Feb 28 2013
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Sociedad

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Uruguay: La Justicia en su laberinto

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de consolidar la consagraci贸n de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de ese pa铆s, se帽alan en una declaraci贸n conjunta los escritores Emilio Cafassi, Eduardo Galeano, Juan Gelman y Jorge Majfud

El proceso que ha llevado a este resultado es claro.
Un primer paso consisti贸 en la decisi贸n de trasladar a la Dra. Mariana Mota al 谩mbito de lo civil, desafect谩ndola de su titularidad en el Juzgado Penal. La Dra. Mota ten铆a en su sede m谩s de cincuenta causas referidas a las grav铆simas violaciones a los derechos humanos durante el per铆odo del terrorismo de Estado en los a帽os 鈥70. El Estado y el propio Poder Judicial pusieron toda clase de obst谩culos a sus investigaciones, adem谩s de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deber铆an ser su principal garante. Con esta medida, la Corte de Justicia confirm贸 la ausencia de justicia que v铆ctimas, allegados y la sociedad toda viene padeciendo desde hace d茅cadas. Al mismo tiempo, la Corte uruguaya ignor贸 la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, adem谩s de cuestionar la independencia del Poder Judicial.

En l铆nea con el mismo prop贸sito o resultado, la Suprema Corte acaba de declarar inconstitucional la recientemente promulgada ley interpretativa que intentaba superar la llamada 鈥渓ey de Caducidad鈥 que desde 1986 impide el proceso de todos los autores de cr铆menes amparados por la pasada dictadura militar. Esta ley fue declarada inconstitucional por la misma Corte a帽os atr谩s.

El argumento sobre el cual se bas贸 esta nueva decisi贸n radica en que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva, cosa que s铆 realiza la propia ley de Caducidad. Se ha argumentado que la retroactividad se aplica s贸lo cuando la ley beneficia al reo. No es posible condenar retroactivamente a alguien por algo que hizo cuando en su momento no era definido como delito. No obstante, la ley de Caducidad es retroactiva desde el momento en que contradice las leyes que reg铆an cuando se cometieron los delitos.

En otro momento, la misma Corte Suprema de Justicia de Uruguay define las violaciones cometidas en una dictadura y con la complicidad del Estado de la 茅poca como 鈥渄elitos comunes鈥. Lo cual autom谩ticamente transforma un delito de lesa humanidad en una causa prescriptible. No obstante, estos 鈥渄elitos comunes鈥 fueron cancelados, precisamente, por una ley promulgada para proteger a un grupo espec铆fico de criminales, la ley de Caducidad de 1986. Ni siquiera se otorg贸 un perd贸n a reos condenados por sus cr铆menes: el Estado renunci贸 a someterlos a investigaci贸n y a juicio.

No obstante, m谩s all谩 de una disputa t茅cnica y sobre la filosof铆a queuru tortura es... rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jur铆dicas, nuestro reclamo se basa en valores m谩s universales y permanentes, como lo son la garant铆a de los derechos individuales m谩s b谩sicos, como la integridad f铆sica, la libertad y la reparaci贸n moral.

Por lo expuesto, como intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento, repudiamos estas decisiones de la SCJ y exigimos el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay.

Todo Estado y toda instituci贸n de cualquier pa铆s existen para proteger la integridad f铆sica y moral, el derecho a la libertad y la verdad de cada uno de sus ciudadanos. Nunca al rev茅s. Aceptar la violaci贸n de uno solo de los derechos humanos contra uno solo de los ciudadanos de un pa铆s con la complicidad del Estado o de alguna de sus instituciones, afecta y lesiona la legitimidad de todo el Estado.

Rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz; sin justicia no hay democracia.

Los derechos humanos no se mendigan. Se exigen.

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