Gobierno – ex presos políticos. – MATEMÁTICA CHILENA: MUY CERCA DE CERO
La reunión, solicitada hace ya algún tiempo a través de la compañera Haydeé Oberreuter,
se realizó en el Palacio de la Moneda el día Jueves 9 de Agosto a las 18,30 hrs. con la
participación de representantes de las Organizaciones que componen el Comité Unitario
de ex Presos Políticos y familiares de ex PP fallecidos.
Se inicia con una breve presentación de los participantes y a continuación el ministro hace
una descripción de las acciones desarrolladas por el Gobierno en torno a temas
relacionados con los DDHH en el último tiempo:
– Ley interpretativa de Ley de Amnistía en trámite de suma urgencia en el Congreso.
– Ratificación de Convención sobre desaparición forzada de personas
– Ratificación de Convención sobre Crímenes de Guerra.
– Discusión sobre Tribunal Penal Internacional (dificultades de aprobación por
negativa a aceptar retroactividad, lesión de la soberanía, etc.)
– Discutir iniciativa sobre prescripción de acción Civil en juicios del Consejo de
Defensa del Estado.
– Ley que crea Instituto de Derechos Humanos (está en último trámite en Senado, y
se promulgaría antes de dos meses).
– Competencia de tribunales militares, restringiendo su acción a casos
exclusivamente militares.
– Creación del Museo de la Memoria.
– Ratificación de Convención contra la Tortura.
Se hace una ronda de opiniones sobre estas informaciones y nuestras reivindicaciones,
incluidas en la Plataforma Unitaria, entre las cuales se prioriza por la reapertura de los
registros de ex presos, la heredabilidad de las pensiones, la inclusión de menores
torturados y la homologación de los montos de pensiones con la de los beneficiarios de
Ley Rettig.
El Ministro nos plantea algunos elementos al respecto:
– Es muy difícil impedir por ley que el Consejo de Defensa del Estado se inhiba de
presentar recursos para evitar o disminuir reparaciones establecidas por juicios de DDHH,
por lo que se ha sugerido al Consejo del CDE que privilegie avenimientos por sobre
litigios cuando se haya establecido sentencia que exija pago por parte del Estado.
– El Instituto de DDHH ya esta prácticamente aprobado y solo falta discutir algunas
indicaciones para mejorar la propuesta legal aprobada por la Cámara de Diputados,
especialmente la que establece el pago de beneficios a quienes sean reconocidos como
beneficiarios a partir de ahora. (La Ley sólo los calificaba pero sin beneficios).
– El Instituto estaría facultado para incorporar nuevos beneficiarios, aunque de
manera muy restrictiva, lo que se hará 60 días después de aprobada la ley en el
parlamento y tendrá una duración de seis meses el período de entrega de antecedentes. (Art.
3 Ley del INDH).
– Se mantiene el secreto por 50 años de los testimonios (explicación: para salvaguardar la intimidad de los declarantes).
– La posibilidad de ampliar el beneficio de la pensión a los familiares de los ex
PP fallecidos, se estudia incluirlos en la ley de Reforma Previsional y no en una ley
específica.
– Respecto de todas las otras exigencias de la Plataforma, el gobierno no tiene
contemplado resolverlas en el período que queda del mandato de Michelle Bachelet.
Comentario
La reunión con el señor ministro nos lleva a concluir que tanto la prometida propuesta de
DDHH que haría la presidenta en distintas fechas durante el año pasado y éste, solo fueron
elementos distractivos que nos mantuvieron inmovilizados durante el 2006 y lo corrido
del 2007.
Está claro que los funcionarios de gobierno de esta área mantienen estas reuniones casi
como una tarea de relaciones públicas, para evaluar nuestra organización y coherencia,
pero no como espacios de discusión, diálogo o aporte de ideas de las organizaciones
sociales de DDHH.
