Feb 22 2007
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Política

Solidaridad. – COSTA RICA EN LA ENCRUCIJADA: NO PUEDE QUEDAR SOLA

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

I. POR QUÉ SE PIDE SOLIDARIDAD Y POR QUÉ ES MENESTER ENTREGARLA

Costa Rica logró indicadores de desarrollo humano que casi ningún país de América Latina alcanzó; por ejemplo: 98 % de cobertura eléctrica, 99 % de cobertura telefónica, 100 % de cobertura en Salud y 100 % en cobertura de agua potable. Estos y otros logros sociales se consiguieron gracias a importantes instituciones de servicio público, de cobertura universal, en manos del Estado.

El gran “pecado” de Costa Rica fue haber creado, desarrollado y consolidado unas empresas públicas realmente exitosas, altamente rentables, que no dependen del presupuesto público –que son vistas como nichos de negocios lucrativos bajo la óptica neoliberal–. Entre otras cosas, esto permitió el desarrollo de una gran clase media que aunque hoy está muy golpeada económicamente hablando, sigue siendo base esencial de la democracia costarricense de las últimas décadas.

Costa Rica resiste. El pueblo no ha permitido esas privatizaciones de sus mejores empresas públicas: telecomunicaciones, energía, agua, salud y seguridad social, seguros comerciales, banca, entre otras. Los proyectos de ley para privatizar, presentados una y otra vez, no logran concretarse; son rechazados por la gente, como ocurrió en el año 2000, con la ley de telecomunicaciones (el “combo”), que durante 17 días de protestas callejeras tuvo que ser desechada por el Parlamento.

Hoy, todas esas privatizaciones fueron comprimidas en un solo paquete: el tratado de “libre” comercio con Estados Unidos de América. El tratado se firmó a principios del año 2004 y todavía no se ha aprobado. Dos años y medio de resistencia cívica lo ha impedido.

A Costa Rica la obligan a ese tratado junto a los otros países centroamericanos con enormes desigualdades sociales mucho más profundas y más extendidas que las que hay en Costa Rica. Esos países (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), nunca tuvieron redes de protección social y servicios públicos como las tuvo Costa Rica. Por eso es la resistencia cívica y popular.

La tensión social en Costa Rica crece. Quienes dicen No al TLC y quienes dicen Sí al TLC están en una guerra verbal iracunda. Nuestro Premio Nóbel de la Paz, hoy Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, en vez de pacificar al país haciendo de mediador entre los dos polos opuestos, se matriculó con el Sí, hostiga la aprobación del TLC, promueve un falso diálogo y fomenta la confrontación.

Es necesario que se sepa la doble cara del presidente Arias Sánchez. Él es la cara visible, el mejor promotor, el defensor de la derecha oligárquica más antidemocrática, ansiosa de entrar al negocio de las exitosas empresas públicas del pueblo costarricense.

El próximo 26 de febrero de 2007 se realizará una movilización popular en todo el país y se espera una gran ofensiva contra las organizaciones sociales y políticas que están participando en esta lucha. El insulto, la agresión verbal, la calumnia, la amenaza física (incluso de muerte), la intimidación, el inicio del asalto a los locales sindicales, el ataque monstruoso a la negociación colectiva, son fenómenos nunca antes visto desde que el país se refundó en 1949, luego del conflicto civil de 1948.

Qué pedimos

– Que se organice una visita de organizaciones sociales internacionales para comprobar en el lugar los acontecimientos, la alta tensión social en desarrollo.

– Que se advierta al presidente Oscar Arias Sánchez que todas sus actuaciones están bajo observación internacional.

– Que se recauden fondos para la jornada de resistencia masiva que se está dando, básicamente para emplearlos en campañas de comunicación y en servicios de transporte para la movilización.

– Que se abra una página electrónica donde se informen de todos los acontecimientos políticos y sociales de Costa Rica, donde se pueda denunciar todos los atropellos a los sindicatos y otras organizaciones y se desnude la falsedad de la democracia costarricense.

