Al terminar el mandato: lo que deja el gobierno de Lula en materia de comunicación periodística

Denis de Moraes*

Las disputas políticas que antecedieron las elecciones presidenciales en Brasil opusieron dos actores políticos que, en los últimos ocho años, convivieron de modo relativamente pacífico: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el empresariado de los medios.

Ante las denuncias de corrupción en el gobierno, hechas por diarios y revistas que no disfrazaron su preferencia por el candidato opositor José Serra, Lula acusó los medios de actuar como partidos políticos que ambicionan manipular la opinión pública en favor de sus intereses. Las críticas fueron respondidas con editoriales y notas agresivos, atribuyendo al gobierno la intención de restringir la libertad de expresión en el país.

Es preciso analizar atentamente las razones electorales que movieron el conflicto. De un lado, Lula quiso proteger su candidata a la Presidencia, Dilma Rousseff, reaccionando contra lo que llamó de “noticieros tendenciosos”. De otro lado, los grupos mediáticos forjaron un clima de escándalo para intentar favorecer la oposición, buscando asociar Dilma a un supuesto esquema de negocios ilícitos, lo que no ha sido comprobado hasta la elección. También insistieron que los ataques de Lula en contra la prensa ocultaban el propósito del partido oficialista (PT) de controlar los medios de comunicación.

El conflicto fue presentado como si de hecho hubiera un océano de divergencias entre los dos lados. Pero lo que aconteció durante los dos mandatos de Lula no autoriza esa interpretación.

La opción del presidente ha sido no entrar en ruta de colisión con los grupos mediáticos. Sus acciones positivas se limitaron básicamente al aumento de financiación de la producción audiovisual independiente y programas de difusión cultural. La legislación de radiodifusión continúa siendo una de las más anacrónicas y elitistas de América Latina; las frecuencias de cinco redes de televisión fueron renovadas sin ninguna consulta con la ciudadanía; los medios comerciales recibieron la mayor parte de los presupuestos de publicidad gubernamental (US$ 500 millones anuales); varias radios comunitarias fueron cerradas por orden de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones.

Ninguna de las proposiciones antimonopolicas aprobadas por la Conferencia Nacional de Comunicación, en deciembre de 2009, fue puesta en práctica; y la Ley General de Comunicación, prometida desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, no salió del papel.

Hay otro elemento de análisis que no debe ser olvidado: el apoyo consensual de los medios a la política económica de Lula, de inspiración neoliberal, que permitió logros extraordinarios a los bancos privados y al mercado financiero, además de los préstamos con tasas reducidas que fueron concedidos por los bancos oficiales a grandes empresas nacionales y extranjeras.

Para evaluarse las consecuencias de las exorbitantes tasas de interés practicadas por el Banco Central, es suficiente mencionar que los US$ 4.500 millones anuales reservados por Lula a su principal programa social, el Bolsa Familia, que beneficia 12,5 millones de familias, equivale a solamente nueve meses de ganancias del mayor banco privado (Itaú).

Antes de los embates del período electoral, sólo en tres momentos hubo tensiones entre gobierno y medios. Lula llegó a proponer la creación de la Agencia Nacional del Cine y del Audiovisua y del Consejo Federal de Periodismo, pero la oposición mediática apuntó el riesgo de “dirigismo estatal”. Presionado, Lula archivó los dos proyectos de regulación. Finalmente, el presidente decidió enfrentar las resistencias y creó la estatal TV Brasil. A despecho de la falta de autonomía financiera y política, la cobertura restringida y la baja audiencia de la emisora, las persistentes críticas a TV Brasil quieren depreciar un canal desvinculado de intereses comerciales y más favorable al pluralismo cultural.

El sistema de comunicación brasileño continúa siendo dominado por siete dinastías familiares (Marinho, Civita, Frías, Mesquita, Sirotsky, Sarney y Magalhães), que se fortalecieron durante los 21 años (1964-1985) de la dictadura militar por ellas apoyada. La supremacia del grupo Globo es evidente: acumula un 16,2% de la prensa, un 56% de la televisión abierta y un 44% de la televisión paga. Según informe elaborado por Article 19, organización no-gubernamental que lucha por la libertad de expresión, cinco redes (Globo, SBT, Record, Band y Red TV) controlan más de 90% del mercado de televisión abierta, con ganancias de US$ 3.000 millones por año.

Para preservar sus privilegios, las empresas brasileñas siguen estrategia adoptada por corporaciones similares en países latinoamericanos: desarrolan violentas campañas en contra de los cambios en los marcos legales de la radiodifusión. La meta es convencer la opinión pública de que eventuales modificaciones en las legislaciones vigentes amenazan la libertad de expresión y la propia democracia. La consigna "libertad de expresión" es utilizada de manera hipócrita y falsa, porque los medios son los primeros a restringirla a través del control ideológico que ejercen sobre las agendas y los procesos informativos, neutralizando las voces contrarias a sus conveniencias económicas y políticas.

En verdad lo que desean son tres cosas:
– preservar la libertad para el capital;
– conservar su influencia en la definición de los valores sociales; e
– impedir medidas que afecten las joyas de la corona, las licencias de radio y TV.

Los medios se consideran fuera de cualquier tipo de control, sobre todo, del control público democrático. Eso tiene que ver con la idea mistificadora de que ellos representan la voluntad general y, por lo tanto, creen reunir condiciones de producir una síntesis de las aspiraciones sociales y colectivas. De ahí que no aceptan sumisión a reglamentos y leyes. Claro que es una estrategia argumentativa para ocultar su hegemonía en la formación de las mentalidades y del imaginario social.

El objetivo es evitar que la intervención regulatoria y legítima del Estado establezca el necesario equilibrio entre lo que debe ser público y lo que puede ser privado.

Como se puede deducir, el escenario de fuerte concentración y dominio ideologico-cultural de los medios no ha sufrido alteración en la era Lula. Al postergar iniciativas capaces de contribuir para la democratización de la comunicación en el país, Lula mantuvo la historica inercia gubernamental en términos de políticas públicas para el sector. El resultado no podría ser diferente: la diversidad informativa y cultural, reivindicada como derecho humano fundamental por los movimientos sociales y comunitarios, aún está lejos de ser alcanzada.

* Profesor universitrario e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil.
En Prensa De Frente.