Seguridad versus Menores: Justicia no es sólo castigo

 “Lo que se les de a los niños, los niños darán a la sociedad”. (Karl A. Menninger, psiquiatra estadounidense)

 

Alguien dijo que “los únicos privilegiados” debían ser los niños y parece una afirmación con la que nadie puede estar en desacuerdo. Pero en la actualidad los privilegios han pasado a ser necesidades y derechos básicos a los que gran parte de la niñez y la adolescencia en Argentina están excluidas.

 

Así y todo, la tendencia es criminalizar a quienes, en lugar de estar jugando en el patio de su casa o en el aula de una escuela, deambulan por las calles luchando por sobrevivir en una sociedad que se aterroriza al verlos, los estigmatiza y los califica como “peligrosos”.

 

En Buenos Aires, la provincia más grande y más problemática de la República Argentina, el punto esencial de las discusiones judiciales volvió a poner sobre el tapete la cuestión de los menores, a partir del reclamo de las clases medias hostigadas por la delincuencia que exigen “seguridad”.

 

Fue el gobernador Daniel Scioli quien resurgió la idea de bajar la edad de imputabilidad para poner freno a la participación de los menores en los “delitos graves”. Pero, antes que él, otros funcionarios iniciaron el camino del endurecimiento de las penas, la restricción a las excarcelaciones y eso no hizo bajar los niveles de inseguridad.

 

La criminalización de la pobreza se acentuó desde 1999, cuando asumió como gobernador Carlos Ruckauf esgrimiendo la idea de que “los delincuentes se pudran en la cárcel”. Desde ese año, la Legislatura bonaeresnse sancionó numerosas reformas al Código Procesal Penal para alargar las penas y negar excarcelaciones.

 

Sin embargo, según el defensor de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires y miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, Mario Coriolano, a pesar de la existencia de normas cada vez más duras, en el territorio bonaerense “se pasó de quince mil a treinta mil detenidos”, sin que ello se tradujera en una disminución de los índices de violencia y delincuencia.

 

Según el experto, en función de ciertos paradigmas que provienen -según la región del mundo de que se trate- de cuestiones vinculadas al racismo, la religión o la llamada seguridad ciudadana, muchas veces “se tensan garantías constitucionales para proponer soluciones” casi mágicas, como los planteos que sostienen que más detenidos equivale a más seguridad.

 

En el mismo sentido, el consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y docente de la Universidad de Buenos Aires, Diego Freedman, señaló que “ampliar el alcance del sistema penal no mejora la cantidad y violencia en los delitos”.

 

Por otra parte, el reconocido especialista en derechos de la niñez, dijo que la mayoría de los estudios realizados por UNICEF e incluso por el mismo Gobierno argentino, indican que los delitos más violentos no son cometidos por niños pequeños. A su criterio, en vez de encarar el tema desde una óptica estrictamente penal, habría que elaborar una política pública interdisciplinaria que incluya trabajadores sociales, psicólogos y médicos.

 

Freedman insistió en la necesidad de preguntarse qué pasaría con esos chicos de 12 o 14 años que se quieren penalizar: “las instituciones que tenemos no están preparadas para alojarlos, de hecho, ya tienen superpoblación, pero sobre todo, está comprobado que cuánto más pequeño es el niño que ingresa a un instituto cerrado, menos posibilidades tiene de reinsertarse en la sociedad, pues, sin herramientas, incorporará una cultura distinta, más allá de los riesgos físicos y psíquicos que correría en esos lugares”.

 

Consultada por APM, la abogada, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Carola Bianco, coincidió en que la cárcel ha fracasado en su objetivo declarado de resocializar a las personas privadas de la libertad.

 

Por el contrario, consideró que el encierro acarrea “innumerables e irreparables perjuicios” para los individuos: “basta con ver las cifras sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en las cárceles y los Institutos de Menores de la Provincia de Buenos Aires, muchas veces seguidas de la muerte de los internos, el agravamiento de los problemas de salud o el contagio de diversas enfermedades de manera injustificada”.

