El cuerpo femenino, encrucijada de la globalización
El 30 de noviembre de 2002 estaba previsto que se celebrase en Nigeria el concurso Miss Mundo. En protesta por la condena de Amina Lawal a morir lapidada por adulterio, varias misses anunciaron que no participarán.
Otras, incluida la representante de Nigeria, opinaron que resultaría más efectivo participar en el concurso y aprovechar su repercusión internacional –se transmitiría por televisión a más de 140 países– para dar publicidad al caso de Lawal haciendo una declaración conjunta… y, de paso, enfurecer a los integristas religiosos con el despliegue de cuerpos.
En España, las parlamentarias de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer del Parlamento se unieron para instar al comité organizador de Miss España a boicotear el concurso, recomendación que el comité decidió acatar. ¿Gestos loables? Sin duda. Pero también reveladores de las insólitas encrucijadas en que se han convertido los cuerpos femeninos en nuestro mundo globalizado.
Según han señalado teóricas como Nira Yuval-Davis y Floya Anthias, las mujeres han desempeñado tradicionalmente el papel de “madres de la nación”, reproductoras de las fronteras de los grupos étnicos y/o nacionales, transmisoras de la cultura y significantes privilegiados de la diferencia nacional (Kandiyoti, 1994: 376-77), y en los discursos nacionalistas de los países colonizados han sido representadas alternativamente como víctimas del atraso social, iconos de la modernidad o portadoras privilegiadas de la autenticidad cultural (Kandiyoti, 1994: 378). Es decir, sobre sus hombros ha recaído la responsabilidad “moral” de construir o salvaguardar la nación o la comunidad, aun cuando en la práctica no hayan tenido ningún poder real para hacerlo.
Y sigue recayendo. En la actualidad el cuerpo de la mujer parece haberse convertido en uno de los campos de batalla donde se libran los conflictos de la globalización y el neoliberalismo salvaje, así como las guerras culturales entre el Norte y el Sur. Un lugar simbólico, pero a menudo también físico sobre el que se ejerce la violencia de dichos conflictos.
Voy a empezar por la mujer europea, más concretamente española. Conforme ésta ha ido conquistando la igualdad sobre el papel (en las leyes) y en la práctica (ingresando en ámbitos laborales y de poder que antes le estaban vedados), el patriarcado ha ido mutando sus instrumentos –y sus discursos—de opresión para adecuarlos a la nueva situación. Como señala Pilar Rahola, “La presión externa . . . ya no permite la impunidad del patriarcado. Podríamos decir que las mujeres hemos conseguido demonizarlo, y por eso necesita cierto camuflaje para subsistir con naturalidad” (2000: 41). Pero subsiste.
Nadie se atreve a decir hoy que el espacio “natural” de la mujer sea el hogar; sin embargo abundan los discursos que enfatizan sus dificultades para conciliar familia y trabajo y las graves consecuencias que la ruptura de la familia “tradicional” tiene sobre los hijos. Nadie se atreve a decir que la mujer deba ser sólo un objeto sexual para el hombre; sin embargo, la publicidad nos bombardea con imágenes de cuerpos femeninos de consumo, los cuales imponen, a su vez, un modelo de cuerpo perfecto que lleva a muchas mujeres a automutilarse (mediante la cirugía estética o trastornos como la anorexia y la bulimia) para intentar alcanzarlo. Nadie se atreve a decir que la mujer deba “obedecer” al hombre, pero desde el poder no se ha hecho mucho para atajar el creciente número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, y las decenas de miles de cuerpos femeninos brutalmente apaleados cada año en España y otros países occidentales.
