Peones rurales uruguayos, trabajadores otra vez olvidados

 

El miércoles 3 de setiembre, la Cámara de Diputados votó el proyecto de ley sobre jornada laboral y régimen de descansos en el sector rural. No hubo festejos ni presencia en las barras de los supuestos beneficiarios, las decenas de miles de hombres y mujeres nuevamente olvidados: los trabajadores rurales.

 

El proyecto aprobado, limita la jornada laboral a 8 horas diarias y 40 horas semanales, pero, deja fuera a los trabajadores de la ganadería y la agricultura de secano, y establece que “el empleador podrá disponer la realización de una novena hora. Esa hora extraordinaria se compensará con tiempo no trabajado”, y “finalizado el trimestre” las novenas horas “serán compensadas.” O sea, que se compensan tres o cuatro meses después, si se puede.

 

La novena hora es difícil de contabilizar en un plazo tan largo, difícil de reclamar para trabajadores aislados y distantes entre sí frente a empresarios “omnipotentes”, envalentonados por la falta de periódicos y efectivos controles por la Inspección de Trabajo oficial.

 

Las primeras organizaciones obreras, en el siglo XIX, ya exigían la limitación de la jornada laboral. Poco después, las ocho horas diarias fueron norma en casi todos los países del mundo. En Uruguay se aprobó en 1915. Las preguntas son: ¿por qué no ocho horas para el trabajador rural?, ¿por qué se le niega un derecho que se reconoce a todos los demás trabajadores?, ¿por qué a una parte de nuestra sociedad, incluyendo a los legisladores, les parece “normal” que así ocurra?

 

Esta discriminación que sufren los asalariados rurales se debe a desconocimiento y/o a interés en falsear la realidad. Pretender que la “ley de 8 horas” es sólo de aplicación urbana es una falacia.

 

El ninguneo de la ley de 8 horas, se comprende en empresarios tradicionalmente reacios a realizar los aportes fiscales que les corresponde argumentando que es preciso reducir el Estado, y siendo a la vez, expertos en reclamar fondos a ese mismo Estado cuando sus popes económicos los dejan endeudados.

 

Lo que no se comprende es la posición de la Comisión de Legislación del Trabajo de diputados, que recibió los planeos de los trabajadores pero no modificó sustancialmente el proyecto del Ejecutivo.

 

 

Más allá de que se minimice su importancia los/as asalariados/as rurales son la principal fuente de mano de obra del campo. Analizando los datos por categoría ocupacional, vemos que el 56 % de los trabajadores se encuentran en relación de dependencia. Le siguen los trabajadores por cuenta propia con un 31 %; y por último, los patrones, con algo más del 12 %.

 

Los conocimientos/experiencias de los trabajadores del campo se están perdiendo, en la medida que se expulsa a los poseedores de ese saber. Tanto los censos agropecuarios como los censos de población y vivienda, nos muestran que han disminuido las familias que viven en los establecimientos agropecuarios, y han aumentado los hogares de asalariados rurales localizados en el medio urbano, para aumentar el ingreso familiar. Los hijos de esos hogares adquirirán hábitos urbanos y no rurales. Este proceso se explica por la concentración de la tierra y la aplicación de nuevos paquetes tecnológicos, y se retroalimenta con el despoblamiento de la campaña y la precarización del trabajo.

 

Debe quedar claro que la problemática de los hombres y mujeres que trabajan en el sector agropecuario no sólo pasa por las ocho horas, pasa por el salario, por las condiciones de trabajo, por las compensaciones por trabajos insalubres, por reducción de la jornada en función de la actividad y por muchos otros aspectos laborales. Pero, también y no es menor, esos trabajadores/as y sus familias, tienen derecho a una vida digna; y en no pocos casos, eso pasa por el acceso democrático a la tierra.

 

El proyecto que llegó al parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, ha atravesado esta primera prueba con pena y sin gloria. Con pena para los trabajadores y sin gloria para los legisladores.

 

En diferentes cartas públicas, la UNATRA al mismo tiempo que reconoce su pena (“no vamos a ocultar nuestra bronca, ni nuestra tristeza, ni nuestra decepción”), se prepara para el segundo tiempo. Toma conciencia de sí (“nuestra debilidad se traduce en que debemos juntarnos más y saber juntar a más”); definen su próxima campaña (“no podremos cambiar el proyecto en diputados, hagámoslo en el Senado”), y ante los posibles reveses marcan el rumbo: “tenga bien claro la opinión pública, volvemos a decir que este no es nuestro proyecto de ley. Que si este proyecto se convierte en ley al otro día las y los trabajadores rurales seguiremos levantando la bandera de las ocho horas.”

 

* Ingeniero Agrónomo, docente, asesor del PIT-CNT y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).