– Que se manden comunicados a las embajadas y consulados de Costa Rica en los países donde existan, diciéndoles que se está en gran vigilancia y seguimiento de las amenazas, las agresiones verbales, la represión en preparación y la ausencia plena de libertad de información con una gran parte de la prensa hostigando el enfrentamiento.

– Que las personas se manifiesten públicamente frente a las embajadas y consulados los días en que se realizan movilizaciones sociales en Costa Rica.

– Que se denuncie que Costa Rica la palabra “sindicato” pronunciada en una empresa privada, es sinónimo de despido inmediato para el trabajador que se atreva a pronunciarla, sin posibilidad alguna de que el tribunal constitucional ordene su reinstalación, pese a que en Costa Rica el derecho de sindicalizarse tiene rango constitucional. El Gobierno es cómplice de esta represión que se da todos los días.

– Que en todos los países y en las reuniones internacionales sindicales y sociales, se promuevan charlas, foros, exposiciones y debates sobre la gran resistencia cívica que hay en Costa Rica contra las políticas neoliberales. Necesitamos que se haga visible que Costa Rica tiene lo que podría ser el último Estado Social de Derecho que queda en la América Latina y que Costa Rica no ha entregado a las empresas transnacionales sus servicios públicos estratégicos, con los cuales le permitió a su población mejor calidad de vida, movilidad y equidad social y tener una gran clase media, lo que nunca lograron en los otros países centroamericanos.

Costa Rica existe, Costa Rica resiste, Costa Rica vencerá.

Asociación Nacional de Empleados Públicos
www.anep.or.cr

Red de Comunicación Alternativa contra el TLC
www.red-cnl.co.cr.

II. LOS SÍNTOMAS DE LA PESTE AUTORITARIA EN COSTA RICA

La escalada en contra el régimen de libertades públicas, base esencial de los supuestos de las vivencias democráticas que el pueblo costarricense se ha dado, desde hace muchas décadas, viene alcanzando un punto cada vez alto, conforme se hacen más evidentes los designios del régimen autoritario de los hermanos Arias, de imponer sus políticas, mediante la manipulación totalitaria de la información, en especial aquella destinada a las grandes mayorías populares, contando para ello con la complicidad de los propietarios de los medios de comunicación más poderosos del país y, en caso de ser necesario, mediante la violencia y el terrorismo de Estado, por muy lejanos y apartados de la “tradición costarricense”
que puedan parecernos.

Rogelio Cedeño Castro*

El “show mediático” acerca de quienes serían los propulsores
de la violencia, que culminó en los contenidos de la edición del noticiero del
Canal 7, del día martes 13 de febrero, había comenzado a gestarse la noche
anterior cuando un grupo de manifestantes, entre ellos algunos dirigentes
sindicales, fue desalojado de las barras de la Asamblea Legislativa, por haber
cometido el “crimen” de colocar cartelones en los vidrios que separan al
público de los diputados.

En ellos expresaban, sin ninguna clase de rodeos, su malestar contra el presidente de la República y el grupo de diputados,empeñados en imponernos una tramitación acelerada del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos (e incluso de una reforma al reglamento de la
Asamblea que cambia las reglas del juego para la tramitación del propio TLC, a
mitad de camino), bloqueando toda discusión seria del tema y sin asumir la
responsabilidad de las graves consecuencias que su aprobación conlleva.

Es más, sus actuaciones se exceden de las atribuciones que la constitución y las
leyes les otorgan, dado el hecho de que dicho documento o protocolo jurídico
viene a trastrocar todo el ordenamiento constitucional en nuestro país.

En otras palabras, se nos pretende imponer –por la vía de una ilegítima e ilegal
modificación constitucional, implícita en los contenidos del TLC– una
constitución y un modelo económico neoliberales, contrariando así el espíritu
de la Constitución de 1949, todavía vigente y que sólo el soberano puede
modificar, de una manera tan drástica, por la vía del sufragio universal.