También es claro, que la definición última de la política de DD.HH. del gobierno en lo que
se refiere a reparación, la determina el Ministerio de Hacienda, sin consideración a
aspectos éticos o políticos, lo cual aclara a nuestras organizaciones los espacios en los
cuales debemos poner nuestros esfuerzos si queremos resolver parte de nuestras
reivindicaciones.
La elaboración del Documento de Trabajo Chile 2007-2010. La Agenda del Bicentenario
con la orientación del trabajo para los próximos meses de gobierno, (La Nación, jueves
nueve de agosto de 2007) pone énfasis en una serie de políticas públicas en que privilegia
acuerdos intra Concertación y búsqueda de diálogo con la oposición, y en que sólo se
mencionan en el área de DDHH, la ratificación del Tribunal Penal Internacional, bonos para
exonerados (el listado apareció el martes 14 de agosto) y la postergada inclusión de
materias de DDHH en los planes de estudio.
La aprobación del proyecto de ley del Instituto de DDHH genera una serie de
interrogantes tanto por las prevenciones hechas al gobierno por parte de la ONU, como el
papel que este instituto tendrá en la reapertura de los registros, pues si hacemos una
cronología veremos la similitud con el desarrollo de la Ley Valech:
Se aprueba en un plazo no mayor de dos meses (agosto-septiembre, probablemente en
septiembre por el simbolismo beneficioso para la Concertación como para la oposición);
60 días después de aprobada la Ley se abrirían los registros (fines de noviembre o
principios de diciembre) con lo cual la publicidad sobre la reapertura, mecanismos de
inscripción, características de los documentos a presentar, etc. se conocerán en plena
época de fiestas de fin de año e inicio de vacaciones, con lo cual al menos dos meses
serán casi perdidos, evitando con ello la masificación de las inscripciones.
La condición de «excepcional» de la nueva calificación nos anuncia que los métodos de
selección serán muy rígidos y excluyentes con lo cual probablemente solo calificarán
quienes tengan sentencias de tribunales militares, los que tengan recursos de amparo a
su favor en alguna corte ,y algunos otros casos excepcionales.
No se dice nada de la situación de quienes fueron rechazados por la Comisión Valech, y es
probable que tampoco sean muchos los menores de edad que califiquen, pues ninguno
tiene documentos ni sentencias que les permitan acreditar, y siguiendo la lógica
economicista de la reparación del gobierno, estos menores son muy «caros» para
Hacienda pues tienen expectativas de vida mayores que los viejos Ex PP.
Se mantendrán por otra parte los 50 años de secreto de los testimonios y, para terminar,
se nos indicó que esta vez los seis meses serán el último plazo para reconocimiento y que no
habrá nuevas reaperturas o leyes al respecto.
En este contexto, queda claro que la etapa de conversaciones con autoridades de Gobierno
está prácticamente agotada en sus efectos prácticos y que ahora nos queda definir nuevos
criterios de acción tanto en el ámbito nacional como la búsqueda de acciones en el
terreno Internacional para presionar y lograr la concreción de nuestra Plataforma.
Un punto importante en esta presión internacional puede darse desde el interés del
gobierno por ser parte de la Comisión de DDHH de la ONU, para lo cual no sólo necesita el
apoyo de otros países sino que también mostrar una imagen internacional de respeto a los DDHH
y a la normativa internacional, por lo cual está acelerando la ratificación de convenciones
y tratados internacionales, como se mostró en el listado entregado por el Ministro; pero
junto con ello debería contrastar su publicitado éxito económico con la real dimensión de
la reparación a los sobrevivientes del terrorismo de Estado.
En esa línea tenemos bastante margen de maniobra y si logramos combinar la presión
Internacional con un inteligente plan de movilizaciones y acciones públicas en el País,
creemos que se darían condiciones para presionar y revertir en parte la situación actual.
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* De la Agrupación ex-Presas y ex-Presos Políticos, Valparaíso.