Múltiples informes de la ONU y de organizaciones humanitarias han recogido las violaciones al derecho internacional por parte de Israel, entre ellas el genocido en Gaza
El 20 de noviembre de 1995, el entonces ministro de Exteriores de Israel, Ehud Barak, firmó el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (Ue) e Israel. Gracias a él, desde el año 2000, el sector empresarial y académico israelí opera con mayor holgura en el territorio europeo. Estas prebendas están condicionadas a un elemento esencial: «el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que guían su política interna e internacional» y que recoge el artículo 2 del texto.
En los últimos 30 años, Israel ha roto este compromiso en repetidas ocasiones. Especialmente, a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que fueron respondidos por Tel Aviv con una brutalidad investigada como genocidio por parte de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.
A la luz de la matanza, la Alianza de la Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA) -una la asociación política extraparlamentaria a la que pertenece Podemos- lanzó a principios de enero una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para romper el Acuerdo.
Francia, Italia, España son los principales caladeros de rúbricas de esta propuesta. A 11 de abril, solo las recabadas en los tres países mediterráneos rondaban las 800.000. A estos les siguen Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Polonia y Portugal. En todos estos casos, las firmas logradas han superado el umbral mínimo necesario que establece la normativa europea para cada país. Estos se calculan en base al total de diputados al Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro. Es decir, teniendo en cuenta, indirectamente, la población de cada uno de estos países.
Mientras, Alemania e Italia han manifestado en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea (Ue), su negativa a la propuesta.
En base a su umbral -41.595 firmas-, España ha cuadruplicado el total de firmas que le correspondían. Por su parte, Italia las ha multiplicado por cinco, mientras que Francia, por ocho. De hecho, este es el segundo requisito que debe cumplir una ICE para que la Comisión la estudie: que en, al menos, siete de los Estados miembros en los que se han recogido firmas deben superar el umbral de firmas requeridas.
Según informaron los líderes de ELA, en su mayoría eurodiputados de The Left, el grupo más a la izquierda de la Eurocámara, la iniciativa trataría de recabar medio millón de firmas más -hasta los 1,5 millones-. De esta forma, buscan aumentar la presión sobre la Comisión Europea, de manera que haya más posibilidades de que acepte positivamente la propuesta.
Ahora bien, que una iniciativa ciudadana recoja las firmas necesarias para que sea tomada en cuenta por la Comisión, no significa que esta vaya a tomar medidas para integrarla en su marco normativo. De hecho, muchas de las ICE caen en saco roto, mientras que unas pocas logran avanzar lentamente en la selva burocrática de la Ue. Así ha ocurrido con la iniciativa End the Cage Age, que buscaba acabar con el uso de jaulas en la ganadería europea, y que se hizo con 1,4 millones de firmas en 2020. Tras aceptar la iniciativa, la Comisión presentará en los próximos meses una legislación europea que integre el espíritu de la propuesta.
Propuestas paralelas
La iniciativa de la Alianza de la Izquierdacorre en paralelo a la anunciada el pasado 18 de abril por el presidente español, Pedro Sánchez, durante la Cumbre Progresista celebrada en Barcelona. Esta propuesta será defendida por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, junto a sus homólogos irlandés y esloveno, Simón Harris y Tanja Fajon, en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Ue, que tendrá lugar el próximo 21 de abril en Luxemburgo. Esta vía ya fue explorada por España, Irlanda y Bélgica en el verano de 2025, sin demasiado éxito.
Preguntado por la apertura de Sánchez de esta nueva vía para acabar con el Acuerdo, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha recordado que el presidente del país también podría acometer ciertas medidas para restringir las relaciones de España con Israel. «Está bien pedir que la Ue rompa el Acuerdo de Asociación con el Estado genocida de Israel, pero estaría mejor que, en lo que depende directamente de él [Pedro Sánchez] y de su Gobierno, que es la ruptura de relaciones económicas, diplomáticas, comerciales y deportivas con el Estado terrorista de Israel, lo haga«, ha afirmado Fernández en una rueda de prensa celebrada el 20 de abril.