 

Bianco cuestionó el hecho de que los funcionarios públicos insistan en la idea de atacar la inseguridad a través del castigo y admitió que “no es la primera vez que se intenta solucionar éste problema a través del Código Penal, no es la primera vez que el castigo es el único medio ostensible con que el Estado interviene ante dicho reclamo”.

 

En este punto, consignó que “la Constitución no parece ser el fundamento, porque cuando se trata de reclamar seguridad, los derechos fundamentales y las libertades individuales devienen menos indispensables, así como no se advierten con igual vigor las ilegalidades en las que incurre el propio Estado al omitir hacer efectivo el acceso igualitario de los derechos económicos sociales y culturales, de manera prioritaria sobre aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.

 

El sacerdote platense (ya fallecido) Carlos Cajade, escribió, tras visitar una prisión en Campana, provincia de Buenos Aires, que “en condiciones tan inhumanas, el hombre se hace salvaje”, expresión con la que intentó resumir la realidad de las penitenciarías bonaerenses: pabellones atestados de jóvenes marginales y sin condena, regidos por una fuerza militarizada que impone sus propias reglas.

 

Lo cierto es que el “flagelo de la inseguridad” merece un análisis mucho más profundo que la discusión en torno del castigo. El perverso sistema económico global desecha personas, no necesita de todos. Los que no hacen falta para hacer funcionar su engranaje, sobran. A esto se refería el profesor de Criminología, Victimología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Elías Neuman, en una disertación en la que habló de los “condenados a muerte” desde antes de nacer.

 

Carloa Bianco también reparó en el detalle de quiénes son -en su gran mayoría- los que habitan las cárceles y advirtió que “el peligro no sólo se aprecia en la regresividad del sistema de derechos humanos de dicha política criminal, sino que la injusticia e ineficacia de su ejercicio (el del castigo) deviene obsceno cuando se advierte su selectividad. Son los sectores más vulnerabilizados, sobre los que recae de manera rigurosa la persecución estatal, y luego a pesar de la alineación legal en la que se encuentran, pues no han podido ejercer sus derechos sociales y por ende sus libertades individuales, sí padecen la presencia estatal implacable a la hora de aplicar las penas”.

 

A la ya existente “selectividad del sistema penal y a la criminalización de la pobreza, se suma ahora la niñez y la vida en la calle, con lo cual el sistema de la crueldad asume su faceta más horrorosa”, alertó Bianco.

 

En consonancia, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, consideró absurda la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad de los menores, y aclaró que la función del Estado es ejecutar programas de prevención, educación e inclusión social destinados a quienes viven en situación de marginalidad.

 

Argibay afirmó que “van a bajar a 14 años y va a seguir igual; y lo van a bajar a 12 y va a ser igual. Dentro de poco vamos a tener al nene de tres años del jardín de infantes preso porque le pegó a su compañerito con la pelota en el pelotero”.

 

Para la jueza del máximo Tribunal argentino, lo urgente y necesario es combatir la exclusión social, “porque hace que muchos niños y adolescentes tengan una corta expectativa de vida por carecer de contención de parte del Estado y estar totalmente reventados por el paco”.

 

Por su parte, Bianco también recalcó la necesidad de “llevar adelante un proyecto de vida elegido y digno”, vinculado a la autonomía de la que cada persona debe gozar “para poder elegir” y así responsabilizar de sus acciones.

 

Autonomía -para la especialista-, “además de un derecho es el presupuesto y la consecuencia del ejercicio efectivo de todos los otros, el de tener acceso a una vivienda digna, a tener trabajo, a estudiar, a la libertad de pensamiento, a la libertad en las elecciones sexuales, a gozar de prestaciones de salud públicas, todos derechos constitucionales, que ante cada decisión gubernamental sobre el destino de los recursos públicos hacia las agencias penales, se tornan ilusorios para la mayoría de la población”.

