La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió, por unanimidad, este martes inculpar a siete acusados de organizar e implementar un intento de golpe de Estado para mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder.
Tras salir del hospital hace solo tres días, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro reapareció este miércoles 7 en un acto en Brasilia, en el que se pidió una amnistía para los implicados en la trama golpista de 2023. Este mismo día, el Supremo anunció que la primera audiencia del juicio por ese caso, en el que el principal acusado es el exmandatario, será el 19 de mayo. 
Fue la primera aparición pública de Bolsonaro desde que salió del hospital después de haber sido operado el mes pasado en el abdomen por problemas derivados de un ataque con arma blanca que sufrió en un acto de campaña en 2018. Después de esta operación, Bolsonaro sufrió complicaciones y tuvo que quedarse varios días hospitalizado.
Mientras estaba hospitalizado, Bolsonaro fue convocado para presentar su defensa para su juicio y este miércoles se confirmó que este empezará este mismo mes. El expresidente también es acusado por el fiscal general de «omisión» en los atentados del 8 de enero de 2023. La denuncia de la Procuraduría (fiscalía) se produjo casi cuatro meses después de que Bolsonaro y otras 36 personas fueran acusados penalmente por la Policía Federal (PF) en noviembre.
El expresidente no podrá ejercer su cargo hasta 2030 tras ser sancionado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación al atacar el sistema electoral brasileño.
Los acusados
El Supremo Tribunal inició el análisis de la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra siete nuevos acusados de integrar una trama golpista contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y determinó iniciar un proceso contra ellos por diseminar mentiras sobre las urnas electrónicas, atacar a autoridades públicas, actuar para presionar a las Fuerzas Armadas y adherir al plan que intentaba mantener al expresidente Jair Bolsonaro en la Presidencia.
Soldados del Ejército, un policía militar y un ingeniero, conforman el grupo lo que la denuncia de la Fiscalía denominó el “núcleo de desinformación”, que sería el encargado de difundir noticias falsas sobre el proceso electoral y realizar ataques virtuales a instituciones y autoridades.
Con la decisión, el número de imputados en el STF acusados de intento de golpe de Estado asciende a 21. En total, 34 personas fueron imputadas por la Procuraduría en febrero, incluido el expresidente ultraderechista, quien pasó a ser imputado en marzo.
La Procuraduría dividió a los imputados en cinco grupos, y el STF ya había aceptado la apertura de proceso contra dos de ellos: el grupo crucial, del que se habrían originado las principales decisiones y acciones, y el Grupo 2, que «gestionaría las acciones» ordenadas por el grupo crucial.
La estrategia de la PGR de trozar la denuncia generó críticas de la defensa de los imputados, pero la Suprema Corte validó la opción, bajo el argumento de que “cada núcleo tenía peculiaridades distintas”, como dijo el juez Alexandre Moraes.
Los juicios están a cargo de la Primera Sala del STF, formada por los ministros de Moraes (relator del caso), Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Luiz Fux.
La próxima sesión del TSF está programada para el 20 y 21 de mayo y se centrará en 12 imputados del grupo «acciones tácticas», el grupo operativo que vigilaría a las autoridades y presionaría al Ejército para que apoyara un golpe de Estado.
Las defensas de los siete imputados en el Núcleo 4 de la denuncia del Ministerio Público por intento de golpe de Estado presentaron sus argumentos ante la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF). Este grupo está integrado por cinco militares en activo y en reserva, un agente de la Policía Federal y el presidente del Instituto Voto Legal.
Fueron denunciados en la Petición (Pet) 12.100 por los delitos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daños calificados y deterioro del patrimonio inmueble.
La subprocuradora general de la República Cláudia Sampaio Marques señaló que «aquí lo que se tiene es una organización criminal. No se puede atribuir un crimen aislado a uno o a otro. Todos tenían conciencia y actuaron en el sentido de alcanzar el objetivo común que era exactamente deponer el gobierno, no permitir que el gobierno legítimamente elegido ejerciera el mandato y mantener al presidente Jair Bolsonaro en el ejercicio del cargo de presidente”, añadió.
La organización estaba liderada por el propio presidente de la República [Jair Bolsonaro] y su candidato a vicepresidente, el general Braga Neto. Ambos aceptaron, incentivaron y ejecutaron actos tipificados en la legislación penal como un atentado contra el interés jurídico de la existencia e independencia de los poderes públicos y el Estado democrático de derecho, escribió el fiscal general, Paulo Gonet.
Según la denuncia, la organización criminal habría actuado en varios frentes desde 2021 para provocar una ruptura institucional en caso de derrota en las urnas, desde discursos que atacaban el sistema electoral brasileño hasta supuestas presiones al Alto Mando de las Fuerzas Armadas para que apoyara un decreto de carácter golpista, las llamadas «actas de golpe».
Gonet también mencionó los bloqueos de la Policía Federal de Carreteras (PRF) en la segunda vuelta de las elecciones de 2022, especialmente en regiones donde Lula era el favorito.
Asimismo se destacan las acciones de los acusados en el supuesto plan «Puñal Verde y Amarillo», que pretendía matar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al presidente Lula, además de matar o restringir la libertad del ministro Alexandre de Moraes.
La PGR afirma que Bolsonaro no sólo conocía el plan sino que también «seguía la evolución del esquema y la posible fecha de su plena ejecución».
El grupo 4
Los denunciados, que componen el núcleo 4 del plan, están acusados de difundir desinformación. Se trata de militares, exmilitares, un ingeniero y un policía federal.
A pesar de ser denominado núcleo 4, este es el tercer grupo de acusados cuyo caso es analizado por el STF. La sesión para evaluar la denuncia contra el núcleo 3 está programada para el 20 de mayo además, Según la denuncia del procurador general, los integrantes del núcleo 4 fueron responsables de acciones estratégicas de desinformación con el objetivo de desacreditar las urnas electrónicas y el proceso electoral.
También se les acusa de haber presionado a miembros de las Fuerzas Armadas para que se unieran al plan.
Se sospecha que el grupo utilizó la estructura de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y del Palacio del Planalto para generar inestabilidad social e intimidar a quienes se opusieran al plan. Los acusados enfrentan cargos por cinco delitos: organización criminal armada; intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho; golpe de Estado; daño calificado por la violencia y grave amenaza; y deterioro de patrimonio protegido.
El tribunal está integrado por los ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino y Luiz Fux. Si la mayoría de los ministros acepta la denuncia, los acusados se convertirán en reos y enfrentarán una acción penal en el STF.
Los magistrados ya aceptaron las denuncias contra otros dos núcleos de la trama golpista. El primer núcleo está compuesto por los presuntos autores intelectuales del plan, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro. El núcleo 2 está acusado de prestar asesoría jurídica e intelectual para el intento de golpe.
¿Por qué delitos son juzgados?
Concretamente, los ocho imputados han sido acusados de cometer cinco delitos:
– Abolición violenta del Estado democrático de derecho: cuando alguien intenta “mediante la violencia o amenaza grave, abolir el Estado democrático de derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de las facultades constitucionales”. La pena varía de cuatro a ocho años de prisión. 
– Golpe de Estado: cuando una persona intenta “deponer, mediante violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido”. La pena se impone con prisión de cuatro a 12 años.
– Organización criminal: cuando cuatro o más personas se reúnen, de manera ordenada y con división de tareas, para cometer delitos. La pena es de tres a ocho años.
– Daño calificado: destruir, inutilizar o deteriorar bien ajeno, con violencia y amenaza grave, contra bienes de la Unión, y con perjuicio considerable para la víctima. La pena va de seis meses a tres años.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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