç

*Publicado en APM

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