¿Alianza Santos y Uribe?: Ni mucho que lo queme ni poco que lo opaque
Juan Diego Restrepo Toro*
Mientras Álvaro Uribe es investigado por la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el presidente Juan Manuel Santos declara: “si la justicia de Colombia decide investigar a Uribe, lo aceptaré”.
Santos no es la marioneta que Uribe hubiera deseado. Al contrario. Parece tener en aprietos al ex presidente, mientras se entiende con Chávez y negocia con la oposición. Se rodea tanto de críticos como de funcionarios que -como él mismo- formaron parte de la administración pasada.
No nos llamemos a engaños. El Jefe del Gobierno Colombiano, famoso en el juego del póker, apuesta en varias cestas, y eso modera el ambiente de hostilidad del pasado periodo presidencial. Ostenta otra manera de gobernar pero, aunque el estilo es diferente, Juan Manuel Santos seguirá defendiendo los intereses de las grandes corporaciones y de las multinacionales extranjeras como digno representante de la clase dirigente que siempre gobernó al país.
En últimas, lo que importa es su propia posición, y no la va a sacrificar por nadie, por más Uribe que sea.
¿Baltasar Garzón en Colombia? El Uribismo radical está parado en los pelos por las declaraciones de Santos a la BBC sobre su predecesor y amigo: “No estaría contento, estaría muy triste si eso ocurriera, pero por supuesto que lo aceptaría” refiriéndose a las investigaciones que se adelantan contra Uribe y su círculo cercano.
Pero esta historia ya había dado un giro, en dirección distanciamiento, días atrás, cuando El Tiempo, periódico centenario de la familia Santos, publicó en su portal de noticias: “Presidente Santos confirmó contactos con juez español Baltasar Garzón”. La idea es que asesore al gobierno en temas de derechos humanos, decía la noticia.
La canciller María Ángela Holguín confirmó la noticia al explicar que el juez Baltasar Garzón, asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, asesoraría a Colombia país en materia de derechos humanos e impunidad.
¿Derechos humanos? ¿Impunidad? Y brincó la godarria, saltaron los áulicos del ex presidente. ¿Santos reconoce que la justicia colombiana es incapaz de administrar justicia? ¿Habrá previos objetivos políticos pactados? ¿Qué piensa Álvaro Uribe? Los oradores más famosos, ex funcionarios, periodistas radiales y columnistas recordaron que uno de los lemas de la campaña pasada del Partido de la U, de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, era no extraditar al presidente por ningún motivo.
Tanto escándalo y la visita aún no está concretada, ¿por qué temblar? Uno de los mayores alfiles del uribismo, el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, vociferó en la televisión una denuncia a Santos por normalizar las relaciones con Venezuela y por no anunciar en campaña la promulgación de dos leyes con las que se destacó el presidente: la Ley de Tierras y la Ley de Reparación a Víctimas. ¿Cómo va a pagar el Estado algo en lo que no tuvo la culpa? se quejaba. Ya está claro, el uribismo marcial se opone a la llegada del juez Garzón a Colombia.
El nuevo orden presidencial.
Con Uribe en la distancia, la administración Santos cambió, desde el mismo día de su posesión, el rumbo del ejecutivo buscando unas mejores relaciones internacionales, mucho más respetuosas con los vecinos. En este sentido fue clave la participación de la Canciller María Ángela Holguín. Nada más espinoso para el uribismo como las declaraciones de Chávez y Santos diciendo mutuamente que son los mejores amigos.
Las relaciones con la rama judicial también cambiaron. Las declaraciones de Santos demuestran una actitud de respeto al no injerir en procesos judiciales tan delicados. Palabras de respeto hacia la justicia, impensables cuando el presidente era Uribe y estaba enfrentado abiertamente con las Cortes que lo investigaban.
En estas nuevas relaciones juega un papel fundamental el actual y poderoso Ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, de familia presidencial como Santos, nacido para mandar. Aunque en un principio apoyó a Uribe, nunca fue cercano. Es más, Vargas Lleras asegura que el atentado que casi termina con su vida, y del que se salvó de milagro, estuvo planeado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia de la presidencia. Las pruebas encontradas hasta ahora parecen darle la razón.
Hasta el momento, las investigaciones se han intensificado y algunos de los funcionarios de la Presidencia de la República enfrentan sanciones por casos como las interceptaciones ilegales, los seguimientos y la llamada Guerra Sucia del DAS.
Bernardo Moreno, seis años en la Secretaría General de la Presidencia, está inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos. Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado (asilada en Panamá) y Andrés Peñate, ex directores sucesivos del DAS fueron destituidos o suspendidos de sus cargos. Hasta el momento, el único que no ha sido castigado es el mismo Álvaro Uribe Vélez.
Aliados políticos, elecciones a la vista Uribe y Santos mantienen sus alianzas políticas, ambos son los fundadores del Partido de la U. Las elecciones regionales están a la vista, serán el próximo mes de Octubre, y aunque ningún candidato se ha lanzado y Uribe declaró que no aspira a la Alcaldía de Bogotá, las máquinas electorales están siendo aceitadas para ocupar el mayor espacio político posible.
No se puede advertir una división dentro del Partido de la U. No le conviene a Uribe, no le conviene a Santos. Ya habrá tiempo para rupturas en la hoguera de las vanidades. Entre todos los interrogantes que rondan la Casa de Nariño, hay uno que vale la pena hacer, ¿Qué sucederá con las investigaciones por las responsabilidades en los Falsos Positivos? Aquella práctica del Ejército Nacional de entregar inocentes como guerrilleros muertos en combate para lograr beneficios y premios. ¿Asesorará el juez Garzón ese caso que podría implicar al Ministro de Defensa de entonces, hoy el presidente Santos?
*Agencia Periodística del Mercozur, desde Medellín