La mayoría de los chilenos apoya fortalecer al Estado

Paul Walder – CLAE

La espontánea y multitudinaria marcha contra las AFP de finales de julio, que volvió a reproducirse amplificada y reforzada el 21 de agosto, no sólo ha sorprendido a observadores y analistas. Ha puesto una nueva tensión en la relación entre las personas, bajo su condición de consumidores y trabajadores, contra el capital, sus controladores y administradores.

Si hace un lustro los estudiantes instalaron y sellaron el repudio al lucro en la educación, concepto crítico que se ha extendido y consolidado con el paso del tiempo, hoy son los trabajadores, expresándose aún de manera inorgánica pero sin duda masiva, los que han colocado en el centro de la agenda el rechazo al sistema de capitalización individual para las pensiones de vejez.

¿Qué ha sucedido en uno de los países pioneros y líderes en el neoliberalismo global? Están, sin duda, los efectos económicos del modelo de libre mercado sobre la vida cotidiana de las personas, los cuales, en cualquier caso, tienen larga data. La novedad es la expresión de esas tensiones de maneras cada vez más extensivas. Si bien se han canalizado desde hace años a través de los estudiantes y organizaciones territoriales, no habían hallado, hasta ahora, una expresión tan masiva.

La explicación de este nuevo fenómeno, que parece instalarse en la sociedad chilena, puede comenzar a buscarse en diferentes estudios que recogen el clima social y las corrientes de opinión. Hacia comienzos de agosto el Cisec (Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura) y el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile presentaron el “Primer Informe Multimetodológico de Opinión Pública”, un extenso compendio que establece un avanzado esbozo de la evolución de las principales tendencias que movilizan a la sociedad chilena.

Mercado contra el Estado

Uno de los ejes que se perfilan en este informe, que cruza y triangula múltiples datos tanto cuantitativos como cualitativos mediantes entrevistas y análisis de la prensa, es un cambio importante respecto a una supuesta valoración positiva por parte de la ciudadanía del modelo de mercado. Muy por el contrario, lo que sondeos previos habían detectado, como los realizados por el PNUD desde inicios de la década pasada en cuanto a un creciente apoyo al papel del Estado en la economía, comienza a consolidarse y ampliarse.

Es sorprendente que en uno de los países más desregulados y mercantilizados del mundo casi el 50 por ciento de la población encuestada diga que el Estado debería regular “todas las actividades económicas”, cifra que sube al 56 por ciento para los “bienes y servicios básicos”. Esta afirmación se expresa también en el análisis cualitativo. Aquí se observa que “las personas creen que la privatización de empresas públicas y servicios (especialmente educación, salud, pensiones) se asocia a su pésimo funcionamiento, sufrimiento de los usuarios y una menor calidad de vida de trabajadores obligados a hacer uso de ellos. El Estado es visto como el único capaz de disminuir el malestar. La estatización es la contraparte de la privatización, y por tanto la única posible solución”. Para los encuestados, “la única manera de mejorar el país parece ser la transformación estructural, y el Estado parece ser dicho agente”, afirma a modo de conclusión provisional este informe.

Esta misma y marcada tendencia puede observarse respecto al control de los recursos naturales, tema silenciado en la agenda pública y medios de información en general, pero muy presente desde hace años en organizaciones sociales y territoriales afectadas por actividades extractivistas, como la minería o la industria forestal. La mayoría de la población estima que es el Estado la entidad que debe controlar y administrar los recursos naturales y bienes básicos. En un rango que va desde un 50 a más de un 70 por ciento, la ciudadanía estima que los recursos naturales deben pertenecer al Estado. En esta categoría entra desde la pesca (53), recursos forestales (59), minería en general (63), energía (73), cobre en particular (73) y agua, con un 74 por ciento. Todas estas menciones se refieren a áreas -con una mínima excepción en el cobre a través de Codelco-, entregadas desde la dictadura en adelante, y con énfasis durante los gobiernos de la Concertación, a corporaciones privadas. El agua, por citar uno de los ejemplo más sensibles, inició su privatización durante el gobierno de centro-derecha de Eduardo Frei Ruiz-Tagle hacia finales de los 90, y terminó este proceso con la venta total durante el de Sebastián Piñera.

Consenso: Chile es un país “muy desigual”

Estas respuestas del sondeo tienen una relación directa con una percepción más general sobre el país y sus contradicciones endémicas. A la pregunta si Chile es un país “muy desigual”, las respuestas afirmativas han aumentado desde un 66,5 por ciento en 2015 a un 75,6 en 2016. En un carril similar transita la pregunta si Chile es un país desarrollado. El 51 por ciento estima que es “subdesarrollado y lejos del desarrollo”. Esta respuesta se levanta pese al discurso oficial del aumento del PIB per cápita a 23 mil dólares anuales (el más alto de Latinoamérica), cifra que bien sabemos está extremadamente mal distribuida.

