Chile: No votaré el 7 de mayo
No votaré el próximo 7 de mayo de 2023. Fundamentalmente, porque ninguna de las cinco listas de candidatos a Consejeros Constitucionales de los partidos políticos que se presentan representan las ideas que profeso en materia política constitucional.
Además, porque luego de años de analizar los distintos procesos constitucionales desarrollados en América Latina y el Caribe, especialmente, los del periodo abierto con la Asamblea Constituyente de Colombia, en 1991, hasta la actualidad, me he convencido de que no son los mecanismos o los instrumentos políticos necesarios y útiles para salir de la condición neoliberal dominante en todas las sociedades de la región. Luego, de los fracasos de los procesos constitucionales antineoliberales de Ecuador y Bolivia y el maltrecho proceso bolivariano, no se puede seguir apostando por un cambio que es, en cierta forma, un no cambio.
Luego de aproximadamente 20 años de cambio político constitucional en América Latina las condiciones políticas e institucionales de la democracia, por ejemplo, no son las mejores, esta sigue debatiéndose en los mismos problemas de siempre: concentración y apropiación de la representación política de la ciudadanía en organizaciones políticas, partidos o no, corruptas, manipuladoras, manejadas por las y los traficantes de la palabra, escasamente creíbles, y un largo etcétera.
La crisis de la representación política democrática es de larga data en la región arranca en los años ochenta del siglo XX, o sea, son más cuatro décadas donde la política democrática está atrapada y manejada por hombres y mujeres con bajos niveles de ética pública, sostenidos por el poder financiero del capital o del poder militar o del comunicacional o del poder imperial. Desde México hasta Argentina, no hay ningún país o regimen político democrático, que puede sostener que está libre del flagelo de la corrupción. Unos más otros menos. Ninguno está libre de pecado. Los ejemplos nos sobran.
El cambio constitucional de los últimos años no mejoró ni alteró sustantivamente las condiciones materiales de existencia de hombres y mujeres, especialmente, de las clases trabajadoras o populares. Precarización laboral juntamente con la pobreza han aumentado significativamente en los últimos años. Mientras que la riqueza que controlan las clases dominantes se ha incrementado de manera vergonzante y abismal. Basta con consultar las cifras que entrega la CEPAL para observar el pavoroso escenario de pobreza material en la que viven millones de seres humanos a lo largo y ancho del continente.
El cambio constitucional impulsado por gobiernos progresistas tampoco logró evitar la devastación de la naturaleza impulsada por el extractivismo minero trasnacional. Todo lo contrario, los diversos “proyectos de muerte” como los calificara la académica mexicana Raquel Gutiérrez siguen su marcha en distintas regiones de Nuestra América. Los gobiernos progresistas de la primera ola (1998-2010) en esta materia fueron un total y rotundo fracaso.
Los derechos sociales y económicos, cuando estos son consagrados constitucionalmente, quedan reducidos a la nada misma, ante el envión recuperacionista del poder político de parte de la extrema derecha neoliberal, conservadora y neoconservadora. La destrucción social y económica de Argentina actual como consecuencia de las políticas macristas recientes como de la mala gestión y limitaciones del gobierno de los Fernández incapaces de romper con las estructuras profundas del poder neoliberal en el país, tiene a la ciudadanía popular en la miseria.
La síntesis que podemos realizar luego de dos décadas de cambio político impulsado por gobiernos progresistas a través de la vía constitucional en América Latina y el Caribe, es más bien negativa. Las estructuras neoliberales siguen en pie. Hasta ahora, ningún país de la región -cabe señalar para ser justos, ninguno del orbe neoliberal- ha logrado salir de esa condición.
En definitiva, el fracaso constitucional es más que evidente, entonces, ¿por qué pensar y sostener que el cambio constitucional podría sacarnos de la condición neoliberal que la sociedad chilena adquirió hace ya medio siglo?
Tiempo atrás escribí un texto sobre el cambio constitucional en Chile, en el sostuve que las “constituciones políticas en Chile se elaboraban para la eternidad” o sea, para durar en el tiempo, gruesamente, en los 200 años de historia, el país ha tenido, tres constituciones: la de 1833, con 92 años de duración; la de 1925, con 48 años de vigencia y, la de 1980, hasta con 43 años desde su aprobación. Si atendemos a lo que sostienen los especialistas en el tema: la “mater” Constitución, o sea, aquella que dio origen al constitucionalismo nacional, es la de 1833, esa matriz estuvo presente en la Constitución de 1925 y mucho más fuerte su presencia, por su impronta autoritaria, en la de 1980. Podemos, entonces, sostener que ese constitucionalismo ha durado 183 años de los 200 años de existencia Republicana de Chile. En otras palabras, es la matriz dominante.
