Feb 25 2007
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Economía

Tres de enero de 1974 – ASESINATO A SANGRE FRÍA O ASESINATO A SANGRE FRÍA

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Sergio Leiva contaba 27 años de edad al momento de su muerte, estaba casado y tenía una hija pequeña. Trabajaba en la Dirección Nacional del Deporte y militaba en el Partido Socialista. “De acuerdo al diario Vanguardia del cinco de enero de 1974 el carabinero que disparo y asesino a Leiva Molina, se llama Ismael Gustavo Martinez Méndez”.

Mayor información en el portal chileno Memoria Viva, y se encuentra aquí.

Mucho antes, el 1o de noviembre de 1973 el periodista Camilo Taufic (izq.) había escrito en el diario La Opinión de Buenos Aires: “El fusilamiento de argentinos en Chile se supo por una casualidad”; el 13 del mismo mes, en el mismo medio, escribía: “Mueren otros dos argentinos en la capital chilena”, y el ocho de enero de 1974 informaba: “Argentina presentó en Santiago la nota de protesta por el caso Leiva”.

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La matanza se generalizaba en Chile. La muerte de Leiva Molina no constituía una excepción ni un caso de “gatillo fácil”. La verdad era sabida. Tan pronto como en octubre de 1973 un grupo de diputados federales argentinos presentaron un proyecto de resolución pidiendo al gobierno de Perón que obtuviese de su colega militar chileno la suspensión de los fusilamientos de tres ciudadanos argentinos detenidos en territorio chileno: el profesor universitario Pedro Damián Tsakomagkos Corzo, el doctor Bernardo Lejderman y su cónyuge.

En el mes de noviembre del mismo año la Cámara de Diputados argentina reclamaba por el fusilamiento de otros cuatro ciudadanos argentinos por parte del régimen militar chileno –Carlos Rodolfo Adler Zuleta y su esposa Elena Beatriz Díaz, Teodoro Klux y Oscar Bugallo–. Y en enero de 1974, el diputado peronista José Luis Fernández Valoni expresó su repudio por el asesinato del chileno Sergio Leiva Molina, quien se encontraba asilado en la embajada argentina en Santiago de Chile. Lo propio hicieron los diputados del Partido Comunista Juan Carlos Comínguez y Tomás Pedro Arana a través de un proyecto de declaración.

En el caso particular del asesinato del asilado chileno Sergio Leiva los reclamos de los legisladores tuvieron cierto eco, ya que, a principios de enero de 1974, el canciller Vignes protestó formalmente a las autoridades de Santiago y pidió explicaciones al embajador chileno en Buenos Aires, René Rojas Galdames. “Tras el reemplazo del canciller chileno. Argentina presentó en Santiago la nota de protesta por el caso Leiva”, informó La Opinión el ocho de enero de 1974.

La conducta de Perón no era clara en esos días. Refiriéndose a la muerte de Allende, el anciano dirigente expresó: “Sus enemigos han sido tanto los pro-imperialistas que anhelaban derrocarlo como los comunistas, que lo empujaban hacia acciones descabelladas. En fin, un pueblo que deseaba liberarse, frente a una nueva frustración. Les faltó cumplir el apotegma de los griegos: Todo en su medida y armoniosamente”.

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La actitud de la inmensa mayoría de la sociedad argentina, empero, fue de repudio unánime por el derrocamiento y muerte del presidente chileno, pese a que Pinochet, al día siguiente del golpe, el 12 de septiembre, manifestara su deseo de “mantener las mejores relaciones de amistad con el gobierno argentino”, que decretara tres días de duelo nacional por Allende. Las relaciones diplomáticas no se rompieron y el 19 de ese mismo mes se anunció la continuación de las relaciones diplomáticas con las autoridades de Santiago de acuerdo con la doctrina Estrada, que indica se debe reconocer a un gobierno, cuando, más allá de las características ideológicas del mismo, éste ejerce control total sobre el territorio.

