Mar 27 2007
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Sociedad

Violencia contra la infancia XIV. – EL PELIGRO MERODEA EN EL INTERIOR

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

De hecho, según investigaciones de la UNICEF, es mayor la probabilidad de que lo niños sean asesinados, maltratados físicamente, raptados o sometidos a prácticas tradicionales perjudiciales o a la violencia mental por miembros de su propia parentela que por extraños.

Las formas de agresión extrafamiliar como los conflictos armados y los altos niveles de intimidación en la comunidad suponen una dramática carga de estrés para las progenies y además afectan a la violencia intrafamiliar.

fotoEstudios realizados

El estudio sobre la violencia contra los niños, realizado por las Naciones Unidas en 2006, es una de las investigaciones más detalladas de la historia sobre la crueldad contra la infancia. Muestra que millones de niños y niñas de todo el mundo son sometidos a las peores formas de abuso y que reciben muy poca o ninguna protección. A pesar de la escasez crónica de datos, el informe llega a la conclusión de que los episodios de violencia ocurren en todas partes, que los responsables suelen ser personas a quienes el niño o la niña conocen, y que las agresiones por lo general permanecen ocultas o no reciben castigo.

El profesor Paulo Sérgio Pinheiro, experto independiente nombrado por el Secretario General de la ONU –que dirigió esta pesquisa–, exhorta a los Estados a asumir su responsabilidad principal con respecto a la prevención de la violencia contra la infancia mediante la institución de marcos jurídicos firmes.

“Esto significa –afirmó Pinheiro– prohibir todo tipo de violencia contra la infancia allí donde ocurra y quienquiera que sea el que la ejerza, e invertir en programas de prevención para abordar sus causas subyacentes. Los niños y niñas no pueden permitirse el lujo de que este trabajo se convierta en otra referencia que acumule polvo en las bibliotecas del mundo. Tenemos la obligación de garantizar que todos los chiquillos disfruten del derecho a vivir existencias libres de violencia”.

Harry López, de 18 años de edad, trabaja en los vecindarios más violentos de Caracas, Venezuela y dirige cursillos prácticos en los que los niños y jóvenes se reúnen y hablan sobre sus problemas en el local de una organización no gubernamental. “Lo que me llevo a trabajar contra la violencia –dice– fueron los testimonios de los niños, como el que me dijo que no podía salir de su casa porque tenía miedo de ser víctima de la violencia, que tenía pánico de jugar en su vecindario porque corría peligro de muerte”.

En un análisis efectuado sobre 285 homicidios cometidos en el Reino Unido entre 1989 y 1991 con víctimas menores de 18 años, se descubrió que sólo el 13% habían sido asesinadas por extraños y que un 60% lo habían sido por sus propios padres. Resultados similares se obtuvieron en Estados Unidos y Australia. En los países en los que las muertes se estudian teniendo en cuenta la edad de la víctima, los bebés y los niños pequeños aparecen como los grupos de mayor riesgo. En el Reino Unido los menores de un año tienen cuatro veces más posibilidades de convertirse en victimas de un homicidio que cualquier otro grupo, y además, en su mayoría son asesinados a manos de sus progenitores.

El infanticidio se define en muchos sistemas legales como crimen menor respecto al asesinato, aunque conlleve la muerte deliberada de un bebé. Las razones que respaldan este hecho se apoyan en la necesidad de proporcionar una defensa especial a las madres que han sufrido un trauma psicológico como consecuencia del parto. No obstante, en muchos de esos mismos sistemas legales, se reconocen como atenuantes de “responsabilidad disminuida” en relación con los cargos por homicidio que pueden aplicarse en casos especiales. De cualquier modo, parece claro que el origen de la situación especial para este tipo de transgresiones descansa sobre la idea de que la vida de un nuño vale menos que la de un adulto.

