El “fantasma boliviano” toma vuelo en Ecuador

 

 

Mientras el complejo escenario interno de Bolivia parece encaminarse a buen puerto (por lo menos hasta el momento), la tesis autonomista comienza a cobrar protagonismo en Ecuador. Casualmente en el país que -según las últimas encuestas- el próximo 28 de septiembre se convertirá en el primer caso sudamericano de recuperación de la función social del Estado de derecho y desarticulación del modelo de desarrollo neoliberal por la vía constitucional.

Quien lidera el proceso secesionista es el alcalde de la ciudad costera de Guayaquil, Jaime Nebot, principal opositor al Gobierno de Acuerdo País y a las resoluciones de la Asamblea Constituyente que hace pocas semanas terminó la redacción de la nueva Carta Magna.

 

El pasado 18 de septiembre el Presidente de Ecuador, Rafael Correa señaló las consecuencias que traerían para el país una eventual derrota del referendo constitucional en el distrito separatista: “Si gana el No en Guayaquil (…) tendríamos un permanente foco de desestabilización como está ocurriendo en la Media Luna boliviana", declaró Correa, quien sostuvo que "las élites guayaquileñas tienen un proyecto Singapur para ser otra República”.

 

Por su parte, Nebot declaró que de ser aprobado el texto legal tras el referendo, será responsabilidad de Correa si Guayaquil sigue los pasos del departamento de Santa Cruz de la Sierra (región de Bolivia que encabeza los procesos autonomistas de cinco departamentos orientales del país). Y acusó al primer mandatario de ser quien “realmente divide al país enfrentando a cristianos entre sí, ricos contra pobres, ciudades chicas con ciudades grandes”.

 

El Alcalde funda su postura contra la Asamblea mediante la tesis de presunta centralización política propiciada por el proyecto constitucional. Según Nebot, el artículo 261 -correspondiente a la Organización territorial del Estado- otorgaría excesivas competencias de carácter exclusivo al Estado Central.

 

El precepto cuestionado otorga al máximo órgano político las funciones de defensa nacional, protección interna y orden público; el registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio; las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento; Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda; el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; entre otras.

 

Evidentemente tales atribuciones para el Estado Central resultarían excesivas, y perjudiciales para los procesos de desarrollo regionales, a no ser que un atento lector del proyecto constitucional repare en la disposición que antecede al precepto comentado.

 

En efecto, el artículo 260 establece que “el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.

 

Cabe mencionar, que respecto a la descentralización política que plantea la nueva Carta Magna, se contemplan seis niveles de Gobierno. Cada uno con sus facultades exclusivas y sin dejar de recibir el sustento económico que reciben del estado Central. Actualmente, esos recursos alcanzan el 15 por ciento del Presupuesto nacional y se prevé elevarlos al 20 por ciento.

 

Por lo tanto, las causas del descontento de los seguidores de Nebot deben buscarse por otro lado: Guayaquil es considerada la capital económica de Ecuador. De su conocido puerto (que lleva el nombre de la ciudad) ingresan y salen las mercaderías del país. Además, en dicha jurisdicción tienen su asiento las principales casas financieras y banqueras de Ecuador.

 

El comercio, la agricultura y la exportación conforman el ambicioso escenario de Guayaquil, territorio de grandes grupos económicos. Sin caer en la tentación de paralelismos fundamentalistas, puede decirse que con Santa Cruz de la Sierra existen algunas semejanzas que van más allá de los reclamos por demandas de potestades políticas.

 

Lo que en realidad está en juego es el proceso de transformación del Estado de derecho ecuatoriano que se inició formalmente a fines del 2007 con los constituyentes reunidos en ciudad Alfaro, Montecristi.

 

Las restricciones a la matriz económica determinada por las fuerzas del mercado y el capital, la inclusión de la ciudadanía en las instancias gubernamentales y en la toma de decisiones políticas, y la fuerte impronta social y activa de la institución Estatal (principalmente en torno a las políticas de Soberanía Alimentaria), representan un desafío único e inminente para la sociedad ecuatoriana. (Ver: “La recta final de la nueva Carta Magna”. APM 27/06/2008).

 

La postura intransigente de los autonomistas de Guayaquil evidenciada en las últimas semanas no es un fenómeno reciente.

 

En enero de 2008, el alcalde de la ciudad convocó no solo una marcha sino también a la irracionalidad e imprudencia política: “¿cuál es el apellido del enemigo de Guayaquil?” Interpeló Nebot a sus fieles, los que respondieron con facilidad: “¡Correa!”. Claro que el libreto era imposible de olvidar para los marchantes. Sin embargo, sorprendido, el alcalde concluyó: “No lo he dicho yo, lo han dicho ustedes”.

 

No es este el estilo político que es dable esperar de un mandatario municipal que pretenda desligarse de las identificaciones partidarias del pasado y de los tradicionales sectores de poder de Guayaquil. La arenga transcripta refleja los vicios de intolerancia de las viejas prácticas políticas.

