La vergüenza del Mediterráneo

El Abr 25, 2015 Última Actualización Abr 25, 2015

Si los países ribereños de la costa norte del Mediterráneo tienen el derecho de mantener centros de detención para inmigrantes, deben también obligatoriamente atender a los detenidos, respetando las normas que garantizan el respeto de los derechos humanos. No todos lo hacen con la misma celeridad, y la verdad es que España se ha distinguido, estos últimos años, a raíz de la crisis económica, por unos comportamientos que han conmocionado hasta a las autoridades europeas.

Se ha hecho acreedora a no pocas críticas en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados, relacionadas en particular con el trato que reciben en las fronteras (las “vallas”) de Ceuta y Melilla, con episodios tan terribles como los 15 muertos en la playa del Tarajal, que la justicia española estudia en estos momentos, gracias al esfuerzo de algunas ONG.

También, con las prácticas de las cínicamente denominadas “devoluciones en caliente”, que a veces incluyen malos tratos —documentados gráficamente y denunciados entre otros por la ONG PRODEIN— y que suponen violaciones palmarias de derechos humanos elementales, como lo muestra un reciente informe de penalistas y constitucionalistas: Derechos en la frontera. ¿Fronteras sin derechos?No sólo diferentes ONG, sino también autoridades europeas, tanto de la UE como del Consejo de Europa, así como de la ONU, han expresado reiteradamente su preocupación por estas malas prácticas y el riesgo que suponen para la garantía de derechos humanos elementales.

Uno de los motivos que más preocupa, realmente una vergüenza para España y que debería ser corregido sin más tardar, concierne a la situación de los derechos humanos de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE, creados conforme al artículo 26.2 de la LO de Extranjería de 1985, y definidos como establecimientos públicos “de carácter no penitenciario“, donde se retiene de manera cautelar y preventiva básicamente a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional, bien por su condición de irregulares, bien por haber sido condenados por un delito y haberse aplicado la opción de expulsión.

Más del 60% de los internados, en realidad, lo son por irregularidad administrativa, es decir, no han cometido delito que explique una situación de privación de libertad. Aunque el objetivo es la expulsión, a veces se utilizan eufemismos como “repatriación” o “retorno”, lo que no es correcto, pues la directiva europea de retorno (2008/115/CE) permite que esos irregulares sean deportados no sólo a sus países de origen, sino a países terceros por los que haya presunción de que han transitado. A esos efectos, los Estados de la UE han desplegado un sistema de acuerdos bilaterales para poder desprenderse de ese peso muerto sin mancharse las manos. Así lo ha hecho España, por ejemplo, con Marruecos, Mauritania o Nigeria.

Existen actualmente ocho CIE en España (en Italia, que multiplica casi por 20 el número de inmigrantes y refugiados recibidos, hay 13), aunque el Gobierno español actual ha anunciado en diferentes ocasiones su voluntad de crear uno o dos más. Se encuentran en Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Murcia, Valencia, Algeciras y Fuerteventura. Anteriormente existió un CIE en Málaga, que fue cerrado por sus inaceptables condiciones en 2012. A pesar de ser expresamente definidos como establecimientos no penitenciarios, su régimen es de hecho de privación de libertad. La estancia máxima, según la aplicación que hizo el Estado español de la mencionada directiva de 2008, es de 60 días, aunque la directiva habilita hasta ¡18 meses!

Las críticas y denuncias sobre restricciones indebidas de derechos, ausencia efectiva de control judicial, deficientes condiciones de salud e higiene, dificultades para acceso a traductor, asistencia social y psicológica, e incluso acceso a abogado, son interminables. También se han denunciado malos tratos (sólo en el CIE de Zapadores, más de 50 quejas). A todo ello hay que sumar tres casos de muertes en CIE, de los que sólo uno, la de Samba Martine en el CIE de Aluche, está siendo investigado judicialmente tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

El informe anual del Defensor del Pueblo es indicativo (por ejemplo, el apartado 4.7 del informe correspondiente a 2014). El propio reglamento de los CIE, publicado en 2014, ha sido objeto de una severa corrección por parte del Tribunal Supremo. El 10 de febrero de 2015 se conocía una importante sentencia del pleno de la sala de lo contencioso administrativo del TS, en la que se declaraban contrarias a derecho varios aspectos del articulado, reconociendo así parcialmente el recurso interpuesto por tres ONG, APDHA, Federación Asociaciones SOS Racismo y Andalucía Acoge.

El 13 de abril de 2015 un comunicado conjunto de Cáritas y el Servicio Jesuita de Inmigrantes denunciaba que, transcurrido más de un año de la publicación del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros, ninguna mejora se ha producido en el tratamiento indigno infligido a los integrantes de estos centros.