La decisión, sin embargo, fue interpretada de manera distinta por los medios de prensa argentinos. Mientras Buenos Aires Herald y Clarínla respaldaron, para los los medios de izquierda fue otra señal de la presencia de elementos derechistas en el gobierno, que establecían un cerco entre Perón y el pueblo. Este “cerco” formaba parte de los planes del gobierno norteamericano y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desestabilizar los gobiernos antiimperialistas.

Los más de 30 años transcurridos desde el asesinato de Leiva sin que los aparatos encargados de administrar justicia hayan estado a la altura de su misión, no debe extrañar. Parte de la responsabilidad –en ningún caso por la muerte del chileno– cabe a las autoridades argentinas de entonces, que no expresó el debido interés –por último humanitario– hacia los asilados chilenos en la embajada argentina en Santiago y los refugiados que llegaban a Buenos Aires.

A fines de setiembre de 1973 un numeroso grupo de personalidades del que hacer académico y cultural solicitaron públicamente al gobierno de Lastiri:

– que hiciera efectivo el traslado a la Argentina de los asilados en la Embajada argentina en Chile;

– que promoviera acciones para garantizar vida y seguridad de los ciudadanos argentinos presos en territorio trasandino;

– que actuara ante los organismos internacionales para asegurar que el régimen militar chileno respetara la plena vigencia de los derechos humanos;

– que se levantaran las restricciones que limitaban el goce de derechos a los exiliados políticos en territorio argentino, extendiendo a todos sin distinción el derecho de asilo y garantizando a todos la residencia legal;

– que se estructurara una política inmigratoria amplia y consecuente con la tradición del país

Entre potros firmaron la petición Gregorio Klimovsky, Ernesto Sábato, Rodolfo Puiggrós, Reyna Pastor de Togneri, Pablo Sigal, Gregorio Selser, David Viñas y Rodolfo Walsh.

Una investigación de la Cámara de Diputados argentina constató que de las 374 personas refugiadas en la embajada, 278 tenían salvoconducto de la junta militar, pero no podían salir de Chile por falta de autorización del gobierno argentino.

En mayo de 1974 tuvo lugar un encuentro entre Perón y Pinochet en un aeropuerto militar de la provincia de Buenos Aires; en la reunión se firmó una declaración conjunta sobre los derechos de ambos países en la Antártica y tres convenios sobre transporte marítimo, terrestre y cooperación científico-tecnológica

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Muerto Perón, el grupo lopezrreguista buscó una alianza con los países vecinos que tenían regímenes de derecha. En abril de 1975, el canciller Vignes condecoró al ministro de RREE chileno Carvajal con la Orden del Libertador y formalizó una invitación para que el presidente Pinochet viajara a la Argentina. La visita se concretó el 18 del mismo mes, iniciándose las conversaciones y acuerdos respecto del gas.

Lo más importante, sin embargo, fue que se estableció un pacto entre las fuerzas de seguridad e inteligencia de ambos países para actuar en forma coordinada y frenar la subversión a ambos lados de la cordillera. Una de sus primeras implementaciones fue el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats por parte de un comando integrado por efectivos de la policía federal argentina vinculados a la Triple A y a la DINA chilena. Por otra parte, los servicios de inteligencia chilenos contaron con la colaboración de las fuerzas parapoliciales argentinas para perseguir refugiados chilenos en territorio argentino, y colocar nombres de desaparecidos chilenos a cadáveres argentinos, a fin de sustituir identidades y de este modo recortar la lista de desaparecidos al otro lado de la Cordillera.

Más información aquí.

El intento procesal por fijar las verdaderas circunstancias de la muerte de Sergio Leiva en la embajada de la Argentina en Santiago en 1973 parece estar llegando a su término. Si algún lector dispone de algún antecedente, puede hacerlo llegar a su hija Aleida, adelyuro@yahoo.com.

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