Mar 29 2014
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Despacito por las piedras

UNASUR: VENEZUELA, MEDIACIÓN Y CLÁUSULA DEMOCRÁTICA

La mayor parte de los mandatarios y cancilleres del UNASUR coincidieron en Santiago de Chile con motivo de la asunción de Michelle Bachelet el 11 de marzo. Al día siguiente la presidencia pro-témpore, a cargo de Surinam, aprobó la constitución de una Comisión de Cancilleres para que viajara a Venezuela, respondiendo a la invitación hecha por el Presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Su objetivo era trabajar por la paz en ese país, sometido a una violenta presión de sectores de la oposición y una fuerte injerencia del gobierno de los Estados Unidos y ONG´s financiadas por ese país. Los resultados de esa agresión son, hasta la fecha, 37 muertos, 559 heridos y 168 detenidos. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Bolivia, Surinam y Uruguay -integrantes de dicha Comisión- expresaron al Presidente Maduro, al final de las reuniones celebradas el martes y miércoles pasado, “su estricto apoyo a la democracia, resaltando la voluntad colectiva de UNASUR en apoyar un proceso de diálogo amplio y respetuoso, tomando en consideración la Conferencia Nacional de Paz (promovida por el gobierno venezolano), y reiteran su condena a cualquier tentativa de ruptura del orden constitucional”. Tal declaración oficial de la Comisión fue emitida luego de reunirse con fuerzas políticas y sociales del oficialismo y la oposición, formulando “recomendaciones” acordadas con el gobierno venezolano. Una de ellas fue la aceptación de un “testigo de buena fe” para conversaciones, sin condiciones previas, en Venezuela. Le pondrán nombre y apellido los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador. Es posible que Pietro Parolin, actual Canciller de la Iglesia Católica y ex Nuncio del Vaticano en ese país, sea ese testigo/mediador.

De un modo paralelo, con la firma de Colombia entró en vigor la “Cláusula Democrática” del UNASUR. Bajo el nombre de “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia”, entró en vigencia esta norma que se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura de la democracia, o de una violación del orden constitucional en alguno de las naciones que integran dicha organización. Su incumplimiento supone sanciones políticas, diplomáticas y económicas. De los 12 países miembros del UNASUR solo en Paraguay y Brasil aun no ha culminado el pertinente trámite aprobatorio.

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