A partir del lunes 24 de julio, y hasta el miércoles 26 de julio, Roma acogerá la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas+2 (UNFSS+2, su sigla en inglés) la cual se propone evaluar lo realizado a partir del cónclave similar precedente de septiembre de 2021. Este nuevo evento es convocado por el país anfitrión junto con las agencias de Naciones Unidas establecidas en la capital italiana, en particular la FAO, que es la organización específica de la ONU para la alimentación y la agricultura.
Contra la Cumbre
En una conferencia de prensa digital celebrada el 17 de julio, precedida de una Declaración pública difundida el 12 de julio, los representantes de la Respuesta Autónoma de los Pueblos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios rechazaron la validez de la convocatoria de Roma porque promueve “un modelo que prioriza el ánimo de lucro sobre el interés público”.
La Respuesta Autónoma de los Pueblos, la mayor coalición mundial de movimientos sociales a favor de la justicia alimentaria, está integrada por organizaciones de pequeños productores y pueblos indígenas que representan a más de 380 millones de personas en todo el planeta.
Además de cuestionar seriamente las verdaderas intenciones de la convocatoria patrocinada por la ONU, sus representantes enfatizaron la necesidad de implementar acciones urgentes y coordinadas para acabar con el hambre y la malnutrición y poder así satisfacer los derechos y demandas de las personas más afectadas por ese flagelo, que son también las más perjudicadas por la crisis climática y de la salud a nivel global.
Los movimientos sociales que integran la Respuesta sostienen que la Cumbre de Roma “está diseñada para ignorar la necesidad de profundas transformaciones estructurales en nuestros sistemas alimentarios”.
Argumentan, además, que en los últimos tres años múltiples actores de la sociedad civil internacional –entre otros movimientos sociales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y personas con diversidad de género— presentaron propuestas y demandas concretas para fomentar el avance de la agroecología, la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la justicia de género y la diversidad, la incorporación activa de los jóvenes así como la justicia climática, económica y social en los sistemas alimentarios.
A pesar de estos reiterados esfuerzos propositivos, consideran que “estas propuestas fueron sistemáticamente desoídas”. Actitud particularmente preocupante si se tienen en cuenta “los crecientes niveles de hambre y malnutrición, el aumento de las desigualdades y las crisis existenciales entrelazadas a las que se enfrentan la humanidad y el planeta”.
Los movimientos sociales sostienen, adicionalmente, que en este proceso de dos años se “ha fallado en materia de derechos humanos. Las críticas a la débil base de derechos humanos se expresaron con elocuencia y frecuencia por muchos actores de dentro y fuera de la Cumbre, pero fueron ignoradas sistemáticamente”.
Las cifras parecen reforzar el pesimismo crítico. El informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición”, publicado recientemente por cinco agencias de las propias Naciones Unidas, estima que alrededor de 735 millones de personas padecieron desnutrición crónica en 2022, lo que representa un aumento de 122 millones de personas en comparación con 2019, momento anterior a la pandemia de Covid-19.
En la misma dirección, el último “Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria” estima que 258 millones de personas padecieron niveles agudos de hambre en 2022, cifra que supera los 193 millones de 2021 y los 155 millones de 2020.
Para los movimientos sociales esta crisis continua y sistémica es producto de los fallos políticos y de un camino problemático que lleva a la exacerbación de las desigualdades y las dependencias. Agravada por los efectos indirectos de la crisis del clima y de la deuda, de la cual es víctima, en particular, el Sur Global.
Ningún cambio de rumbo
A casi 24 meses de la Cumbre anterior, los movimientos sociales internacionales no perciben ningún cambio significativo de orientación estratégica por parte de las agencias onusianas en lo que se refiere al combate frontal contra el hambre.
La Respuesta Autónoma sostiene que, llegado el momento de hacer el balance, la UNFSS+2 de Roma no incorpora “un resultado acordado intergubernamentalmente y pasa por alto la urgente necesidad de respuestas concertadas a escala mundial a las crisis alimentarias sistémicas”. Y explica que el evento pretende crear la ilusión de un apoyo gubernamental generalizado, lo que conduce a una legitimación de su visión de sistemas alimentarios impulsada por las grandes empresas.
