Feb 28 2013
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Sociedad

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Uruguay: La Justicia en su laberinto

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de consolidar la consagraci√≥n de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de ese pa√≠s, se√Īalan en una declaraci√≥n conjunta los escritores Emilio Cafassi, Eduardo Galeano, Juan Gelman y Jorge Majfud

El proceso que ha llevado a este resultado es claro.
Un primer paso consisti√≥ en la decisi√≥n de trasladar a la Dra. Mariana Mota al √°mbito de lo civil, desafect√°ndola de su titularidad en el Juzgado Penal. La Dra. Mota ten√≠a en su sede m√°s de cincuenta causas referidas a las grav√≠simas violaciones a los derechos humanos durante el per√≠odo del terrorismo de Estado en los a√Īos ‚Äô70. El Estado y el propio Poder Judicial pusieron toda clase de obst√°culos a sus investigaciones, adem√°s de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deber√≠an ser su principal garante. Con esta medida, la Corte de Justicia confirm√≥ la ausencia de justicia que v√≠ctimas, allegados y la sociedad toda viene padeciendo desde hace d√©cadas. Al mismo tiempo, la Corte uruguaya ignor√≥ la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, adem√°s de cuestionar la independencia del Poder Judicial.

En l√≠nea con el mismo prop√≥sito o resultado, la Suprema Corte acaba de declarar inconstitucional la recientemente promulgada ley interpretativa que intentaba superar la llamada ‚Äúley de Caducidad‚ÄĚ que desde 1986 impide el proceso de todos los autores de cr√≠menes amparados por la pasada dictadura militar. Esta ley fue declarada inconstitucional por la misma Corte a√Īos atr√°s.

El argumento sobre el cual se basó esta nueva decisión radica en que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva, cosa que sí realiza la propia ley de Caducidad. Se ha argumentado que la retroactividad se aplica sólo cuando la ley beneficia al reo. No es posible condenar retroactivamente a alguien por algo que hizo cuando en su momento no era definido como delito. No obstante, la ley de Caducidad es retroactiva desde el momento en que contradice las leyes que regían cuando se cometieron los delitos.

En otro momento, la misma Corte Suprema de Justicia de Uruguay define las violaciones cometidas en una dictadura y con la complicidad del Estado de la √©poca como ‚Äúdelitos comunes‚ÄĚ. Lo cual autom√°ticamente transforma un delito de lesa humanidad en una causa prescriptible. No obstante, estos ‚Äúdelitos comunes‚ÄĚ fueron cancelados, precisamente, por una ley promulgada para proteger a un grupo espec√≠fico de criminales, la ley de Caducidad de 1986. Ni siquiera se otorg√≥ un perd√≥n a reos condenados por sus cr√≠menes: el Estado renunci√≥ a someterlos a investigaci√≥n y a juicio.

No obstante, más allá de una disputa técnica y sobre la filosofía queuru tortura es... rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales y permanentes, como lo son la garantía de los derechos individuales más básicos, como la integridad física, la libertad y la reparación moral.

Por lo expuesto, como intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento, repudiamos estas decisiones de la SCJ y exigimos el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay.

Todo Estado y toda institución de cualquier país existen para proteger la integridad física y moral, el derecho a la libertad y la verdad de cada uno de sus ciudadanos. Nunca al revés. Aceptar la violación de uno solo de los derechos humanos contra uno solo de los ciudadanos de un país con la complicidad del Estado o de alguna de sus instituciones, afecta y lesiona la legitimidad de todo el Estado.

Rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz; sin justicia no hay democracia.

Los derechos humanos no se mendigan. Se exigen.

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