Dic 11 2007
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Economía

Uruguay y el Cono Sur, – A PROPÓSITO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Es increíble comprobar la poca memoria que tienen los que hoy siguen tildando de criminales a quienes han saldado las cuentas que les endilgaron en el pasado, con años de cárcel y sufrimiento. Las “nuevas víctimas”, atacan con el mismo tipo de argumentos con el que arremetían en la época en que luchaban contra la “sedición”, mientras robaban a mansalva junto a los políticos corruptos.

El cuento que no acaba.

La red represiva, atrapaba todo lo que pudiera ser considerado “sospechoso”, o pudiera ser capaz de “delinquir”; esta palabra tenía, en ese momento, un significado muy amplio: estudiantes de pelo largo, apariencia “descuidada”, pasado político “dudoso” y podría seguir todo el día enumerando los motivos que determinaban que una persona recibiera vapuleos, encarcelamiento o secuestro.

Hoy, los familiares de estos nuevos “presos políticos”, se dan el lujo de escribir en la web, difamando con nombre, apellidos y fotografías, a ciudadanos que han hecho más por el país y la humanidad en los años posteriores a su liberación, que ellos en toda una vida en libertad, una vida dedicada a sembrar horror y muerte.

Se puede argumentar y discutir mucho sobre lo que pasó en nuestro país durante esos años, podemos contar las muertes, las acciones y analizar hasta el cansancio los acontecimientos acaecidos. Podemos tratar de dilucidar quiénes eran más bárbaros o más asesinos. No obstante, nos olvidamos de un hecho fundamental: ¿quiénes fueron los que pagaron las culpas de lo ocurrido?, ¿quiénes soportaron tortura y duros encarcelamientos?, ¿qué familias se vieron afectadas?

No fueron los militares y quienes los rodeaban, de eso pueden estar seguros.

Gracias a organismos que defienden los DDHH y al trabajo constante de hormiga, realizado por las organizaciones de familiares de presos y desaparecidos, se han investigado los crímenes que la Ley de Caducidad permite investigar, o sea, aquellos crímenes comprendidos en el Artículo 4º: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”.

Es oportuno esclarecer algunos puntos, ya que la amnesia que afecta a la extrema derecha, no les permite recordar lo que sucedió en nuestro país durante los oscuros años de dictadura e, inclusive, antes de ellos.

Cuando hablan de los “asesinos y terroristas” y acusan a siniestra (nunca a diestra), a ex presos políticos de la dictadura militar, se olvidan de que a varios de esos presos se les computó tres años de cárcel por cada uno de los que estuvieron en cautiverio, justamente, a raíz de las condiciones inhumanas a las que se vieron sometidos durante dicho encarcelamiento.

Los rehenes, por ejemplo, incomunicados, sometidos a continuos traslados y torturas físicas y síquicas durante años, se encuentran entre los presos que no fueron amnistiados, salieron de la cárcel con libertad anticipada, viéndose obligados a presentar garantes y a firmar cada seis meses, hasta que varios años después, se les concedió, por fin, la anhelada libertad. Ergo, todos ellos pagaron un alto precio mientras cumplían la condena que le imputaron.

Pagaron inclusive por las confesiones arrancadas bajo terribles torturas y tormentos. ¿No es acaso justo, que los militares que cometieron crímenes, paguen también y sean juzgados y encarcelados por ello?, sin quitarles dientes ni ojos, ya que no se pretende aplicar la Ley del Talión ni el código de Hammurabi.

Hagamos memoria

La Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848) entra en vigor en 1986 y deja en la impunidad graves violaciones a los derechos humanos, cometidas antes y durante el golpe. Conforme a esta ley, no se puede procesar y sancionar al personal militar y policial responsable de violaciones de derechos humanos cometidas antes del primero de marzo de 1985. Por suerte, esta ley, dejó afuera algunos casos que han permitido que haya denuncias contra civiles y militares.

Como Amnistía Internacional señala: “La desaparición forzada es un crimen internacional, cuya práctica sistemática constituye además un crimen contra la humanidad,” y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sostiene que es un delito continuado o permanente mientras no se establezca con certeza el destino o paradero de la víctima.

¿Qué fue, a grandes rasgos el Plan Cóndor?

