Marianela González - El Porteño
El sábado 06 de julio a la madrugada, un contingente del GOPE de carabineros allanaron el comedor popular Luisa Toledo, el medio de comunicación radio villa Francia y algunas viviendas particulares. Esta acción represiva dejó a 14 personas detenidas acusadas por el ministerio público por la ley de control de armas y otros. Todos los detenidos pertenecen a diversas agrupaciones sociales, de DDHH y colectivos organizados, nucleados alrededor del comedor, de luchas estudiantiles, de defensa de las tomas habitacionales, etc.
La irrupción represiva, que contó con la actuación de carros hidrantes, “zorrinos”, patrullas, etc, se dio el día de conmemoración del tercer aniversario del fallecimiento de Luisa Toledo, destacada luchadora contra la violencia policial, quien fuera madre de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo asesinados por carabineros en plena dictadura, jóvenes militantes del MIR por quienes conmemoramos el día del “joven combatiente” todos los 29 de marzo.
Esta actuación no es casual, sino que fue orquestada directamente desde la moneda, donde la ministra del interior, Carolina Tohá, salió en horas tempranas muy emocionada a felicitar este operativo represivo, indicando alegremente que se había dado con los responsables de colocar bombas, en el pasado y con material preparado para futuras. También pasó a señalar que el trasfondo de este operativo era el de perseguir a todo aquel cuya “postura crítica” reivindique la violencia como una legitima expresión política. Algo que cientos de organizaciones han venido realizando durante décadas, lo que manifiesta el carácter de abierta persecución política contra el activismo en lucha, de un gobierno y un régimen que tiene decenas de presos por luchar, como dirigentes de orgánicas mapuches con cadenas perpetuas basadas en testimonios de pacos en anonimato.
Ante el evidente carácter reaccionario del gobierno, y el simbolismo que encierran lugares como Villa Francia, que fueron zonas de importante resistencia a la dictadura pinochetista, desde diputados humanistas, del FA o del PC exigieron explicaciones, con el fin de lavarle la cara a su gobierno, intentando mantener erguido su pie izquierdo.
Este tipo de acciones recuerdan los montajes realizados durante el primer gobierno de Piñera, o también los que cometieran con detenciones ilegales y asesinatos “la oficina” a la salida de la dictadura por los personeros del ala izquierda concertacionista.
La prensa burguesa se ha encargado de mostrar evidencias falsas de fusiles o armas hechizas, mezclando intencionadamente información de detenciones o casos ligados al lumpen del narco.
El montaje con el que se llevó a cabo el operativo fue evidente, se negaron a entregar los videos de los allanamientos así como demoraron en presentar el supuesto bolso con armamento. Tan así que las detenciones debieron ser declaradas ilegales en su mayoría, aunque permanecieron en prisión preventiva por apelación del gobierno y la fiscalía.
Esto se da ad portas de nuevos desalojos represivos de poblaciones, cuya lucha es apoyada continuamente por estas organizaciones.
La violencia aceptable para Tohá es la ejercida por los aparatos represivos del Estado, contra los trabajadores, las familias obreras, las constantes golpizas contra la juventud secundaria, etc. La democracia semicolonial acepta el “discernimiento” siempre que se mantenga en la línea de la defensa de la propiedad privada capitalista.
Por nuestra parte defendemos la violencia de los explotados contra los explotadores y sus fuerzas represivas. Bregamos porque sea la clase obrera organizada, bajo la conducción de una dirección revolucionaria internacionalista, la IV Internacional reconstruida, la que arrebate el poder a la burguesía, con armas en la mano.
Exijimos la inmediata liberación y desprocesamiento de todos los presos por luchar
La ministra Carolina Tohá miente
El año pasado, encontraron un artefacto explosivo en una automotora de Estación Central que no explotó. En marzo, encontraron otro bajo un vehículo policial, en la misma comuna. La Fiscalía RM Sur inició una investigación. En ese contexto emitió una orden de allanamiento para el día 3 de julio de 2024, que no se realizó.En la audiencia del sábado, el Fiscal Claudio Orellana evitó explicarle a la jueza Paula Brito por qué no se concretó el operativo en la fecha acordada. ¿Cuál es la razón?