En contra de la creencia de que el infanticidio es una cuestión más oriental que occidental, Lloyd deMause, en su clásico Historia de la Infancia, documenta que el infanticidio tanto de niños legítimos como “ilegítimos” era una práctica común en la antigüedad y que el asesinato de los niños legítimos solo se redujo paulatinamente durante la Edad Media –de ahí la gran diferencia en el número de hombre y mujeres en muchas sociedades– y el de los niños ilegítimos –esto es, nacidos fuera del matrimonio– se continúo perpetrando hasta el siglo XIX. Incluso a pesar de que Thomas Coran abrió las puertas de su inclusa en 1741 porque no podía soportar la visión de niños moribundos en las alcantarillas y pudriéndose en los estercoleros de Londres –en la década de 1891/1900 ésta seguía siendo una imagen habitual en las calles londinenses–

El infanticidio ha sido utilizado como método brutal de planificación familiar y, en aquellas sociedades en las que el niño esta sobrevalorado económica y socialmente respecto a la niña, las estadísticas desiguales de población confirman las sospechas. Los intentos de los gobiernos de limitar el crecimiento de la población a menudo sin proporcionar educación y recursos para una planificación familiar eficaz, se traducen en fuertes tendencias al infanticidio.

Igualmente promovían el infanticidio actitudes tradicionales en sociedades en las que los niños discapacitados, o los nacidos en fechas concretas traían vergüenza a sus familias. Presiones similares surgen en sociedades que desaprueban totalmente los hijos de madres muy jóvenes, de parejas que no han contraído matrimonio, o unidas de forma inapropiada.

La falta de métodos eficaces y completos para registrar todos y cada uno de los nacimientos deja a los bebés en muchos países en situación de riesgo para que sean asesinados, secuestrados, vendidos, o para que desaparezcan; un procedimiento de registro eficaz, que proporcione una posición oficial al bebe, es el método mas eficaz de protección.

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Donde se han realizado estudios en profundidad sobre una serie de muestras de muertes infantiles, se encuentra invariablemente un número más allá de los formalmente llamados homicidios, en el que la brutalidad ha desempeñado un papel importante. Una reflexión acerca de la creciente concienciación de las sociedades ante la violencia hacia los niños es el desarrollo de legislaciones y procedimientos especiales para investigar en profundidad los fallecimientos infantiles y realizar informes oficiales con el objetivo primordial de evitarlos.

La OMS

En uno de los escasos intentos de comparar los índices de violencia hacia los niños entre países y continentes, la Organización Mundial de la Salud ha reunido estadísticas de más de 60 naciones sobre muertes por homicidio y por heridas de origen indeterminado en niños menores de un año. Pero, tal como se menciona anteriormente, la OMS y otros organismos han destacado la escasa confianza de dichas comparaciones, debidas a las diferencias en las definiciones y los métodos de información, así como la enorme variedad de fiabilidad en la recopilación y cotejo principal de los registros.

Estados Unidos y el mundo desarrollado. Los índices totales de asesinatos varían sorprendentemente de unos países a otros aunque proporcionan una forma de medir el nivel de la violencia grave de las diferentes sociedades. Por ejemplo, la relación de homicidios en Estados Unidos en ciertos grupos de edad supera en gran medida al de otros países estudiados por la OMS, a excepción de Bahamas y Ecuador.

Los datos desglosados de las estadísticas de la OMS en el periodo comprendido entre 1987 y 1990 muestran que las muertes anuales en personas entre 15 y 24 años fueron 15.3 por cada 100.000 en Estados Unidos, muy por encima de los 0.9 en el Reino Unido y los Países Bajos; 0.7 En Francia y 0.4 en Japón. Además, EEUU tiene también registros mas elevados en la mayoría de los crímenes violentos que el resto de los países industrializados. Cuanto más cruento es el tipo de asesinatos, mayor es la brecha entre Estados Unidos y otras naciones desarrolladas.

América Latina y el Caribe. Cada hora pierden la vida nueve niños o adolescentes a causa de la violencia en América Latina y el Caribe, dijo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al presentar un estudio sobre ese drama. Insto a los gobiernos de la región a dejar de ser tolerantes ante la brutalidad, al detallar que en Latinoamérica mueren por año 80.000 niños y adolescentes víctimas de la violencia doméstica.

