LA FLECHA ROJA Y CUBA
Esta declaración resulta extraordinariamente importante, pues a través de un
comunicado público a la Comisión Internacional de su Partido, representantes
de la base ciudadana activa nos recuerdan al conjunto de la sociedad chilena
una de las condiciones básicas de posibilidad para la convivencia pacífica
en un mundo que ha de ser plural y multipolar: el respeto y la promoción del
derecho de los pueblos a ejercer la autodeterminación, a ser soberanos.
Tan gravitante es este principio, que todos los pactos internacionales de
derechos humanos de Naciones Unidas parten con él: «Todos los pueblos tienen
el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural».
Nuestras sociedades latinoamericanas suelen tener una capacidad de recuerdo
frágil, porque fue precisamente la violación de este principio la que sirvió
de base, por ejemplo, para que el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo a
sus propios documentos desclasificados por la CIA, interviniera directamente
en asuntos internos de la sociedad chilena, desestabilizando la democracia
durante el gobierno de Salvador Allende, generando las condiciones para el
golpe militar y el terrorismo de Estado.
Es por ello que emprendedores de la memoria, como estos dirigentes democratacristianos, son tan relevantes. No nos recuerdan algo ajeno, sino nuestra propia historia reciente, que en
buena medida es la de la propia Democracia Cristiana.
Pero el llamado de estos dirigentes del provincial Santiago Oeste, de la
Juventud Demócrata Cristiana y de concejales de las comunas populares de
Cerro Navia y Lo Prado, no es solo de carácter genérico, sino que atiende
directamente una situación que en el contexto de la actual Cumbre
Iberoamericana que se desarrolla en Santiago pudiera hacer caso omiso del
principio de autodeterminación consagrado por Naciones Unidas: que
operadores políticos inescrupulosos intenten arrastrar a los mandatarios
presentes a pronunciarse contra un país soberano, Cuba, en momentos, como lo
consigna la declaración, «en que el Presidente Bush insta a la subversión
civil y militar contra la institucionalidad de ese hermano país».
Como parte
protagónica del gobierno, el Partido Demócrata Cristiano es anfitrión de
este encuentro internacional, por lo que resultaría una aberración y un
contrasentido que alguno de sus dirigentes nacionales, en un instante fugaz
de olvido de los instrumentos internacionales de derechos humanos, instara a
pronunciarse contra alguna de las delegaciones oficiales de los países que
asisten a la Cumbre.
Pero no se trata solo de un asunto de protocolo, de cuidar las formas, sino
de temas más de fondo.
Los dirigentes y concejales DC nos recuerdan que los
hoy detractores de la isla caribeña «olvidan el amplio apoyo que ha recibido
Cuba en la moción que presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas
exigiendo a Estados Unidos el fin al bloqueo comercial económico y
financiero impuesto hace más de 47 años, y que contó con el respaldo de 184
países y sólo 4 votos en contra. Así como omiten pronunciarse frente a la
arbitraria detención que sufren cinco patriotas cubanos encarcelados
injustamente desde 1998 en Estados Unidos», situación ante la cual Naciones
Unidas ha exigido su inmediata puesta en libertad.
En efecto, cinco jóvenes cubanos que recababan información en territorio
norteamericano acerca de organizaciones terroristas anticubanas fueron
detenidos hace años en Miami, bajo 26 acusaciones de violaciones de las
leyes federales de los Estados Unidos. De tales acusaciones 24 son delitos
leves de carácter técnico, que incluyen una presunta falsificación de
identidad e incumplimiento de registro como agentes extranjeros.
Ninguna de
las acusaciones los involucra en el uso de armas, en actos violentos o en
destrucción de la propiedad.
Los Cinco, como ahora se les conoce, fueron arrestados sin resistencia y
enviados a celdas de confinamiento solitario reservadas como castigo para
los prisioneros más peligrosos, y mantenidos ahí por 17 meses hasta el
comienzo del juicio. Éste duró siete meses, siendo uno de los más largos de
Estados Unidos. Luego fueron sentenciados a penas máximas de prisión,
recibiendo Gerardo Hernández una doble cadena perpetua y Antonio Guerrero y
Ramón Labañino una cadena perpetua. Los restantes dos, Fernando González y
René González, recibieron condenas de 19 y 15 años, respectivamente.
Se les
separó e internó, hasta el día de hoy, en prisiones de máxima seguridad
separadas por centenares de kilómetros cada una. A dos de ellos se les han
negado las visitas de sus esposas e hijas durante todos estos años, lo que
constituye una violación de las propias leyes de Estados Unidos y de las
normas internacionales.
Las protestas de Amnistía Internacional y otras
organizaciones de derechos humanos han sido permanentemente rechazadas. Un
Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas consignó que el juicio que se realizó a los cubanos en
Miami no fue imparcial, y que las penas fueron excesivamente severas. El
panel de la ONU también señaló que a los cinco detenidos se les había negado
el acceso apropiado a sus abogados y a evidencia importante.
Pero Estados Unidos es el paraíso de los derechos humanos, y su gobierno ha
prometido atacar el terrorismo adonde éste se encuentre, pero olvida hacerlo
con las bandas de Miami. Además gusta invadir a otros países para enseñarles
a la fuerza los valores del mundo libre. Pero esto no solo ocurre en el
lejano oeste, pues los dirigentes de base de la DC chilena señalan algo
similar a sus líderes de la Comisión Internacional, a la que llaman a que «se
abstenga de dar lecciones de democracia cuando en nuestro país después de 17
años de volver de la dictadura, aún tenemos excluidos a vastos sectores de
la sociedad, con nulas instancias de participación por parte de la comunidad
debido a un descrédito vergonzoso de la actividad partidaria, que remitimos
a las cúpulas políticas».
La sinceridad y lucidez del comunicado no admite concesiones: «debemos ser
francos y asumir que nuestro país –a diferencia de Cuba– tiene hoy un
relator para las Naciones Unidas que verifica la situación de los derechos
humanos del pueblo mapuche, los cuales han sido conculcados por la
aplicación de una denominada ‘ley antiterrorista’.
«Miremos también la
situación de nuestras cárceles y los recintos para menores donde hemos sido
reprendidos por la UNICEF a raíz de la tragedia en Puerto Montt. Saludamos a
la delegación oficial cubana y expresamos nuestra solidaridad con su pueblo
y respetamos su legítimo derecho a defender el proceso revolucionario que
les ha permitido garantizar a su población salud, educación empleo y techo
en condiciones, que nuestro país aún no logra».
La verdad os hará libres, creo que dijo alguien hace un tiempo. De seguro se
sentiría orgulloso de estos militantes de la flecha roja.
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* Sociólogo.