El estudio de abogados Mossack Fonseca fue el epicentro del escándalo en 2016, ocho años atrás, de los llamados Panamá Papers, una amplia red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, celebridades, empresarios y figuras de todo el mundo.

La intensa atención mediática y las investigaciones de los gobiernos de varios países obligaron a su cierre seis años antes del inicio del juicio. El expediente deriva de una investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) realizada en 2016.

La audiencia del juicio «está programada para 27 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales», y se desarrollará desde el lunes hasta el 26 de abril, la fecha alterna estipulada por el tribunal para un juicio que debía haber empezado en 2021, informó el Órgano Judicial de Panamá. Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como Panamá Papers.

Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras la imagen internacional del país, acusado de ser un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada. Sin embargo, parte de la actual legislación panameña no existía cuando estalló el caso, lo que podría dificultar a la justicia alcanzar condenas.

Tras los Panama Papers el país realizó algunas reformas legales, lo que le permitió salir en 2023 de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, que consideró que Panamá había hecho progresos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, Panamá permanece en la lista de territorios considerados como «paraísos fiscales» por la Unión Europea.

La fiscalía pidió para ambos hasta 12 años de cárcel, pero la sentencia aún no se ha hecho pública. «Me considero responsable de haber constituido […] unas 250.000 sociedades, de las cuales unas cuantas se han mencionado aquí, muy pocas, y que aparentemente pueden haber sido utilizadas por fines no lícitos por algunos clientes finales», afirmó Fonseca durante el juicio por el caso «Lava Jato».

La audiencia comenzará ocho años después desde que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) informó de que personalidades de todo el mundo evadieron impuestos y blanquearon capitales a través del bufete panameño. La investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.

Para ello, habrían constituido sociedades opacas en Panamá para abrir en otros países cuentas bancarias y crear empresas y fundaciones pantalla donde esconder el dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas.

El estudio de abogados, que tenía oficinas en una decena de países, las cerró en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese mismo año que su firma vendió más de 250 mil sociedades a lo largo de 40 años y que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos.

En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks  –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.

Involucrados

El astro argentino del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron algunos de los nombres mencionados entonces.

Los siguientes jefes de Estado o de gobierno aparecen involucrados en los Panamá Papers: Sigmund David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia; Petró Poroshenko, presidente de Ucrania, David Turnbull, primer ministro de Australia; Salán Abi Abdulazis, rey de Arabia Saudita;  Jalifa bin Zayed Al Nahayan,  presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi; Sebastián Piñera, presidente de Chile; Mauricio Macri, presidente de Argentina; Guillermo Lasso (luego presidente de Ecuador), Nawaf Sharif, primer ministro de Paquistán; y David Cameron, primer ministro del Reino Unido.​

También aparecen involucrados mandatarios anteriores a la investigación, como el expresidenet estadounidense Ronald Reagan, los primeros ministros de Italia, Bélgica, Georgia, Moldavia, Irak y Ucrania- Silvio Berlusconi, Jean Luc Dehane y Bidzina Ivanshvili, Ion Sturza, Iyad Allawi y Pavlo Lazarenko.

En el listado también figuran los primeros ministros de Jordania y Catar, Alí Abu al-Ragheb y Hamd bin Jalifa al Thani, el emir de Catar Hamad bin Jalifa Al Thani, el presidente de Sudán, Ahmed al-Mirghani, la ex primera ministra de Paquistán Benazir Bhutto y el exprimer ministro de Mongolia, Sükhbaataryn Batbold.

Los latinoamericanos

En el listado abundan los argentinos: Jorge Macri (actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Luis caputo (hoy minisro de Economía), Néstor Grindetti, Claudio Avruj, Esteban Bullrich, Carmen Polledo, Darío Lopérfido, Gustavo Arribas, Pablo Clusellas, Carlos Lo Turco, Santiago Bausili, Waldo Wolff, Daniel Ivoskus, Gerónimo Venegas, Eduardo Martelli, Valentón Díaz Gilligan, Guillermo Yanco (esposo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich), Daniel Angelici, Fernando Niembro y Gianfranco y Mariano Macri. Todos ellos funcionarios del gobierno Macri.

Asimismo se descubrió que existían al menos 30 sociedades offshore vinculadas a la familia del expresidente Macri y al holding Socma.

Entre los políticos latinoamericanos aparecen involucrados el brasileño Joao Lyra, el ultarderechista boliviano Luis Fernando Camacho, los ecuatorianos Alfredo Adum Ziade, Pedro Delgado, y Galo Chiriboga; los uruguayos Sergio Abreu, Ignacio de Posadas, Pedro Bordaberry, Eduardo Novick, Miguel Brechner y Francisco Gallinal; además de los venezolanos Jesús Villanueva y Víctor Cruz Weffer.

¿Qué revelan los documentos?

Los Panamá Papers representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas. En la filtración se nombraron cientos de líderes mundiales, políticos y funcionarios públicos, celebridades y empresarios.

Junto a una treintena de imputados, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora esperan el fallo de una corte, ante la que fueron acusados por la fiscalía de dar «estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas». La jueza panameña Baloisa Marquínez decidió acumular en una sola causa los expedientes de los Panamá Papers y el Lava Jato, ya que guardan similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público, según el diario panameño La Prensa.

La defensa de Mossack Fonseca

El estudio de abogados, fundado en 1977 por Mossack y Fonseca, no sobrevivió a los escándalos de las sociedades offshore y cerró sus puertas en marzo de 2018. «El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público», explicó en un comunicado el bufete al anunciar el cese de operaciones.

El ICIJ «presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales», dijo entonces el despacho. Mossack y Fonseca siempre denunciaron que el caso se construyó con base en información robada al despacho mediante un hackeo, y acusaron a las autoridades panameñas de no investigar el caso.

Los fundadores del despacho, considerado en su momento un actor destacado en la creación de La lavandería | Doblaje Wiki | Fandomsociedades extraterritoriales y que llegó a tener más de mil empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, demandaron también en octubre de 2019 a la plataforma de contenidos Netflix por presunta «difamación» en la película La Lavandería, sobre los Panamá Papers. Esta demanda fue desestimada en 2020 por un tribunal de California.

Panamá sufrió un duro golpe a su reputación por este escándalo, que le valió ser incluido en listas grises de Francia, de la Unión Europea (Ue) y también, por segunda vez, en la del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), de la que fue excluido en octubre pasado. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo destacó «el esfuerzo» realizado para cumplir con los estándares internacionales en materia fiscal y pidió a la Ue «un trato igual», como el que se da en Panamá a las empresas europeas.

Ocho años después del estallido del escándalo, la magnitud de la filtración de los ‘papeles de Panamá’ aún no ha sido superada: llenó 2,6 terabytes y más de 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1,7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la CIA Edward Snowden filtró en 2013.

 

*Periodista venezolana, analista de temas de migración, Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)