“Cómo puede ser que en Latinoamérica seamos tan tolerantes con la violencia para con los niños”, se preguntó el director regional de UNICEF, Nils Kastberg.

El profesor Pinheiro, en el estudio Las voces de niños, niñas y adolescentes sobre la violencia señalo que Latinoamérica tiene las más preocupantes estadísticas de muertes violentas de jóvenes en el mundo y la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego. “Pero todos los registros –advirtió– por más impresionantes que parezcan, no describen la situación real, La mayor parte de la violencia es totalmente invisible, simplemente no existen padrones nacionales o internacionales.

foto“Desgraciadamente –añadió– los altos niveles de violencia contra los niños y adolescentes en Latinoamérica se da generalmente en el entorno familiar e incluye el abuso sexual, desapariciones extrajudiciales, violencia emocional, psicológica o física y compraventa de bebés. Se da en todas las clases sociales en países tanto del Norte como del Sur, pobres o ricos, cambia tal vez de carácter, pero está allí”.

Pinheiro destaco que un informe de la Organización Mundial de la Salud, basado en datos muy limitados, indico que en 2002 unos 53.000 niños fueron asesinados en Latinoamérica. Un comunicado de la UNICEF muestra que en términos absolutos, se estima que en América Latina y el Caribe dejan de existir por homicidio entre 100.00 y 120.000 menores. El 28% corresponde a adolescentes entre 10 y 19 años. Agrega que: Colombia, El Salvador y Venezuela tienen los índices de homicidio más altos entre varones de 15 a 24 años.

El estudio, que recopila las impresiones e historias de unos 1.800 casos en Latinoamérica, insta a los Estados a que prohíban toda clase de violencia contra los niños y adolescentes en todos los contextos, incluso los castigos dentro de los hogares y escuelas.

“La violencia no va a terminar –aseguró Pinheiro– si todos los esfuerzos que hacemos son dirigidos a aumentar penas y castigar indiscriminadamente. El combate a la violencia, es un largo trabajo combinando las medidas represivas con las preventivas que efectivamente cambien el escenario en que se produce la misma”.

Datos, números

Alrededor de 80.000 niños y adolescentes mueren cada año a causa de la violencia en sus hogares. Solamente en América Latina, más de 6 millones de niños y niñas sufren graves abusos cada año.

Alrededor de 2 millones de niños y niñas son víctimas de explotación comercial sexual.

En el Caribe, la violencia es la principal causa de muerte entre los varones de 15 a 24 años.

El castigo corporal en los hogares y en la escuela es una práctica común en toda la región y en pocos países está prohibido por la ley.

Golpear a un niño en el seno familiar como método de disciplina, incluso con palos o cinturones, causando enormes heridas, es aún una práctica usual que está permitida por la ley en casi todos los países del mundo. En realidad, en la mayoría de las naciones, el castigo físico hacia los niños es la única forma de violencia interpersonal consentida por la ley, mientras que por el contrario las amenazas más triviales emitidas por los alumnos en sus escuelas son consideradas delitos. Allí donde los niños han sido entrevistados acerca de las agresiones violentas cometidas por adultos o por otros niños de la comunidad se descubren unos porcentajes muchos mayores de trato injusto en el caso de los mayores.

Esta situación contrasta con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su preámbulo, afirma que el niño por su inmadurez “necesita protección y cuidados especiales”.

Investigaciones de varios países de todos los continentes, como los realizados por Radda Barnen y EPOCH-World Wide han encontrado altos niveles de sanciones violentas en el seno familiar. En Barbados, un estudio halló en 1987 que el 70% de los entrevistados aprobaban en general el castigo físico por parte de los padres; de ellos el 76% consentía el uso de cinturones o correas para pegar a los hijos.

