Honduras: el ejército en la calle y al frente el pueblo

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Lagos Nilsson*

Grave la situación social y política que vive el país centroamericano desde la mañana del jueves 25. La infomación de la prensa es cuando menos tendeciosa y la realidad que subió a la superficie en la tarde del mismo día no acepta el calificativo de dramática; debe describirse como siniestra. Se rescata el valor del presidente Manuel Zelaya, que no dudó en ponerse al frente de los sectores populares para defender su gobierno y las medidas que algunos sectores no aceptan.

El disparador de los hechos ocurrido este jueves fue la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, por oponerse a una medida presidencial en orden a que el ejército custodie la celebración –este domingo– de la consulta popular convocada por Zelaya, preparatoria a una reforma constitucional y que ya le costó un atentado a balazos.
(Información y análisis aquí).

El objetivo de la consulta es pedir a la población su opinión para, en las elecciones generales de noviembre, convocar una asamblea constituyente.

En horas temprana del jueves, el pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema aceptó por unanimidad dos recursos de amparo al considerar que se violaron las garantías constitucionales de Vásquez, por lo que la destitución presidencial resulta ilegal. Y ordenó se lo reincorporara en el mando, lo que constituye sedición o, en el menor de los casos, un conflicto de poderes.

Antes del medio día destacamentos del ejército patrullaban las calles, la marina se declaraba en alerta y la fuerza aérea permanecía en sus cuarteles. A ellos llegó Manuel Zelaya, contando con apoyo popular, con el objeto de hacer efectiva la distribución de las urnas y otros elementos necesarios para la votación convocada. Previamente el presidente había aceptado la renuncia del ministro de Defensa, enrolado en lo que ya puede definirse como intentona golpista.

En las primeras horas de la tarde ejército, la corte suprema y el poder legislativo buscaban por la vía de un insólito recurso de amparo contra la consulta popular inhabilitar a Zelaya como Presidente de la República; Zelaya, por su parte, denunció abiertamente que está en marcha un golpe de Estado.

En medio de estos graves hechos, la prensa habla de "turbas" que marchan con el primer mandatario, insiste en que el proyecto presidecial de reformar la constitución es para reelegirse indefinidamente, y caracteriza como ilegales los movimientos del Ejecutivo.

Lo cierto es que el ejército está en las calles, se ha decretado el toque de queda, en los templos católicos se bendice a los insurrectos, el Consejo de las empresas privadas dio asueto a sus trabajadores… En este contexto no caben dudas de que los estamentos más reaccionarios del país difícilmente darán marcha atrás.

Todo depende de los ciudadanos hondureños –y acaso de la solidaridad americana con un país que ha iniciasdo su propio camino para sacudir a pobreza, la falta de representatividad y la explotación de sus habitantes.

El gran delito de Manuel Zelaya: pretender ser el presidente de una nación de ciudadanos, de mujeres y hombres libres –y  consultarlos–. Mientras, acecha la masacre.

* Informe: Adriano Corrales.

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