Zapatismo del Siglo XXI/ El EZLN, el CNI y las elecciones
Federico Larsen - Luis Hernández Navarro
La decisión del Congreso Nacional Indígena de México (CNI), que incluye organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de poner en marcha una consulta a sus bases para definir su participación en las elecciones presidenciales de 2018, generó en los últimos días todo tipo se suspicacias.
En México, como en toda América Latina, no faltaron las voces que, inclusive desde la izquierda, criticaron tal decisión por considerarla contradictoria o hasta tardía. Sin embargo, su elaboración, y el peso que puede llegar a tener en el desarrollo de los movimientos sociales y partidos de izquierda de la región, merecen un análisis más pormenorizado, del que este artículo es un simple bosquejo.
La posible participación electoral es sólo uno de los temas de los que habla el comunicado del CNI. Si nos quedáramos exclusivamente con el titular mediático -como han hecho la mayoría de los medios de comunicación del mundo-, podríamos reducir esta definición a un cambio de rumbo en la estrategia zapatista, históricamente antitética a la idea de que el poder se conquiste, y aún menos a través de la democracia representativa. Sin embargo en la declaración del 14 de octubre pasado hay algo más. La decisión de someter ante las comunidades allí representadas la posibilidad de que una representante indígena compita en las elecciones presidenciales, se expresa sólo luego de enumerar 27 casos de ataques sufridos a manos de agentes que representan al Estado y el sistema capitalista en general. Es decir, en un primer análisis se podría inferir que la necesidad de avanzar hacia la disputa en un terreno como el de la política electoral deriva de la amenaza, concreta y real, de desaparición en la actual etapa de construcción autónoma en los territorios zapatistas. Quizás la acumulación política que derivaría de esa apuesta, podría servir tanto para resguardar, como para hacer crecer el movimiento, aceptando la arena de lo electoral como un espacio válido, pero sólo uno más, de acción contra el sistema. De allí la reafirmación explícita del desinterés por el poder estatal en sí en el posicionamiento.
La noticia que llega desde San Cristobal de las Casas retumbó en forma de duda y pregunta en buena parte de los espacios de debate de los movimientos sociales del mundo. En muchos de ellos, la discusión sobre la disputa institucional, la acumulación de poder a partir de la representación en gremios, federaciones y hasta en el Estado, ha sido furibunda. El EZLN y su Sexta declaración de la Selva Lacandona de 2006, han sido blandidos en sendos debates como la demostración empírica de que es posible cambiar el mundo sin tomar el poder.
Buena parte de los movimientos piqueteros en Argentina, campesinos sin tierra en Brasil, carperos Paraguayos, indígenas bolivianos y muchos otros, mantuvieron intacta esa tesis desde finales de los años 90. Pero el siglo XXI trajo aparejado el crecimiento de una alternativa política por izquierda surgida de las luchas contra el neoliberalismo y que veía en la disputa por la conducción de las instituciones una vía legítima para el crecimiento de esos movimientos. El proyecto bolivariano y comunal en Venezuela, el gobierno del indígena y cocalero Evo Morales en Bolivia, demostraron que es posible construir poder desde los movimientos populares enfrentando la tensión que claramente expresan con las formas de la democracia representativa formal. Y una vez afianzado, han logrado inclusive modificar esas estructuras, no sin negociar con fuerzas sociales más conservadoras en pos de la sustentabilidad del sistema.
Esa etapa, la de la construcción de la alternativa, haciendo propias las reglas del sistema para modificarlas, se está agotando. El proceso de obtención del poder representó una primavera que aún no encuentra su estabilidad, alimentando la reacción de sus detractores. Martín Caparrós, desde su columna en el New York Times, sostiene que buena parte de lo sucedido en nuestro continente ni siquiera podría definirse como “de izquierda”, sino más bien como un oportunismo demagógico que aprovechó la crisis de principio de siglo para hacerse con el poder y satisfacer sus intereses más espurios. Una tesis sostenida por medios hegemónicos y muy de moda por estos tiempos.