De modo análogo, en un momento en que las bajas tasas de natalidad y la afluencia masiva de inmigrantes hacen temer por la supervivencia del sistema y de la seguridad social (en los dos sentidos de la expresión), se ha vuelto imprescindible reformular los discursos pronatalistas de otras épocas. Por todas partes se entonan loas a la maternidad, pero debidamente “modernizadas”. Una vez que la mujer ha conocido la independencia económica y el poder de controlar la reproducción, la maternidad no es presentada ya como imposición religioso-moral o imperativo biológico, sino que se camufla de elección personal, gratificante y autorrealizadora.
La maternidad se ha convertido en un tema recurrente en los discursos culturales de la España del cambio de milenio. Rahola señala que “la maternidad, que es una condición humana extraordinaria, también puede ser una trampa eficaz. Más que un cuerpo, se ha convertido en un lenguaje. Más que un hecho, es un orden simbólico” (2000: 161). Este “lenguaje” inunda los medios de comunicación, el cine y la publicidad, habiendo alcanzado su punto álgido en los años 1999-2000. Así, en la prensa de ese período constantemente se ensalzaba la maternidad, se advertía reiteradamente contra los peligros del bajo índice de natalidad (“España envejece”, El País, 23-viii-00; “Los españoles se extinguen”, EP, 15-ii-00) y de la maternidad tardía (“Las dificultades de ser madre a los 35 años”, EP, 4-vii-00; etc.), y se profetizaban avalanchas de inmigrantes para compensar las inevitables carencias de mano de obra que conllevan estos fenómenos (un estudio de la División de Población de la ONU llegó a estimar que se necesitarían ¡doce millones! de inmigrantes antes de 2050 para compensar por el déficit demográfico.
En su ensayo Solas, Carmen Alborch comenta que:
La nueva valoración de la sexualidad y la aceptación del deseo femenino han sido acompañadas de una fuerte presión a favor del matrimonio, así como de renovados ideales de belleza. Mientras, entre las definiciones visuales de la femineidad moderna se impone la de un ama de casa profesional, reina del hogar, experta e insaciable consumidora, a quien la publicidad le vende, entre otras cosas, representaciones de sí misma muy cercanas a determinados modelos antiguos. (1999: 84-85)
Entre estos “renovados ideales de belleza . . . muy cercanos a determinados modelos antiguos”, ocupaba en el período 1999-2000 –y sigue ocupando, aunque de manera más mitigada– un lugar preeminente el de la mujer embarazada, con lo que de algún modo se retoma el fetichismo de épocas pretéritas con los emblemas de fertilidad.
El cuerpo embarazado, generalmente desnudo o en actitud sensual, se convirtió en icono privilegiado en el mundo de la publicidad, utilizado para promocionar productos tan variados como las impresoras Canon, la leche Lauki, el gel de baño Sanex, el banco BBVA, el programa del PP para las elecciones generales de 2000, el coche Opel Águila, el servicio de Internet Eres Más, la empresa de telefonía móvil Movistar,etc…. Lo más interesante es que este tipo de discursos no idealizan la maternidad en ejercicio, la maternidad llamémosla “activa” –mujer cuidando y educando a los niños–, sino la maternidad en su aspecto más físico, más contingente y por tanto más pasivo, que devuelve a la mujer al mundo de la materia al que tradicionalmente ha pertenecido. En el fondo, lo que hacen es fundir a la mujer-objeto-reproductor y a la mujer-objeto-sexual en un nuevo objeto, un nuevo sex-symbol destinado, no a la mirada del hombre, como ocurre con los cuerpos sensuales utilizados para vender productos considerados “masculinos” (coches y bebidas alcohólicas, por ejemplo), sino de la mujer, con vistas a incitarla a la imitación.
La negación de la sexualidad que por definición conlleva la maternidad (al transformarla, como quiere el dogma católico, en simple instrumento de procreación) se sublima así en una aparente idealización del cuerpo de la madre.
Aunque este renacido énfasis en la maternidad representa en gran medida una reacción involucionista contra las conquistas de la mujer en los últimos 25 años (un modo de persuadirla para volver al hogar), se asocia fundamentalmente con una campaña pronatalista.
