Estrella Gutiérrez* 
América Latina es un bastión contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo y, pese a que la mayoría de sus gobernantes se proclaman progresistas, solo en un país el aborto está despenalizado, mientras en cinco es un crimen aun cuando la gestación lleve a la madre a la muerte.
Las draconianas leyes de penalización –con excepciones muy restrictivas, cuando las hay– no impiden que el índice de abortos sea de 31 por cada 1.000 mujeres, dos más por cada 1.000 que el promedio mundial. Solo convierten su práctica en clandestina e insegura y, en consecuencia, en la segunda causa latinoamericana de mortalidad materna.
"El machismo es clave. La concepción patriarcal de nuestras sociedades es tal, que no cuesta tanto negar este derecho. Si la conciencia social sobre la igualdad estuviese bien asentada, sería mucho más costoso para los gobiernos progresistas negar derechos vinculados a esa igualdad", dijo a IPS la socióloga uruguaya Moriana Hernández.
"Es fácil negociar sobre el cuerpo de las mujeres por ese peso patriarcal", analizó la responsable de la campaña por una educación no sexista y no discriminatoria del Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
Así que el aborto sirve de moneda de negociación entre gobernantes y poderes conservadores, aunque todos sepan que en la región cada año hay más de cuatro millones de interrupciones clandestinas el embarazo, a las que se asocian más de 4.000 muertes evitables, o que en países como Argentina por cada nacimiento haya casi un aborto inducido.
Para Hernández y otros analistas, el estancamiento o retroceso del derecho de las mujeres a decidir es consecuencia de la fundamentalista ofensiva de la Iglesia Católica para mantener a América Latina como tierra libre de aborto, legal al menos.
"La Iglesia siempre estuvo pendiente del aborto, pero ahora es un tema que la exacerba fuera de toda proporción, y no solo el aborto sino también la educación sexual, cuando en realidad no hay planteamientos ni nuevos ni radicales", dijo Hernández.
La última década, la región estuvo escorada a la izquierda. Pero al mismo tiempo, en Nicaragua se eliminó en 2006 toda excepción a la criminalización del aborto, en Uruguay un veto presidencial anuló en 2008 su legalización legislativa y en República Dominicana la vida pasó en 2009 a ser un derecho constitucional desde la concepción.
De hecho, las mejores noticias sobre el derecho femenino a decidir vinieron de dos países gobernados por la derecha. En Colombia, la Corte Suprema estableció en 2006 tres supuestos en los que el aborto debe permitirse –y facilitarse–, y en el Distrito Federal de México un año después se legalizó el aborto hasta las 12 semanas.
Pero la medida adoptada por el legislativo del distrito donde se asienta la capital mexicana y viven 18 millones de personas desató una "furibunda contrarreforma" por parte de la Iglesia, en palabras de Hernández, que ha provocado que en 17 de los 32 estados del país ahora el aborto esté prohibido radicalmente.
Rita Segato, una antropóloga argentina e investigadora de la Universidad de Brasilia, adjudica el fervor con que la Iglesia se opone a la despenalización del aborto a razones diferentes a la defensa de la vida. "Si le importara, la jerarquía católica estaría en otros frentes con la misma beligerancia, defendiendo la vida", aseguró.
"Le interesa marcar en este momento la permanencia de su influencia" sobre los Estados, explicó en una entrevista, y es por ello que entra en una competencia de autoridad con el feminismo latinoamericano.
"Mando aquí todavía" y hago que en las leyes "mi perfil ideológico esté retratado, y voy a ganar", es el mensaje de la jerarquía católica, según la antropóloga. El relanzar la criminalización del aborto "es una guerra de influencias", sintetizó.
A su juicio, como las leyes tienen un fin diferente al que expresan, resultan muy ineficaces en su propósito aparente. "Católicas, no católicas, evangélicas", todas abortan cada día, porque no lo sienten como un delito penal o ético, concluyó.
Para Hernández, la Iglesia está especialmente nerviosa porque ahora en la región hay una visible y creciente conciencia sobre la importancia del derecho al aborto, "que era impensable hace 10 años o incluso cinco".
"En la agenda feminista siempre fue un punto cardinal, pero por años faltó un movimiento popular con conciencia sobre su importancia. Era un tema relegado", afirmó.
Vinculó la negociación sobre el cuerpo de las mujeres en la penalización del aborto con el hecho de que esta región sea aquella "donde la violencia de género es gigantesca", pese a que en América existe la única convención continental contra la violencia machista y en todos los países hay leyes, algunas avanzadas, para enfrentarla.
Al comenzar 2010, había en América Latina 11 países con gobiernos catalogados de progresistas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela), cinco considerados de derecha o centro-derecha (Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y Perú) y otros dos percibidos como de centro: Guatemala y República Dominicana.
De ellos, en Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está prohibido, sin excepción legal explícita ni para salvar la vida de la madre.
Pero en Honduras el Código de Ética Médica permite interrumpir el embarazo si la vida de la gestante corre peligro.
Cuba es el único país donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1965 hasta las 12 semanas de gestación, y a ello adjudican los expertos que la tasa de abortos sea de menos de 21 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, 10 puntos menos que el promedio regional.
En Argentina, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, el aborto solo se permite para salvar la vida de la madre. En Argentina se faculta también cuando la mujer es "idiota o demente", y en Venezuela hay causas eximentes, como proteger "la honra" de la mujer y "el honor" del hombre.
En Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Uruguay se permite, además, en casos de violación o incesto, a lo que en el último país se suma la causal de angustia económica.
En Colombia, México –donde no hay legislación específica– y Panamá se suma a las dos anteriores causas la de la malformación del feto, para permitir el aborto.
*Periodistas de IPS