DE CANGREJOS, ÁRBOLES, PÍLDORAS Y LA T DE COBRE
Distintas organizaciones, movimientos sociales y espacios de reflexión y
propuesta, han salido a las calles en días recientes ante el trascendido –confirmado el viernes cuataro de abril de 2008– de que el Tribunal Constitucional habría acogido el requerimiento de parlamentarios
de derecha contra el decreto supremo, dictado por la ministra de Salud, que
instruye a los consultorios a repartir la píldora del día después.
Si bien al escribir esta crónica el fallo no es oficial, se ha indicado que éste afectará al
conjunto de métodos anticonceptivos utilizados en Chile –todos aquellos
basados en el uso del levonorgestrel y probablemente en los sispositivos intra uterinos–, lo
que implicaría un grave retroceso a nivel de salud pública y libertad de
decisión ciudadana, pues por mandato inapelable de un grupo de nueve
personas se impondría, para el conjunto de la sociedad, el fin de las normas
de regulación de la fertilidad conquistadas hace 40 años.
Resulta impresionante el efecto devastador que tendrá esta política que
eufemísticamente ha sido autodenominada por la
derecha como «pro-vida». Especialistas de la Facultad de Medicina han
sostenido que estamos ad portas a una catástrofe en salud pública como no se
ha visto antes en ningún país del mundo, que tendrá impactos en muertes, dolor, sufrimiento y gran daño a la
familia, porque por cada nacimiento adicional a los actuales morirán más de
dos embriones o fetos a causa de abortos clandestinos, y se podrían
hasta quintuplicar las muertes de mujeres a causa de complicaciones de
abortos.
Se trata claramente de una política pro muerte masiva.
¿Cómo es posible que en una sociedad, que gusta llamarse a sí misma «en vías
de desarrollo» y no tercer mundista, exista una institucionalidad que
permita que un grupo minoritario adopte decisiones no consultadas
democráticamente con consecuencias sociales masivas tan nefastas?
Una elite
que tiene acceso a la toma de decisiones, que admira los beneficios de la
globalización en cuanto al acceso a nuevas tecnologías de información y a la
libre circulación de mercancías y capitales, que se vanagloria de ser impulsora de una de las economías más desarrolladas y modernas de la región latinoamericna, en forma indolente aplica para las mayorías códigos propios de la Inquisición, que ni siquiera concita el apoyo de su credo.
Llama la atención esta aporía bestial entre modernización económica y ultraconservadurismo valórico malinformado y prejuicioso.
Porque las razones que se esgrimen de parte de los impulsores
de esta medida van en contra de toda evidencia científica. Estudios han
confirmado repetidamente que el levonorgestrel, y en ella la molécula
progestagénica que contienen el 100% de los
anticonceptivos hormonales orales que entrega el Ministerio de Salud, y el
40% de las píldoras que se compran en farmacias, no es abortiva, en tanto
funciona en base a inhibir la ovulación.
Esta elite minoritaria está por lograr
–logró–
una de las medidas más
discriminatorias de los últimos tiempos: las mujeres jóvenes y adultas que
no pueden acceder a los servicios privados, serán expuestas a embarazos no
deseados, los que por lo común tienen graves consecuencias para su salud y
la de sus hijos e hijas, su autonomía y desarrollo futuro.
El Centro de
Estudios de la Mujer ha enfatizado que esta resolución pretende tapar el sol
con un dedo, ya que el 67,4% de las mujeres ha tenido relaciones sexuales
antes de los 19 años, según la segunda encuesta sobre calidad de vida y
salud del Ministerio de Salud, y que la mortalidad materna por aborto sigue
siendo un importante problema de salud pública.
La elite derechista ultraconservadora y malinformada está lelvando al país,
adicionalmente, a una división de clases de efectos insospechados. en el
quintil de mayores ingresos, señaló el Centro de Estudios de la Mujer,
sólo se embaraza el 2,7% de mujeres menores de 19 años, mientras en los
quintiles más pobres este porcentaje se incrementa
llegando al 20,6% de las adolescentes.
Y son éstas las mujeres que hasta el
día de hoy pueden acceder a métodos anticonceptivos en los consultorios
públicos, permitiendo la planificación familiar, una de las claves de las
políticas públicas de superación del círculo de hierro de la pobreza y la
falta de oportunidades. Con la medida del Tribunal Constitucional la
división de clases se acrecienta a cuanto a posibilidad de decidir y de
acceso material a bienes y servicios que el sector particular difícilmente
perderá.
¿Porqué el código moral de una minoría tendría que ser la norma para el
conjunto de la sociedad? Ello no es sostenible en el tiempo. Bien podrá
ahora este
grupo usufructuar del enclave autoritario que es el Tribunal Constitucional
que legó Pinochet. Pero afortunadamente son muchos los códigos morales que
conviven
en nuestro territorio.
Las iglesias, sinagogas, mezquitas, y diferentes
tipos de culto
pueden tener autoridad para sus creyentes y seguidores, desde el derecho al
libre ejecicio de la religión. Pero no pueden pretender buscar autoridad con
fuerza de ley para quienes no son sus adeptos. Sí pueden participar en la
formación
de una opinión pública en la que entreguen con la fuerza de la razón y la
pasión sus argumentos, para conquistar democráticamente mayorías y para que
cada hombre o mujer pueda formarse un juicio moral y actuar en consecuencia.
Pero en una sociedad pluralista, como ha de ser la nuestra por convivir
distintos códigos morales con igualdad de derechos, la ciudadanía no puede
permitir que se utilice la institucionalidad para imponer un código moral
particular por sobre todos los demás.
Este fallo del Tribunal Constitucional no solo atenta contra la integridad
física de miles de mujeres y niños, sino también contra la posibilidad de la
democracia. Con él queda en evidencia lo urgente que resulta
llamar a una Asamblea Constituyente, que genere una nueva Carta Fundamental,
en la que estén resguardados los Derechos Humanos y el bien público como
columna vertebral de nuestra existencia en sociedad.
Para que ningún grupo
particular tome decisiones que afectan al conjunto de la sociedad a nombre
de todos sin consultar al soberano, el pueblo, a través de procedimientos
democráticos e informados.
Mientras ello no se concrete, seguiremos como el cangrejo, caminando para
atrás empujados por grupos que se quedaron en el medioevo, hasta llegar, con
grandes autopistas y televisores con norma digital, de regreso a la época de
las cavernas.
Hace falta mayor alerta y fuerza ciudadana para lanzarnos a
otro futuro posible que no sea el pasado dictatorial. Árboles firmes, con
raíces libertarias y democráticas, como a los que cantaba el poeta Nicolás
Guillén:
«Cierto que éste es un pueblo manso todavía/ No obstante, cualquier
día / alza de un golpe la cerviz; / rompe por doquier con sus calludas manos
/ y hace como esos árboles urbanos / que arrancan toda una acera con una
sola raíz».
Arranquemos una vez por todas la raíz constitucional dictatorial que amenaza
la vida, y sembremos en su lugar otro árbol, más frondoso, pluralista,
democrático, al que podamos arrimarnos todos y todas, sin exclusión.
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