Lo nuevo, es que ahora las denuncias provienen no sólo de las ONG sino también de autoridades europeas. El pasado 9 de abril, la delegación contra la tortura del Consejo de Europa que estudió en 2014 la situación de los CIE de Zona Franca y Aluche hizo público un informe extremadamente crítico con la situación de los internados y la garantía de sus derechos. Entre otras duras críticas, hacen constar la frecuencia de denuncias verosímiles de malas prácticas, como insultos, trato vejatorio, intimidación, agresiones físicas y psicológicas, imposibilidad de los internos de ir al baño durante siete horas seguidas, sobreocupación de las celdas, a pesar de que haya muchas vacías: “Hay hasta ocho personas en celdas de 24 metros cuadrados”.

En el centro barcelonés, además, no es raro encontrar chinches, según confirma el grupo de trabajo. Enfatizan la necesidad de que las autoridades españolas pongan fin a la “humillante práctica” de llamar por el número de detención a los extranjeros en lugar de por su nombre. Incluso hacen constar que pudieron escuchar cómo determinados agentes de policía en la Zona Franca insultaban a los extranjeros.

Desgraciadamente, lo denunciado aquí no es específico a España. El pasado 25 de febrero, en Grecia, tras el suicidio de un paquistaní de 28 años internado en un centro de detención de extranjeros, el Gobierno revisó totalmente su régimen. La sensación de vergüenza que le causó el Centro de Amygdaleza (norte de Atenas) al ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yanis Panusis, fue tan insoportable, según su propio testimonio, que decretó la apertura de los cinco centros de detención del país y la liberación progresiva de los 3.500 internos (entre los que había, atención, 216 menores no acompañados). Sólo los indocumentados con algún delito pendiente o una orden de expulsión seguirán recluidos. Su vergüenza debería ser la nuestra…

*Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas y profesor invitado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. En El País de Madrid, 24 ABR 2015

—-

Anexo:

UE: migración y medidas erráticas – Editorial, La Jornada de México

La Unión Europea anunció ayer que se triplicarán los recursos destinados a rescatar inmigrantes, apenas unos días después de la tragedia ocurrida frente a las costas de Libia, donde naufragó una embarcación en la que perecieron más de 750 personas que intentaban ingresar a territorio europeo de forma clandestina.

El anuncio se suma al plan de acción difundido hace unos días por Bruselas, en el que se definen acciones como el reforzamiento de los patrullajes en el mar Mediterráneo, otorgándoles financiamiento, equipamiento y ampliando su alcance; los operativos de destrucción de embarcaciones usadas por los traficantes de personas; el envío de equipos de trabajo a países como Italia y Grecia para procesar conjuntamente las solicitudes de asilo; el registro de las huellas dactilares de todos los migrantes; el establecimiento de un programa de regreso para la rápida deportación de migrantes indocumentados, entre otras.

Cabe dudar, sin embargo, de la eficacia de esas medidas para afrontar un fenómeno que se ha vuelto ya una crisis humana y que ha convertido al Mediterráneo en una trampa mortal para miles de inmigrantes que intentan llegar al viejo continente en busca de mejores condiciones de vida.

Cabe recordar que en lo que va del año más de mil 750 migrantes han perdido la vida al intentar cruzar de África a Europa a bordo de embarcaciones precarias, 30 veces más que en el mismo periodo de 2014, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

No es casual que, ante la magnitud del problema, las principales agencias de inmigración, refugiados y derechos humanos pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas hayan pedido ayer mismo a la Unión Europea que vaya más allá del enfoque minimalista con que se aborda el tema migratorio en ese conglomerado de naciones.

En efecto, con las medidas anunciadas por Bruselas las naciones no resolverán el problema, sino que harán más difícil, peligrosa y mortífera la ruta de los inmigrantes hacia el viejo continente; incrementarán los costos que les son requeridos por los traficantes de personas y potenciarán el drama humano que implica llegar a las costas europeas del Mediterráneo.

La migración es un fenómeno inherente a las civilizaciones y tan antiguo como la humanidad misma. Lejos de intentar suprimirlo, las metrópolis planetarias tendrían que adoptar medidas que conlleven a disminuir las condiciones de precariedad y riesgo en que se colocan las personas que buscan trasladarse a otro lugar sin contar con los documentos necesarios para ello.

En el caso europeo, la responsabilidad moral con los inmigrantes es doble, particularmente con los africanos, si se toma en cuenta la responsabilidad que las naciones europeas han tenido en el historial de saqueo y la convulsión que han padecido las naciones africanas.