 

Además de los episodios de confrontación entre el Gobierno nacional y el municipio de Guayaquil, otros episodios agitaron el ambiente político en la antesala de la consulta popular. Las diferencias ideológicas y las acusaciones cruzadas entre el Presidente y la Iglesia Católica no cesan de profundizarse. Incluso dicha confrontación ha tomado carácter político.

 

Desde hace algunos meses la cúpula eclesiástica se opone al producto final de la Asamblea Constituyente, por considerar que fomenta y abre la posibilidad de legalizar el matrimonio entre homosexuales y el aborto.

 

El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Antonio Arregui se ha convertido en el principal orador de la institución eclesiástica en Ecuador.

 

Ante un grupo de fieles en la llamada convocatoria “por la vida y la familia”, el domingo 14 de septiembre (en Guayaquil, bastión de la oposición) Arregui dijo: “Pedimos que siempre se reconozca el designio de Dios nuestro creador cuando hizo al varón y a la mujer igualmente dignos y exactamente complementarios para que se convirtieran en fuentes de nuevas familias”, en relación a lo que -según la cúpula eclesiástica supone una legalización del matrimonio homosexual y el aborto-, sería una amenaza a la moral cristiana y a los valores de la familia.

 

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Nicolás Dousdebés dirigió una carta al presidente Correa en la cual le solicita “que respete, aunque no comparta, las opiniones de los obispos y sacerdotes de la Iglesia a la que usted pertenece”.

 

Más allá de las variadas interpretaciones que pueden surgir del análisis de las disposiciones de Familia en el texto constitucional, lo cierto es que resulta extraña, o por lo menos excesiva la posición de la Institución religiosa que apela a votar por el NO en el referendo del próximo 28 de septiembre.

 

En la actual situación histórica la mayoría de los países, aun los más conservadores, admiten los cambios que en materia legislativa se presentan como inevitables, teniendo en cuenta que el Derecho y la Religión (cualquiera sea ésta) se transforman de la misma forma que lo hacen las costumbres, hábitos, valores morales, y hasta las instituciones más arraigadas en un amplio período histórico.

 

En doctrina jurídica, se acepta que el Derecho va por detrás de la realidad, ajustándose a las necesidades humanas y elaborando las normas que otorgan los medios aptos para la consecución de los fines también humanos.

 

En este orden de ideas, es dable considerar la aceptación de la unión de hecho de personas del mismo sexo en la gran mayoría de las sociedades.

 

De ahí que, por lo menos, sea necesario un amplio debate en torno al matrimonio de homosexuales. De ahí el carácter excesivo y extrañamente absoluto de la postura de la cúpula eclesiástica de Ecuador. Aun más: el texto legal no dice nada sobre ese tipo peculiar de vínculo civil.

 

Resta hacer mención de las raras expresiones que utilizan los partidos políticos de oposición (Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Sociedad Patriótica -SP- y otros) para la campaña por el NO: “No al negociado de sus ñaños” y “No a la mariconada” se lee en las pancartas del SP, ciertamente opositor a la nueva constitución y al Gobierno de Correa pero sin arrojar ni siquiera una pista de tales consignas.

 

Autonomía, ideología y rechazo (sin demasiados fundamentos) de la Carta Magna sintetizan los puntos de tensión entre la coalición oficial Acuerdo País y los sectores e instituciones que se oponen al cambio en Ecuador, el que fue propiciado e impulsado por la mayoría necesaria en las urnas presidenciales de 2006.

 

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de varias consultoras de opinión pública que señalaban el triunfo del NO y por consiguiente el rechazo de la obra legislativa, los últimos sondeos que fueron publicados antes del 8 de septiembre (último día para la realización de encuestas), señalan que el SI será quien domine la jornada popular y soberana.

 

Según la empresa SP Investigaciones y Estudios, El 57 por ciento de los consultados votaría a favor de la propuesta de Constitución de Ecuador, el 23 en contra y el 20 lo haría nulo o en blanco. El director de la firma, Santiago Pérez, explicó en el canal Ecuavisa las razones de tal resultado previsto: “Hay un clarísimo anhelo de cambio de la población”.

 

Anhelo, cambio y ciudadanía. Conceptos que engloban el proceso político por el que atraviesa Ecuador. Claro que no son los únicos: Soberanía Alimentaria y Territorial, Derechos Humanos y cívicos, Equidad en la distribución de la riqueza nacional, Democracia real (y no formal o de baja intensidad), y Justicia social, son los principios claves de la voluntad pionera de la nación ecuatoriana.

 

Mientras tanto, el fantasma boliviano intenta aunar fuerzas para una nueva expedición. Los separatistas de Guayaquil pretenden copiar el modelo de Santa Cruz de la Sierra, que por poco hace caer a la nación boliviana en una crisis sin salida.

 

Claro que, por ahora, el fantasma sólo toma vuelo en Ecuador. Resta esperar algunos días para saber hasta dónde llegará.