Uruguay: Presupuesto, consulta popular y conflictividad social
Las consecuencias del gobierno neoliberal liderado por el derechista nacionalista Luis Lacalle Pou, empiezan a afectar a cada vez más sectores dentro de la sociedad uruguaya. Con un manejo mediático de su gobierno para publicitar su propia gestión, dicho por propios y ajenos, retoma el proyecto trunco de los 90 con condimentos siglo XXI. Mientras tanto, las calles empiezan a tomar temperatura.
Derrame neoliberal
La última semana ingresó a la comisión de hacienda del parlamento el presupuesto nacional que va a regir por todo el quinquenio de la administración. Se precisaría mucho espacio para enumerar los recortes y ajustes que se incluyen en la ley presupuestal. De la tríada de medidas al mejor estilo Doctrina del Shock, dos ya fueron instrumentadas: la Ley de Urgente Consideración (LUC) y los Consejos de salarios, con aumentos por debajo de la inflación para los trabajadores. 
Ya para el 2021 el ajuste será de 5% por debajo de la inflación. Vale decir que los Consejos de Salarios impuestos en el último gobierno del Partido Nacional de la década del 90, fueron suspendidos. Hoy en día, aprendiendo de su propio error, el mismo partido y su coalición multicolor han utilizado esta herramienta en favor de los empresarios y el gran capital.
También las políticas públicas que atendían a población vulnerable serán recortadas: becas estudiantiles, fondos de formación para desempleados, disminución de horas docentes en la educación, el Sistema Nacional de Cuidados, programas destinados a combatir la violencia de género, población en situación de pobreza extrema y adultos mayores. La lista es extensa.
Recientemente se le aumentó el sueldo a los directores y presidentes de los entes estatales en más de un 40%. En el Ministerio de Desarrollo Social se modificó el concepto de pobreza, quitándole al Estado cualquier responsabilidad y se la adjudicó al individuo. Una confesión de clase.
El famoso derrame neoliberal no es de distribución de la riqueza y prosperidad. Poco a poco las gotas del ajuste van permeando capa tras capa de la sociedad. El ajuste por derrame viene desde arriba y a miles ya le llegó el agua al cuello. El progresismo frenteamplista dejó a una porción de la población por encima de la línea de la pobreza pero sostenida por un hilo. El maridaje de la pandemia y la motosierra neoliberal bastó para que entren en caída libre.
El director de la oficina de Presupuesto y planeamiento (OPP), Isaac Alfie, expresó que el presupuesto pretende ahorrar y combatir el despilfarro de la administración anterior con eficiencia. El ahorro será para los salarios de los funcionarios públicos y de los jubilados, que representan el 1,1% de déficit fiscal. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado declaró que la educación, la universidad y la salud “son prioridad”. Pero las partidas que les brinda el presupuesto dicen totalmente lo contrario.
No habrá realojo de asentamientos en 2021 por decisión del Ministerio de Vivienda. Las autoridades entienden que hay “otras urgencias por atender”, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Esta contradicción, por no decir ironía, es una muestra de la concepción ideológica de este gobierno. Otro rasgo ideológico presupuestal es el aumento a los recursos de las Fuerzas Armadas y no hay ni una sola mención al déficit de la Caja de jubilaciones de los militares que asciende a la suma de 500 millones de dólares al año.
Las calles
Los conflictos sindicales crecen día a día. Las calles empiezan a tomar temperatura. El 17 de setiembre se concretó el primer paro nacional de 24 horas. Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, los funcionarios y docentes de la Universidad de la República, gremios citrícolas, la Federación de Cooperativistas de Viviendas de Ayuda Mutua, funcionarios de presidencia, trabajadores del teatro, docentes de música -y la lista sigue- han marchado, realizado paros y demás medidas manifestándose contra los ajustes y recortes en su sector.
El presupuesto trae aparejada la privatización de la venta de combustible en los puertos. Hasta ahora ésta es monopolizada por el ente estatal ANCAP. Se le quita un nicho de negocio a la empresa, lo que implica un deterioro para la misma con el argumento de que las empresas públicas son ineficaces. La profecía autocumplida de los gobiernos neoliberales.
Esta semana, la central única de trabajadores PIT-CNT, resolvió realizar un referéndum contra la LUC e iniciará una campaña de recolección de firmas para que la población decida mediante voto directo en las elecciones nacionales de 2024. Para lograrlo se precisa la adhesión del 25% del padrón electoral.
Desde filas del oficialismo criticaron la medida e incluso plantean impugnar jurídicamente este recurso. Esta postura no solo pretende frenar este impulso sino que reacciona mediante un proyecto de ley que busca auditorías en la central sindical e imponer la personería jurídica, entre otras cuestiones, lo que implicaría un avasallamiento e intromisión en el ámbito sindical con visos de persecución.
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En tiempos donde se pretende combatir a la pobreza y no a la riqueza. Donde se prioriza la deuda externa y tecnócratas se obsesionan con el déficit fiscal, el riesgo país y el grado inversor. El pragmatismo discursivo sigue ganando terreno por encima de la vida. En tiempos donde el fascismo se cuece al calor del capitalismo, ¿cuánta dignidad nos cuesta el neoliberalismo?
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)