El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUe) evalúe las bases jurídicas del acuerdo de la Unión Europea con el Mercado Común del Sur (Mercosur), que en los hechos, funciona como una suspensión temporal de la ratificación del Convenio hasta que la corte -que no tiene plazo concreto para expedirse- se pronuncie.
Para los analistas europeos, la Justicia europea, las protestas de ecologistas y agricultores, así como los movimientos que lleven a cabo los diferentes partidos políticos, serán decisivos en el desarrollo final de un acuerdo que desde el principio ha supuesto un nido de disensos, debates y confrontaciones entre los intereses económicos y nacionales de los agentes implicados.
La decisión de que entre en vigor de forma provisional el acuerdo todavía está abierta y depende de la Comisión y de los Estados miembros. La primera tiene la potestad de pedirlo y el Consejo de la Ue debe aprobarlo por mayoría cualificada, la misma mecánica por la que se consintió la firma del pacto el pasado sábado. Sería una aplicación interina que se tendría que consolidar si el Parlamento Europeo, una vez que el TJUe le aclare las dudas jurídicas que le ha planteado, lo aprueba.
Pero lo que es posible jurídicamente puede suponer un grave problema político, porque, como ha recordado la Comisión Europea al comentar el voto del Parlamento, la fórmula legal empleada para tramitar la ratificación de este acuerdo es la misma que se empleó con el alcanzado con Chile. Y, en este caso, no hubo dudas jurídicas en la Eurocámara.
Es decir, del resultado de esta votación puede concluirse que la oposición entre los eurodiputados no tiene tanto una motivación legal como política, señala el diario español El País. Una maniobra de “dilación” para postergar más aún un acuerdo que ha tardado 26 años en cerrarse, como han dicho también legisladores europeos de diverso signo molestos por el voto. Por eso, también el Ejecutivo de la Unión ha anunciado en el mismo comunicado que “consultará con el Consejo y los diputados del Parlamento Europeo antes de decidir los próximos pasos a seguir”.
El socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio en la Eurocámara, partidario del pacto comercial, señaló que el resultado de la votación de este miércoles es de “absoluta irresponsabilidad”, pero también recordó que los últimos cuatro comisarios de Comercio de la Comisión Europea se habían comprometido con la Eurocámara a que el pacto no entraría en vigor sin su consentimiento. “No es una decisión que se tenga que tomar con prisas”, dijo, y recordó que hay países de Mercosur, como Brasil, en los que el proceso de ratificación puede tardar un año.
“Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, exigió con dureza el canciller alemán, Friedrich Merz, nada más conocerse el resultado de la votación. Lo cierto es que la Comisión Europea puede pedirle al Consejo de la Ue, es decir, a los Estados miembros, que aprueben la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial sin el pronunciamiento del Parlamento.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, señaló que país “asume decir no cuando es necesario y, a menudo, la historia le da la razón”. Para arrojar pistas de lo que podría pasar en el Consejo de la Ue si la Comisión decide pedir a las capitales la entrada en vigor provisional, está lo sucedido el 9 de enero, cuando salió adelante por mayoría cualificada el permiso para que la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, firmaran el principio de acuerdo alcanzado hace más de un año.
No va contra el acuerdo que se aplique provisionalmente”, señaló el sueco Jörgen Warborn. “Debería aplicarse provisionalmente porque puede tardar dos, tres o más años [a que llegue la decisión de los jueces, más el trámite parlamentario posterior]. Nuestros socios ya están muy, muy impacientes. Yo, también”, señaló.
Por su parte, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), la española Iratxe García, dejó la puerta abierta a que se proceda con una decisión política: “Reconocemos que el Consejo y la Comisión tienen ahora las prerrogativas para la aplicación provisional del acuerdo de conformidad con los Tratados”, señaló al respecto.
La votación ha tenido una mayoría ajustada, con 334 eurodiputados a favor de elevarlo al TJUe, 324 en contra y 11 abstenciones. La decisión tiene lugar un día después de que el sector agrícola europeo se manifestara en Estrasburgo en contra de este tratado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó el acuerdo en Asunción del Paraguay el pasado sábado, 17 de enero.
Esta alianza comercial, negociada por más de dos décadas, que pretende ampliar los socios de la Ue más allá de Estados Unidos, ha suscitado preocupaciones entre los agroganaderos y ecologistas.
«El resultado ajustado en la votación es una muestra de que el Parlamento no cuenta con mayoría suficiente para respaldar el pacto Ue-Mercosur», declaró Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción. El trámite aprobado » podría retrasar la votación del Parlamento Europeo sobre el acuerdo Ue-Mercosur, ya que las consultas judiciales en Luxemburgo [sede del TJUe] suelen prolongarse. Un dictamen crítico obligaría a reabrir el texto, reavivando la oposición».
Ahora, la Justicia europea será la encargada de investigar el mecanismo de reequilibrio, que permitiría a cualquiera de las partes exigir compensaciones —en forma de aranceles o cuotas— si considera que una medida del otro lado ‘anula o perjudica los beneficios comerciales del pacto. El ecologista advirtió de que un instrumento así «podría debilitar la aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), convirtiendo decisiones ambientales en objeto de disputa comercial y presión política». «Los Estados miembros podrían verse disuadidos de aplicar controles estrictos por temor a represalias, favoreciendo los intereses de grandes multinacionales», añadió.
La Corte también evaluará la base jurídica utilizada por la que se dividió el acuerdo en dos partes; una el capítulo comercial, y la otra el capítulo de diálogo político y cooperación. La primera parte «podría ser aprobado rápidamente solo por el Consejo y el Parlamento Europeo», indica Kucharz. Añade que los detractores del acuerdo consideran que «esta separación es un ‘truco institucional’ para evitar la intervención de los parlamentos nacionales, reducir la capacidad de veto y acelerar la aprobación de la parte comercial, la más lesiva en términos socioambientales».
El alto tribunal también analizará, además, «si el acuerdo respeta el principio de precaución, ante el riesgo de que quede debilitado cuando la Ue intente actuar frente a amenazas sanitarias o medioamientales». Entre las advertencias históricas del movimiento ecologista contra este acuerdo, se encuentran la importación de pesticidas prohibidos en la Ue, el impulso a la minería y a las emisiones derivadas de la agroindustria, así como una mayor deforestación de la Amazonia.
La Unión Europea aprobó medidas de salvaguarda para desbloquear la oposición al tratado. De esta manera, los eurodiputados aprobaron una cláusula en el acuerdo Ue-Mercosur para evitar que las importaciones desde el bloque latinoamericano dañen el sector agrícola europeo. Pero estas cláusulas no son vinculantes y el TJUe también deberá evaluar esta cláusula.
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