Aborto. – »TRATAMIENTO MASCULINO» AL CUERPO DE LA MUJER
LA SITUACIÓN EN GUATEMALA
En el marco de la Campaña 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe se presentó el estudio Aborto y atención postaborto en Guatemala: Informe de profesionales de la salud e instituciones de salud, promovido por la organización de mujeres Tierra Viva.
Laura E. Asturias*
Al inaugurar el encuentro María Eugenia Lemus, de Tierra Viva, consideró valioso tener un espacio para hablar especialmente del aborto, “de historias nuestras, de vecinas, de amigas, y recordar que en eso no estamos solas: estamos todas juntas”.
Edgar Kestler, médico y director del Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva, informó sobre la problemática nacional de la interrupción insegura del embarazo como la refleja el estudio, del cual es coautor.
Algunos datos contenidos en el documento
Según estimaciones correspondientes a 2004 de la Organización Mundial de la Salud, 3.7 millones de abortos inducidos ocurren anualmente en Latinoamérica y el Caribe y 17 de cada cien muertes maternas se deben al aborto inseguro.
Guatemala, que permite el aborto sólo para salvar la vida de la mujer, tiene la más baja prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en la región: los utilizan apenas 34 de cada cien mujeres y la demanda insatisfecha de éstos asciende al 28 por ciento. Así las cosas, hasta una tercera parte de los nacimientos no es planificada y muchas mujeres deciden poner fin a su embarazo.
Las instituciones públicas de salud dan el 76 por ciento de la atención postaborto en el país y las privadas el 24 por ciento. Sin embargo, la falta de registro de estadísticas oficiales sobre el aborto, sumada a la ilegalidad de éste, hace imposible medir su alcance real.
Alma Odette Chacón, coordinadora de Tierra Viva, destacó la importancia de exigir, entre otros, el derecho a la información, a tomar decisiones, al acceso a servicios de calidad y calidez, como también a no sufrir discriminación ni violencia en lo relativo a la anticoncepción, la maternidad o la interrupción del embarazo.
Muertes por aborto
Datos de un programa de vigilancia en la ciudad de Guatemala citados en el informe indican que de las muertes de mujeres entre 15 y 49 años relacionadas con embarazos o partos, la cuarta parte fue por infección y, de éstas, el 32 por ciento se asoció al aborto inducido o espontáneo.
En la probabilidad de que surjan complicaciones influyen dos factores: el lugar al que se acude para tener un aborto y la seguridad del procedimiento. Ambos, según el estudio, “dependen en gran medida del nivel socioeconómico de la mujer y de su sitio de residencia”. El riesgo es mayor entre mujeres rurales pobres, para quienes es más probable tener abortos inseguros, presentar complicaciones graves y no recibir atención médica cuando éstas ocurren.
Profesionales de la salud entrevistados para el estudio consideran que el 40 por ciento de mujeres rurales pobres que requieren tratamiento médico para las complicaciones no lo buscará, pese a que casi tres cuartas partes de ellas lo necesitarían, como tampoco lo harán 28 de cada cien urbanas pobres.
En las mujeres rurales pobres, las complicaciones se deben a un deficiente estado nutricional y de salud, como también a “barreras culturales y de idioma que les impiden seguir las instrucciones de los cuidados postaborto”. Según el estudio, ellas temen ser castigadas y maltratadas por el personal médico; la pobreza no les permite pagar el costo del transporte ni de la atención y, en el caso de indígenas, existen normas culturales que les prohíben consultar a médicos hombres.
Todo ello “contribuye a niveles inaceptables de morbilidad y mortalidad materna”.
Necesario cambio de actitudes
La antropóloga Emma Chirix, tras celebrar la disponibilidad de la investigación, se manifestó preocupada de que ésta fuera realizada con metodología cualitativa pero “con conocimiento biomédico y occidental sobre el aborto”; de ahí que no se valore la percepción “de otras personas, especialmente de las comadronas”. Si no fuera por ellas, dijo, “la salud de las mujeres indígenas y las pobres estaría con más alto grado de morbi-mortalidad”.
En su opinión, hay que hablar del aborto relacionado a las políticas estatales, “de cómo el Estado nos mira a las mujeres y el cuerpo de la mujer, al cual da un tratamiento masculino”.
De hecho, el estudio recogió las percepciones de 74 profesionales de la salud en 21 de los 22 departamentos del país acerca de mujeres que recurren al aborto y proveedores de éste, así como de personal de alto nivel encargado de atender complicaciones postaborto en 178 instituciones de salud.
Aunque el 63 por ciento consideró necesario mejorar el servicio de tratamiento de dichas complicaciones y proveer medidas de prevención y educación, un elevado 37 por ciento opinó que “no se requieren medidas adicionales” pues “los servicios prestados son adecuados”.