Pero los procesos de construcción de poder a partir de la sincronía de diferentes movimientos de base y su consolidación en las más altas estructuras del Estado, si bien no pudieron -aún- torcer la historia del continente, han logrado un cambio de época fundamental para la izquierda latinoamericana. El debate sobre la proyección institucional de nuevas formas de entender el poder ha calado muy hondo en los movimientos sociales de toda América Latina, y la palabra elecciones dejó de ser, en la mayoría de los casos, mala palabra. A tal punto que aparece ya no denostada entre las líneas de un comunicado tan trascendente del EZLN. Hoy, en casi todos los países de nuestro continente existen movimientos que se reconocen en las tradiciones de la autogestión y la construcción de poder popular, y que están presentes en los cuartos oscuros de universidades, sindicatos y municipios.
Si el chavismo o el socialismo del siglo XXI no lograron consolidarse como receta a largo plazo para la emancipación de América Latina, han sin duda contribuido a desandar un debate que en la izquierda del continente ha costado mucho enfrentar, el de la disputa por las instituciones de la democracia representativa. No sólo como vía para avanzar hacia el poder, sino más bien como espacio donde hacer pesar la construcción política acumulada, y construir aún más hacia adelante. Esto no significa que exista una relación directa entre la experiencia venezolana y la decisión tomada en Chiapas la semana pasada.
El zapatismo fue inclusive bastante crítico de procesos como el venezolano o el cubano. Existe sin embargo una delgada línea roja, un debate abierto, que ha atravesado la izquierda latinoamericana desde la revolución cubana de 1959, pasando por el triunfo de Allende en Chile, la experiencia de las insurgencias de los 70, los movimientos sociales de los 90 y los gobiernos revolucionarios del siglo XXI. Y esta tiene que ver con la paulatina aceptación de los espacios institucionales como posibles espacios de acumulación política, los mismos a los que aspiran a sumarse los desmovilizados de las FARC y el ELN en Colombia. Las principales preguntas que sin embargo siguen existiendo son dos: ¿mantienen estos movimientos sus principios antisistémicos por los cuales surgieron? Y, ¿el sistema tradicional cómo reaccionará? El riesgo a la coptación, burocratización o a la represión y aniquilación son altas. Ejemplos en la historia hay muchos para justificar el temor a cualquiera de estas opciones. Todo está en los anticuerpos que los movimientos han podido elaborar durante su construcción social en los territorios. Y el zapatismo, por lo menos a primera vista, tiene de sobra.
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El EZLN, el CNI y las elecciones
Luis Hernández Navarro| El EZLN y el CNI acordaron consultar, con pueblos y comunidades, la postulación de una mujer indígena como candidata a la Presidencia de la República en los comicios de 2018. La decisión ha levantado una enorme polémica. Unos ven en la determinación un giro de 180 grados en su línea de acción. Otros, su ingreso a la política. Algunos más, una maniobra en la formación de una coalición anti-Andrés Manuel López Obrador.
Estas tres opiniones son, además de equivocadas, prejuiciosas. Están basadas en la desinformación y en un esquema analítico que tiene como punto de partida: quien no está conmigo, está contra mí. Estos puntos de vista desconocen la historia y la trayectoria política, tanto del EZLN como de las organizaciones indígenas que forman parte del CNI.
Desde que el EZLN emergió a la vida pública no ha sido una fuerza abstencionista. No ha llamado a la abstención ni al boicot electoral, sino a organizarse y luchar. Y, al menos en una ocasión, promovió el voto por un candidato.
En los comicios presidenciales del 21 de agosto de 1994, llamó a votar contra el PRI, como parte de su lucha contra el sistema de partido de Estado y del presidencialismo. Es más, el 15 de mayo de ese año, en Guadalupe Tepeyac, las bases zapatistas y el subcomandante Marcos recibieron al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y a su comitiva. Los rebeldes los saludaron y reconocieron que el entonces candidato los había escuchado con atención y respeto. De paso, criticaron al sol azteca.
