La administración del presidente estadounidense Donald Trump se dispone a redirigir cerca de 1.800 millones de dólares de ayuda exterior hacia iniciativas de su proyecto «America First», según documentos enviados al Congreso y citados por Reuters. Estas medidas privilegiarán inversiones en Groenlandia y acciones para enfrentar lo que el gobierno llama “regímenes marxistas y antiamericanos” en América Latina.
El plan implica recortes a programas ya autorizados, afectando la provisión global de asistencia alimentaria y médica. La casi totalidad de los fondos de USAID, así como proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria, se verán reducidos o cancelados.
Un portavoz del Departamento de Estado afirmó en un comunicado que “Estados Unidos priorizará el comercio sobre la ayuda, la oportunidad sobre la dependencia y la inversión sobre la asistencia”. El documento enviado al Congreso justifica la reorientación de fondos como un mandato de seguridad nacional para responder a nuevos desafíos globales.
Los recursos se utilizarán también para contrarrestar la influencia de China y abordar el control migratorio en la región. La decisión es criticada por legisladores demócratas, quienes sostienen que esta estrategia erosiona la autoridad constitucional del Congreso sobre el gasto federal.
“Estados Unidos priorizará el comercio sobre la ayuda, la oportunidad sobre la dependencia y la inversión sobre la asistencia”, señaló el Departamento de Estado.
Considerando la magnitud del ajuste, diversas organizaciones internacionales alertan sobre el impacto en la ayuda humanitaria y el poder blando de EU. La reestructuración ha derivado en el desmantelamiento operativo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el despido de miles de empleados y contratistas.
Las consecuencias se sienten ya en la paralización de programas de nutrición y salud en países vulnerables, según denuncian ONGs demandantes en tribunales federales. El enfrentamiento institucional promete escalar en las próximas semanas, ante la presión de líderes del Congreso y recursos legales en tribunales federales.
Conmoción interna
El presidente Nicolás Maduro debatía esta semana junto a titulares de poderes públicos el estado de conmoción exterior en Venezuela. El Jefe de Estado confirmó que la medida es por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
El jefe de Estado mostró el decreto en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Lo acompañaron autoridades de los poderes públicos de la República.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez respaldó la medida junto al fiscal general Tarek William Saab y la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. También estuvo presente Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional.
“Nos enfrentamos a un peligro real en nuestras costas y responderemos con dignidad y soberanía”, afirmó Nicolás Maduro.
El decreto permitirá a las instituciones adaptar sus funciones al nuevo contexto internacional de tensión. Se aplicarán mecanismos excepcionales para preservar la soberanía y seguridad nacional.
Maduro acusó a Washington de amenazar directamente la estabilidad de Venezuela con sus maniobras militares cercanas. Aseguró que el país actuará con unidad y firmeza frente a cualquier agresión.
* Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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