Se trataba entonces de una legítima acción de protesta ante la consumación de
una abierta e ilegítima decisión, impuesta por el directorio legislativo que
priva al pueblo soberano, el único depositario de la soberanía de la nación,
de la posibilidad de conocer los alcances efectivos de una decisión tan grave
al pretender forzar y acelerar la tramitación legislativa del TLC, ya que
discusión verdadera sobre este tema, por así decirlo, no ha habido, al mismo
tiempo que deja a ese pueblo soberano en estado de indefensión.

Al día siguiente el periodista Ignacio Santos, el arzobispo de San José y el
presidente de la República se unieron para expresar su “censura”, ante el
público televidente, acerca del “comportamiento” de lo que aquellos, a quienes
calificaron como “malcriados”, razón por la que no representan la manera de
conducirse, propia de los costarricense, en vez de censurar la conducta
autoritaria y represiva de unos gobernantes, cuya epidermis se ha tornado
sensible en exceso a la crítica.

Por desgracia, en este país quien no actúa
como un siervo menguado e impide que lo atropellen se convierte en un
“malcriado”, dentro de la visión que quieren imponernos los sectores
dominantes para que aceptemos sus atropellos.

El lamentable y ya aludido “show
mediático” de Santos, Arias y el monseñor de San José que pudo verse en la
edición del mediodía del noticiero Canal 7, del martes 13 de febrero, nos
recordó, no sin alarma, al universo totalitario de la novela “1984”, del
novelista inglés George Orwell, con sus “minutos del odio” que eran
transmitidos, todos los días, por la telepantalla para manipular los
sentimientos de una población que se hallaba totalmente indefensa, desde el
punto de vista cultural y política, poniéndola en un estado de exaltación que
la situaba en un estado de guerra permanente.

Es así como, el ya insignificante espacio reservado al público, interesado en
presenciar y de alguna manera tomar parte en las sesiones parlamentarias,
dentro en el edificio de la Asamblea Legislativa, se vio aun más menoscabado
por las acciones represivas del presidente de ese poder, Francisco Antonio
Pacheco.

Con la prepotencia habitual que muestran algunos cortesanos
encaramados en las estructuras de poder ordenó quitar y romper los carteles
con que el público presente, dentro del reducido espacio que se le ha
destinado, desde hace ya muchas décadas, expresaba su malestar con la actitud
irresponsable del grupo de diputados que sin ningún tipo de análisis y
discusión verdadera pretende imponerle al pueblo costarricense la aprobación
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC CAEU-RD) y una serie
de proyectos que implican la apertura a la “competencia” privada en el campo
de las telecomunicaciones y de los seguros, la aprobación de perniciosos
acuerdos en materia de propiedad intelectual y otros aspectos que afectarán,
de manera violenta, a la institucionalidad costarricense.

Concluimos, por ahora, instando a nuestros compatriotas a reflexionar acerca
de por qué hemos venido afirmando que la democracia costarricense se encuentra
amenazada de muerte…

No podemos quedarnos sentados pensando que en este país
no está ocurriendo nada y que se continúa jugando con las reglas democráticas,
salvedad hecha de sus más que evidentes limitaciones, establecidas a partir
del pacto social que permitió el modus operandi de nuestra democracia, durante
las décadas que siguieron al último conflicto armado de nuestra historia
contemporánea.

————————————-

* De la Escuela de Sociología, UNA.

III. 10 FALSEDADES SOBRE EL TLC

Lic. Juan José Sobrado Chaves / Dr. Agustín Páez Montalbán*

1.- QUE EL TLC ES NECESARIO PARA DARLE SEGURIDAD A LA RELACIÓN COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS, PUES HOY DEPENDE DE UNA LEY UNILATERAL (CBI) DE ÉSE PAIS.

Falso.
Todo lo contrario. La Ley de la Cuenca del Caribe (CBI) brinda mas seguridad que el TLC, por lo que se dirá mas adelante. En cambio, el TLC puede ser denunciado por Estados Unidos con solo dar un aviso de 6 meses (art. 22.7 del Acuerdo o tratado), porque no tiene plazo ni condiciones de salida .

