El secretario de Estado de Estados Unidos, el furibundo antichavista Marco Rubio, defendió ante el Congreso estadounidense el ataque contra territorio venezolano para capturar al presidente Nicolás Maduro y aseguró que no requería autorización legislativa. Varios senadores, sin embargo, alertaron sobre la falta de control y posibles violaciones del derecho internacional.
Rubio insistió en que la acción no fue una guerra ni una invasión, sino una “operación de aplicación de la ley limitada”. Subrayó que no hubo tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano y que se trató de una medida “estratégicamente necesaria” para la seguridad nacional.
Rubio justificó la operación al afirmar que el régimen de Maduro es “un centro de operaciones de casi todos nuestros competidores,
adversarios y enemigos”. Argumentó que mantenerlo en el poder suponía “una amenaza estratégica significativa” para Estados Unidos.
Frente a los cuestionamientos del Senado, Rubio reiteró que el objetivo final es una transición hacia una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”. Añadió que Washington no prevé una acción militar sostenida, aunque “está listo para emplear la fuerza si otros métodos no funcionan”.
Varios miembros del comité criticaron su interpretación legal y advirtieron que avanzar sin aval del Congreso podría sentar un precedente peligroso. Rubio, en respuesta, afirmó que “no se requería una declaración de guerra porque no hay guerra ni ocupación, sino una acción específica contra acusados de narcotráfico y terrorismo”.
La relación con Caracas
Rubio aseguró que una transición “no será rápida ni fácil” y dijo: “No puedo ofrecer un plazo exacto” para ese proceso. Dijo que el objetivo actual de Estados Unidos es evitar un conflicto civil en Venezuela, mediante “conversaciones directas, honestas y respetuosas, pero muy francas” con Miraflores. El 5 de enero, apenas dos días después del ataque, se juramentó como presidenta encargada la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez.
Desde ese momento y en apariciones públicas diarias, Rodríguez definió una línea de relación con Estados Unidos que mezcla apertura al diálogo y énfasis en la soberanía. La presidenta interina afirma que cualquier vínculo con Washington debe darse “dentro del marco de la legalidad internacional” y de las leyes venezolanas.
Dijo que Venezuela está “abierta a relaciones basadas en el respeto” y a una agenda de cooperación siempre que no implique subordinación. Al mismo tiempo, insiste en que el país “no se somete a los dictados de Estados Unidos” y que no responde a “factores externos”.
Su discurso combina un tono desafiante hacia la Casa Blanca con mensajes de pragmatismo diplomático. Rodríguez asegura que las diferencias bilaterales deben resolverse “exclusivamente por la vía diplomática” y que cualquier acercamiento debe respetar la dignidad y la historia de Venezuela.
Ante trabajadores y en actos oficiales, ha advertido que “ya basta de las órdenes de Washington sobre nuestros políticos en Venezuela” y que la prioridad es defender la soberanía. A la vez, reconoce que se mantienen contactos con Estados Unidos en medio de acuerdos petroleros y presiones cruzadas.
A pesar de estas declaraciones, las más duras de Rodríguez hasta ahora, el secretario Rubio dijo en el Consejo que hay “conversaciones directas, honestas y respetuosas, pero muy francas” con el gobierno venezolano. Mientras tanto, a poco menos de un mes del ataque, la Asamblea Nacional venezolana se aprestaba este jueves a aprobar en segunda discusión reformas a la Ley de Hidrocarburos para permitir mayor operación e inversión extranjera en la industria petrolera venezolana.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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