Abr 14 2012
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PolíticaSociedad

Videla admitió “7 u 8 mil” asesinatos y apuntó al empresariado como cómplice

“Cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte”, admitió quien antes decía “los desaparecidos no están ni vivos ni muertos”. Aseguró que el golpe de Estado “desde el punto de vista estrictamente militar fue un error”.

“Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más.” La frase, según Jorge Rafael Videla, pertenece a empresarios argentinos. A los 86 años, el condenado dictador decidió dejar de ocultar la bronca contenida contra sus mandantes, aunque aún evita dar nombres. “Se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’ y luego nos dieron con todo”, renegó desde su calabozo el ex teniente general, que en estos días va en busca de su tercera condena a prisión perpetua. Videla admitió por primera vez on the record que la dictadura que encabezó a partir del golpe de Estado de 1976 mató a “siete mil u ocho mil personas”, aunque loa organismos de derechos humanos calculan que la cifra asciende a 30 mil.

“Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte”, intentó explicar. Las afirmaciones del mayor icono del terrorismo de Estado, similares a las que el condenado ex general Ramón Genaro Díaz Bessone realizó ante la periodista francesa Marie Monique Robin, entonces sin saber que lo estaban filmando, forma parte del libro Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, del periodista Ceferino Reato, que acaba de publicar Editorial Sudamericana.

Los años y las condenas parecen distender la lengua del dictador, que en febrero concedió un largo reportaje a la revista española Cambio 16. “No había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”, dijo, sin revelar nada que los organismos de derechos humanos del país no hayan denunciado desde el mismo momento en que se consumaba el genocidio. “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano”, se permite dudar Videla.

“La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”, le explicó un Videla distendido a Reato, que lo entrevistó durante veinte horas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en la celda número 5 de la Unidad Penitenciaria 34, la única cárcel del país que funciona en el interior de una unidad militar: Campo de Mayo. Las dos palabras elegidas para titular el libro tampoco son novedosas, de hecho en 2010 un sobreviviente tucumano entregó a la Justicia un listado de 293 personas secuestradas de las cuales 195 figuraban como “DF” y explicó que era la sigla de “Disposición Final”.

El dictador justificó el uso de la tortura y reiteró una vez más la influencia de la llamada Doctrina Francesa en la lucha contra las guerrillas, tema al que la francesa Robin dedicó un libro y un documental. En su admisión sobre el “método” escogido para borrar de la tierra a sus enemigos, Videla incluyó el caso del ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, asesinado en un tiroteo. “Era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar”, explicó el represor, opaco por excelencia, quien se permitió marcar diferencias entre las principales organizaciones armadas de los ’70. “Por su preparación militar e ideológica, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido”, dijo.

“Las desapariciones se dan luego de los decretos del presidente interino Italo Luder, que nos dan licencia para matar. Desde el punto de vista estrictamente militar no necesitábamos el golpe; fue un error”, admitió Videla. “No podíamos pedir más ni necesitábamos más”, dijo. ¿Para qué el golpe de Estado, entonces? “Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976) era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”, explicó Videla.

Un tema que Reato abordó con Videla y con su ex ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, fue el de las listas con información con los nombres de los desaparecidos. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, volvió a defraudar el entrevistado. Harguindeguy admitió que en 1979 se elaboraron listas para “tener algo de apoyo para hablar de los desaparecidos” pero aseguró que ya no existen. “Todo eso fue quemado por orden de (el último dictador, Reynaldo) Bignone, por un decreto de Bignone.”

Otro dato añejo que reflota Reato es el de la división del país en zonas, subzonas y áreas militares en los meses previos al golpe de Estado, y las órdenes de los comandantes de cada una de las cinco zonas de confeccionar listas de personas que debían ser detenidas en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Según represores consultados por el editor de Perfil, en esas listas figuraban tanto “líderes sociales” como “subversivos”, cuyos nombres habían aportado los Servicios de Inteligencia de Fuerzas Armadas y de Seguridad pero también empresarios y ejecutivos, sindicalistas, funcionarios, dirigentes políticos, profesores e incluso estudiantes.

El autor, en base a documentos militares, recuerda que el destino de cada uno de los secuestrados por las Fuerzas Armadas se decidió en las “comunidades de inteligencia” o “comunidades informativas” de cada zona militar, integradas por los responsables de los distintos Servicios de Inteligencia. Estos grupos se reunían una vez por semana y decidían si lo liberaban, lo blanqueaban o lo asesinaban, otro dato revelador que se reitera en todos los juicios a represores desde mediados de la década del ’80.

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