La denuncia es un acto discrecional y político del presidente que no necesita justificación ninguna, de modo que por esa vía EEUU puede desligarse del TLC en cualquier momento. Con la agravante de que, como parte de los procedimientos de “certificación ” o reglas unilaterales impuestas en el “Implementation Bill” (HR-3045) o Ley de aprobación del Acuerdo, el presidente de EEUU desinscribirá de los beneficios de la CBI al país firmante, de modo que en caso de denuncia, éste se queda sin el TLC y sin la CBI, y por tanto, sin ningún acceso preferencial al mercado norteamericano.

Por el contrario, en la CBI la desinscripción –que puede ocurrir– de un país es un acto reglado por esa ley , sujeto a que, por un cambio de circunstancias el país beneficiario deje de cumplir con los requisitos estipulados para recibir los beneficios de la CBI, lo que no es ni sería el caso de Costa Rica, que los cumple y cumpliría en todos sus puntos. De modo que el presidente de Estados Unidos no puede hacerlo discrecional o caprichosamente, y la ley norteamericana tendría que ser cambiada o derogada por el Congreso para que pudiera hacerlo así. Si, no obstante lo hiciera arbitrariamente –lo que aunque remoto, podría ocurrir– él y EEUU se expondrían mucho políticamente, lo que prácticamente lo descarta –por lo que en cualquier caso la CBI es jurídicamente mucho mas segura.

En condiciones normales, lo primero (desinscripción) no ocurriría, porque Costa Rica cumple mejor que ningún otro país del TLC con los estándares laborales que le interesan a los demócratas que controlan ahora el Congreso estadounidense, y por supuesto, con todas las demás condiciones, aparte de que se oponen a los aspectos lesivos de los países en desarrollo contenidos en los TLC; lo segundo (cambio o derogatoria legal) menos, porque políticamente es impensable dado que la CBI ahora es parte de la Trade Promotion Act (TPA) del año 2000 que extendió esos beneficios, y más, a 45 países del Africa Subsahariana (los mas pobres), además de que quedarían en la CBI –además de Costa Rica, de no firmar el TLC– los 17 países mas pequeños de las islas del Caribe que, si son rechazados se irían inmediatamente bajo la órbita y ayuda del eje Venezuela-Irán. Aparte de que todos juntos son 62 votos en la ONU, y los caribeños 17 en la OEA.

2. QUE ES NECESARIO PARA QUE HAYA LIBRE COMERCIO.

Falso.
Todo lo contrario, ya que, por una parte, hay una alternativa obvia al TLC para establecer el libre comercio con los Estados Unidos, sin los inconvenientes de aquel instrumento ; y, por otra, todo lo que el TLC tiene de malo es lo que no tiene de libre comercio. Ahora bien, la alternativa obvia –que proponemos en sustitución del TLC– sí establecería el libre comercio requerido, y consiste en que CR por ley unilateral –igual que lo hace la CBI– paralelamente otorgue libre comercio a los productos norteamericanos, con las pocas y necesarias salvedades del caso, supeditado, en cualquier caso, al mantenimiento de los beneficios de la CBI.

De esta manera se alcanza el libre comercio –que es lo positivo y necesario– porque así se le agrega la vía faltante a aquél, que es una calle de dos vías. Esto además es fácil porque, gracias al proceso de desgravación arancelaria iniciado desde hace años, los aranceles existentes no son muy altos. Por otra parte, todas las reglas complementarias (trato nacional, protección a la propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, defensa comercial, contratación pública, etc.) ya existen en el tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ratificado por CR, o en la legislación nacional.

De esta manera se alcanza el libre comercio con los Estados Unidos –con cuyo alegato se impulsa el TLC– sin ninguno de sus muchos inconvenientes, contrarios todos a la libertad comercial, a la igualdad o a principios esenciales de la Constitución Política, así :