El Plan Cóndor fue la coordinación represiva concertada entre los gobiernos chileno, argentino, paraguayo, boliviano, brasileño y uruguayo para acabar con la “subversión” durante la década de 1971/80 y principios de los ochentas. A comienzos de la década de <991/2000 se descubrieron en Paraguay, documentos secretos de la policía política paraguaya. Estos documentos, llamados los Archivos del terror, informan sobre el accionar de esa fuerza y sobre la coordinación que hubo entre los gobiernos militares suramericanos durante esas décadas para perseguir a sus opositores políticos, que eran detenidos en cualquier país y luego trasladados a su país de origen, lo que implicaba el desconocimiento absoluto de fronteras y la utilización de métodos ilegales de represión. Paradójicamente, lograron una unión entre los países latinoamericanos que los gobiernos democráticos no han logrado, llegaron a acuerdos que les permitían reprimir y matar a lo largo y ancho del continente. El papel principal de la represión uruguaya fue el de trasladar comandos uruguayos a Argentina; secuestraban, torturaban y desaparecían a exiliados uruguayos en ese país. Un gran número de uruguayos desaparecieron en tierras vecinas. La mayoría de ellos fueron llevados al centro clandestino de detención llamado Garaje Olimpo. Algunos fueron trasladados a Uruguay, todavía su destino es desconocido. Operación Zanahoria

Por si fuera poco y para tratar de ocultar los crímenes cometidos, se llevó a cabo en el año 1984 la Operación Zanahoria, donde se removieron los restos de los detenidos enterrados en predios militares, para eliminar las pruebas y enterrar los restos de todos los desaparecidos en fosas comunes. La Fuerza Aérea de Uruguay admitió que al menos 21 uruguayos y cinco argentinos, fueron trasladados en dos vuelos clandestinos para ser asesinados, y confirmó por escrito, la existencia de al menos dos vuelos trasladando detenidos durante las dictaduras en Argentina y Uruguay, todo esto en el marco del Operativo Cóndor.

Crímenes

Entre los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, se encuentran estudiantes asesinados por el escuadrón de la muerte, los asesinados como represalia por la muerte del coronel Trabal, los comunistas fusilados en la calle frente la sede de la seccional 20, los que fallecieron a causa de las tortura, los homicidios del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y del senador Zelmar Michelini.

También el asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires en el año 1976. María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada, su esposo fue asesinado y ella fue llevada desde el centro clandestino Automotores Orletti a Montevideo, allí nació la hija de María Claudia, que fue encontrada por Gelman en Uruguay, donde había sido entregada a un policía, la joven no conoció su verdadera identidad hasta los 23 años; hoy es una de las tantas voces que exige verdad.

Anatole y Victoria, hijos de Victoria Grisonas y Roger Julién (también desaparecidos). Los hermanos fueron transportados a Montevideo para luego ser entregados a una familia en Chile, que los abandonó en la ciudad de Valparaíso.

Mariana Zaffaroni, que fue entregada a un miembro del Servicio de Información del Estado (SIDE) argentino.

Cuando hablamos del secuestro de niños, yo pregunto: ¿cuáles eran las culpas de esos menores? Es imposible imaginar lo que les tocó vivir y lo que aún debe significar en sus vidas el hecho de haber crecido en el seno de familias que no eran las propias y que estaban involucrados, en muchos de estos casos, en la desaparición de sus progenitores.

¿Y la pesadilla de los familiares que durante años los buscaron de forma incansable? ¿Cómo se puede justificar un delito de esta índole? Todavía quedan cuatro niños desaparecidos en Argentina. Más de dos centenas de uruguayos, contando hombres, mujeres y niños, desaparecieron durante el régimen militar.

La represión en Uruguay, alcanzó a encarcelar aproximadamente 15.000 presos políticos. La muerte del doctor Roslik, en San Javier y el encarcelamiento de varios inocentes, entre ellos un grupo de jóvenes. La violación y tortura a menores de edad.

Puedo nombrar muchas más víctimas; muertos (dentro y fuera de la cárcel), aquellos compañeros que jamás se recuperaron del encierro y la tortura, aquellos que murieron anticipadamente, luego de haber sido puestos en libertad. Los que perdieron sus trabajos, sus familias.

Las propias familias, que vivieron las consecuencias de esa pesadilla durante años y muchas veces soportaron inclusive, después de ser liberados todos los presos, los efectos que dejaron las secuelas de ese encierro bestial. De forma metódica e inhumana, estas presuntas “víctimas actuales”, intentaron enloquecer a los que no pudieron matar.

¿Qué podemos hacer?

No se puede negar que los verdugos no hicieron distinción de edad ni género; en ese sentido fueron generosos e irrestrictos, arremetieron contra niños, mujeres y hombres sin piedad alguna. Si nos olvidamos de esto, caemos en el riesgo de permitir que vuelva a suceder, o de convertirnos en cómplices de estos hechos aberrantes.

Miremos a nuestros hijos, familiares y amigos, e intentemos imaginarlos en cualquiera de las situaciones que nombré. Tratemos de pensarlo en carne propia o cercana, sopesemos los hechos, hagamos un balance exhaustivo y tomemos la responsabilidad que nos corresponde, para que jamás se repita. Hay que anular la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, más conocida como Ley de Impunidad o de Caducidad.

Firmar para anular esta ley es, sin lugar a dudas, un grano de arena que podemos aportar a esta lucha por defender y rescatar la dignidad y los derechos de los seres humanos.

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* Reside en Suecia.

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