Políticas migratorias en el siglo XXI: Cuando las fronteras se convierten en muros
Luciana Magliano*
La profundización de las desigualdades económicas, el aumento de la marginación y la pobreza han intensificado los flujos migratorios, en especial hacia los países centrales.
Los efectos de las medidas de carácter neoliberal en distintos países América Latina generaron condiciones para que miles de personas decidan o deban abandonar sus lugares de origen.. En respuesta a esta situación, países como Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han establecido una postura restrictiva frente a las migraciones, identificando al migrante que llega en términos de “amenaza” o “problema social”, criminalizando el hecho mismo de migrar.
Los movimientos de personas son un fenómeno social de carácter histórico. Sin embargo, los cambios que se produjeron en lo últimos años en las características y orientación de los flujos migratorios repercutieron en el tratamiento que recibieron las migraciones tanto en la esfera política como en la opinión pública.
La semana pasada, dirigentes de los 27 países de la UE autorizaron "el pacto europeo para la inmigración y el asilo", una de las prioridades de la presidencia de turno francesa de la Unión Europea.
El pacto prevé compromisos de parte de los países de la UE para hacer más dura la lucha contra la inmigración ilegal y, al mismo tiempo, para organizar la inmigración legal en base "a prioridades (…) y a la capacidad de recepción de cada uno", pero sin afectar intereses de otros países.
La consideración de fondo es que "la UE no tiene los medios para recibir dignamente a todos los inmigrantes en busca de una vida mejor".
El acuerdo firmado por los jefes de Estado y Gobierno europeos cierra la puerta a las regularizaciones masivas, solicita un refuerzo del control en las fronteras y del patrullamiento de aguas y solicita la creación de un sistema común entre los países de origen de los flujos migratorios y los europeos.
En este marco, América Latina no permaneció al margen de estos cambios. A partir de la década del setenta y sobre todo en los noventa, experimentó importantes transformaciones en sus dinámicas migratorias al compás de los efectos de las políticas neoliberales. El incremento de los niveles de desempleo y los índices de pobreza, la precarización y desregulación laboral en el marco del auge neoliberal, aceleraron los procesos migratorios, fundamentalmente hacia los países centrales como Estados Unidos y algunos de Europa, e incluso al interior de la propia región latinoamericana. En este escenario, las migraciones se han convertido en uno de los principales temas de las agendas políticas.
Los derechos humanos de los migrantes, la migración laboral e irregular, los desplazamientos forzosos, el tráfico y la trata de personas, la seguridad nacional e internacional, y la gobernabilidad de las migraciones se convirtieron en las temáticas de principal preocupación. No obstante, esto no significa que exista una visión integral y unívoca sobre estas problemáticas. Los intereses de los actores involucrados y las características de los procesos socio históricos en los cuales éstos se inscriben, hacen que se privilegien ciertos temas en detrimento de otros.
Los países que participan en los foros consultivos regionales sobre migraciones, como la Conferencia Regional (integrada por Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana); la Conferencia Sudamericana de Migraciones (conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela); el Compromiso de Montevideo de la Cumbre Iberoamericana (América Latina junto a España y Portugal) y el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, poseen diversas realidades migratorias.
Así, se advierten países que históricamente han sido expulsores de población, como el caso de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, México, gran parte de los países de América Central. Otros han sido receptores, como Estados Unidos y, en menor medida, Canadá, Argentina, Uruguay y Venezuela. Esta diferenciación no es absoluta, ya que hay países como Argentina, México y Brasil que han sido a la vez expulsores y receptores de población, de acuerdo a circunstancias históricas específicas.
En este contexto es posible reconocer las disputas y tensiones entre, por un lado, las recomendaciones surgidas en las declaraciones de estos foros y, por el otro, las políticas migratorias implementadas por los propios Estados nacionales. Las primeras tienden, en líneas generales, a fortalecer el respeto por los derechos fundamentales del migrante y su familia. Las segundas, en cambio, tienden a ser cada vez más prohibitivas, haciendo más visibles los “muros” que se levantan en las fronteras de los Estados.
Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos impulsó una ampliación de medidas restrictivas para el ingreso a su territorio. También desde finales del 2001, la Unión Europea (UE), en el marco de programas de lucha contra la inmigración irregular, comenzó a emitir propuestas con el objetivo de acordar la normativa sobre expulsión, detención y retorno de los migrantes en situación irregular.
