Escándalo: arresto y brutalidad policial en el aeropuerto internacional de Santiago

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Mario H. Concha Vergara*

A Patricio Alejandro Barroilhet Santibáñez, ex marinero 1º de la Armada de Chile, agentes de investigaciones le impidieron abordar el vuelo que lo retornaría a  Canadá. Barroilhet, debido a esa situación, estuvo a punto de morir en el Aeropuerto Arturo Benítez por su crítica condición de salud y la extrema tensión a la que fue sometido por sus captores –por el sólo hecho de que su estadía, de acuerdo a su pasaporte canadiense, se había vencido.

El ciudadano chileno-canadiense Patricio Alejandro Barroilhet Santibáñez había ingresado a Santiago por el aeropuerto internacional el 30 de noviembre de 2008, en extremas condiciones de salud, trasladando consigo una gran cantidad de medicinas y una delicada máquina de diálisis peritoneal que le permiten sobrevivir después de dializarse por 10 horas cada día.

Barroilhet Santibáñez, ex marinero 1º, constitucionalista, de la Armada de Chile, fue impedido por agentes de investigaciones de Chile de retornar a Canadá, donde aún permanece como refugiado político de la dictadura fascista de Pinochet Ugarte, desde el año 1979 (30 años). La policía también se opuso a que el virtualmente secuestrado pasajero utilizara su máquina de diálisis peritoneal y tomara otras medicinas que le permiten la sobrevivencia.

Cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, le infligieron a Barroilhet un trato inhumano, humillante e inflexible, según relató el afectado a este perriodsta. "Requerí asistencia por mi enfermedad irreversible, además soy una persona prácticamente deshabilitada. Se me manifestó que eso era un problema personal mío y que yo mismo debía resolver las dificultades de tratamiento médico, alojamiento y permanencia en el país, cuando se los solicité”. El señor Barroilhet estaba en calidad de detenido.

El ex marino viajó a Chile para resolver su situación previsional que a la fecha, después de una espera de  35 años sigue “a la espera de una resolución a una situación que se ha prolongado en el tiempo” y que los 17 años de democracia se han negado a solucionar, pues para la Armada de Chile Barroilhet es aún un marinero alzado por defender la constitucionalidad de Salvador Allende junto a otros cientos de compañeros –que están en la misma situación–. Estos marineros y algunos civiles constitucionalistas que trabajaban para las FF.AA., han sido considerados a partir de 1973 como sediciosos y se les han conculcado todos sus derechos civiles y militares; la “democracia” concertacionista les ha otorgado “el pago de Chile” y se han desentendido completamente de la situación de estos demócratas.

Hay que recordar que los marineros constitucionalistas de 1973 no solamente honraron el Juramento a la Bandera, sino que defendieron al gobierno popular de Salvador Allende Gossens y respetaron la Constitución de 1925. Por esto fueron torturados por la Marina, procesados en forma indebida, encarcelados y mantenidos en el ostracismo político, social y económico y aún, en marzo de 2009 son considerados “traidores a la Patria”, delincuentes políticos y sediciosos ultraizquierdistas que infiltraron la Armada de Chile.

Al ministro de Defensa Goñi, miembro del PPD, como a la misma presidenta Michelle Bachelet Jeria cuando era ministra de defensa, se les ha pedido hacer justicia en el caso de estos servidores públicos y han ignorado sus pedidos.

Barroilhet, tuvo que recurrir al habeas corpus ante la Corte de Apelaciones de Santiago para poder salir de Chile, encontrándose en Santiago lo que hasta el 15 de marzo no había ocurrido. La Embajada de Canadá tuvo, entonces, que intervenir en este atropello a su súbdito y solo así las autoridades chilenas han dado el pase a la salida del país de este ciudadano.

A todo esto, aún no se sabe si los funcionarios policiales que arrestaron sin motivo e infringiendo toda norma legal al ciudadano chilenos-canadiense Barroilhet, serán castigados. Ellos son: el inspector Patricio Pérez, el jefe de policía Mario Walter, el subcomisario Juan Delgado y el jefe de turno de noche Marcos Cabrera Oviedo, todos denunciados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la Contraloría General de la República, ante el Ministerio del Interior en la persona del ministro Edmundo Pérez Yoma y ante los organismos de Derechos Humanos, como la Comisión de DD.HH. del PPD que también actuó en defensa de Barroilhet.

Este caso ha causado un gran revuelo entre los miembros de las organizaciones de DD.HH. del país, pero sin embargo, los partidos políticos de la Concertación, el PC, y la izquierda extraparlamentaria en general han optado por no opinar al respecto. En Chile existe una verdadera sociedad de cómplices que siguen aceptando la prepotencia fascista pinochetista y casos como este, seguramente, se seguirán repitiendo.


*  Periodista

En el periódico El Mapocho.
 

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