Ciertos análisis de los movimientos sociales ubican a la UNFSS+2 en un contexto más amplio de creciente influencia empresarial sobre la gobernanza alimentaria mundial. Así lo sostiene, por ejemplo, un documento público de mayo pasado donde afirman que se trata de una propuesta de gobernanza que permite “la captura corporativa de la toma de decisiones a nivel global”. Constituye un enfoque peligroso que diluye “las distinciones entre interés público y beneficio empresarial, entre ricos y excluidos, y entre gobiernos y empresas”. Y repiten que el UNFSS está impulsando esta agenda, “a pesar de las críticas generalizadas de los productores a pequeña escala de alimentos de todo el mundo y de las organizaciones que representan a las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición”.
Voces del Sur
Para el mexicano Saúl Vicente, del Consejo Internacional de Tratados Indios, «la Cumbre de la ONU no sólo ha descuidado nuestros derechos y las causas estructurales de las crisis… sino que su intención es vendernos el gran proyecto del agro-negocio como una transformación». Vicente reclama una transición urgente de los modelos industriales dirigidos por las empresas hacia sistemas alimentarios bío-diversos, agroecológicos y controlados por las comunidades, centrados en el interés público y no en el ánimo del beneficio privado.
Por su parte, Ibrahima Coulibaly, dirigente campesino de Malí y presidente de la Red de 
Organizaciones de Agricultores y Productores Agrícolas de África Occidental (ROPPA), sostiene que «hay que garantizar los derechos de los pueblos a acceder y controlar la tierra y los recursos productivos, y promover modelos de producción agroecológicos y semillas campesinas».
¿Por qué los responsables políticos escuchan, pero no le prestan el apoyo adecuado a las alternativas que desde hace dos décadas se vienen presentando para hacer frente a las crisis climática y alimentaria? se interroga la intelectual y activista india Shalmali Guttal, dirigente de la organización Focus on the Global South (Foco sobre el Sur Global). Según Guttal, “las pruebas son abrumadoras: las soluciones de los productores de alimentos a pequeña escala y los pueblos indígenas no sólo alimentan al mundo, sino que también promueven la justicia económica, social y de género, el empoderamiento de los jóvenes, los derechos de los trabajadores y una verdadera resiliencia ante las crisis”.
La dirigente campesina paraguaya Perla Álvarez presentó la posición de La Vía Campesina, organización que representa: «En estos tiempos de hambre creciente y crisis múltiples, es más urgente que nunca que los gobiernos y la ONU nos escuchen. Les hacemos un llamamiento: cambien de rumbo y apoyen nuestras demandas y esfuerzos por un futuro de soberanía alimentaria basado en los derechos humanos y los principios de la agroecología, la justicia, la diversidad, la solidaridad y la rendición de cuentas».
Sin consenso
A pesar de su frustración creciente, los movimientos sociales no renuncian a reiterar su preocupante diagnóstico planetario y a seguir aportando propuestas. La Declaración de la Respuesta Autónoma insiste en que la superación de la crisis mundial del hambre y la malnutrición exige acciones imprescindibles, urgentes y coordinadas que respondan a las necesidades, derechos y demandas de las personas más afectadas. En su evaluación del proceso de la Cumbre de Roma, la Declaración denuncia que la ONU sigue abriendo aún más sus puertas a una mayor influencia de las empresas y sus redes, sin preocuparle que todavía no exista un marco de rendición de cuentas.
El aspecto más conflictivo de esta Cumbre que se abre en Roma, consiste en la contradicción entre la perpetuación de los sistemas alimentarios industriales impulsados por las empresas multinacionales (y el agronegocio), por un lado. Por el otro, el imperativo de una transformación de los sistemas alimentarios agroecológicos con vista a una soberanía alimentaria basada en los derechos humanos.
Al confrontar la UNFSS+2, los movimientos sociales, los pueblos indígenas y las organizaciones 
de la sociedad civil internacional expresan una vez más su profunda preocupación por el afianzamiento del poder corporativo-multinacional en el seno de las Naciones Unidas, plantean sus demandas de un cambio real de los sistemas alimentarios y exigen un multilateralismo democrático reforzado en dicha organización.
Y concluyen afirmando que, en estos tiempos de crisis múltiples, resulta más urgente que nunca que los gobiernos y las Naciones Unidas escuchen las voces de los grupos más afectados, cambien de rumbo y apoyen sus demandas y esfuerzos a favor de una transformación real de los sistemas alimentarios en beneficio de los pueblos y el planeta.
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