Unos cuantos días después, mediante la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, convocaron a una Convención Nacional Democrática de la que emane un gobierno provisional o de transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral. Este proceso –señalaron entonces– debería desembocar en la redacción de una nueva Carta Magna y en la realización de nuevas elecciones.
Al poco tiempo, el EZLN se sumó a la postulación del periodista Amado Avendaño como candidato de la sociedad civil a la gubernatura de Chiapas. Y, a raíz del fraude electoral que abortó su triunfo, lo reconoció como gobernador en rebeldía y lo trató como tal.
A finales de 2005 los zapatistas llamaron a organizar un gran movimiento nacional para transformar las relaciones sociales, elaborar un programa nacional de lucha y crear una nueva constitución política. En este marco, impulsaron la otra campaña, una iniciativa de política popular desde abajo y a la izquierda, independiente de los partidos políticos con registro, de corte anticapitalista.
Aunque la otra campaña nunca llamó a abstenerse ni a boicotear las elecciones, criticó acremente a los candidatos de los tres principales partidos políticos, incluido Andrés Manuel López Obrador. Cerca ya de las elecciones del 2 de julio de 2006, pasada ya la represión a San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de ese año) que cambió la dinámica de esta iniciativa política, en un acto en el cine Revolución de la Ciudad de México, el subcomandante Marcos se opuso personalmente a cuestionar a quienes pensaban sufragar. El que quiera votar, que vote, dijo allí.
A los zapatistas se les quiso responsabilizar del resultado final de los comicios de 2006 e incluso del fraude que le arrebató el triunfo en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el dirigente de Morena denunció que en aquellas jornadas, el EZLN y la iglesia progresista habían orientado a no votar por él (cosa que nunca sucedió), ayudando indirectamente a robarle las elecciones. Desde entonces, el debate ha sido amargo e intenso. No ha dejado de serlo a pesar de que han transcurrido más de 10 años.
Durante años, la posición de los zapatistas no varió. Así lo refrendó el subcomandante Moisés, en el comunicado titulado Sobre las elecciones: organizarse, con fecha de abril de 2015. Allí advierte: “En estos días, como de por sí cada que hay esa cosa que llaman ‘proceso electoral’, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención, o sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen”.
Más adelante aclara la postura rebelde sobre la coyuntura electoral de ese año: Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita.
El reciente documento conjunto del EZLN y el CNI, Retiemble en sus centros la tierra, representa un cambio de posición de los rebeldes. Pero no de 180 grados, porque nunca han sido abstencionistas.
Allí se llama a incursionar en una nueva forma de acción, que tiene como eje central la participación directa en la coyuntura electoral, como una forma de resistencia, organización y lucha. De colocar a los indígenas y a su problemática en el centro de la agenda política nacional. De hacer visibles las agresiones contra los pueblos originarios. De construir el poder de los de abajo. La decisión no significa el ingreso del EZLN a la lucha política. Los zapatistas siempre han estado allí. Nunca han dejado de hacer política desde que irrumpieron en la vida pública levantándose en armas en 1994. Se puede o no estar de acuerdo en la política que han hecho, pero reducir participación política a acción electoral en una coyuntura es una tontería.
Lo mismo puede decirse de las organizaciones que integran el CNI. La movilización de los purépechas de Cherán (una experiencia clave en el nuevo curso de la lucha indígena) por el reconocimiento de su autogobierno y autonomía es esencialmente política. También la experiencia de autodefensa náhuatl de Ostula, o la defensa de la comunidad otomí Xochicuautla de su territorio y recursos naturales.
Nadie tiene el monopolio de la representación política de la izquierda mexicana. Esa representación se gana día a día en la lucha. Acusar a los zapatistas y al CNI de hacerle el juego al gobierno porque pretenden participar electoralmente en 2018, al margen de los partidos políticos, es una muestra de prepotencia e intolerancia. A final de cuentas, será la sociedad mexicana en lo general y los pueblos indios en particular, los que decidirán si este camino es o no útil para transformar el país