En España hace años que los índices de natalidad se sitúan por debajo del índice de reemplazo, habiendo disminuido de 2,90 hijos por mujer en 1970 a sólo 1,27 en 2002 (Instituto Nacional de Estadística), tras haber alcanzado un mínimo de 1,07 en 1998. En el resto de la Unión Europea las cifras varían, pero la tendencia es la misma. La preocupación que provoca esta situación es dual. Por un lado, el creciente envejecimiento de la población hace temer que pueda colapsar el sistema de la Seguridad Social. Por otra parte, el creciente desequilibrio demográfico entre los países occidentales y los del llamado Tercer Mundo (donde se mantienen elevados índices de natalidad), y dentro de Occidente, entre los europeos y los inmigrantes, amenaza el poder de los primeros. Por eso, no existe contradicción entre las campañas de fomento de la natalidad dentro de los países occidentales y las campañas de planificación familiar que éstos organizan en los “otros” países a través de ONG e instituciones dependientes de la ONU.
En última instancia, pues, se sigue considerando a las mujeres como “reproductoras y soportes de la nación”. Las mujeres siguen siendo, en palabras de Jone Hernández García, “presionadas por las colectividades a las que pertenecen ‘invitándolas’ a reducir o aumentar el número de sus hijos, o incitándolas a contribuir en la conservación, perpetuación, etc., de una determinada raza” (1999: 116-17).
En España se ha registrado desde el año 2000 un importante crecimiento de la población, pero el aumento se debe casi exclusivamente a la afluencia de inmigrantes: del aumento total de 879.170 habitantes en el año 2002, 694.651 fueron nuevos inmigrantes. También ha aumentado el índice de natalidad global, pero también en gran medida gracias a la inmigración, puesto que el índice de natalidad de las españolas se mantiene estable: el 10% de los 416.518 bebés nacidos en 2002 eran hijos de mujeres inmigrantes, cuya fecundidad es el doble de la de las españolas, si se toma en cuenta que la población extranjera representa aproximadamente el cinco por ciento de la población. Pese al evidente beneficio demográfico que aporta, pues, la inmigración, Sami Nair alerta contra el peligro inherente a ello: “Concebir a los emigrantes como mera mercancía que se compra en un mercado demográfico mundial, llevará irremediablemente a catástrofes permanentes en cuestión de integración; a abrir heridas en el sufrimiento [sic] de identidad y, en definitiva, a convertir al emigrante en chivo expiatorio” (2000: 38).
De alguna manera, se ha producido un intercambio de papeles en el trabajo reproductivo, entendiendo por tal tanto la procreación como las labores de mantenimiento de la unidad doméstica. Por un lado, las mujeres inmigrantes del Sur tienen los hijos que las mujeres del Norte ya no quieren, o no pueden tener (una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas concluye que el 61 por ciento de las españolas tiene menos hijos de los que desea por las dificultades para compaginar vida profesional y familiar, debido, entre otros factores, a la falta de apoyo estatal y al todavía muy desigual reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres. Y por otro lado, como señala Carmen Gregorio Gil:
La mayor incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo, unido a su mayor acceso a la educación, ha puesto en crisis, en algunos sectores de la sociedad española, la estructura familiar tradicional . . . Como consecuencia . . . se ha producido un aumento de la demanda de mano de obra, preferiblemente femenina, para la realización de las tareas de reproducción del grupo doméstico. (1998: 49)
Y esta demanda está siendo cubierta mayoritariamente por inmigrantes. Así, en España el 65% de las empleadas domésticas, dedicadas tanto a la limpieza como al cuidado de niños y ancianos, son latinoamericanas, quienes trabajan a menudo en condiciones de explotación. Lo mismo ocurre en Francia e Italia, donde las inmigrantes de los países del Este trabajan como cuidadoras o señoras de compañía, con lo cual no sólo cubren la elevada demanda existente, sino que contribuyen a resolver “en buena parte el problema de una población que envejece, (y a) un fuerte ahorro para la salud pública”, al encargarse de una labor que deberían proveer gratuitamente los gobiernos (EP, 24-iv-04).