a) la concesión de beneficios monopolistas a las medicinas de patente y a los agroquímicos mayores a los que tienen en los Estados Unidos, que encarecerían tanto la salud como la canasta básica en CR, exclusivamente en lucro indebido de dichos monopolios. En los Estados Unidos mas bien pronto les van a rebajar los beneficios, dada la presión en aumento ante el Congreso, porque las medicinas se venden allí al doble de lo que cuestan en el resto de los países desarrollados, lo que perjudica indebidamente y sin ninguna razón –ya que todo lo alegado para justificar estos privilegios es falso– a los enfermos norteamericanos, a la medicina social del Medicare y Medicaid sufragada respectivamente por los estados y por el gobierno federal, así como –con detrimento de la productividad y competitividad de los Estados Unidos ante el mundo– a los patronos que pagan los seguros de la población asegurada.
En CR perjudicaría en la misma forma a la población enferma y a la seguridad social, y, en lo referente a los agroquímicos, la extensión pretendida por el TLC de los datos de prueba a diez años, encarecería la canasta básica, porque el componente importado en el costo de los productos agrícolas es muy importante;

b) se consolidan monopolios inconvenientes, públicos, como el de importación de combustibles por Recope, o privados, como el de generación de electricidad mucho mas cara por los cogeneradores privados, o de servicios como el de los colegios profesionales;

c ) la consagración y personificación de una entidad –la inversión extranjera– o sea el dinero, una cosa, por encima de la persona humana, incluso la de sus dueños como seres humanos, lo que hace añicos la Constitución Política en sus pilares fundamentales.

Estos aspectos lesivos e indebidos de los TLC en contra de la salud pública , la seguridad social y los enfermos, fueron denunciados en octubre pasado ante el contralor general de los Estados Unidos, pidiéndo que se investigaran, por el senador Edward Kennedy y el representante Henry Waxman (autor con Robert Dole de la ley contra los abusos de la industria farmacéutica en los Estados Unidos, que no ha bastado), por considerar que van en contra de la reglas establecidas a la administración para la negociación de los TLC en la Trade Promotion Act del 2002 o ley del “fast track”, así como de los intereses políticos de los Estados Unidos, de que la población de los países en desarrollo sea sana y pueda así desarrollar su país, como parte de un desarrollo global que beneficie a los Estados Unidos.

En el mismo sentido, tales representantes y 14 más , desde junio del año pasado habían protestado ante la encargada del comercio exterior, señora Schwab, por estos actos contrarios a la ley y a los intereses de los Estados Unidos.

Por ello resulta inexplicable y absurdo que aquí el gobierno defienda tales actos lesivos a la salud pública y a la seguridad social, y que el pueblo de Costa Rica tenga que ser defendido por los representantes populares de los Estados Unidos.

Es cierto que, en relación con algunos pocos productos (atún , textiles, calzado), agregados por la ley del año 2000 a la lista original de las leyes del CBI de l983 y l990, sus preferencias (y sólo las de estos productos adicionados) se vencen en el 2008. Pero todos juntos tales productos apenas alcanzan a poco mas del 5% de las exportaciones totales del país, y los mas importantes, los textiles, con TLC o sin él, están condenados a la desaparición, por la competencia de los productos chinos mas baratos, y porque, en la región los costos laborales en Honduras y Nicaragua son mas bajos.

Obviamente no se puede sacrificar al país ni a sus valores fundamentales por mantener las preferencias para esos productos, lo que además sería un subsidio inaceptable también desde el punto de vista de la libertad.

3. QUE ES NECESARIO PARA QUE EXISTA TRATO NACIONAL A LAS EMPRESAS DE LOS INVERSIONISTAS , O A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS NORTEAMERICANOS.

Completamente falso.
Ya existe garantizado por la Constitución y las leyes. La Constitución garantiza la igualdad de trato a todas personas –nacionales o extranjeras, comerciantes o no– con la salvedad de los derechos electorales. De esta forma, desde el extranjero un comerciante, como siempre ha ocurrido, puede hacer ofertas en las contrataciones, pública o privadas; o, si se trata de efectuar actos permanentes de comercio –en agricultura, industria o distribución– debe adoptar una forma comercial costarricense inscrita en el Registro Comercial, y, en tanto que costarricense tiene por definición trato nacional, aunque su capital pertenezca en todo o en parte a extranjeros, lo que para el caso es irrelevante.

En derecho comercial la separación entre capital y empresa es la razón de ser del sistema. Por otra parte, salvo contados casos de excepción (empresas de medios de comunicación, de transporte aéreo), no existe restricción ninguna en Costa Rica para invertir en el capital de empresas nacionales.