Este estudio es un importante aporte en cuanto a las medidas que han de tomarse para que la maternidad en Guatemala sea una auténtica elección y se logre reducir la mortalidad asociada a ella. También evidencia que mucho tendrá que cambiar en la mentalidad de profesionales de la salud para que las mujeres que recurren al aborto debido a su particular situación no sigan enfrentándose a un trato deshumanizado y la interrupción del embarazo no les provoque la muerte.
Referencia: Elena Prada, Edgar Kestler, Caroline Sten, Lindsay Dauphinee y Lilian Ramírez. Informe ocasional Número 18. Instituto Alan Guttmacher, diciembre 2005 (Guttmacher.org).
Recomendaciones para evitar el aborto inseguro
– Aumentar –sobre todo en las instituciones públicas, que atienden a la mayor cantidad de mujeres– la disponibilidad de la atención postaborto (APA) y mejorar su calidad, mediante el suministro de equipos para aspiración manual endouterina (AMEU) y capacitación en su uso, además de establecer esta técnica como el protocolo estándar de APA.
– Proveer equipos de ultrasonido e incrementar el uso de antibióticos.
– Mejorar la prevención del embarazo no deseado ofreciendo consejería en planificación familiar en la misma institución donde se brinda APA a las pacientes, además de suministrarles métodos anticonceptivos eficaces (incluidos los de emergencia) o aumentar su acceso a éstos.
– Informar al público sobre los riesgos del aborto inseguro para la salud, generar conciencia sobre los derechos de salud reproductiva de toda la ciudadanía, implementar completamente la Ley de Desarrollo Social, como también la de acceso universal y equitativo a servicios de planificación familiar, además de apoyar las políticas con una fuerte aplicación de las leyes a fin de asegurar su cumplimiento.
* Periodista, artículo en revista La Cuerda, Ciudad de Guatemala.
América Latina.
LEYES MÁS ESTRICTAS CONTRA EL ABORTO
A diferencia de la mayoría de los países del mundo, en donde la tendencia ha sido liberar las leyes sobre el aborto –lo que no significa una actitud permisiva de las legislaciones–, en América Latina sucede lo contrario: es la región donde existen las leyes más restrictivas y donde el aborto es considerado un delito.
Patricia Parga*
La legislación permite también castigos fuertes para la mujer que obtiene un aborto ilegalmente. En Argentina, por ejemplo la pena para las mujeres es de uno a cuatro años de prisión. En Chile y El Salvador la penalización es más extrema, ya que es ilegal en todas formas y bajo todas circunstancias.
Frente a esta dura penalización del aborto en América Latina, millones de mujeres con embarazos indeseados se miran obligadas a abortar clandestinamente.
En algunos países americanos el aborto está permitido, bajo ciertas circunstancias: cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando su salud está es riesgo o cuando es producto de una violación. Sin embargo, aunque existan estas vías legales, es muy común que los jueces hagan difícil este camino. Muchos jueces implican sus creencias religiosas y morales al decidir sobre un permiso para un aborto. En Bolivia, por ejemplo, en 1999, 26 años después de la despenalización del aborto terapéutico, sólo se había practicado un aborto legal.
Pero aún con un permiso legal para el aborto, no pocos son los médicos que se resisten a practicarlo. Por una parte, algunos temen ser sancionados. Y, al igual que muchos jueces con prejuicios religiosos y morales, se niegan aunque la mujer tenga el permiso judicial.
Y si una mujer acude al médico, sobre todo a un servicio público, después de recurrir al aborto clandestino y con complicaciones por una intervención incompleta o mal realizada, es frecuente que los encargados de darle atención la maltraten: desde abuso verbal hasta maltrato físico o hacer un legrado sin anestesia.
Así, enfrentadas con el castigo penal y los maltratos, las mujeres que han tenido abortos clandestinos evitan ir a servicios médicos públicos por miedo. En Chile, por ejemplo, el 80 por ciento de las denuncias de abortos ilegales contienen información proporcionada por los médicos que atendieron a la mujer en un servicio público. Y del miedo resulta la muerte de muchas mujeres, ya que no obtienen la atención médica que podría salvarles la vida.
Fuentes: Grupo de información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE); Center for Reproductive Rights; New York Times: Derecho al aborto en América Latina, 6 de enero 2006; CIMAC: Latinoamérica, por la legalización, 25 de marzo 2005.
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* Periodista. Informe preparado y emitido por la Radio de la Universidad Libre, Bruselas.
Las imágenes que ilustran este informe son de esculturas en pequeño formato de Joel Acosta Leyton. (jacosta@fepasa.cl).