También se ha producido un intercambio de papeles en el trabajo que podríamos llamar sexual, es decir, la prostitución. Esta actividad se está convirtiendo en monopolio de las mujeres del Sur. Por un lado, el turismo sexual lleva cada año a miles de hombres europeos –y su dinero—al Caribe y el Sudeste Asiático. Por el otro, las inmigrantes, especialmente europeas del Este y africanas, van copando el mercado occidental, siendo a menudo víctimas de mafias que trafican con sus cuerpos. Esto, a su vez, contribuye a fomentar el racismo y la xenofobia, puesto que acaba asociándose la inmigración con la prostitución. Y a la inversa: en los países de origen también se propaga la conexión entre emigración y prostitución. Como señala Gregorio Gil a propósito de las emigrantes dominicanas en España, la mayoría de sus compatriotas asume que se dedican a la prostitución, cuando en realidad sólo lo hace aproximadamente el uno por ciento (1998: 142).
Con esto enlazo con la otra vertiente del tema de mi ensayo: la conversión del cuerpo de la mujer extranjera, generalmente inmigrante, en un emblema que sirve para desplazar la atención de los verdaderos conflictos sociales y políticos que se prefiere eludir, y para justificar actitudes racistas y xenófobas. En España, que hasta hace apenas 30 años era un país de emigrantes, se asiste en los últimos años a una creciente ola de racismo ante la llegada masiva de inmigrantes.
Raro es el día en que la prensa no informa de una nueva “avalancha” de inmigrantes irregulares, con especial énfasis en el número de mujeres embarazadas presentes en la expedición. Los principales “argumentos” esgrimidos como legitimación de la xenofobia son muy diversos y cobran mayor o menor protagonismo en distintos momentos. Así, en una época el gobierno del PP puso en circulación unas estadísticas, claramente tergiversadas, según las cuales la inmensa mayoría de los delitos serían cometidos por inmigrantes, y abundaban las encuestas que, gracias al sesgo en la formulación de las preguntas (“¿Está usted muy, bastante, poco o nada de acuerdo con que hoy en día en España, existe una relación entre inseguridad ciudadana e inmigración”, se preguntaba en el Barómetro de junio de 2002 del CIS), conseguían que una amplia mayoría concordase con la idea de que la inmigración provoca delincuencia.
Este argumento sigue vigente. Sin embargo, ahora el énfasis se ha desplazado, por un lado, a la conexión entre los inmigrantes musulmanes y el terrorismo, sobre todo a raíz de los atentados del 11-M, y, por el otro, a la opresión de la mujer por parte de las culturas Otras, lo que demuestra su “inferioridad” y la concomitante urgencia de que se “integren” –es decir, asimilen—en la sociedad de acogida. Ello tampoco es nuevo. Ya en el siglo XIX los discursos “orientalistas” justificaban la colonización europea de medio mundo invocando el trato “salvaje” que recibían las mujeres en unas culturas a las que se hacía, por tanto, imprescindible “civilizar” (Kandiyoti, 1994: 378-79).
Se trata de la secular –y eurocéntrica—dicotomía entre lo tradicional y lo moderno, que sitúa a Occidente como emblema (positivo) de lo segundo, trasladada ahora al ámbito de las migraciones. Como señala Virginia Maquieira d’Angelo: “Esta interpretación otorgaría a la sociedad receptora el papel de motor de cambio que opera sobre las poblaciones migrantes provenientes de un mundo rural, tradicional y portadoras de un sistema de valores arcaico y desigualitario” (1998: 13).