No hay –ni puede haber por tanto– restricción ninguna a la importación de productos o servicios norteamericanos –ni de ningún otro país– o a la ejecución de actos de comercio desde el extranjero, ni a la inversión en empresas locales.

De modo que la igualdad de trato ya existe, y por el contrario, la igualdad, ya como empresas costarricenses, que se pretende establecer con el TLC, que es la puramente aritmética o por parejo del derecho comercial, significa mas bien desigualdad ya que no distingue, como lo hace acertadamente el derecho constitucional, en que la igualdad es cualitativa y consiste en tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, por lo que se puede –y se debe– establecer ventajas para éstos precisamente para mantener la igualdad. De este modo el poderoso exige lo mismo dispuesto para el débil.

Este cambio radical de enfoque sobre el significado de la “igualdad”, es el factor clave que atenta contra el Estado social de derecho, que los costarricenses abrumadoramente han manifestado querer preservar, según lo revelan las encuestas que cruzan preguntas, como debe ser

4. QUE ES NECESARIO PARA DARLE SEGURIDAD A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Completamente falso.
Desde octubre de l969 está vigente un acuerdo o tratado entre los Estados Unidos y Costa Rica (aprobado por Ley Nº 4448) que garantiza ampliamente tales inversiones, incluso con la garantía del gobierno de los Estados Unidos, por lo que no se puede pedir mas para tal seguridad, tal como lo demuestra la amplia gama de inversiones norteamericanas existentes en el país y la confianza y seguridad con que se han efectuado.

5. QUE EL TLC NO SE PUEDE RENEGOCIAR

Falso.
El texto que está actualmente en la Asamblea –firmado el 5 de agosto del 2004 –es el producto de la renegociación del firmado el 28 de mayo de ese mismo año, y que se ha renegociado dos veces posteriormente. El texto firmado el 28 de mayo fue renegociado en perjuicio de CR para excluir la salvaguardia especial agrícola que nuestro país inexplicablemente renunció, y para admitir a la República Dominicana. Posteriormente, el texto firmado el 5 de agosto del 2004 se renegoció para aceptar mayores componentes originarios en las bolsas de los pantalones, y ,mediante la enmienda de San Salvador, para introducir en el texto del acuerdo o tratado la certificación por parte de los Estados Unidos, que antes solo constaba unilateralmente en la “Implementation Bill” o ley interna para los Estados Unidos.

6. QUE VENDRÁ MAS INVERSION Y DESARROLLO

Falso.
Las condiciones para que se haya producido –y se siga produciendo– la inversión extranjera, están dadas desde hace mucho, según se ha explicado, y además por la apertura de la cuenta de capitales, de modo que las ganancias y el capital se pueden reexportar libremente, por lo que nada de eso se va a incrementar. También es falso que un modelo como el del TLC –mas oneroso para el país sede– produzca mas desarrollo.

El caso idéntico del NAFTA en México lo ilustra ampliamente, ya que luego de más de diez años de aplicación, el PIB de México ha aumentado en promedio apenas un 1.3% anual, menos que ese país en años anteriores, y menos que otros países sin TLC; de modo que la conclusión es que el TLC no es opción de crecimiento para México. Así lo establecieron en noviembre pasado en un seminario en la UNAM autoridades tan indiscutibles y tan poco sospechosas de parcialidad o de izquierdismo, como el Banco Mundial, el Centro de Altos Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard, y un prestigioso especialista en desarrollo de la Universidad de Stanford.

7. QUE EL ARBITRAJE OBLIGATORIO INVERSIONISTA–ESTADO ES DEBIDO Y CONSTITUCIONAL

Falso.
No es debido y violenta la Constitución de una manera radical por lo que habría que cambiar ésta previamente para poderlo admitir. Luego el TLC en este aspecto no lo puede aprobar ninguna mayoría legislativa.

