Agronegocio en Argentina: El peligro del agua

Año tras año, se multiplican las experiencias científicas que confirman la contaminación con plaguicidas que sufren las redes en las zonas donde impera el agronegocio. Vacío legal, pautas obsoletas y una dirigencia política cómplice de otra tragedia sanitaria argentina.

“Al haberse confirmado la sospecha de presencia agroquímicos en el agua de red de Rufino, creemos es imprescindible se realice un estudio más riguroso, que incluya muestreos de los pozos de origen, muestreos en diferentes sectores de la ciudad y, al menos, un seguimiento bimestral que muestre la fluctuación a lo largo del año. Esto último, porque la presencia de agroquímicos en el agua de red puede verse afectada por el régimen de lluvias y por los períodos de fumigaciones más concentradas”.

El comunicado lleva la firma del Centro de Estudios Rufinense Scalabrini Ortiz (CERSO). Organización con base en una de las tantas triple fronteras –Rufino se haya muy cerca del límite de Santa Fe con Córdoba y la provincia de Buenos Aires– diseñadas por el agronegocio en los territorios de la Argentina profunda. CERSO divulgó los resultados de un monitoreo llevado a cabo por el doctor Damián Marino y su equipo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes midieron la potencial presencia de plaguicidas en el agua local.

Los hallazgos fueron tan contundentes como preocupantes: presencia de acetoclor –herbicida que se aplica en soja, maíz y girasol, entre otros cultivos–, atrazina –herbicida de usos múltiples–, epoxiconazol –fungicida–, imidacloprid –insecticida–, metolacloro –herbicida– y tebuconazol –fungicida–. Un combo de moléculas capaces de provocar, según el caso, desde cáncer hasta malformaciones, pasando por los abortos espontáneos, las enfermedades en la piel y problemas severos como el trastorno de tiroides, entre otros males.

“La toma de muestras de la red de agua potable de Rufino se llevó a cabo en el mes de octubre de 2021, en la Escuela Nro. 669 y en el Club Social y Deportivo Belgrano”, precisó el CERSO, a la par de señalar que el Concejo Deliberante de la ciudad desatendió los pedidos de apoyo para realizar una experiencia de relevancia comunal.

Lo constatado en esa ciudad representa el último ejemplo de una condición que es característica fija en nuestros territorios fumigados: la presencia de agrovenenos en el agua que consume la población. Año tras año, se multiplican las evidencias de contaminación. Tanto que ya es una rareza dar con un pueblo o ciudad arrinconado por los transgénicos que no evidencie trazas de agrotóxicos en sus redes de suministro.

En la Argentina de la soja, el maíz, la papa, la alfalfa, el trigo y el algodón genéticamente modificados para resistir plaguicidas, dar con fuentes de agua sin presencia de moléculas de agrotóxicos podría decirse que es cosa del pasado. Al menos, allí donde se lleva a cabo la agricultura de exportación basada en el paquete tecnológico –transgénicos (OGMs) + pesticidas + siembra directa–.

A escasas jornadas de ocurrir otra edición del Día Mundial del Agua, el nuestro es un mapa de certezas en cuanto al desastre ambiental que provocan estas sustancias. En el llamado corazón productivo del país, abrir la canilla y llenar un vaso es un auténtico peligro.

Esto que ahora se probó en Rufino es una continuidad antes que una rareza. Otra pieza más de una figura nociva que se agiganta con el correr de las décadas. O las cosechas.

Lobos o el sabor del veneno

El hallazgo en la ciudad santafesina sucede a menos de un año de constatada la presencia de cancerígenos como el herbicida 2,4-D en las aguas que nutren a los hogares de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, la comprobación corrió por cuenta de los científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Balcarce.

El monitoreo, otra vez, fue impulsado por una acción vecinal antes que por las autoridades de la política distrital. El colectivo que motorizó la experiencia lleva por nombre Aporte Por el Ambiente de Lobos (APAL).

Voy con algunos extractos del documento que emitió la organización tras los resultados obtenidos por el INTA Balcarce: “Encontramos 11 plaguicidas en aguas subterráneas a diferentes profundidades, incluso las utilizadas por las estaciones de bombeo municipales (a 50 metros de profundidad)”.

