Advierte Trump: si me destituyen habrá derrumbe financiero

Donald Trump advirtió el miércoles 23 de agosto que si es destituido, «los mercados se derrumbarían» y «todos serían muy pobres»; agregó que no entiende cómo «pueden destituir a alguien que ha hecho un gran trabajo». En una entrevista con su medio favorito, Fox News, subrayó que se otorgaría una calificación de más de 10 por su gestión hasta ahora. «No creo que algún presidente haya hecho jamás lo que yo he logrado», dijo, y culpó a la prensa por no informar sobre todo lo positivo que ha realizado.

Por otro lado, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también advirtió que si su jefe fuera destituido, «el pueblo estadunidense su sublevaría», porque sería por motivos políticos. Pero el hecho de que Trump y su equipo tengan que responder a esta pregunta ilustra cómo la palabra impeachment de nuevo ocupa un lugar central en el vocabulario político cotidiano en una coyuntura que algunos creen es, tal vez, la peor que el presidente ha enfrentado en sus 19 meses en la Casa Blanca.

Lo del impeachment fue detonado esta semana con el doble golpe contra el presidente el martes pasado, tras la declaración de culpabilidad por delitos federales de su ex abogado y operador personal Michael Cohen, quien implicó al presidente en la violación de las leyes sobre el financiamiento de campañas electorales casi al mismo tiempo que, ante otro tribunal, su ex jefe de campaña Paul Manafort fue declarado culpable por un jurado, por ocho cargos federales de fraude bancario y evasión de impuestos al culminar el primer juicio resultado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller (se esperan más, incluyendo otro para Manafort en septiembre).

Trump ha acusado de mentiroso a su ex abogado por declararse culpable a cambio de una reducción de condena en la cárcel y proclamó que el hecho en que lo implicó Cohen «no es un crimen». Al mismo tiempo, elogió a su ex jefe de campaña por no «doblegarse» ante los fiscales, y este jueves trascendió que Trump ya había consultado con abogados sobre la posibilidad de indultar a Manafort en el futuro.

Sin embargo, la Casa Blanca está bajo asedio por estos sucesos. Eso aparentemente provocó que Trump atacara de nuevo este jueves al procurador general Jeff Sessions, por haber cedido el control de las investigaciones que en parte han resultado en los casos de esta semana, y que continúan poniendo en jaque a su gobierno, su familia y sus socios. Repitió que Sessions “se recusó, lo cual no debería haber hecho, o me hubiera dicho… y no lo hubiera nombrado al puesto”. Poco más tarde, un par de senadores republicanos indicaron que es muy posible que Trump despida a Sessions, tal vez después de las elecciones intermedias de noviembre.

Sessions reaccionó afirmando que «mientras sea procurador general, las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas de manera inapropiada por consideraciones políticas». Con ello, brotó de nuevo otra de las muchas batallas entre Trump y sus ministros y altos funcionarios que han marcado su presidencia.

Expertos reiteraron este jueves que es muy poco probable que el presidente sea formalmente acusado de delitos mientras esté en funciones. Esto, a pesar de la acusación de su ex abogado Cohen de que Trump giró instrucciones poco antes de los comicios de 2016 para entregar pagos para comprar el silencio de una estrella de cine porno y una ex modelo de Playboy sobre las relaciones sexuales que tuvieron con él hace una década y así evitar un impacto negativo sobre la campaña del entonces candidato. Eso sería una conspiración para otorgar una donación no reportada con el propósito de «influir una elección»; es decir, un delito.

El consenso es que el futuro del presidente depende no tanto de los tribunales, sino del Congreso, donde se podrían ampliar las investigaciones y/o recibir las conclusiones de la investigación de Mueller, y con ello impulsar las audiencias de impeachment (en un proceso de este tipo, la cámara baja formula los cargos de destitución y el Senado funciona como tribunal sobre esos cargos; o sea, es el foro del juicio político). Por tanto, se vuelve cada vez más importante quién controlará el Congreso, ahora bajo dominio republicano, después de la elección intermedia de noviembre.

Pero su familia y socios no están protegidos por la ley, en teoría. La investigación del fiscal especial tiene varias vertientes en donde están bajo escrutinio Donald Jr, uno de los hijos del presidente, así como su yerno, Jared Kushner, entre otros. Mientras tanto, también hay investigaciones estatales, por ejemplo una sobre la fundación de Trump en Nueva York, que podrían generar aún más cargos. Cohen ya ha indicado que está dispuesto a ofrecer más información sobre Trump a la pesquisa encabezada por Mueller, y otros ex socios y empleados del presidente ya están cooperando con esa y otras investigaciones.

De hecho, unos cinco socios de Trump ya han sido declarados o han aceptado ser culpables de delitos, mientras muchos otros en la Casa Blanca –incluyendo al propio abogado de la Casa Blanca– han contratado a sus propios abogados para protegerse ante posibles cargos resultado de estas indagatorias.

Por otro lado, la rebelión de veteranos de seguridad nacional detonada por la decisión de Trump de anular la autorización de acceso a información secreta del ex jefe de la CIA en la administración de Barack Obama, quien ha sido crítico del actual mandatario, continúa ampliándose. La semana pasada 15 ex jefes y subjefes de la CIA reprobaron públicamente la acción que interpretaron como un intento de supresión de la libre expresión. El ex almirante y jefe de operaciones especiales militares William McRaven denunció al presidente y acusó que ha avergonzado al país; después, otros 60 ex oficiales de la CIA se sumaron a la protesta, mientras esta semana inició con otros 175 ex altos oficiales de seguridad nacional que firmaron una carta advirtiendo que el país «será debilitado» con este tipo de acciones.