El artículo 43 de la Constitución Política no permite someter a arbitraje cuestiones no “patrimoniales” y respecto a las demás queda a opción de las partes, ante cada caso, única forma de poder saber si el caso es solo patrimonial. Por eso no se pueden someter a arbitraje un divorcio, una cuestión laboral o penal, ya que, si bien tienen derivaciones o consecuencias patrimoniales, en sí mismos no lo son y hay cuestiones de orden público envueltas en su resolución.

La legalidad de los actos públicos, con mas razón, no puede quedar por eso sometida al arbitraje, ni tampoco la disposición sobre los bienes públicos –muchos de ellos protegidos además constitucionalmente– aunque de la eventual ilegalidad de los actos correspondientes se deriven consecuencias patrimoniales. Pero además, el artículo 49 de la Constitución dispone expresamente que corresponde al Poder Judicial en la jurisdicción especializada que ahí se crea, tal juzgamiento, y la declaratoria de ilegalidad en su caso.

Sin embargo, el TLC dispone que el inversionista puede obligar al Estado a someterse a un arbitraje sobre tales actos, y, por tanto, que el laudo arbitral (art. 10.26) si fuere “desfavorable ” (o sea que el acto es ilegal) “podrá otorgar por separado o en combinación” la indemnización por daños y perjuicios. Es imposible no hacerlo de otra manera, porque en Derecho la indemnización es consecuencia de la ilicitud del acto y no de otra cosa. Falso por lo tanto, según se ha dicho, que los árbitros solo pueden decretar “indemnizaciones”.

Mediante el arbitraje obligatorio se lleva al extranjero, ante particulares y con gran elasticidad de normas, el juzgamiento de la referida ilegalidad de los actos públicos, lo que viola claramente la Constitución y deja en nada en la materia al Poder Judicial. Tal privilegio solo lo tiene el inversionista respecto de su inversión, y no respecto de su propia persona como ser humano, lo que, unido a lo explicado anteriormente sobre los principios legales que esta cláusula además viola, de la separación entre inversión y empresa, hace ver que la verdadera naturaleza de esta norma es personificar el dinero, y constituirlo como una cosa superior al ser humano, o sea en un superhumano, al igual que respecto de una presunta raza superior lo pretendió el nacionalsocialismo contra el que Estados Unidos, guiados por los grandes principios que lo fundaron, luchó y venció en la Segunda Guerra Mundial, para impedir que triunfara esa aberración que quería conquistar el mundo en nombre y para beneficio de esa presunta raza superior.

Mutatis mutandi, cámbiese raza por cosa superior, el dinero, y tenemos lo mismo , que es lo que pretenden los neconservadores que están tras la ideología del TLC, los mismos que han embarcado a los Estados Unidos en el Iraq, y en una política exterior contraria a los grandes principios fundantes de esa gran nación, error que le ha enajenado la opinión pública mundial.

En un par de ejemplos se ve clarísimo lo anterior: 1 ) John Smith inversionista, no tiene en lo personal los privilegios que tiene su dinero, porque si una noche sale de farra y la policía lo apalea, no puede sentar obligatoriamente por ese hecho al Estado costarricense ante un panel arbitral y debe acudir a sus tribunales; 2) un mochilero norteamericano, persona y ciudadano de los Estados Unidos, no tendría ninguno de los privilegios que los dólares de las talegas de un inversionista sí tendrían, por encima incluso del propietario del dinero en su condición personal .

Si a tan grotesca diferencia y discriminación, unimos lo dicho sobre el cambio esencial de matiz respecto del concepto de igualdad, tendríamos como algo aún mas grotesco, que el dinero no solo es superior al ser humano, sino que amerita una igualdad de trato como la que se le da a los mas débiles, no obstante corresponderle el trato reservado al mas fuerte.

De ahí que para aprobar en este aspecto el TLC, habría que hacer saltar hecha añicos a la Constitución Política, lo que ninguna mayoría parlamentaria puede hacer.