En este carril también aparecen otras respuestas que rompen todos los discursos de consensos levantados por las elites en el poder durante la transición. La realidad es que la estructura social y productiva chilena esconde enormes e irreconciliables contradicciones. Casi un 80 por ciento de los encuestados considera que lo que es favorable para el empresario no lo es para el trabajador. Esta misma respuesta, llevada a la relación empresario-consumidor, expresa aún una mayor contradicción: 85 por ciento estima que lo que favorece a la empresa perjudica al consumidor. “Esta diferencia modifica la visión unidimensional del consumo como fiesta y la convierte en un momento ambivalente, donde hay atractivo por comprar, pero también sensación de abuso. Esto se confirma con el dato respecto a que la mayor sensación de abuso sobre los ciudadanos se produce con las tarjetas de crédito de casas comerciales”, afirma el estudio.

La percepción de Chile a las puertas del desarrollo, un relato levantado por las elites durante toda la transición, argumentado en las exportaciones, las inversiones privadas, el acceso a la tecnología y los tratados de libre comercio, cae de forma intensa durante el último año. Si en 2015 esta opción marcaba un 51 por ciento, en 2016 cayó a un 43 por ciento. Aún más, al hacer un seguimiento de este discurso se puede observar que en el denominado “salto al desarrollo” confiaba, en 2006, más del 60 por ciento de la población. Hoy, con los problemas del descrédito de políticos, la corrupción que envuelve a los empresarios y la marcada desigualdad, el desarrollo como horizonte económico, social y político ha salido de la agenda oficial.

La visión de país está poblada de adjetivos negativos, afirma el informe. “Está mal, caos, descontrol, todo patas para arriba, situación desastrosa, insostenible, confusión, son expresiones habituales registradas durante las entrevistas”. Este tipo de discursos, refrenda el documento, “suele asociarse a la responsabilidad de la elite política, a su incompetencia y sus engaños”. Esta imagen del país nos lleva directamente a la corrupción. En el sondeo, un 77 por ciento de los consultados estiman que Chile es corrupto, en tanto un 23 por ciento de ese total considera que es “muy corrupto”.

AFP en la estacada

Las grandes movilizaciones contra el sistema privado de pensiones, que han reunido a más de un millón de personas en el país, están reflejadas con bastante precisión en este estudio. Un rechazo abierto y sin matices, ya que más del 60 por ciento estima que debe ser reemplazado por un mecanismo solidario y estatal. Así como la gran mayoría es contraria al sistema de AFP (sólo un tres por ciento opina que hay que mantener el modelo actual), la propuesta del gobierno de establecer una administradora estatal tampoco recibe gran apoyo. En el sondeo, apenas un 24 por ciento considera viable esa modalidad.

En las entrevistas realizadas para el informe, la percepción de las AFP es de “un sistema diseñado tramposamente para el beneficio económico de sus dueños, donde los trabajadores pierden dinero constantemente producto de una serie de falencias en el sistema: por el cálculo de los años de pensión, el gasto en publicidad y captadores, riesgo a merced de los ciclos bursátiles, pensiones muy bajas en una etapa de la vida de mucho gasto en salud, comisiones altas, entre otras”.

La parte final del estudio está orientada a buscar información sobre la percepción de cambios al sistema político y económico. El resultado es, sin duda, sorprendente, y destroza el pensamiento dominante inoculado por las elites en cuanto la sociedad chilena quiere mantener la institucionalidad vigente. A la pregunta sobre la necesidad de cambios, un 87 por ciento señala que hay que hacer cambios profundos. De ese total, un 21 por ciento estima que “hay que cambiar totalmente” el orden actual.

Los casos de corrupción política y empresarial han ahondado la brecha entre las elites y la ciudadanía: la imagen que la población tiene de estas elites no puede estar en un peor momento. La principal razón de esta crisis, afirma el estudio, está en la noción de “abuso” de las elites con los ciudadanos, en tanto las principales entidades juzgadas como abusivas son los sectores financieros (tarjetas de crédito de casas comerciales y bancos), grandes empresas en relación con el consumo y políticos e instituciones políticas en general.

El trabajo cualitativo sobre entrevistas entrega valiosa información respecto de la forma en que la ciudadanía percibe a las elites. No hay grandes diferencias entre las castas políticas y económicas, ya que ambas son descritas prácticamente de la misma forma: casi el 90 por ciento considera que son igualmente corruptas, “lejanas y piensan en sí mismas”. Sólo difieren en incompetencia, siendo “más incompetente la elite política”. Esto se debe a que los intereses de ambas elites son los mismos: no las personas ni el país, sino que sus intereses económicos. “Sin embargo los políticos son incompetentes puesto que su funcionalidad es resolver problemas ciudadanos, cuestión que no ocurre. En cambio, los empresarios son competentes, pues efectivamente logran hacer crecer su riqueza”, consigna el informe.

El gran valor de estos estudios es la capacidad de registrar los pequeños discursos que se han desarrollado durante largos años de forma privada y silenciosa. Múltiples voces que han ido configurando un relato cada vez más coherente y cohesionado, cuya más clara y última expresión ha sido el masivo rechazo a las AFP en particular, y al modelo neoliberal en general.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 859, 2 de septiembre 2016.