 

Por eso, reiteró que “intentar restablecer la inseguridad omitiendo debatir y trabajar sobre las causas que la provocan” aparece como una alternativa “carente de lógica”, al tiempo que aseveró que “la presencia del Estado solamente a través de su faz represiva, sólo provocará más violencia”.

 

La entrevistada aseguró que “tenemos las normas, falta adaptar las estructuras institucionales y las prácticas sociales y eso requiere de acciones del Estado, de su compromiso con el sistema de Promoción y Protección de Derechos, de su compromiso con la formación de profesionales idóneos para abordar la problemática y desterrar prácticas tutelares, de su compromiso con la difusión y la efectiva implementación de la ley”.

 

Esto implica “una política que permita repensar la relación de la niñez con los adultos, que apenas a fines del siglo XX, accedimos a considerarlos ciudadanos”.

 

Pero, por el contrario, “sin haber siquiera realizado acciones sistemáticas de promoción y protección de derechos, sin haber realizado las acciones necesarias para promover una ciudadanía que participe en esta transformación que plantea la ley -la de considerar a nuestros niños como sujetos de derechos y por ende a ser escuchados, a atender a su interés superior, a emplear de manera prioritaria los recursos públicos en esta transformación- se plantea bajar la edad de imputabilidad de los niños”.

 

Para la letrada y docente universitaria, esa propuesta puede interpretarse como “una reacción emotiva (en la tipología de Weber), una reacción que ataca de manera directa a otra reacción pasional (en la terminología durkheimiana): la de los reclamos de castigo de algunos sectores de la población que asemeja castigo a seguridad y seguridad a justicia (y por ende castigo=justicia), pero que de ningún modo explica fundadamente cómo influirá en la seguridad de todos nosotros y de nuestros niños, la posibilidad de encarcelarlos desde los 14 años”.

 

Las preguntas se imponen: “¿Estamos dispuestos a encerrar a los niños para paliar nuestra sensación de inseguridad? ¿Estamos dispuestos a seguir esperando que alguna de las propuestas sobre reformas penales, nos restablezcan nuestros derechos? Lo doloroso y difícil de creer es que haya quienes estén dispuestos a probar, aunque sea a costa de los derechos de los niños que se encuentran en situaciones de pobreza extrema, que no han crecido ejerciendo sus derechos, niños que nunca han elegido”.

 

Para Bianco, el hecho de que “la producción jurídica se base en aumentar las posibilidades represivas sobre los ciudadanos, da cuenta de nuestra incapacidad de reflexión colectiva, de comprometernos en trabajar en busca de anhelos que no dejen afuera a la mayoría de la población y a nuestros niños”.

 

“Nada se ha dicho de qué modo se piensa que esta propuesta favorezca el que cada vez seamos más los que podamos ejercer nuestros derechos y que -como consecuencia de ello-, nos responsabilicemos de nuestras acciones y recuperemos nuestra seguridad”, significó.

 

Bianco calificó de “paradójico”, el hecho de que soluciones “perversas” como bajar la edad de punibilidad de los menores, “recaen con mayor rigurosidad en los sectores que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.

 

Es “paradójico y perverso porque esa vulnerabilidad no tiene nada de natural, sino que es provocada por omisiones estatales violatorias de compromisos Nacionales e Internacionales sobre los derechos humanos”, expresó.

 

Por último, la entrevistada instó a “combatir colectivamente” decisiones “inconstitucionales” como acción ineludible “para restablecer una democracia que intenta recuperarse de la violencia de Estado: una democracia muy querida pero que debemos defender con argumentos, con un debate polifónico que no deje afuera a quienes luchan diariamente por ejercer sus derechos vulnerados. Vulneraciones que resultan parte de las rutinas y las lógicas burocráticas violentas que desactivan la participación de la ciudadanía y omiten los compromisos asumidos en la construcción de una agenda de transformación hacia una sociedad más justa e igualitaria”.