Y cuando de la opresión de las mujeres del Sur se trata, existe un símbolo: el famoso “velo” de las mujeres musulmanas, que, como bien señala María Dolores Masana (aunque luego ella misma le dedique una obsesiva atención a lo largo de su libro
Como señaló Luis García Montero: El debate sobre la educación de Fátima ha dado pie para opinar sobre la dignidad de las mujeres, la cultura islámica, el machismo, la ablación, la tolerancia; y tanto ruido de periódicos y radios no ha supuesto una verdadera defensa de la dignidad de las mujeres, sino la ocultación real del problema: el extraño privilegio de los colegios concertados, que reciben dinero público, pero se consideran con derecho a ejercer una enseñanza de intereses privados. Mientras muchos colegios públicos se están convirtiendo en ghettos para inmigrantes, los colegios privados y concertados quieren mantener la pureza étnica. La discusión del pañuelo de Fátima hace ruido sobre la dignidad de la mujer para ocultar la liquidación paulatina de la enseñanza pública en España. (EP, 8-xi-02)
Por otra parte, ¿hasta qué punto el uso del hijab por parte de una mujer musulmana en Europa representa un símbolo de sumisión al patriarcado y hasta qué punto puede verse como símbolo de afirmación cultural en un entorno xenófobo y hostil, sobre todo si tomamos en cuenta que, como señalé antes, la responsabilidad de la reproducción de la propia cultura suele recaer sobre las mujeres? De hecho, el III Congreso de Mujeres Musulmanas celebrado en Córdoba en marzo de 2002, el cual defendió, entre otras cosas, el derecho a la planificación familiar y el aborto como perfectamente compatibles con el Corán, no condenó el uso del hijab, señalando que es “una expresión voluntaria del derecho fundamental a la propia imagen” (EP, 4-iii-02). Por su parte, Malika Abdelaziz, la encargada de temas educativos de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) observó que “Es una lástima que toda la cuestión se esté centrando en hiyab sí o hiyab no. Al final, lo único que provocan estas discusiones es una polarización entre los islamófobos y los integristas”. Cuando la realidad es, según la misma portavoz, que esta prenda recoge una multiplicidad de significaciones dependiendo del contexto, de tal manera que incluso algunas feministas del Magreb la usan “como muestra de la conquista del espacio público de las mujeres” (EP, 16-ii-02).
Que la cuestión del “velo” es más una cuestión racista que laicista lo demuestra el siguiente comentario del inefable Mario Vargas Llosa, donde llega a equiparar el uso del “velo” con el terrorismo: “Las niñas a las que sus familias y comunidades envían ornadas del velo islámico a las escuelas públicas de Francia son algo más de lo que a simple vista parecen; es decir, son la avanzadilla de una campaña emprendida por los sectores más militantes del integrismo musulmán en Francia” (EP, 22-vi-03). Y aunque la ley ha sido apoyada en Francia por el movimiento de mujeres magrebíes Ni Putes ni Soumises, muchas otras mujeres musulmanas –y feministas—se oponen a ella. Por ejemplo, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional y bangladesí, opina que la ley constituye una violación de los derechos humanos: Lo que vemos es que el cuerpo de la mujer se utiliza de una forma muy política, para poner asuntos políticos sobre la mesa. La posición de AI se sitúa desde la perspectiva de los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, la cuestión del velo suscita cuestiones de libertad de expresión y de libertad religiosa. Y una mujer debe ser libre de elegir si lleva el velo o no . . . . Creemos que una mujer no debe ser obligada a no llevar el velo. Como tampoco obligada a llevarlo. (EP-Domingo, 14-iii-04)
Quienes se oponen a la ley francesa argumentan que es igual de ilegítimo obligar a la mujer a llevar esa prenda como prohibírselo, y que esto incluso puede ser contraproducente, ya que, como señala Andrés Ortega, “el velo se puede convertir en un signo de resistencia política y social ante la cultura local” (EP, 29-xii-03). Ello explica quizás que una figura tan poco sospechosa de progresismo, como el Ministro del Interior italiano, Giuseppe Pisanu, apruebe su uso: “El velo islámico, llevado dignamente y sin ostentaciones [?], es sólo el símbolo inocuo de una identidad cultural y religiosa y hay que respetarlo”, señaló al defender la reincorporación al trabajo de una empleada de guardería despedida por usar el hijab, con el argumento de que “asustaba a los niños” (EP-Domingo, 28-iii-04).