Luego del Rechazo de la Constitución elaborada por la Convención Constitucional el 4 de septiembre de 2023 de manera mayoritaria, contundente y categórica por un 62% del “pueblo constituyente”. La dirección del proceso de cambio constitucional quedó en manos de las y los partidos del orden neoliberal y de la denominada clase política todos herederos del constitucionalismo histórico nacional, o sea, de la matriz constitucional de 1833.
Violentamente la historia fue despertada en octubre de 2019. Cuando millones de ciudadan@s exigieron el fin del neoliberalismo, la renuncia del presidente Piñera, y, la realización de una Asamblea Constituyente. Ninguna de las tres exigencias ciudadanas se logró. No obstante, el poder constituido abrió un procesos constitucional como una forma de evitar el colapso del regimen político. Se convoco a una Convención Constitucional para elaborar una nueva Constitución con el objeto de reemplazar la Constitución de 1980, la constitución del dictador.
Para esos efectos, se eligieron 155 convencionales en forma paritaria, con la presencia de representantes de los pueblos originarios y de ciudadanos y ciudadanas independientes que se transformaron en los primeros constituyentes electos por el pueblo constitucional. Por primera vez, en 211 años de establecida de la República, las y los ciudadanos, las y los soberanos, tenían la oportunidad de escribir una Constitución. Y, la escribieron. Sin embargo, solo el 38% del pueblo constituyente la aprobó. El resto la rechazó.
A pesar de que la Convención, no era una Asamblea Constituyente, teniendo presente la historia constitucional tanto europea como latinoamericana como la teoría política democrática, de ninguna manera constituía un oprobio o un atentado contra los valores democráticos. Todo lo contrario, comparada la Convención con los órganos colectivos presentes en los procesos constitucionales del pasado era un avance formidable. No obstante, muchos detractores de todos los colores políticos no lo consideraron así. Y, se le opusieron y llamaron a rechazar el documento propuesto por las y los ciudadanos convencionales.
La Convención fue criticada por todos. Lo cual por cierto no está mal, la crítica es parte de la acción democrática. Pero, tengo la impresión de que esta fue una crítica descalificadora y profundamente conservadora. Fundamentalmente, porque ella había quebrado los marcos tradicionales del derecho constitucional nacional. Aparecieron por doquier las y los viudos del constitucionalismo formal y conservador exigiendo el respeto a la tradicional. Rasgaron vestiduras. En un espectáculo miserable condenaron lo que las y los ciudadanos realizaron. Invocaron a los padres autoritarios del siglo XIX para defender instituciones retrogradas y rancias como por ejemplo el Senado.
Derramaron sucias y negras lágrimas por el unidad del Estado nacional, supuestamente, destruido por el plurinacionalismo y por el reconocimiento de los pueblos originarios, que supuestamente, ellos se habían encargado de exterminar en los siglos anteriores con el objeto de limpiar el surgimiento de la “patria”. Obviamente, el carácter patriarcal y machista de la “patria”, no podía ser modificada por la diversidad cultural y de género. La “patria” es sagrada y no se toca ni se mancha. Esta es inviolable, aunque las mujeres, por supuesto, que sí. Patria = Patrón. La patria debía ser defendida de esta tropa de “raros” que buscan subvertir todos los órdenes sobre los cuales la sociedad chilena y su gente había transitado desde el siglo XIX en adelante.
Salieron en defensa de la propiedad privada. Recordemos, según el dictador construir “Nación es tratar de hacer de Chile un país de propietarios y no de proletarios”. La condición de propietarios da la impresión de que se logró no solo durante los 17 años de la dictadura sino a lo largo de los 30 años de gobiernos democráticos neoliberales.
Diversos estudios realizados demuestran que la propiedad se transformó en el principal patrimonio de las y los ciudadanos nacionales. La propiedad de un bien, principalmente, de una casa como también un auto y otros enseres se transformaron en la clave de la nueva ciudadanía. La posesión, no necesariamente, de medios de producción sino de bienes de trabajo se transformaron en la base material que constituía la calidad de ciudadano en la sociedad neoliberal. A tal punto, que en una investigación que realizamos hace algunos años, las y los ciudadanos consideraban que el principal derecho humano que ellos disponían y debían defender era el derecho de propiedad.
Muchos ciudadanos consideraron que el derecho de propiedad, el derecho a disponer de patrimonios, alcanzados por el esfuerzo individual o colectivo-familiar fue relativizado y amenazado por el proyecto constitucional elaborado por la Convención, lo cual, por cierto, era falso. Pues, el proyecto conservó intacto lo que se disponía la Constitución de 1980 en dicha materia. Fue una “noticia falsa” que calo hondo en la subjetividad de la mayoría de la ciudadanía neoliberal votante como no votante. El rechazo fue una defensa del derecho de propiedad.
*Posdoctorado en estudios latinoamericanos (Unam), Ph.d. en ciencia sociales y políticas Flacso-México, miembro del Centro de investigación de procesos políticos y sociales en América latina (CIPPSAL).