“Para que entendamos la gravedad de esta situación tomemos como ejemplo uno de los herbicidas encontrados, el 2,4-D. En la bomba 19, perteneciente a la red de agua corriente de Lobos encontramos niveles del herbicida 2,4-D, que están 45 veces por arriba de lo aceptado por la Unión Europea, que es la referencia tomada por el INTA en estos casos”, añade la organización.

Hay más: el equipo del INTA, encabezado por Virginia Aparicio, también constató contaminación con plaguicidas en muestras de agua de lluvia. “En el informe se registra el hallazgo de 10 plaguicidas en la muestra de agua de lluvia tomada en la plaza principal de Lobos el 8 de abril. Nos llueven en la cabeza herbicidas e insecticidas, las mayores concentraciones fueron de atrazina, fipronil y, otra vez, 2,4-D”, expone APAL.

“Se tomaron muestras, además, en los árboles cercanos para medir el impacto de estas aguas y vapores contaminados en el material vegetal. Nos encontramos para nuestra sorpresa con 6 plaguicidas a pesar de que esperábamos encontrar 1 o 2”, agrega el texto del colectivo.

La presencia de los venenos también se corroboró en los establecimientos educativos del distrito. “Tomamos muestras en la Escuela N°3 de Chacras y en la plaza 1810. Allí también encontramos 5 plaguicidas. Debajo de los juegos de la Escuela N°3 registramos importantes cantidades de glifosato y también en la plaza principal de Lobos”, se expone en el documento que refleja los hallazgos del INTA.

El desastre en Exaltación de la Cruz

La ruta funesta del agua con agrotóxicos tiene en Exaltación de la Cruz, también en el ámbito bonaerense, otra parada obligada. El caudal de la red que abastece a Los Cardales y Capilla del Señor está contaminado con clorpirifos, atrazina, epoxiconazol, imidacloprid, metolacloro, tebuconazol e imazetapir.
Nómina casi idéntica a la cotejada en Rufino. El análisis de las muestras corrió por cuenta, nuevamente, del doctor Marino y su equipo.

En agosto del año pasado, el Concejo Deliberante local se pronunció respecto de la situación ambiental en el distrito. Pero no del modo en que esperaba la población, atenta a la supervivencia antes que a las regalías que dicen generar las 30.000 hectáreas de soja, maíz y trigo que se siembran en el municipio: rechazó la modificación a la ordenanza que proponía aumentar a 1.000 metros la distancia de las fumigaciones respecto del ejido urbano.

La política municipal consideró como mejor decisión sanitaria habilitar el uso de venenos a una cuadra y media de las casas. Y a tres de las escuelas rurales. De la probada batería de agrotóxicos disueltos en el agua que toman todas las personas en el distrito, ni una sola mención oficial.

Tres años y nada cambió en Pergamino

En abril de 2019, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó suspender las aplicaciones de agrotóxicos en el partido de Pergamino, en el norte bonaerense, tras constatarse una epidemia de personas afectadas por problemas respiratorios y erupciones en la piel en barrios linderos a lotes sembrados con soja transgénica.

La decisión del magistrado llegó tras un reclamo ante la Justicia que se inició un año antes. Sabrina Ortiz, mamá fumigada de Fiama y Ciro y abogada ambientalista, fue pieza clave en ese proceso.

El relevamiento científico que acompañó la decisión judicial arrojó que las napas que abastecen a los barrios de Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida presentan trazas de al menos 18 plaguicidas. Villafuerte Ruzo mencionó algunos compuestos en su pronunciamiento: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacroplid, desetil, y 2,4-D.

Sí, varios de los hallados en Lobos. Unos cuantos de los constatados en Rufino. Mismo paquete tecnológico. Mismo modelo productivo. Mismo agronegocio. Mismo desastre ambiental.

En ese abril de 2019, el juez exhortó al municipio a que garantice de manera inmediata la provisión de agua potable. Esta semana consulté a Ortiz respecto del estado de situación de la causa y qué ha ocurrido con el suministro desde entonces. Su respuesta es otra confirmación de la desidia con que los sistemas político y judicial abordan las tragedias ambientales que atentan contra la vida en Argentina.

“Desde la gestión política no se ha hecho nada al respecto. Sigue vigente la cautelar que, por por orden del juez Villafuerte Ruzo, establece la entrega de agua envasada en los barrios investigados”, afirmó. Ortiz señaló que el municipio no ha impulsado plan alguno para mejorar la calidad del agua.
El veneno sigue estando ahí.