En India, una encuesta realizada en 1991 entre estudiantes universitarios reveló que el 91% de los hombres y el 86% de las mujeres habían sido atormentados físicamente durante la infancia. En Rumania, un análisis, efectuado en 1992, descubrió que el 84% de una muestra de padres veía el azote como una forma habitual de educación infantil y el 96% no lo percibía como humillante.

En el Reino Unido, el gobierno financió una investigación –publicada en 1995– en la que se demostraba que casi uno de cada seis niños había experimentado castigos físicos severos; que una amplia mayoría, 91%, había sido aporreada, el 77% durante el año anterior.

En Estados unidos una encuesta realizada en 1985 sobre 3.232 familias encontró que el 89% de los progenitores habían golpeado a sus niños de tres años durante el año anterior y que aproximadamente una tercera parte de los jóvenes de entre 15 y 17 años también habían sido apaleados.

En la sentencia final de la Discusión General sobre los Derechos del Niño, como una contribución al Año Internacional de la Familia en octubre de 1994, un miembro del Comité afirmo: “En relación con el castigo corporal, pocos países tienen legislaciones claras. Algunos Estados han intentado distinguir entre la corrección y las faltas cometidas por los niños y la violencia excesiva. En realidad, la línea que divide ambos conceptos es artificial, es muy fácil pasar de un lado a otro. También es una cuestión de principios. Si no es permisible golpear a un adulto ¿Por qué debe serlo golpear a un niño? Una de las contribuciones de la Convención es llamar la atención acerca de nuestras actitudes y culturas”.

Leyes

En muchos países, tanto las leyes penales como civiles incluyen una confirmación especifica de los derechos de los padres y otros cuidadores a usar formas violentas de correctivos, a menudo con la estipulación de que tal castigo debe ser “razonable” o “moderado”. En estas naciones se atribuye a los individuos adultos, a los trabajadores sociales y, en último lugar a los juzgados, la capacidad para determinar lo que constituye violencia razonable hacia los niños.

El Comité de los Derechos del Niño critica específicamente este tipo de legislación. Por ejemplo, cuando el Comité examino el informe inicial que presentó España, expreso “su preocupación por la redacción del Artículo 154 del Código Civil español, que estipula que los padres pueden administrar castigos a sus hijos razonablemente y con moderación, lo que puede ser interpretado como un permiso para realizar actos contrarios al Artículo 19 de la Convención”.

El Comité ha recomendado en muchas ocasiones que los Estados condenen sin ambigüedades de ningún tipo, todo castigo violento en el seno familiar y en las instituciones, propuso el uso de campañas educativas para promover el uso de formas de disciplina inductiva. Aún más, se recoge que un miembro del Comité ha señalado que “algunos aspectos de la Ley acerca de la infancia son igualmente importantes para los propios niños. En los países en que la legislación impide claramente el castigo corporal, dan un mensaje a los niños. La prohibición no deriva en un aumento de las denuncias ante los tribunales, si no que sirve para educar a los progenitores”.

Aunque se vienen realizando numerosas reformas en países de todos los continentes a la luz de la Convención y de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, solo un grupo de naciones ha prohibido cualquier forma de castigo infantil o humillante: Finlandia, Dinamarca, Noruega, Austria y Chipre.
Suecia, se convirtió en 1979 en el primer país en el que se denunciaban todos los castigos físicos infantiles.

El objetivo de la nueva ley era educativo; no trataba de procesar a más padres o de incrementar la intervención estatal en la vida familiar, sino que trataba de cambiar las actitudes hacia la formación y las prácticas de crianza, así como hacer que la violencia infantil fuera tan inaceptable como la adulta. Como dijo un funcionario del Ministerio de Justicia sueco para explicar la nueva ley: “Mediante la prohibición del castigo físico, el legislador ha querido mostrar que un niño es un individuo independiente que puede exigir total respeto por su persona, y a quien debe darse la misma garantía contra el castigo físico o la violencia que a los adultos, para quienes esta protección nos parece totalmente natural”.