La casa donde funciona Radio Villa Francia, llevaba días cerrada y sin gente en su interior. La noche del viernes, estudiantes de la 5ª región que viajaron a Santiago para participar en la actividad de conmemoración por la muerte de Luisa Toledo, solicitaron alojamiento en la radio. Recién ahí, cuando la casa fue habitada, Carabineros realizó el allanamiento; la madrugada del 6 de julio.
Si sabían de las armas en el lugar ¿por qué no actuaron en cuanto se dictó la orden, dos días antes? Porque necesitaban culpables para mostrar un avance.
A los 9 chicos los encontraron durmiendo, sin armas en su poder, sin drogas y sin ningún elemento que permitiera suponer que cometerían delito. Por eso la jueza Paula Brito declaró ilegal la detención. Le explicó al fiscal su torpeza en el procedimiento.
En pocas palabras, la decisión de la jueza significaba que los 9 debían recuperar su libertad inmediatamente. Pero la Ministra Tohá había felicitado el operativo y de paso mintió. El Fiscal no podía dejarla en ridículo y aceptar que él se equivocó. Por eso apeló y obligó a la Jueza a dejar a los 9 chicos en Santiago 1 -en tránsito- hasta que la Corte de Apelaciones escuchara su queja, el día lunes.
El lunes, la Corte tuvo que correr la audiencia porque la Fiscalía aún no había hecho llegar todos los antecedentes.
Ganaron tiempo. Carabineros mostró armas a la prensa más de 24 horas después del allanamiento. La ministra Tohá aprovechó de dar una entrevista para confundir a la opinión pública y responder al PC que pidió explicaciones por la falta de transparencia y acusó montaje. Para desmentirlos, dijo que “es imposible hacer un montaje con esa cantidad de armamento”. Lo que calló es que el allanamiento se realizó 2 días después y sólo cuando los chicos, a los que el gobierno no está respetando la presunción de inocencia, entraron a la casa de la Radio. Fue ella quien aseguró que había bombas listas para ser utilizadas y era mentira. Eso quedó acreditado en la audiencia. También dijo que no sabía en qué situación las iban a utilizar. Hoy cambió su versión y aseguró que existían antecedentes de que se harían una serie acciones violentas en el marco del aniversario de la muerte de Luisa Toledo.
Volvamos a la investigación inicial.
Al único que la fiscalía pudo relacionar con el artefacto de la automotora, fue a José Luis Araya, quien hoy quedó en prisión preventiva. Fue tan enorme la desinteligencia en el operativo, que sólo pudieron apresarlo porque José Luis tuvo un accidente. Allanaron su casa y no lo encontraron. Alguien le avisó por teléfono y él iba manejando. Por los nervios, perdió el control del vehículo, chocó y quedó con fractura expuesta. El sábado, mientras se alegaba en el tribunal, lo estaban operando. Por eso lo formalizaron recién hoy.
Toda esta información fue obtenida en el tribunal, de parte de los abogados y la prensa. Con ella, queda más que claro lo que está ocurriendo y por qué el gobierno tiene tanta urgencia en taparlo.
El arsenal existe. Nadie sabe de dónde salió, si estaba en Villa Francia o si fue «plantado». La ministra asegura que es imposible, pero lo cierto es que la Fiscalía y el Gobierno -partiendo por Interior- no tienen idea de a quién pertenecen esas armas. Y eso es lo que tratan de tapar.
La ministra Carolina Tohá asegura que, para acusar montaje, se necesitan pruebas.
Yo le pregunto ¿Qué pruebas tiene Interior, que no consiguió Fiscalía, para acusar a los 9 detenidos en Villa Francia y violar su presunción de inocencia? Lo mismo le pregunto a la Ministra Camila Vallejo.
Fiscalía, con apoyo total del Gobierno, pide 9 meses de prisión preventiva para los chicos. El Fiscal Orellana irá a la Corte con pleno conocimiento de que cualquier prueba que presente será ilícita.
La meta es evitar, a como dé lugar, el costo político de la incompetencia.
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