Uruguay: La hegemonía sigue en disputa
Antonio Elías*
En octubre de 2004, con el triunfo electoral del progresismo, se inició una nueva etapa que la central obrera uruguaya PIT-CNT caracterizó en los siguientes términos, que compartimos: “Estamos ante la emergencia de un nuevo escenario político y social que pasa por la generación de mejores condiciones para la disputa con la hegemonía de las clases dominantes. La conquista de un gobierno progresista es un jalón fundamental en el proceso de lucha (…) para desarrollar todas las tareas democráticas que aún tiene planteada nuestra clase como contenido y transito, a su vez, hacia la sociedad sin explotados y explotadores.”
La fuerza política que nuevamente triunfo en 2009, el Frente Amplio (FA), es una coalición policlasista que incluye en su base social a sectores importantes de trabajadores, capas medias y sectores menores de la burguesía nacional. En el primer gobierno de está alianza de intereses socioeconómicos contrapuestos y políticamente heterogéneos ha predominado una propuesta gradualista de profundización del capitalismo.
A pesar de ello, los cinco años de administración frenteamplista demostraron la existencia real y efectiva, aunque desigual, de una disputa por la hegemonía, el programa y la agenda de gobierno que alcanzó su máxima expresión en la confrontación por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La ampliación, profundización y consolidación de los derechos de los asalariados marcaron el peso que en esta disputa ha tenido la clase trabajadora; la profundización de la apertura a la inversión transnacional, la primarización de la producción y la extranjerización de la economía, en particular de la tierra, muestran el peso de la clase capitalista. Ambas tendencias han tenido cabida y expresión en el primer gobierno del FA.
La campaña previa a las elecciones internas mostraron las profundas diferencias entre los dos principales candidatos, uno designado y el otro elegido: el “delfín” designado por Vázquez con el que apostaba a la continuidad de su gobierno y el elegido por el V Congreso del Frente Amplio para llevar adelante un programa que profundiza los cambios por izquierda.
Con el triunfo de José Mujica se ha producido un desplazamiento en el interior del FA y se han generado múltiples expectativas pero aún no es posible discernir cuál es la dirección, profundidad y viabilidad de sus propuestas. En su gobierno estarán presentes: tanto, la ortodoxia económica que, esquematizando, exige equilibrios fiscales, estabilidad macroeconómica y de las reglas de juego y apuesta a la inversión privada, fundamentalmente extranjera; como, una redefinición de la inserción internacional con énfasis latinoamericanista, la reforma del Estado con participación de los trabajadores y un conjunto de propuestas de variado calibre y solidez que apuntan a solucionar los problemas de los sectores sociales más desprotegidos, en particular la vivienda.
Continuará, al igual que en el gobierno de Tabaré Vázquez, un proceso signado por la contradicción latente entre una tendencia que se expresa en la dirección de la conducción económica – la cual tiene propuestas de política macroeconómicas más cercanas a la continuidad del modelo neoliberal que a una ruptura con dicho modelo -, y otras posiciones, expresadas en el II Congreso del Pueblo, el X Congreso del PIT-CNT y el V Congreso del FA, que apuestan a cambios importantes en la forma de organización del proceso económico jerarquizando el papel del Estado, los trabajadores y la sociedad en la aplicación de una estrategia de desarrollo productivo con énfasis en el fomento de la producción nacional, las pequeñas y medianas empresas y el cooperativismo, lo que exige cambios importantes en las reglas de juego y en la política económica.
No escapa a esta disputa la fuerte controversia acerca de la forma de implementar el Plan Cardales. Para el gobierno actual la supuesta solución pasa por el mercado: abrir a la competencia el servicio de transmisión de datos por cable. Para el movimiento sindical esta medida atenta contra la sustentabilidad de una empresa pública fundamental para la incorporación del conocimiento científico tecnológico, el desarrollo productivo y la inclusión social. ¿Acaso hubiera sido posible el Plan Ceibal sin ANTEL Data?
Acaso el presidente ignora que la competencia depredadora de las transnacionales – con economías de escala y superabundancia de capital – ha provocado una fuerte reducción de los ingresos y utilidades operativas de ANTEL en telefonía fija y celular. Desconoce quizás que la medida aprobada aumentará la influencia de las grandes unidades económicas trasnacionales en el sector más dinámico de las telecomunicaciones y pone en jaque los espacios de autonomía del gobierno nacional.
Los énfasis en una u otra postura serán la viva expresión de correlaciones de fuerza dinámicas en las que “el factor subjetivo” tendrá un creciente peso y, por lo tanto dependerán de cómo se diriman, en cada momento y tema, las contradicciones entre las diferentes tendencias que coexisten en el Frente Amplio. El predominio de una u otra concepción – más allá del resultado electoral de junio de 2009 favorable al cambio – dependerá de múltiples factores, entre los cuales se destacan los niveles de conciencia y organización de la sociedad.
La disputa por la hegemonía con las clases dominantes alcanza a todos los frentes. Las concepciones neoliberales que primero se impusieron por la fuerza – dictadura cívico militar mediante – luego se han hecho “sentido común” en amplios sectores de la población, particularmente en sectores de la intelectualidad ligadas al mundo empresarial y a los organismos multilaterales de crédito.
La disputa ética, ideológica y programática se desarrolla al interior del gobierno, la fuerza política, los movimientos sociales y la sociedad toda. De poco valdrán los avances cuantitativos en los indicadores económicos y sociales si en el proceso no se produce una acumulación de fuerzas que permita marcar un rumbo preciso hacia el socialismo, más allá de la velocidad con que deba recorrerse el camino.
La disyuntiva de éste segundo gobierno es aceptar, más allá de los "discursos y los gestos", las premisas del modelo dominante o elegir un camino independiente. Para que haya un Uruguay productivo con justicia social y profundización democrática hay que cambiar el modelo económico. Es inviable una estrategia alternativa de desarrollo en el marco de las reglas de juego actuales.
Crear "compuertas" a la globalización y acotar los daños que provocan los actuales derechos de propiedad, deberían ser aspectos prioritarios de la agenda económica. El marco institucional y el papel de la economía pública no pueden seguir siendo un reflejo “voluntario” de las presiones y lineamientos de los organismos multilaterales de crédito.
Se debe reconocer que no hemos avanzado lo necesario desde el punto de vista de la conciencia, organización y dirección de un proyecto anticapitalista y que el contexto internacional se ha tornado más desafiante para esos objetivos. El “aleccionador” golpe de estado en Honduras, la campaña desestabilizadora en Paraguay, la instalación de las bases militares en Colombia y las amenazas de Hilary Clinton no son hechos aislados ni promisorios.
Los antiguos problemas de explotación, exclusión y desigualdad a los cuales se enfrentó el pensamiento y la acción de la izquierda uruguaya persisten, las antiguas banderas de lucha por una sociedad sin explotados y explotadores están vigentes y la realización de los ideales históricos sigue siendo una asignatura pendiente. Esa es la tarea y una responsabilidad compartida que exige los máximos esfuerzos: ¡A redoblar, a redoblar, muchachos la esperanza!
*Economista uruguayo. Publicado en el semanario “Brecha”,