La última propuesta promovida por la UE es la denominada “Directiva de Retorno”. Aprobada el 18 de junio de 2008 por el Parlamento Europeo, este documento hace referencia a una serie de procedimientos y normas comunes entre los Estados miembros centrándose, básicamente, en los métodos de expulsión de los migrantes en situación irregular.
Esta normativa cuenta con los siguientes puntos a destacar:
a) Permite la retención de personas migrantes en situación administrativa irregular durante un período que puede alcanzar hasta 18 meses.
b) Plantea la posibilidad de retener a los menores en centros de internamiento para extranjeros.
c) No incorpora todas las garantías necesarias para que el retorno tenga lugar en condiciones de seguridad y dignidad.
d) Convierte en dubitativo el derecho que tiene todo detenido de acceder al patrocinio jurídico y ser asesorado por su consulado, al afirmar que el “nacional de un tercer país podrá tener asesoramiento jurídico, representación y, en su caso, asistencia lingüística” (Art. 13.3 de la Directiva de Retorno, énfasis propio).
La Directiva de la UE construye un marco legal que permite endurecer en cada país las medidas contra las personas que se encuentran en situación de “ilegalidad”. Contribuye también a generar un clima de criminalización de los migrantes al sostener que la idea de migrar sin documentación es un hecho constitutivo de delito, al tiempo que fomenta la discriminación y la xenofobia, vulnerando el respeto hacia la dignidad humana.
Las críticas a esta Directiva no se han hecho esperar en la región. Los países de América del Sur emitieron una serie de declaraciones, comunicados y resoluciones en las que manifiestan un claro rechazo a la Directiva de Retorno. Los Presidentes de los Estados Parte del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Estados Asociados, en la Cumbre de Tucumán de julio de 2008, la calificaron “xenófoba”. Además cuestionaron a Europa por no “reconocer el principio de reciprocidad histórica”, haciendo referencia a la migración europea a América Latina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Los países miembros de Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) también hicieron referencia al “principio de coherencia”, exigiendo un “trato justo y humanitario para todos los inmigrantes de la región en la UE”, en consonancia con la “generosa acogida brindada a cientos de miles de nacionales europeos y sus descendientes en América del Sur”.
Del mismo modo, en la última Conferencia Sudamericana de Migraciones que se llevó a cabo en septiembre de 2008 en Montevideo, Uruguay, los países miembros reconocieron, una vez más, que dentro de las causas principales de las migraciones juegan un papel importante la pobreza, la desigualdad de oportunidades, la falta de acceso a servicios básicos, las brechas de ingreso y las diferentes condiciones de vida entre las regiones. Se admitió además que es responsabilidad compartida de los estados de origen y destino dar soluciones a esta problemática.
Vale aclarar aquí que las demandas de los estados de la región frente a las políticas migratorias de la UE no están exentas de contradicciones, puesto que el trato recibido por muchos de los migrantes al interior de las fronteras de estos propios estados no puede pensarse como “justo y humanitario”.
Las medidas cada vez más restrictivas en materia migratoria parecen ser otra muestra de la forma en que opera la relación centro-periferia en el ámbito mundial. Las migraciones internacionales no son fenómenos sociales autónomos. Por el contrario, se vinculan directamente con diversos factores sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, entre otros. La intensificación de los movimientos globales de población hacia los países centrales no sólo se deben al aumento de la pobreza y de la exclusión en los países de origen sino también a las constantes demandas de trabajo en los países de destino que se benefician con una mano de obra barata, fácilmente explotable y desprotegida. Pero este hecho no es ni anunciado ni reconocido.
Las políticas migratorias implementadas por los países centrales, basadas en el control y la segregación, criminalizan al migrante, quebrantando todos sus derechos. ¿Estas políticas detienen la migración? Es improbable. Lo que sí hacen es generar una mayor desprotección y vulnerabilidad del migrante que utiliza canales cada vez más informales para el ingreso a estos países en búsqueda de los beneficios del “primer mundo”.
*Publicado en APM. Alumna del Seminario Virtual de Posgrado de “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos” dictado por el PECYP en coordinación con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.