De Areco a Trenque Lauquen

Una de las primeras confirmaciones de cuán extendida está la presencia de los plaguicidas en el agua que consumen nuestras poblaciones tuvo lugar en agosto de 2015. Distintos análisis efectuados en la escuela N°11 de San Antonio de Areco, por entonces dirigida por Ana Zavaloy –docente fumigada que falleció en junio de 2019–, ubicaron glifosato y otros agrotóxicos en el agua del molino del que se abastecía el establecimiento educativo.

Allí midieron, también, los científicos de la Universidad Nacional de La Plata. En 2019, otra experiencia similar ubicó al herbicida cancerígeno en las escuelas rurales N°6 y N°14, ambas en el mismo distrito. Un año más adelante trascendió la situación en Trenque Lauquen, en el oeste de la misma provincia. En ese distrito, el colectivo de Vecinxs Autoconvocadxs por la Salud Ambiental informó los resultados de un muestreo llevado a cabo en noviembre de 2019 por especialistas del INTA Balcarce.

El agua que se analizó fue recolectada en zonas en torno a las rutas 5 y 33 y en áreas de la ciudad como Barrio Parque y la Ampliación Urbana. Las moléculas de venenos detectadas: los herbicidas imazetapir, metsulfuron metil, atrazina y 2,4-D, el insecticida imidacloprid, y fungicidas como el tebuconazol. Las concentraciones más elevadas de agrotóxicos fueron constatadas dentro del ejido urbano. En la red que provee a los hogares. Al día de hoy, la municipalidad de Trenque Lauquen no tomó una sola decisión para cambiar semejante atentado a la salud comunitaria.

Entre el vacío legal y las pautas obsoletas

Este escenario de contaminación preponderante es inseparable de, por ejemplo, la decisión política de mantener fuera de marcos y pautas regulatorias a determinados plaguicidas. A tono con esto, la dirigencia también ha operado con firmeza para frenar la actualización de criterios como los límites permitidos de presencia de residuos de agrotóxicos en el agua.

Hablé con Damián Marino al respecto. El investigador de la UNLP y el CONICET señaló que la información científica “cargada” en el Código Alimentario vigente presenta al menos 20 años de atraso. “La última actualización de datos se dio entre 1998 y el año 2000. Argentina está al menos dos pasos por detrás de las normas establecidas en el bloque europeo”, afirmó.

“En el Código Alimentario aún figuran límites para productos antiguos, como es el caso de los organoclorados, que llevan años de uso prohibido en el país. El DDT, el endrin, siguen teniendo lugar pero no se ha incorporado a los herbicidas, los insecticidas o los fungicidas actuales. No están contemplados ni el glifosato ni el clorpirifos, por poner dos ejemplos”, añadió.

Destacó Marino que, “en tanto estos productos no están incluidos, cualquiera podría decir que no se está infringiendo ninguna norma. La omisión al glifosato en el Código Alimentario hace que no rija un marco regulatorio que regule su presencia, al menos no para el agua de consumo. Es una situación de vacío tan preocupante como particular”.

En cuanto a los criterios vigentes en términos de límites permitidos, el experto reconoció que “se están discutiendo algunos niveles de referencia para la protección de la biota acuática”, pero enseguida aclarar que “no se está hablando de aplicar cambios a los parámetros vigentes para nuestro consumo de agua. La legislación en este aspecto también acumula al menos 25 años de atraso”.
“Podemos decir que, en cuanto a la calidad del agua que se consume en los hogares, estamos por lo menos a ciegas”, concluyó.

Sobre lo que no hay dudas es la acumulación de plaguicidas en el líquido vital. Y que los vestigios de estas bombas químicas han aparecido siempre que se efectuaron exámenes para determinar la presencia o no de las sustancias. La discusión sobre los límites de residuos es otra arista del problema. Un aspecto de otro nivel.

Lo esencial es no perder de vista que los agrotóxicos no tienen por qué estar ahí, en nuestra agua. No hay justificativo sanitario para tal presencia. Beber agua con glifosato o 2,4-D, con insecticidas o fungicidas, no tiene ni debe naturalizarse. Que el envenenamiento dosificado no se vuelva otra mala costumbre.