Los juristas de la ONU y los DDHH en Chile
Durante el sexagésimo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos se presentó el informe del Relator Especial, señor Rodolfo Estavenhagen (E/CN.S/2004/80/Add.3), que describe ampliamente la lamentable situación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y que contiene importantes recomendaciones y conclusiones orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos de los pueblos originarios en Chile.
En la reciente reunión del Grupo de Trabajo Sobre Poblaciones Indígenas que abordó el tema de la Resolución de Conflictos, el Documento elaborado por el señor Miguel Alfonso Martínez, presidente del Grupo, destaca varios temas: como el reconocimiento de las tierras y recursos ancestrales (párrafos 14-24), el reconocimiento y la aplicación de los tratados entre Estados nacionales y pueblos indígenas (párrafos 34-45) y, sobre todo, el ejercicio del derecho a la libre determinación (párrafo 25-33) establecido en varias cartas, pactos, tratados y acuerdos internacionales.
El documento concluye destacando la necesidad de encontrar mecanismos de resolución de conflictos. En ese sentido, el caso de la nación mapuche-pehuenche está mencionado como ejemplo de frustración ante los mecanismos nacionales de resolución de conflictos, observada por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas (párrafo 82, nota al píe de página).
Incumplimiento de los gobiernos chilenos
El Estado chileno sigue demostrando su falta de voluntad política para mejorar la situación mencionada y poco ha hecho para avanzar en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas y sobre todo en sus derechos. La débil respuesta del Gobierno al informe del Relator Especial, el incumplimiento al acuerdo firmado ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) con la comunidades pehuenches de Alto Bío Bío, con motivo del desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, la negativa del Congreso chileno a ratificar el Tratado 169 de la OIT, la carencia de un proyecto de ley para una reforma constitucional, en común acuerdo con los pueblos originarios, entre otras cosas, ratifican esta afirmación.
Durante el primer gobierno asumido después de la caída de la dictadura de Pinochet, altamente represiva con el pueblo mapuche y el pueblo chileno, existieron ciertos esfuerzos por el reconocimiento del los pueblos originarios, que fueron plasmadas en la Ley Indígena en 1993, que más que demostrar el interés del Estado chileno por avanzar, respondió al momento histórico de clamor y recuperación de libertad que se vivía en el país.
No llegaron a ser más que buenas intenciones. Los dos gobiernos que le sucedieron sólo han contribuido a acrecentar el conflicto al promover la continuidad del modelo económico de la dictadura, basado en privilegiar la inversión del capital extranjero, en detrimento de los derechos de los pueblos.
El Estado chileno, en el contexto de la globalización, ha favorecido la ejecución de grandes proyectos de inversión en tierras de propiedad o reclamadas por los pueblos indígenas. En los últimos años han proliferado las inversiones en grandes proyectos mineros en el territorio de los pueblos aimara, atacameño o kunza, quechua y colla en el norte del país, así como proyectos forestales, carreteras, acuicultura e hidroeléctricos en territorio mapuche.
Mapuche: una nación agredida
Entre1881 y principios del siglo XX al pueblo mapuche le fue usurpado el 95 por ciento de su territorio histórico, perdiendo cerca de 9.500.000 hectáreas. Sin embargo el saqueo aún no se ha detenido y las compañías forestales extranjeras y nacionales continúan expandiendo sus áreas de cultivos en territorios ancestrales mapuche, degradando notablemente el ambiente a través de la presión sobre los recursos naturales, la implantación de cultivos exóticos no apropiados a la zona y el uso de agroquímicos.
La construcción de la Represa Hidroeléctrica en el alto Bío Bío, con una inversión de US$ 570 millones de dólares, ha inundado un territorio de más de 3.500 hectáreas, lo cual afecta negativamente la biodiversidad de la zona, ha sepultado lugares sagrados y el cementerio ancestral de los pehuenches y ha terminando con la división y reasentamiento de las comunidades que habitaban la zona.
La Ley de Pesca, tramitada desde marzo 2004, es un tema que afecta a las comunidades lafkenche (mapuches de la costa) y atenta contra su identidad cultural y sobrevivencia como pueblo.
El 70 por ciento de los vertederos de basura de la IX Región de Chile, están ubicados en comunidades mapuche y el resto en sectores campesinos pobres, lo que demuestra la discriminación del sistema hacia los grupos en peores condiciones económico-sociales. Tales proyectos son vistos como amenazas a su supervivencia cultural y material y han generado una importante resistencia en el movimiento indígena, que ha se ha movilizado en defensa de lo que consideran les pertenece.
La violencia del Estado
En Chile el recurso de la violencia, para controlar cualquier forma de disidencia o reivindicación política o social de los pueblos indígenas, se usa de manera permanente y sistemática, amparada en la legitimación de la seguridad nacional justificando la militarización para luchar contra los que el poder denomina subversivos, utilizando la máscara antiterrorista para atacar las libertades fundamentales.
En este contexto la lucha del pueblo mapuche por sus legítimos derechos, la defensa de su cultura y la lucha por una vida mas justa, ha sido el objetivo de una constante represión y agresión por parte del Estado, las transnacionales y las empresas y latifundistas nacionales. Asesinatos, torturas, prisión, detenciones arbitrarias, secuestros, desalojos forzados, allanamientos de moradas, quema de viviendas, atentados contra abogados defensores, falsificación de documentos, pago a testigos falsos, uso de «testigos sin rostro» y un sinnúmero de otro tipo de vejámenes, son frecuentes en territorio mapuche.
Durante el actual gobierno (2000-2006) se han interpuesto, hasta julio de 2003, 22 denuncias y 66 querellas contra mapuches, entre otros, por delitos a los cuales se les aplica la ley antiterrorista.
Entre diciembre de 2000 y octubre de 2003 más de 200 mapuche fueron objeto de investigación judicial por su posible participación en delitos relacionados con conflictos entre indígenas y empresas privadas. En la actualidad hay cinco presos políticos mapuche ( Aniceto Norin, Pascual Pichum, Victor Ancalaf, José Nain y José Llanca). A dos de ellos se los condena por delitos de amenaza de «incendio terrorista». Más de 50 mapuches se encuentran bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y sobre 40 personas deben vivir en la clandestinidad por haber reclamado la devolución de las tierras ancestrales y reconocimiento de sus derechos como pueblo.
Los derechos de los pueblos deben prevalecer sobre los «derechos del capital» impulsados por las economías de los Estados y las compañías transnacionales. Las actuales relaciones de comercio que se promueven no pueden seguir estableciéndose a espalda de la gente y de los pueblos.
Las economías que impulsan los Estados con la promoción de una mundialización del libre mercado, la estandarización productiva y la homologación de precios mundiales en economías desiguales y con desarrollo y tecnologías asimétricas, hace que vastos sectores sociales -como el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general- sean vulnerables a una economía avasalladora a favor del dominio corporativo, el saqueo transnacional, el desastre ambiental y social. Ese no es el mandato que los Pueblos le han encomendado a sus gobernantes, no es el futuro que la gente espera y del cual aquellos son responsables.
Señor Presidente:
La Asociación Americana de Juristas solicita a la Subcomisión y al Grupo de Trabajo que tome nota de la deplorable situación de los pueblos indígenas en Chile y en otras regiones del planeta, donde dicha situación tampoco es mejor y también tiende a empeorar, pese a los estudios y trabajos que se realizan y a la celebración de decenios y días internacionales de las poblaciones indígenas, y que comunique esta constatación a los otros organismos pertinentes.
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* Autor de la denuncia. Publicado en: www.portaldelpluralismo.cl.