Uruguay cierra fronteras, limita derecho de reunión y prohibe hasta el carnaval
La decisión del derechista presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien ante un rebrote significativo de la Covid-19 anunciara el cierre de fronteras y límites para el derecho de reunión, lo que significaría la suspensión del célebre carnaval del Uruguay, levantó duras críticas desde la centroizquierda y el sindicalismo.
Uruguay viene experimentando desde principios de diciembre un aumento sostenido de casos. En la última semana promedió 450 positivos diarios, cuando durante meses no había superado la veintena. Ante los anuncios del presidente, sectores sindicales y del centroizquierdista Frente Amplio señalaron que faltan medidas de resguardo para la población vulnerable y manifestaron su preocupación por el intento del Ejecutivo de limitar las marchas y movilizaciones.
Lacalle envió al Congreso un proyecto de ley para reglamentar el artículo 18 de la Constitución que se refiere “al derecho de reunión”, que definiría “legalmente el concepto de aglomeración, que ha sido muy discutido”, en lo que algunos analistas ven como un paso más hacia la consolidación de un estado policial.
Otras de las medidas tomadas por el gobierno fue reducir al 50 por ciento la capacidad del transporte interdepartamental que sale de Montevideo, la suspensión de los espectáculos públicos de toda índole. También ordenó que se adelanten las vacaciones del personal de la administración pública e instó al sector privado a propiciar el trabajo a distancia.
Respecto a los centros comerciales, extenderán su horario de atención para evitar aglomeraciones. Bares y restaurantes no podrán estar abiertos más allá de la medianoche, algo que viene ocurriendo desde el primero de diciembre. Todas estas medidas regirán, en un primer momento hasta el 10 de enero.
Ni murga, ni carnaval
Una vez conocida la noticia, la intendencia de Montevideo informó que, en línea con las directivas de la presidencia, suspendían el Carnaval 2021, incluyendo el desfile que se realiza todos los años en enero por la avenida 18 de julio, la principal de Montevideo. También fueron suspendidas las denominadas “Llamadas”, fiesta popular de candombe, ritmo de tambores de raíces afro que se celebra en febrero.
“Sin medidas sociales y económicas exponemos a los más vulnerables”, dijo el senador frenteamplista Alejandro Sánchez. Por su parte la diputada Lilián Galán también pidió medidas reparatorias en un contexto de aumento del desempleo y la pobreza: “No anuncia una sola medida para mitigar los efectos de esta crisis”.
El reclamo por un ingreso universal –renta básica universal- también fue realizado por Fernando Pereira, presidente de la central de trabajadores Pit-Cnt. “No vemos en las propuestas el ingreso básico de emergencia (salario mínimo), incluso cuando ya se ve el horizonte con la llegada de la vacuna», manifestó el sindicalista.
“Más de 200.000 uruguayos sin empleo dan cuenta de un problema muy grande, sumados a los problemas sociales que se van a suscitar a partir de la aplicación de las nuevas medidas”, indicó Pereira.
El debate.
El Poder Ejecutivo envió al Legislativo su polémico proyecto de urgente consideración para limitar las posibilidades de contagio de la Covid-19, y se encontró con un proyecto alternativo presentado por el centroizquierdista Frente Amplio. Durante todo el año el Ejecutivo se negó a instalar un organismo estable de diálogo acerca de la emergencia sanitaria.
Las diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y el del FA son numerosas; entre ellas se destacan la definición de lo que se pretende evitar y la de las autoridades competentes para actuar.
El Ejecutivo habla de “aglomeraciones de personas [sin indicar cuántas] que generen un notorio riesgo sanitario”, y las caracteriza por “la concentración, permanencia o circulación […] en espacios públicos o privados de uso público”, sin respetar “las medidas de distanciamiento social sanitario” y sin usar “elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etcétera” (mala técnica legislativa el “etcétera”).
El FA propone establecer “un número máximo de 30 personas”, si respetan el distanciamiento y otras medidas de protección, salvo en actividades para las que haya un protocolo específico aprobado. Esto evitaría que la identificación de un delito dependiera de apreciaciones subjetivas que pueden variar mucho.
El Ejecutivo da potestades para intervenir a “los ministerios competentes”, sin establecer cuáles serían, y a los gobiernos departamentales. Uno de los problemas es que, con tantas autoridades involucradas, parece poco probable que se aplique el mismo criterio en todos los casos. Y si dos autoridades tuvieran apreciaciones distintas sobre el mismo hecho, es una gran incógnita cuál debería prevalecer.
El FA asigna la responsabilidad al Ministerio de Salud Pública -que tiene competencia como “policía sanitaria” pero no personal para monitorear todos los espacios públicos-, que “luego de haber agotado todos los pasos” podría pedir la intervención del Ministerio del Interior.
Los proyectos también se diferencian en lo referido al ingreso de uruguayos provenientes de otros países. El Ejecutivo sólo lo permitiría a quienes acreditaran haber comprado pasajes antes del 16 de diciembre, si contaran “con las autorizaciones necesarias”. El FA establece que quienes lleguen “con los correspondientes protocolos sanitarios, […] podrán ingresar al país respetando la cuarentena obligatoria”.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)