EEUU, inmigrantes: se va a poner peor
The New York Times.*
Si ustedes pensaban que los planes antiinmigrantes al estilo hágalo – usted – mismo no podían ser más repelentes, están equivocados. Nuevas leyes en Georgia, Alabama Carolina del Sur siguen –y de cierta forma superan— el intento de Arizona de lograr la expulsión masiva de los indocumentados, independientemente del daño a la Constitución, la seguridad pública, las economías locales y las familias de inmigrantes.
Las leyes varían en detalles, pero comparten una estrategia común: hacer imposible que las personas sin documentos vivan sin temor.
Dan nuevos poderes a los cuerpos locales de policía que no conocen las leyes de inmigración. Obligan a los negocios a purgar su fuerza de trabajo y a las escuelas a verificar el status inmigratorio de sus estudiantes. Y aumentan en gran medida el peligro de registros irracionales, falsos arrestos, identificación racial y otros abusos no solo contra inmigrantes, sino contra cualquiera que pueda parecerse a la idea que un funcionario tiene de un inmigrante ilegal.
Las leyes autorizan a los agentes locales de policía a exigir sus documentos a personas con las que se encuentren, y a detener a aquellos de los cuales sospechen que están aquí ilegalmente. Eso significa que pueden realizar arrestos no autorizados por supuestas violaciones civiles de las leyes de inmigración, un extraordinario abuso de poder.
Las leyes también prohíben transportar a los indocumentados, de manera que un hijo podría ser encarcelado por llevar a su madre al supermercado, o un voluntario de una iglesia por llevar a familias a un comedor de beneficencia. Exigen a los negocios que verifiquen a los empleados por medio de las bases federales E-Verify, plagadas de errores, y que despidan a los que son señalados como no autorizados. Una vez que la purga se implante en la agricultura, no habrá nadie que recoja cebollas, melocotones y algodón. La escasez de fuerza inmigrante de trabajo ya se puede sentir en Georgia, donde los cultivos se están pudriendo y el gobernador ha pedido que se use en los campos a ex convictos desempleados.
La ley de Alabama es la más extrema. Fuerza a los distritos de la educación pública a determinar el status de inmigración de los estudiantes y de sus padres e informar al estado de los resultados. Todavía Alabama no puede impedir que se matriculen, ya que el Tribunal Supremo declaró en el caso de Plyler v. Doe que todos los niños tienen derecho a una educación pública. La ley estatal parece estar diseñada para enfrentarse a esa decisión, ya que convierte de facto a los funcionarios de educación en agentes de inmigración y obliga a los padres temerosos a no enviar a los niños a la escuela.
Hace mucho tiempo que se sabe que Estados Unidos sufre la carencia de un sistema de inmigración que funcione adecuadamente y que proteja mejor a los trabajadores y a su familia, promueva la legalidad en las fronteras y en el centro de trabajo, y brinde a la gente que trabaja duramente un camino a la legalidad.
La inacción del Congreso ha permitido que los estados hagan estragos con sus propias ideas destructivas. Los partidarios insisten que solo están tratando de hacer que se respete la ley. Pero tratar de capturar y deportar a 11 millones de personas es una locura. El daño a este país —a sus ciudadanos y a sus leyes— es enorme.
Las organizaciones de derechos civiles están haciendo reclamaciones judiciales o amenazando con hacerlas para bloquear estas dañinas leyes estatales. Has ahora los tribunales federales han prohibido partes de las malas leyes locales en Arizona, Georgia, Utah e Indiana. El Departamento de Justicia del presidente Obama ha acusado a Arizona, pero no a otros estados. Debe luchar con mayor fuerza.
* Editorial del cuatro de julio de 2011 (www.nytimes.com).
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