Todos los caminos llevan al Consejo de la Ue
Una vez que se han recopilado las firmas necesarias, la Comisión Europea tiene seis meses para decidir si decide o no actuar y si, en el caso de hacerlo, es viable realizar una propuesta legislativa o se opta por llevar a cabo medidas no legislativas. En todos los casos, el organismo europeo debe argumentar en un informe detallado las razones por las que se ha decantado por una u otra decisión. De todas, la opción más favorable de cara a acabar con el Acuerdo de Asociación Ue-Israel sería la tercera.
Ahora bien, que la Comisión Europea proponga alguna legislación no significa que esta prospere. En primer lugar, el órgano de la Ue realiza una propuesta legislativa que debe pasar varias veces por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Ue. Dentro de este circuito, el texto se transforma hasta alcanzar una versión casi definitiva. Esta es la propuesta sobre la que el Parlamento y Consejo de Exteriores de la Ue negocia.
No resulta difícil intuir el camino que seguirá a partir de aquí la iniciativa para acabar con el Acuerdo Ue-Israel. Puede servir como referencia el desenlace que tuvo el último intento de un grupo de países por acabar con el Acuerdo de Asociación Ue-Israel.
La referencia: verano de 2025
En mayor de 2025, los titulares de Exteriores de España, Irlanda y Bélgica, el ministro de Exteriores español, Albares, pidió a sus homólogos europeos que estudiaran dicha petición. Los representantes de Alemania, Austria y Hungría, entre otros, se opusieron a ello, mientras que los estados con posiciones intermedias, como Países Bajos o Francia, apostaron por descafeinar la propuesta y promover la suspensión parcial -no total- del acuerdo.
Pero antes, la alta representante en Asuntos Exteriores de la Ue, Kaja Kallas, debía evaluar si Israel estaba violando
los derechos humanos de los palestinos, encargo que asumió el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Para entonces, la proporción de muertes en Gaza era de 26 palestinos por cada israelí. Algunos de los fallecimientos en la Franja se debían a la hambruna provocada por el bloqueo de Tel Aviv a la Franja. El 20 de mayo de 2025, el SEAE publicó las conclusiones de su análisis: existían indicios de que Israel había incumplido en su obligación de proteger los derechos humanos.
El informe del SEAE no logró mover las posturas de los estados europeos, que una vez más no lograron alcanzar la unanimidad para modificar, siquiera parcialmente, el Acuerdo Ue-Israel. En los últimos ocho meses, los Gobiernos de los países más reticentes a la propuesta de ruptura con Tel Aviv -Alemania, Austria o República Checa, han girado hacia posiciones todavía más conservadoras y, por lo general, más cercanas a Israel. La excepción la encarna Hungría, cuya ciudadanía acabó con 15 años de ultraderechismo el pasado 12 de abril, cuando el hasta entonces primer ministro, Viktor Orbán (Fidesz-KDNP), fue derrocado por el conservador Peter Magyar (Tisza).
Breve historia del Acuerdo de Asociación
Durante la primera mitad de la década de los 90, el ánimo internacional sobre la cuestión palestina era positivo. Por primera vez en su corta historia, un primer ministro de Israel, Isaac Rabin (Partido Laborista), había avanzado en un plan de paz y autodeterminación con los palestinos. Aquello le costó la vida. Rabin fue asesinado en el cierre de una manifestación por la paz celebrada el 4 de noviembre de 1995. Su ejecutor era un etnonacionalista judío que, como otros sectores de la ultraderecha, rechazaba las maniobras de acercamiento entre laboristas y la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat.
Dos semanas más tarde, se firmaba el Acuerdo de Asociación entre la Ue e Israel en Bruselas. Más de 30 años después, la situación de los palestinos bajo dominio israelí no ha hecho más que empeorar. La máxima expresión de esta degradación es el genocidio en la Franja de Gaza, iniciado por el Gobierno del ultraderechista Benjamín Netanyahu (Likud) tras los ataques de Hamás contra población civil y militar israelí ocurridos el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, numerosos informes, muchos de ellos con el sello de la ONU, han recabado evidencias sobre cómo Israel ha violado sistemáticamente los derechos de los palestinos en la Franja y en Cisjordania.
*Analista de publico.es. Especialista en Periodismo de Datos, Investigación y Visualización y en Comunicación y Problemas Socioculturales
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