Oct 9 2019
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Política

Uribe enjuiciado por soborno y fraude procesal, aunque no por sus matanzas

 

El ultraderechista expresidente √Ālvaro Uribe, f√©rreo opositor del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y acusado de fuertes v√≠nculos con el paramilitarismo y el narcotr√°fico, enfrenta una investigaci√≥n por manipulaci√≥n de testigos en su calidad de senador, que ahora lo lleva a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal, que son castigados con unos ocho a√Īos de c√°rcel.

En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra √Ālvaro Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otras 45 en la Comisi√≥n de Investigaci√≥n y Acusaci√≥n de la C√°mara de Representantes.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura que le valieron numerosas acusaciones de genocidio, ingresó a la diligencia judicial fuertemente escoltado y sin hacer declaraciones a los medios. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores. Se fue de la Corte Suprema por la puerta de atrás, eludiendo a los manifestantes.

El peso político y la popularidad del hoy senador Uribe, fuertemente apoyado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque, hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico, y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.

El apoyo al pol√≠tico ha mermado desde que abandon√≥ la presidencia, seg√ļn sondeos. Sobre todo por la pol√≠tica aplicada por su delf√≠n Iv√°n Duque, quien recientemente protagoniz√≥ un bochorno al acusar con fotos falsas una supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, en su permanente agresi√≥n a su vecino.

El ex mandatario ‚Äďse√Īalado en varios frentes de tener v√≠nculos con narcotraficantes y paramilitares‚Äď termin√≥ enredado en un giro insospechado de la justicia. El caso arranc√≥ en 2012 precisamente por una denuncia ante la Corte Suprema del propio Uribe contra el senador izquierdista Iv√°n Cepeda, a quien acus√≥ de manipular a testigos para que lo vincularan a √©l y a su familia con los grupos paramilitares.

El alto tribunal cerró el caso contra Cepeda, pero decidió investigar a Uribe por la misma acusación y el expresidente pasó de acusador a sospechoso: el tiro le salió por la culata.

Desde entonces se han abierto dos investigaciones contra Uribe: una por presionar a ex paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las autodefensas en Antioquia, grupo armado que se desmovilizó con el proceso de Justicia y Paz de su gobierno (2002-2010).

El paramilitar le asegur√≥ a Cepeda que en ¬ęGuacharacas¬Ľ, una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Si bien Monsalve redact√≥ en prisi√≥n una carta que hizo llegar a la Corte en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anot√≥ que lo hac√≠a ¬ębajo presi√≥n¬Ľ.

Se sospecha que la carta fue producto de la presi√≥n del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes, quien tambi√©n es se√Īalado de haber visitado c√°rceles para convencer a exparamilitares presos a declarar a favor de Uribe. Varios de los testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena, quien reconoci√≥ haber entregado peque√Īas ayudas en dinero a algunos de los presos como ¬ęayuda humanitaria¬Ľ.

Una cr√≠tica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades de conversaciones telef√≥nicas del expresidente Uribe de forma ¬ęaccidental¬Ľ durante el curso de otra investigaci√≥n.

Seg√ļn la versi√≥n oficial, mientras el Cuerpo T√©cnico de Investigaci√≥n (la polic√≠a judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios tel√©fonos y solamente despu√©s de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una de esas l√≠neas pertenec√≠a a Uribe. Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no sean incorporadas al proceso han sido infructuosos.

Para apoyar sus acusaciones, Cepeda present√≥ varios testimonios de antiguos paramilitares, y concretamente, se√Īal√≥ a √Ālvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano menor Santiago, al Bloque Metro, una rama de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). √Čste se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creaci√≥n de otro grupo paramilitar llamado los Doce Ap√≥stoles.

E 2018 la Corte desech√≥ las acusaciones contra Cepeda y abri√≥ una investigaci√≥n formal contra √Ālvaro Uribe por manipulaci√≥n de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal. En el √ļltimo mes, el alto tribunal escuch√≥ los testimonios de varios ex paramilitares ‚Äďalgunos de ellos detenidos en Estados Unidos‚Äď, ex fiscales, abogados y periodistas. En total, ha citado a 42 personas, incluido Uribe, cuyo turno toc√≥ el martes 8 de octubre.

Indagatoria

La indagatoria es la etapa previa a un juicio penal, y en la historia contempor√°nea de Colombia ning√ļn expresidente hab√≠a llegado a esta situaci√≥n.¬†¬†El de Uribe es un proceso penal que decidir√°n los magistrados del m√°ximo tribunal del pa√≠s. Si despu√©s del llamado a indagatoria se decide llevarlo a juicio, el pa√≠s podr√≠a entrar en un proceso de impredecibles consecuencias, alerta la prensa hegem√≥nica.

Si lo condenan o lo absuelven, de todos modos la mitad de los colombianos quedarán indignados. Y como el caso tiene tanto de jurídico como de político, la Corte Suprema de Justicia afronta un reto monumental.

√Čste no es el √ļnico caso contra Uribe, quien suma m√°s de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayor√≠a por supuestos v√≠nculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos est√°n en manos de la Corte Suprema. ¬†Uribe encabez√≥ la campa√Īa contra el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz con la guerrilla, suscrito por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

El gobierno de Iván Duque también tomó partido. Primero, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que marchar en apoyo del exmandatario no es, en ninguna circunstancia, una manera de presionar a la justicia y que, por el contrario, es el apoyo que Uribe necesita de la ciudadanía. También expresó su respaldo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, quien escribió un Twitter que luego se apuró en borrar.

Uribe, tras hacer un recuento de varios episodios en los que testigos lo vincularon con hechos delictivos ‚Äďcomo la masacre de El Aro‚Äď, los calific√≥ como fantas√≠as. Explic√≥ que se hab√≠a retirado de la Corte por el s√≥tano porque le hab√≠an informado de los enfrentamientos que se estaban produciendo en las afueras del Palacio de Justicia entre sus seguidores y detractores.¬†Una hora y 20 minutos despu√©s, el presidente de la Corte, √Ālvaro Fernando Garc√≠a, public√≥ en redes un video con un mensaje contundente.

‚ÄúFrente a voces que atacan la legitimidad institucional contra el senador √Ālvaro Uribe, el llamado es a la cordura y a confiar en la justicia. Ninguna presi√≥n influir√° en las decisiones que est√°n obligados a tomar en derecho los magistrados‚ÄĚ, dijo. Y reiter√≥ que Uribe est√° formalmente vinculado a los delitos de fraude procesal y soborno.

Tras hacer un recuento de varios episodios en los que supuestos testigos lo vincularon con hechos delictivos ‚Äďcomo la masacre de El Aro‚Äď, los calific√≥ como fantas√≠as.

A√ļn la Corte debe escuchar a varios testigos. Uribe le dijo al magistrado que se han producido hechos nuevos y que pedir√° que se recoja nueva evidencia. Uno de los posibles resultados al final de la indagatoria por parte de los magistrados es que decidan acusar formalmente a Uribe e incluso ordenen su detenci√≥n preventiva.

De ser llevado a juicio y encontrado culpable, podr√≠a enfrentarse a una pena de entre seis y ocho a√Īos de c√°rcel. Cabe la posibilidad, tambi√©n, de que los magistrados despu√©s de la declaraci√≥n de este martes y ante las m√ļltiples presiones recibidas, archiven la investigaci√≥n.

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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