«Cada semana parece traer nueva evidencia de que Trump, su círculo interno y los que lo respaldan no se consideran sujetos por conceptos tan pedestres como la verdad, la ética o la ley», opinó el New York Times en su editorial, en el cual llama al Congreso a asumir sus responsabilidades constitucionales para proteger a esta democracia.

*Corresponsal de La Jornada en EE.UU.

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Injerencia en Sudáfrica

El gobierno sudafricano acusó esta semana a Donald Trump de sembrar la división en el país luego de que el presidente norteamericano criticara, en un tuit, la reforma sobre la propiedad de la tierra que está llevando a cabo ese país. “Sudáfrica rechaza totalmente esta percepción estrecha que solo busca dividir a nuestra nación y nos recuerda nuestro pasado colonial”, afirmó el Twitter oficial del gobierno. “Le pedí al secretario de Estado Mike Pompeo que estudie de cerca las incautaciones y expropiaciones de tierras y fincas en Sudáfrica y los asesinatos a gran escala de granjeros”, tuitó Trump, la noche del miércoles. El mandatario agregó que se refería especialmente a la expropiación de tierras de los agricultores blancos.

Ante la proximidad de las elecciones generales en 2019, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa prometió acelerar la reforma agraria con el fin, según explicó, de reparar la grave injusticia histórica cometida hacia la mayoría negra durante el período colonial y el apartheid, que terminó oficialmente en 1994. Desde esa fecha, el Congreso Nacional Africano, (ANC) siguió un modelo de “vendedor dispuesto, comprador voluntario” bajo el cual el gobierno compra granjas de propiedad de blancos para su redistribución a los miembros de la comunidad negra que estén dispuestos a comprarlas.

Ante el mensaje del mandatario, el gobierno Sudafricano salió a defenderse y respondió que acelerará el ritmo de la reforma de una manera prudente e inclusiva sin dividir a la nación.

Según un informe del gobierno la minoría blanca, que representa el 8 por ciento de la población de Sudáfrica, posee el 72% de las fincas, contra solamente el 4 por ciento que tienen los negros que conforman el 80 por ciento de la población. En respuesta a estos desequilibrios, Ramaphosa y la ANC, decidieron expropiar especialmente a los grandes agricultores sin indemnización, y para eso buscará hacer una enmienda a la Constitución. La discusión está en curso pero aun el proyecto no se puso en marcha. El miércoles, el jefe de Estado sudafricano confirmó ante el Parlamento su intención de llevar a cabo “expropiaciones sin compensación” pero rechazó que existan intenciones de nacionalización y prometió reforzar los derechos de propiedad.

Varios negros celebraron su reforma pero los blancos expresaron abiertamente sus preocupaciones y denunciaron que temen que se repitan las expulsiones violentas de agricultores blancos ordenadas a principio de la década de 2000 en el vecino Zimbabwe por el régimen de Robert Mugabe. La minoría blanca denunció también que desde hace años que sus agricultores son regularmente víctimas de acciones violentas en las zonas rurales del país. Según la portavoz de la organización AfriForum, entre 2016 y 2015 fueron asesinados 74 agricultores que en su mayoría eran blancos.

Unas horas antes del tuit de Trump, Ramaphosa acusó a AfriForum de difundir mentiras y rumores al difundir en el extranjero que la ANC quiere proceder a expropiaciones masivas. Luego del tuit de Trump, el vicepresidente sudafricano David Mabuza también sumó sus críticas. “Repudio a aquellos que deforman nuestra reforma agraria en el extranjero y difunden informaciones falsas sobre los ‘granjeros blancos amenazados por su propio gobierno’”, denunció el vicepresidente de Sudáfrica. “Están muy lejos de la verdad”, enfatizó.

En sentido opuesto, Kallie Kriel, responsable de AfriForum, expresó su satisfacción por la intervención del presidente Trump en este debate. “Nosotros necesitamos de un apoyo internacional (…) para evitar una situación donde nuestros dirigentes se comprometan con una política económica catastrófica idéntica a aquellas que hemos visto en Venezuela o Zimbabwe”, declaró Kriel. Por su parte, la principal organización agrícola sudafricana, AgriSA, hizo un llamado a la calma para abordar el tema. “Como país es importante que encontremos soluciones en conjunto. Logramos hacerlo antes de 1994 y podemos volver a hacerlo”, dijo el presidente de AgriSA, Omri van Zyl, en declaraciones a la televisión pública SABC.

El antiguo líder del Ku Klux Klan David Duke instó al presidente Trump a tomar cartas en el asunto después de su tuit. Duke lo retuiteó acompañado de un texto en el que agradeció al magnate republicano su actitud, al tiempo que lo exhortó a actuar. “Rusia ya ha acordado recibir a 15.000 granjeros sudafricanos blancos. Le toca mover (ficha), señor presidente”, dijo el exlíder del KKK, quien además compartió una foto en blanco y negro en la que se puede ver a una joven rubia con un cartel que reza “paren el genocidio blanco”.

Al conflicto de tierras le antecede otro capítulo en enero pasado, cuando Sudáfrica protestó, ante la embajada de EE.UU., por las declaraciones de Trump quien había criticado a inmigrantes africanos por provenir de “países de mierda”. El último tuit de Trump se produjo días después de que anunciara que su esposa, Melania, viajaría a África en octubre para su primer gran viaje internacional en solitario como primera dama.
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