El Código de los progenitores y tutores suecos, señala: “Todo niño tiene derecho a recibir cuidados, seguridad y una buena educación. Los niños han de ser tratados con respeto a su persona e individualidad y no deben ser sometidos a ningún castigo corporal o cualquier otro trato humillante”.

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En 1996 el Tribunal Supremo Italiano en Roma, declaró ilegal cualquier uso de la violencia con fines educativos en el seno familiar o en los colegios y afirmo que “la expresión corregir a un niño expresa una visión anacrónica de la crianza, tanto desde el punto de vista cultural como histórico. Este termino debería volver a definirse, aboliendo cualquier connotación de jerarquía o autoritarismo e introduciendo las ideas de compromiso social y responsabilidad, que deberían caracterizar una relación mucho más estrecha entre el educador y el aprendiz”.

Traslado ilícito

El secuestro o traslado ilegal de niños por parte de sus propios padres o de cualquier otro adulto, sin el consentimiento por parte del niño, es también una forma de violencia. En los últimos años, se ha hecho bastante visible y, dado el desarrollo que han alcanzado los medios de comunicación en la actualidad, se ha extendido más aún.

En Estados Unidos se realizaron estudios de incidencia sobre el número de niños secuestrados en 1988. En ellos, se encontraron 345.000 casos de secuestro familiar –casos en los que un miembro de la familia se lleva al niño, o no lo devuelve violando el acuerdo de custodia–, y entre 3.200 y 4.600 secuestros por personas ajenas a la familia –la violencia fue utilizada en un 87% de los casos y en un 75% de estos se usaron armas–.

El reconocimiento de estos hechos no solo a nivel nacional, sino también internacional, ha desembocado en el desarrollo de una legislación internacional, cuyo ejemplo es la Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. La Convención de La Haya es un instrumento global. Hasta junio de 1997, 43 países la habían ratificado, con ausencias importantes, sobre todo en el Medio y Lejano Oriente.

En resumen, sus disposiciones permiten a los niños menores de 16 años que hayan sido trasladados o retenidos de manera arbitraria, el retorno inmediato a su lugar de residencia habitual para que allí se adopte una decisión definitiva acerca de su futuro. Además de la Convención de La Haya, existen varios tratados a nivel regional con similares objetivos, como la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores y la Convención sobre el reconocimiento y la aplicación de decisiones relativas a la custodia infantil del Consejo de Europa de 1980.

La Convención sobre los Derechos del Niño, incluye dos artículos relevantes cuestionando el secuestro: el Artículo 11 exige medidas “para luchar contra los traslados indebidos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero”; el Artículo 35 exige medidas “para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños con cualquier fin o en cualquier forma”. Ambos enfatizan la importancia de la cooperación internacional para combatir estas prácticas.

Violencia psicológica

Los niños, especialmente aquellos que tienen problemas, son más vulnerables a la violencia psicológica –que va desde el abuso verbal, el sarcasmo y la denigración hasta formas de humillación, acoso y aislamiento–. Este tipo de atropello no supone necesariamente violencia corporal. La Convención usa el término “violencia mental” en su artículo 19, ya que los efectos sobre el niño se denominan “psicológicos”.

El artículo 19, también señala: “cualquier forma de violencia física o mental”, la necesidad de considerar no solo la brutalidad directa, sino también los efectos indirectos de la violencia familiar sobre los chicos.

Investigaciones acerca de la intimidación intrafamiliar ponen de manifiesto los efectos psicológicos potencialmente adversos que tienen sobre los pequeños presenciar o escuchar situaciones violentas entre sus progenitores.

Bibliografía consultada

Informe de la ONU: Las voces de niñas, niños y adolescentes sobre la violencia.
UNICEF: Niños y Violencia.
Organización Mundial de la Salud: estadísticas e informes varios.

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* Periodista.

El capítulo anterior de esta exhaustiva investigación se encuentra aqui, con enlace a la entrega previa a aquel.

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