8 . QUE EN SU CASO, EL TLC SE PODRÍA APROBAR COMO ACUERDO O TRATADO PLENO, CON FUERZA SUPERIOR A LA LEY, Y NO CONDICIONADO COMO SE PACTÓ

Esta afirmación falsa en rigor la hacen algunos que pretenden la aprobación del TLC, y no los Estados Unidos, que en forma clara ofreció un “congress executive agreement”, o sea un acuerdo condicionado a la voluntad de su Congreso, y no un “treaty” con fuerza normativa propia, que es lo que preveé su Constitución (arts. 2 y 6). Ofreció eso y se le aceptó eso, y por tanto el acuerdo para ambas partes es igual y debe ser igual, porque si nó sería nulo por ir contra normas prohibitivas del Derecho Internacional (ius cogens).

Por eso la referida ley norteamericana (HR-3045) o “Implementation Bill” de aprobación del TLC, contiene múltiples condicionamientos, empezando porque nada de lo que éste dice puede estar en contra de o modificar a ninguna ley federal, estatal o municipal de los Estados (art. 1.02) , salvo lo que dicha ley de “implementación” permite en su texto expresamente.

Tales condicionamientos son normales y esperables de acuerdo con la naturaleza de lo que se pactó, por lo que lo mismo se habría de aplicar necesariamente en el caso costarricense. Sin embargo, algunos defensores locales del TLC pretenden que se habría de aprobar con rango superior a la ley o sea como tratado o acuerdo pleno. Alegan para eso que nuestra Constitución no preveé los “congress executive agreements”, pese a que la Constitución de los Estados Unidos tampoco, y que tal figura se creó allá por interpretación, acertadamente, aplicando el principio de que “quien puede lo mas puede lo menos”, y que por tanto lo mismo habría que hacer en su caso aquí. Aparte de que es una obvia incongruencia teórica no aceptar la condicionalidad en esta materia, que puede hacer la ley, y con más razón podría hacer porque es superior. Sería caer en la contradicción que no es superior, porque no podría hacer lo que puede hacer lo inferior.

9 . QUE EL TEXTO ENVIADO A LA ASAMBLEA ESTÁ COMPLETO Y NO MUTILADO

Falso.
No se enviaron las 11 cartas paralelas que recogen otros tantos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ni la enmienda de San Salvador aprobada por Costa Rica, de enorme importancia en cuanto al reconocimiento e incorporación en el texto multilateral de la “certificación” unilateral mencionada.

Algunas de esas cartas contienen aspectos esenciales, como la que distribuye el espectro electromagnético Tales cartas son por definición parte del Acuerdo o Tratado, y no se pueden sustraer al conocimiento y consideración de la Asamblea Legislativa, so pena de nulidad del trámite.

10 . QUE LA AGENDA COMPLEMENTARIA ES SUFICIENTE

Falso.
Costa Rica tiene cuando menos veinte años de no invertir, o no hacerlo en forma suficiente, en infraestructura esencial (carreteras, puertos, electricidad, educación), no por falta de recursos, sino en virtud de una ideología contraria a la inversión pública. Tal rezago hace que la tarea ahora sea muy grande y de gran volumen económico. No obstante se pretende que, mediante préstamos, dicho costo recaiga sobre las espaldas de un pueblo al que, conforme a lo dicho antes, se pretende además explotar indebidamente en su salud y en su alimentación.

A diferencia de lo que sucedió en la Unión Europea, en que los países mas desarrollados ayudaron económicamente mediante donaciones y subsidios a los menos desarrollados (Irlanda y España en su momento), que así pudieron compensar rápidamente su rezago. Por eso la agenda complementaria propuesta no solo no es suficiente, sino que resulta gravosa en el contexto del TLC –ya que a unos perjuicios une otros– y porque, si la agenda de desarrollo la tiene que pagar íntegra el país, mejor que lo haga entonces dentro de la fórmula obvia y mucho mejor de libre comercio que proponemos. De esta manera el país se insertaría en la globalización y el desarrollo, sin los inaceptables inconvenientes de la fórmula del TLC, contraria tanto al libre comercio y sus objetivos, como a la libertad del país.

Por todo lo anterior:
¡Dupliquemos la marcha del 26 de febrero!

————————–

* Comunicación de Costa Rica Solidaria Informa.
crsolidaria@gmail.com

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