De alguna manera, con este tipo de debates se crea una espiral perversa: la occidentalización forzosa alimenta el integrismo religioso, lo que a su vez oprime cada vez más a las mujeres. Muestra de ello es que el número de mujeres turcas que lleva el hijab es considerablemente superior entre las inmigrantes que viven en Alemania que en la propia Turquía.
Volviendo a España, el sensacionalismo en torno al caso de la niña Fátima, al que se dedicó enorme atención periodística durante varios días, se observa también en relación con otras cuestiones que afectan a las mujeres inmigrantes. Así, se habla a menudo de los matrimonios forzosos de las jóvenes marroquíes. O se enfatizan los sufrimientos que el tabú de la virginidad causa a las musulmanas. Un reciente artículo de Empar Moliner en el El País, que lleva por título “El himen de Kadisha” y por subtítulo “Relato de una marroquí que ha perdido la virginidad”, cuenta el caso de una joven aterrada ante la perspectiva de que su novio la abandone al descubrir que no es virgen (4-vii-04), cuando en realidad no hay que “viajar” al mundo musulmán para encontrar actitudes similares: por las mismas fechas, un joven español de 18 años mató a golpes a su novia de 15 al descubrir que había mantenido relaciones sexuales con anterioridad.
Íntimamente relacionado con lo anterior, se halla la condena generalizada de la mutilación genital, que a menudo cobra tintes sensacionalistas.. Como mujer y como feminista, me opongo firmemente a dichas prácticas. Lo que me parece cuestionable es su utilización como pretexto para demonizar a las culturas “otras”. También me parece cuestionable el modo en que pretende resolverse problemas como el de la mutilación genital. Porque, ¿hasta qué punto es legítimo condenar, como se ha intentado hacer en Cataluña, a inmigrantes residentes en España por cometer en otro país acciones que allí no se consideran delito? ¿Y hasta qué punto es justo condenar individualmente a los padres y, sobre todo, a las madres, que por lo general han sido también víctimas de esta salvaje práctica, por acciones hondamente arraigadas en su sociedad? ¿No sería más sensato, y más productivo a largo plazo, una intervención de tipo educativo?
Nótese que casi todos los ejemplos citados, tanto a nivel español como internacional–la lapidación de Amina Lawal, el uso del hijab, los matrimonios concertados, la mutilación genital—, se asocian a la cultura islámica. En agosto de 2002 El País publicó una serie de cuatro reportajes sobre mujeres inmigrantes. Los dedicados a las polacas de Alcalá de Henares y a las ecuatorianas de Lorca (Murcia) no mencionaban para nada su posible opresión como mujeres.
En contraste, el dedicado a las paquistaníes del barrio barcelonés del Raval llevaba por título “De Pakistán a Barcelona sin salir de casa” (17 viii-02) y estaba dedicado casi íntegramente a su terrible situación de encierro, mientras que el dedicado a las marroquíes de Málaga hablaba obsesivamente de la vestimenta y el aspecto de las mujeres entrevistadas: “Unas se decantan por la chilaba, otras por los vaqueros. Con cualquiera de estas vestimentas, las hay que prefieren cubrirse la cabeza con el pañuelo, o hiyab. Y las hay que lucen la melena y hasta se la tiñen”, “Se casó por voluntad propia . . . optó por divorciarse . . . al fin tenía libertad para sombrearse los ojos y colorearse los labios”, “esta bióloga de 29 años que viste chilaba y hiyab” (19-viii-02).
