Poco después de las 23 del miércoles 21 de septiembre, agentes del estado de Georgia mataron a Troy Davis.Merecía morir, dijo el estado, porque había matado de un disparo al agente de policía de Savannah Mark MacPhail, en el estacionamiento de un Burger King, la noche del 18 de agosto de 1989 —crimen por el que fue juzgado, declarado culpable y condenado a muerte.⎮BILL PRESS.*
¿El único problema? Pues ahora parece que él no lo hizo.
Nunca se recuperó al arma del crimen, así que la declaración de culpabilidad se basó en declaraciones de testigos presenciales. Sin embargo, en meses recientes siete de los nueve testigos originales —varios de los cuales declararon que la policía los coaccionó— se presentaron voluntariamente para retractarse de su testimonio. Y tres miembros del jurado que lo envió al corredor de la muerte en 1989 dicen ahora que después de conocer la nueva evidencia consideran que cometieron un error.
Sin duda en este gran país, con un sistema de justicia basado en el principio de que la culpa debe ser establecida “más allá de toda duda razonable”, hasta para enviar a un ciudadano a prisión por un mes, ningún estado ejecutaría a alguien sobre cuya culpabilidad hayan surgido tantas dudas. Pero es exactamente lo que sucedió.
La Junta Estatal de Amnistía y Libertad Bajo Palabra de Georgia ignoró el hecho de que casi todo el caso de la acusación contra Davis se había derrumbado. Rechazaron peticiones de un nuevo juicio de parte de —entre otros— el ex presidente Jimmy Carter, el Papa Benedicto XVI, el ex representante republicano Bob Barr y el ex director del FBI, el republicano William Sessions.
El 20 de septiembre se negaron a conceder clemencia a Troy Davis. Al día siguiente, Georgia probablemente ejecutó a un inocente.
Aunque el apoyo a la pena de muerte ha declinado lentamente a través de los años, aún obtuvo el apoyo de 64 por ciento de los norteamericanos en 2010, según la Encuesta del Crimen que Gallup realiza todos los años. Y su popularidad entre conservadores fue más evidente durante un reciente debate presidencial del Partido Republicano.
Apenas el moderador Brian Williams mencionó que hasta ahora 234 criminales habían sido ejecutados durante el período de Rick Perry como gobernador de Texas, el público en la Biblioteca Reagan prorrumpió en aplausos. Por su parte, Perry insistió en que él no pierde el sueño por haber supervisado la ejecución de 234 individuos, porque está seguro de que todos eran culpables.
Ahora bien, esto es lo que me parece interesante y totalmente contradictorio. ¿Se han dado cuenta? Esos conservadores del Tea Party que apoyan la pena de muerte con tanto entusiasmo son las mismas fuerzas anti gubernamentales que aseguran que el gobierno no puede hacer nada bien.
¿No es eso extraño? No confían en el gobierno en materia de escuelas, inmigración, servicios de salud, impuestos, regulaciones, medio ambiente o cualquier otra cosa. Sin embargo, confían 100 por ciento en que el gobierno nunca comete un error cuando se trata de la pena de muerte. Lo único que el gobierno hace bien, según su visión distorsionada del mundo, es matar.
Por supuesto no tienen ninguna razón. Y no solo en el caso de Troy Davis. Vean el Proyecto Inocencia de la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardozo de la Universidad Yeshiva. Desde su creación en 1992, el proyecto, por medio de pruebas de ADN, 
ha establecido la inocencia y obtenido la libertad de 273 prisioneros en 334 estados y el Distrito de Columbia. Diecisiete de ellos estaban en el corredor de la muerte.
En marzo, Illinois se convirtió en el cuarto estado —después de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México— que prohíbe la pena de muerte en los últimos dos años. El gobernador republicano George Ryan había prohibido la pena capital en 2000, después de que estudiantes de la Universidad Northwestern demostraron la inocencia de una docena de reclusos que se encontraban en el corredor de la muerte. Un total de 16 estados han suspendido ya la pena de muerte.
Y sí, hasta en Texas se han cometido errores. Por ejemplo, en 2004 Perry se negó a retrasar la ejecución de Cameron Todd Willingham, el cual fue sentenciado a muerte por incendio intencional, a pesar de que expertos atestiguaron más tarde que la evidencia que se usó para condenarlo era falsa ciencia. Basándose en sus investigaciones en todo el mundo, Amnistía Internacional estima que de 5 a 11 por ciento de los reclusos en los corredores de la muerte son inocentes.
Lo que significa que de 152 personas ejecutadas bajo George W. Bush y (hasta ahora) 235 bajo Rick Perry, Willingham no es el único inocente ejecutado en Texas.
En resumen: si no se puede confiar en el gobierno para que haga algo bien, es totalmente ingenuo y monumentalmente estúpido pensar que siempre tiene razón en cuanto a la pena de muerte. Y cualquier error en la pena de muerte es irreversible.
Irónicamente, el lema del estado de Georgia es “Sabiduría, Justicia, Moderación” —tres virtudes que por desgracia están ausentes en el caso de Troy Davis.
* Periodista (www.billpress.com).
En www.progresosemanal.com
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