Al mismo tiempo, resulta curioso que en un país como España, donde en 2003 murieron más de 70 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, muchos de los cuales recibirán penas mínimas de cárcel, cuando no absolutorias, se haya procesado y condenado al imam de Fuengirola, Mohamed Kamal Mostafa, a 15 meses de prisión y 2.160 euros de multa por publicar un libro, La mujer en el Islam.
Lo mismo sucede en el plano internacional. No deja de ser llamativo que en 2003 se concediera el Premio Nobel de la Paz a la iraní Shirín Ebadí por su defensa de los niños y las mujeres: antes sólo habían recibido el galardón otras 10 mujeres y otras 2 personas musulmanas..
Sin embargo, un repaso a la situación de la mujer en el llamado Tercer Mundo nos indica que, desafortunadamente, la cultura islámica no es la única que oprime a las mujeres. En China y en gran parte del sur de Asia se practica el aborto sexoselectivo, cuando no el infanticidio de niñas, en la India todavía se producen casos de sati, un “rito” por el cual la viuda es obligada al suicidio en una pira funeraria, la mutilación genital se practica también en países africanos con otras religiones (incluidas la copta, la cristiana, la judía y diversas religiones animistas), mientras que no se practica en los países musulmanes más fundamentalistas, como Arabia Saudí o Irán.
Estos casos aparecen de vez en cuando en la prensa, pero no concitan ni de lejos la misma atención que los que afectan a las musulmanas. También en este caso la explicación es obvia: en el mundo post-11-S la cultura islámica se ha convertido en el nuevo emblema del mal, y al choque global de civilizaciones profetizado –y alimentado—por Samuel Huntington se ha añadido el más específico “choque sexual de civilizaciones”, según el título del número de agosto-septiembre de 2004 de la edición española de la revista Foreign Policy.
Durante cinco años el régimen talibán oprimió a las mujeres afganas hasta niveles impensables –obligación de llevar el burka, prohibición de trabajar, estudiar e incluso acudir al médico– sin que nadie en Occidente (salvo algunas voces feministas aisladas) prestaran atención. Es más: se produjo un clamor mucho más estruendoso ante la destrucción de las estatuas milenarias de Buda que ante la destrucción diaria de las mujeres de carne y hueso. El drama de las mujeres afganas sólo adquirió notoriedad cuando Bush necesitó una excusa adicional (aparte de Ben Laden) para masacrar el país. Repentinamente las mujeres empezaron a ser importantes, repentinamente se convirtió en imperiosa obligación moral liberarlas del yugo de los “fanáticos” islámicos.
Como señala Higinio Polo: En [1998], el diseño estratégico de Washington considera aceptable dejar el país en manos de los talibán, mientras éstos aseguren la pacificación del territorio y acepten facilitar el trabajo de las grandes corporaciones energéticas norteamericanas. Estados Unidos sacrifica así, en el altar del petróleo, a decenas de miles de mujeres afganas. Después, cuando las relaciones con los talibán se deterioren, su hipocresía llegará tan lejos que utilizará la terrible situación de las mujeres en Afganistán como una de las justificaciones de su intervención militar. (2004: 40)
El resultado: 10.000 civiles muertos (como mínimo) y un nuevo régimen en el que, según la activista Sahar Sabaa, el 80 por ciento de las mujeres sigue vistiendo el burka (EP, 2-xii-03). Como muestra de los “avances” del país, en noviembre de 2003 se difundió en todos los medios de comunicación globalizados que en el concurso de Miss Mundo participaría una Miss Afganistán. Sin embargo, aparte de que en realidad residía en EE.UU., las autoridades políticas y religiosas afganas condenaron su participación, lo que demuestra que no han sido tantos los “avances”… suponiendo que puedan considerarse como tales –y con ello vuelvo al principio de mi ensayo—la participación en concursos de belleza.
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